Expediente Uribe (II)

Segunda entrega de la serie de reportajes sobre la carrera política del expresidente colombiano, Alvaro Uribe, y sus relaciones con la mafia. TeleSUR.
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El Sainete de la Cumbre de las Americas: Ganadores y Perdedores

El único consenso que salió de la cumbre de las Américas es que, en lo político, fue un absoluto fracaso.  Si hay algo que rescatar fueron las verdades que se  escucharon en las intervenciones de los presidentes o delegados del grupo ALBA, en particular, las declaraciones del canciller Maduro y del presidente Evo Morales, quienes una vez más expresaron con toda claridad y dignidad su rechazo a las políticas intervencionistas/neocolonialistas por parte del gobierno de los EEUU,  su política criminal de bloqueo a Cuba y  su doble moral al negarse a que Cuba ingrese a la OEA.

No obstante, como espectáculo, acontecimiento social, y oportunidad económica (para algunos pocos), algunos podrán decir que la cumbre fue un éxito; no así los cientos de miles de habitantes de Cartagena que tuvieron que pasar hambre por más de una semana; y en general el país que vio como miles de millones de pesos se despilfarraron en actividades frívolas y mundanas.

La mejor forma de presentar este contraste es hacer una lista resumida de ganadores y perdedores. 

Empecemos por los ganadores:

• El principado de Anapoima (como bien  lo ha denominado el senador Robledo al referirse a la familia presidencial) que tuvo la oportunidad de ocupar las paginas sociales en todos los medios nacionales y en muchos internacionales; particularmente los príncipes herederos que tuvieron la oportunidad de tomarse unas fotos al lado del Rey; y la princesa de Anapoima, Titina, que con chequera en blanco, se dio el placer de derrochar la plata de los colombianos en regalos, fiestas de gala, cocteles y paseos con las primeras damas.

• Los amigos cercanos del principado de Anapoima que se hicieron a millonarios contratos para la organización y logística de la cumbre, de los cuales los que registran  los siguientes links son solo una muestra…  http://ow.ly/d/A8o   http://t.co/WCb1Vr88

• Los hoteles donde pernoctaron el Rey, los mandatarios regionales y sus comitivas, así como las delegaciones empresariales y de periodistas; al igual que los restaurantes y bares ubicados en la zona no militarizada de Cartagena;  que vieron incrementar exponencialmente sus ganancias…    

Ahora los perdedores:

• Las prostitutas de Cartagena, empezando por las que lograron colarse en la zona militarizada y fueron conejiadas por los agentes del servicio secreto del Rey; y peor aun las que fueron desalojadas de la misma zona y que por lo mismo vieron disminuida sustancialmente su clientela representada principalmente por turistas;

• La gran mayoría de habitantes de Cartagena que vieron restringidas sus actividades comerciales y laborales; pero en particular los cientos de miles de cartageneros que sobreviven como vendedores ambulantes , quienes por casi una semana dejaron de percibir sus precarios ingresos;

• Los miles de cartageneros que por su condición de pobreza deambulan por las calles pidiendo limosna o cometiendo actos delincuenciales, quienes fueron desplazados a las zonas más apartadas para mostrar a los visitantes un rostro maquillado de la ciudad;

• El pueblo colombiano en general que vio como mas de 96 millones de dólares (aprox. $170.000.000.000 pesos colombianos, cifra que el gobierno ya esta tratando de manipular para contrarrestar el escandalo), que pudieron invertirse en solucionar críticas necesidades humanas, se despilfarraron en una cumbre regional que, en ultimas, no fue cumbre sino una reunión mas de rendición de cuentas del príncipe de Anapoima con el Rey, de la cual no se puede esperar nada distinto a la continuación del negocio de la guerra (bajo el pretexto de la guerra contra las drogas), el saqueo de los recursos y patrimonio de la nación (inversión extranjera le llaman),  la destrucción de la agricultura campesina y de las pequeñas y medianas industrias (acelerada con la anticipación del TLC (Tratado con Lacayos Colombianos), la agudización de la miseria y violencia, ..…..  

La realidad que vive Colombia pero que autoridades y medios prepago no quieren que conozcamos…

Dos recientes reportes periodísticos en medios internacionales sobre la criminalidad, trafico de drogas e inseguridad en Medellín han despertado agresivas reacciones por parte de los grandes medios nacionales y regionales, y por supuesto de las autoridades locales y nacionales.

