domingo, 23 de marzo de 2014

La obsesión de la prensa prepago colombiana con Nicolás Maduro

Al margen de las diferencias políticas entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, la suerte de los habitantes de las dos naciones debe ser motivo de preocupación, no solo por los lazos históricos y de confraternidad que los une sino por sus estrechos vínculos comerciales.

La obsesión con la situación de Venezuela de las mafias políticas, elites económicas y de la gran prensa arrodillada colombiana, y particularmente la cizaña con que reproducen y amplifican la propaganda y montajes que produce la oligarquía venezolana, pareciera indicar que Nicolás Maduro es considerado el responsable de todas los horrores que ocurren a diario en Colombia; o peor aun, que en Colombia no ocurre ninguna tragedia y que por el contrario, la "paz y prosperidad" que disfrutan los colombianos se ve amenazada por lo que está ocurriendo en Venezuela.


Es acaso Nicolás Maduro el que se reúne con grupos de la oligarquía colombiana para planear acciones de sabotaje económico y violencia en contra del presidente Santos, con el objetivo de desestabilizar su gobierno y crear las condiciones para un golpe de estado o una intervención militar gringa?

Es acaso Nicolás Maduro el responsable de la extrema miseria y violencia