Pero las reacciones no tienen nada que ver con el establecimiento de alertas y planes de acción (o de revisión de los programas existentes) que permitan reevaluar y dar solución efectiva a los críticos problemas sociales y económicos causantes de esa realidad. Por el contrario, las reacciones son de rechazo e indignación, calificando a los autores de desinformados, carroñeros, sesgados, ignorantes de la realidad, injustos con el país, y hasta de serviles de intereses oscuros que quieren hacerle daño a la “buena imagen” que goza el país en el exterior.

Histeria oficial que es replicada y amplificada por los medios serviles nacionales, especialmente, las grandes cadenas radiales y periódicos que son los mayores beneficiarios de la pauta publicitaria oficial. Como es lo usual, el cubrimiento de ese tipo de noticias por parte de los medios locales no está dirigido a contrastar sus reportajes que sobre los mismos problemas hayan divulgado, menos a retar a las autoridades nacionales y locales (por lo general, sus únicas fuentes) a que demuestren con hechos (no con cifras amañadas) lo contrario; sino a ayudar a minimizar, esconder, manipular y distorsionar la realidad que medios extranjeros, medios locales alternativos, u organizaciones internacionales se atreven a publicar.

El concubinato entre periodistas y autoridades llega al extremo de presentar como único argumento para desacreditar los informes internacionales que registran la realidad del país, el hecho de que sus autores no hayan tenido en cuenta los informes manipulados oficiales, que por lo mismo carecen de credibilidad. Tal parece, que al igual que ellos, la prensa seria y organizaciones internacionales también deben producir sus reportajes únicamente con base en los comunicados y estadísticas que suministran las oficinas de prensa o los propios funcionarios públicos, desestimando otras fuentes y testimonios que contrastan con los informes oficiales.

Tal vez las reacciones también obedezcan a la necesidad de tapar su mediocridad y servilismo, comportamiento que contrasta con el profesionalismo y honestidad que los verdaderos periodistas exhiben al fundamentar sus crónicas y reportajes en investigaciones en terreno y testimonios directos de actores sociales que, como víctimas o victimarios, viven las tragedias que aquejan al país. 

Par la reflexión, los siguientes son algunos segmentos de los reportajes internacionales que alteraron el espíritu patriótico de los funcionarios y sus medios cómplices:

Diario The Guardian de Gran Bretaña: “Nuevas guerras de bandas narcotraficantes vuelven pedazos el resurgimiento de ciudad colombiana”

“Medellín, el corazón industrial de Colombia, fue promocionado como ejemplo del renacimiento  en el país: la tasa de homicidios disminuyo en cerca del 80% durante un periodo de cinco anos, alcanzando  la cifra de 34 muertes por 100.000 en 2007, el nivel mas bajo en la década. Una vez denominada “la ciudad de la muerte”, Medellín estaba entonces abierta para las inversiones.

“Pero la raíz de la violencia en Colombia – el país que tiene el estatus de ser el mayor productor de cocaína del mundo – no ha desaparecido. Y la aparente paz en Medellín duró solamente el tiempo que su mundo subterráneo fue controlado por un hombre, a través de la Oficina de Envigado”.

“La facción que combatía con la Oficina llegó a su final el año pasado con la captura de uno de los lideres rivales, y desde entonces la mayoría del grupo se ha reunificado bajo el mando de un nuevo jefe, justo a tiempo para confrontar una nueva amenaza: una de las narco milicias emergentes de Colombia, los Urabenos”.

“La candente guerra entre la Oficina y los Urabenos es por el control del mundo subterráneo de Medellín, el mercado local mas grande y mejor posicionado para negociar con las mafias mejicanas que envían la cocaína a los EEUU”.

Diario El País de España: “Seguiré hasta el fin. Mato o caigo”

“Cada semana hacía unas ocho vueltas [encargos diversos; no siempre asesinatos], y con eso me ganaba como 10 millones de pesos (4.200 euros). Viajaba en avión, tenía un apartamento, a todas las niñas que quería, mi moto, revólveres, un rifle, la coca… Mire que entre cuatro consumíamos 70 gramos diarios”.

“En España, un gramo de coca cuesta 60 euros en la calle. En las barriadas de Medellín cuesta 2 euros, y, sin embargo, por allí no se ven drogadictos decrépitos como, por ejemplo, los de los poblados del extrarradio de Madrid. El testimonio de este sicario retirado indica que esto no se debe a una mayor contención en el consumo, sino a la mera pobreza. Según explica, los jóvenes de ahora no encuentran de dónde sacar dinero, ya no para drogarse, sino para comer o vestirse. Incluso asesinar por encargo, que antes podía ser bastante lucrativo, se ha convertido en un oficio ruinoso. El antiguo asesino a sueldo, que mantiene contacto diario con ejecutores en activo, pone un par de ejemplos: “El otro día, un pelao me dijo que mató a alguien y le dieron 20.000 pesos [8,4 euros] por esa cabeza, y me consta que otros matan hasta por 5.000 [2,5 euros] y que luego usan la plata para comprarle unas arepas a su mamá”.

“En Medellín, la oferta de asesinos excede la demanda de víctimas. Tanto, que los chicos más jóvenes llegan a matar gratis para intentar hacerse un hueco en el saturado mercado del crimen”.

“Lo paradójico es que mientras el crimen se reduce, parece que aumenta la disponibilidad de chicos empobrecidos y desocupados dispuestos a asesinar para ganar un poco de dinero. Igual de desconcertante es que en tiempos de menos violencia la relación que tienen ellos con la muerte se deshumanice cada vez más. “Algunos ya matan por deporte”, comenta el ex sicario, que siempre que hace una afirmación general, la ilustra luego con un horror particular”.

“La semana pasada estuve con un chico de 16 años de mi barrio. Estábamos sentados en la calle y él andaba como ansioso. Se movía, se tocaba mucho la pierna”.

—¿Qué le pasa a usted? —le dije.

— Que tengo ganas de matar —me contestó.

Y a continuación algunas de la reacciones histéricas de los medios prepago regionales:

El Mundo de Medellín (de propiedad del actual alcalde de la ciudad): "Contra un infame reportaje"

“El diccionario de la Lengua Española señala tres acepciones del adjetivo “carroñero”, la tercera de las cuales (“… que intenta sacar partido de miserias ajenas: periodistas carroñeros”) se puede aplicar al desfasado, mendaz e infamante reportaje publicado el pasado domingo por El País, de España, con el título, en la edición impresa, de “Ya no hay vírgenes para los sicarios” – parodiando el título de la famosa novela de Fernando Vallejo, publicada en 1993 –. El mismo periódico lo tituló en su página web: “Seguiré hasta el fin. Mato o caigo”.

Nosotros, desde esta tribuna, nos unimos al rechazo categórico que han expresado contra esa publicación las autoridades de la ciudad, los dirigentes políticos, los ex alcaldes y ex gobernadores, los gremios económicos, el periódico colega El Colombiano, las organizaciones cívicas y la ciudadanía en general.

Diario El Colombiano de Medellín: “Mas que una estadística”

“En su edición del 8 de abril el periódico El País de España publicó un reportaje titulado "Seguiré hasta el fin. Mato o caigo".

“Indignado, el Alcalde Aníbal Gaviria salió en defensa de la ciudad y en los micrófonos de una emisora discutió con Pablo de Llano , autor del reportaje. "Es un refrito de contenido amarillista. La realidad actual es muy contundente. ¿Cómo le van a decir a uno que el problema de los sicarios es más grave hoy que hace 20 años?", expresó el Alcalde”.

El Expediente Uribe - Capitulo I

Primer capítulo del seriado que detalla la carrera política del mandatario colombiano y sus relaciones con la mafia
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Serie de cuatro capítulos, compilados con gran esfuerzo porque el expediente criminal de Uribe daria para cientos de capítulos y aun quedaria un extenso/infinito prontuario por divulgar........



A continuación unos links con información adicional sobre la carrera criminal del "mejor presidente de Colombia":

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2012/02/la-nueva-era-del-cartel-de-medellin-la.html

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2011/04/el-cartel-de-los-uribe-fabrica-de.html

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2011/01/2011-fase-2-del-proyecto-criminal-del.html

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2011/05/el-narco-ex-presidente-uribe-y-los.html

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2011/09/proposito-de-la-inocencia-de-uribe-en.html

http://lacolombiainvisible.blogspot.ca/2011/05/razones-para-no-votar-por-el-uribismo.html

La falacia de la estrategia de Santos para reducir la pobreza

El Presidente Santos entregandole un "mercadito" a una asistente a sus sainetes de fin de semana, "los acuerdos para la prosperidad" - Foto cortesia de Presidencia

La mayoría de colombianos seguramente tienen aun intacto en su memoria el plan contra la pobreza de Uribe denominado “familias en acción”, el cual no fue otra cosa que un instrumento perverso para aprovecharse de la miseria y necesidades de la gente  pobre y asegurar una base de votantes para su reelección, que en los mejores tiempos alcanzó la cifra de 2.500.000 de votos amarrados.

La administración de Santos, por su parte, le ha hecho creer a la gente que la política bandera de su gobierno es reducir la pobreza y  distribuir mejor la supuesta prosperidad que disfruta el país. La mala noticia es que su tan cacareado plan para reducir la pobreza no es mas que un reencauche del perverso plan de Uribe. Si bien la estrategia para llegarle al casi 50% de la población que vive en la pobreza es diferente, en el trasfondo las intenciones y objetivos no  son diferentes de los de Uribe (aunque seria raro que lo fueran). Sus pretensiones de reducir la pobreza sin acometer verdaderas reformas estructurales (ni en lo político, ni económico, ni institucional), menos aun solucionar de raíz las causas que generan la enorme desigualdad social y su engendro la situación de violencia,  son evidencias suficientes para anticipar que sus planes ni siquiera alcanzaran a ser recordados como promesas incumplidas sino como un engaño mas, un abuso mas y un insulto mas a los mas de 20 millones de colombianos que viven en la pobreza. Y engaño tambien para con el resto de colombianos, pues el fracaso de su estrategia la maquillará con la presentación de cifras manipuladas del DANE, que de hecho ya no representan la realidad como resultado de la manipulación de la metodologia para medir el indice de pobreza. 

Paradójicamente, el mejor análisis del plan contra la pobreza de Santos lo hace un escritor/investigador extranjero en un articulo recientemente publicado en el diario “The Guadian” de Gran Bretaña, el cual lo publicamos a continuación (traducido a Español) para reforzar los argumentos expuestos anteriormente… 

Is Colombia's anti-poverty prescription the right medicine?

Es la prescripción contra la pobreza de Colombia la medicina correcta?

Por Jonathan Glennie – The Guardian – Global Development, Abril 5,2012

Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, esta haciendo un esfuerzo concertado para hablar sobre la pobreza y, quizás aun mas importante, sobre la desigualdad, una palabra que escasamente -si es que alguna vez- salió de los labios de su predecesor. Hoy es muy común escuchar a Santos y a sus funcionarios referirse a la vergüenza que significa el hecho de que la desigualdad en Colombia haya aumentado desde los años 1990s, mientras que en el resto de América Latina ha disminuido. Un país con un poco menos de 50 millones de habitantes, en el que cerca de 20 millones viven en la pobreza, de los cuales 10 millones viven en la extrema pobreza, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Aunque reconocer el problema es un paso hacia adelante en su tratamiento, la administración de Santos aun tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda afirmar que lo esta asumiendo seriamente.

Colombia fue recientemente noticia por ser el primer país en el mundo en adoptar formalmente una medición multidimensional de la pobreza en lugar de medirla solamente con base en el nivel de ingresos. Desafortunadamente, su estrategia contra la pobreza, tal como esta planteada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), requiere aun de mucho trabajo si se quiere que produzca un impacto real en las estadísticas de pobreza. Tal como esta concebida, es casi seguro que será un fracaso.

La estrategia principal en el plan de la ANSPE, presentado el mes pasado en una conferencia en Medellín, es el emplazamiento de cerca de 10.000 “acompañantes de familias y comunidades”, cuyo trabajo es ayudar a las familias a entender mejor su situación y diseñar un plan de acción que los conducirá al "camino de la prosperidad".

Lo que se insinúa es que la falta de tales planes de acción es lo que impide que las comunidades pobres se superen. No es el conflicto violento y continuo que ha desplazado millones hacia los suburbios de las áreas urbanas o parcelas rurales menos favorables. No es la continua oposición a los intentos de alcanzar una distribución mas democrática de los ingresos y riqueza de la nación. No es la política de desarrollo que favorece mas mega proyectos de agricultura y minería (que emplea poca gente) que el desarrollo de una base manufacturera (que  genera muchos mas empleos) --el sector de manufactura que representaba un 25% del PIB en 1975 se ha reducido a solo el 15% del PIB actualmente. No es el hecho de que Colombia continúe produciendo menos del 15% del PIB en ingresos públicos, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCED, dejándolo con escasos recursos para inversión en servicios básicos que podrían proporcionarle a la gente pobre la base sobre la cual construir un sostenimiento seguro.

El hecho de que mas del 40% de la fuerza de trabajo urbana viva de un empleo informal, la proporción mas alta de América Latina, es una señal inequívoca de que los pobres necesitan estímulos para salir de su situación y conseguir un trabajo formal. Que evidencias tiene la ANSPE para sugerir que, con solo un poco de asesoría por parte de bien intencionados acompañantes y en cosa de tiempo, los pobres encontraran por si mismos los medios para mejorar su condición?

Hay otros elementos en el plan, incluyendo un mejoramiento del suministro de servicios por parte de las entidades oficiales (difícil imaginar mientras los impuestos continúen muy bajos), estímulos a las grandes empresas que empleen gente pobre, y la creación de zonas libres de extrema pobreza (ZOLIPS), que son una remembranza del concepto de los Pueblos del Milenio.

Si bien ninguna de estas ideas es de por si mala, su éxito se limitará a shows secundarios y sesiones fotográficas a menos que estén acompañadas de reformas de gran escala. Si alguna vez hubo un país donde la pobreza es estructural, ese es Colombia. Pero el plan de ANSPE en ocasiones se parece mas a la declaración de la misión de una ONG que a una estrategia seria de un país de ingresos medios buscando superar este obstáculo en sus intentos de hacer parte del mundo moderno.

En un reciente documento, Jean Dreze y Amartya Sen describían  el porque India ha fracasado en capitalizar sobre décadas de crecimiento en favor del progreso para una amplia base social, culpandolo de su incapacidad para responder a patrones de exclusión de largo plazo; por los impactos destructivos del crecimiento, incluyendo el saqueo ambiental y el desplazamiento forzado de comunidades; y por los fracasos de las políticas sociales, especialmente una cultura publica enfocada a los de "debajo de la línea de pobreza" que es inefectiva en la reducción de la pobreza, y que con frecuencia tiene el efecto de reforzar estigmas y exclusión. Estos analistas económicos podrían haber estado hablando acerca de Colombia.

Y que tan diferentes son las prescripciones de política en India de aquellas que están siendo implementadas hoy en Colombia. Dreze y Sen resaltan el gran éxito de las naciones que han adoptado estrategias de política social amplias basadas en una implementación inteligente de abastecimiento universal; el éxito de programas nacionales basados en derechos tales como garantías de empleo y alimentación en escuelas gratuitas; y el potencial de "practicas democráticas imaginativas", citando los éxitos de movimientos sociales de defensa y demanda de responsabilidad por parte de los funcionarios públicos.

En contraste, el plan de la ANSPE es una colección anticuada y preocupante de intervenciones asistencialistas dirigidas a encausar los excedentes de los recursos generados por el crecimiento económico hacia los 1.5 millones de familias mas pobres del país. Sin reformas de gran escala, lo mejor que se puede esperar es que todas las charlas con la gente pobre les enseñaran a aquellos que diseñaron esta estrategia una o dos cosas sobre las verdaderas causas de la persistente pobreza.

Tuve la oportunidad de hablar con el director de la ANSPE, el empresario Samuel Azout, después de la presentación de su plan en la conferencia en Medellín, y me dejó sorprendido su disposición y asentimiento con mis criticas. Su defensa, por cierto justa, es que los cambios estructurales son del resorte de otras dependencias del gobierno, y que él tiene que dirigir una dependencia pequeña dentro de las restricciones políticas y posiblemente dentro de un esquema de macro política desfavorable, haciendo preguntas en privado pero sin comprometer en publico las posiciones colectivas del gobierno.

Suficiente -- es fácil criticar, mucho mas complicado es estar involucrado en el complejo mundo de la política colombiana. No obstante, si quiere que sus indudables buenas intenciones den algún fruto, como zar contra la pobreza, Azout debería empezar por hacer en público un análisis mas completo del problema que el mismo reconoce en privado.  

Chiquita Brands, inocente en masacres de Urabá según la Fiscalía General. No se pueden quejar “inversionistas extranjeros”, Uds también gozan de inmunidad!

Se sabia que la política económica de todos los gobiernos de Colombia, y en especial del de Uribe, y que continua en la administración de Santos, de promover la inversión extranjera (“confianza inversionista”) tenia como elementos fundamentales, los atractivos beneficios tributarios, en manejo de sus capitales, flexibilidad laboral, y protección jurídica en términos de legislación y estabilidad reguladora.

Lo que no se sabia era que la protección jurídica se extendía a garantizarles inmunidad cuando cometan crímenes de lesa humanidad, igual que la inmunidad que gozan las delegaciones diplomáticas de EEUU, y sus militares y mercenarios que actúan hombro a hombro en operaciones contra la guerrilla y la población en general.

Así se desprende de la decisión absolutoria que acaba de emitir la Fiscalía General en el proceso penal contra la multinacional Chiquita Brands por el apoyo financiero y logístico dados a las organizaciones paramilitares que actúan en la región bananera del Urabá. Y si por los cargos por el apoyo financiero han sido absueltos, mucho menos van a ser juzgados por su activa participación en las masacres de miles campesinos y sindicalistas del sector bananero.

La decisión de la Fiscalía demuestra lo podrida que esta la justicia colombiana, pues se atreven hasta desconocer procesos judiciales en curso dentro de la jurisdicción norteamericana, algunos de los cuales ya han sido cerrados pero luego de la aceptación de cargos por parte de Chiquita Brands, al punto que en el 2007 tuvo que pagar una primera sanción económica de 25 millones de dólares.

Los procesos en EEUU que siguen aun abiertos incluyen investigaciones individuales contra ex ejecutivos de la compañía involucrados directamente en los pagos a los paramilitares; además de tres demandas interpuestas por 173 familiares de víctimas de las AUC, quienes son representadas por el prestigioso abogado Terry Collingsworth, director general de la organization internacional con sede en Washington, Defensores de Derechos Internacionales (International Rights Advocates).

La actuación de la justicia colombiana es un mensaje claro para los “inversionistas extranjeros”, en el sentido de que no tienen que preocuparse ni siquiera por la comisión de crímenes de lesa humanidad y asesinatos selectivos como los cometidos por Chiquita Brands, Coca Cola, la Drummond, Occidental Petroleum; Gran Colombia Gold, etc.; mucho menos por la explotación y atropello de su trabajadores, la violación de normas ambientales, los fraudes tributarios y fiscales,…..

La decisión de la Fiscalía es tan aberrante que no sorprendería que los ejecutivos de las multinacionales que tenían, o aun tienen, negocios en Colombia y que tienen procesos penales abiertos por fuera del país por crímenes y violaciones de derechos humanos, terminen refugiándose precisamente en Colombia, el país donde cometieron los crímenes pero el que les ofrece toda protección e inmunidad solo por ser los consentidos/intocables “inversionistas extranjeros” del gobierno.

No se sorprendan tampoco si ven pronto en las paginas sociales de los periódicos y revistas criollas (o de consultores del gobierno de Santos) a personajes como Robert Fisher, Steven G. Wars, Carl H. Linder, Durk Jaguer, Jeffrey Benjamin, Morten Amtzen, Roderick Hills, Cyrus F. Freidheim y Robert Olson, todos ex ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands, actualmente con procesos en curso en los EEUU por su participación directa o indirecta en las masacres del Urabá.

Extradición de colombianos, ejemplo de “cooperación judicial” o renuncia a la soberanía de sistema judicial?

El mecanismo de la extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional que muchos gobiernos alrededor del mundo lo han adoptado, pero su implementación es observada con mucha rigurosidad precisamente para preservar la soberanía jurídica de sus naciones. De ahí que el mecanismo se aplique generalmente contra ciudadanos extranjeros que han cometido delitos dentro del país que los pide en extradición, y no contra nacionales, así estos no tengan prontuarios judiciales en el país que recibe la petición de extradición.

Pero en el caso colombiano, el mecanismo de la extradición, tal como se ha concebido e implementado desde su aprobación, constituye el acto más aberrante de entrega de la soberanía judicial. Funciona al revés de cómo se aplica en la mayoría de países que lo han adoptado. Su aplicación es prácticamente automática en contra de ciudadanos colombianos pedidos por el gobierno de EEUU, e inoperante en contra de ciudadanos extranjeros que se han refugiado en Colombia huyendo de la justicia de sus países de origen.

El caso del narcotraficante Walid Makled extraditado a Venezuela es excepcional pues las motivaciones fueron más políticas que jurídicas. Para la gran mayoría de delincuentes extranjeros, Colombia por el contrario es un paraíso. Aunque en el caso del tratado de extradición con los EEUU los hechos demuestran que lo que hay es un acuerdo tácito mediante el cual el gobierno colombiano ofrece inmunidad a delincuentes gringos que le son o han sido útiles en la ejecución de su política exterior de dominación; y viceversa, el gobierno de EEUU ofrece protección a delincuentes colombianos (generalmente altos oficiales de gobierno) que han actuado como facilitadores o promotores de sus políticas expansionistas y explotadoras. De ahí que ninguno de los tantos criminales gringos que residen en Colombia haya sido extraditado a EEUU (de hecho, tampoco los piden), ni EEUU haya extraditado a Colombia criminales de cuello blanco refugiados en su territorio; aunque tampoco el gobierno colombiano los pide. Y cuando lo hace, como en el caso de María del Pilar Hurtado desde Panamá y de Yair Klein desde Rusia, lo hace tímidamente y con argumentos jurídicos endebles como si el objetivo que persigue no es la concreción de la extradición sino la negación. La prueba es la negación de la extradición de María del Pilar Hurtado por parte del gobierno Panameño, decisión que no tuvo la más mínima respuesta de rechazo por parte del gobierno colombiano, menos una intención de apelación.

Numerosos casos demuestran la aberración que constituye la renuncia a la soberanía judicial colombiana. No es sino recordar los cientos, miles de criminales colombianos extraditados en años recientes a los EEUU por delitos de narcotráfico y bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, de la cual el gobierno de EEUU es su principal beneficiario. Miles de extradiciones que el gobierno de Uribe y aun el actual de Santos, artificiosa y desvergonzadamente las presentan como logros de sus administraciones en términos de aplicación de justicia.

Nada más falso y vergonzoso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los extraditados; primero que todo son nacionales; y segundo, porque son criminales que han cometido los más horrendos crímenes dentro del país (incluyendo masacres, genocidios) en contra de cientos de miles de colombianos. Crímenes que el gobierno, en una muestra del más vil desprecio por las víctimas y sus familias, minimiza en términos de gravedad, comparados con  los delitos de narcotráfico, que generalmente están solamente asociados al transporte y distribución de narcóticos dentro del país que pide la extradición (generalmente EEUU).

La aberración de la aplicación de la extradición por parte del gobierno colombiano llega al extremo de ignorar el hecho de que todos los extraditados han cometido también delitos de narcotráfico dentro de territorio colombiano: producción, procesamiento, transporte, distribución,.. Y nuevamente, para no mencionar los horrendos crímenes y miles de asesinatos asociados al negocio del narcotráfico cometidos en territorio colombiano, bien por cuenta de guerras internas entre carteles; bien por acciones criminales directas en contra de inocentes ciudadanos que se niegan a desocupar sus tierras, a cooperar con sus actividades criminales; o porque esas mafias, actuando en connivencia con grupos paramilitares apoyados por el propio gobierno, han participado también en el asesinato y desaparición de miles de colombianos (campesinos, líderes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos,…) que han sido estigmatizados como simpatizantes de grupos guerrilleros.

Por todo esto es que resulta repudiable (por decir lo menos) escuchar al presidente y a sus altos funcionarios (con amplia difusión a través de sus medios prepago) cuando con sus bocas llenas expresan su supuesta frustración con el gobierno de EEUU por la devolución a Colombia de uno de los narcotraficantes extraditados. Al igual que se sentían ofendidos por el gobierno de EEUU por la demora en la aprobación del TLC aduciendo razones de “mal trato” dada su condición de ser sus “mejores aliados”; con la devolución de extraditados aducen también desconsideración con un gobierno que es ejemplo de “cooperación judicial” en el mundo; el eufemismo con el que esconden la vergonzosa impunidad que reina en el país y el acto más aberrante de traición y renuncia a la soberanía nacional.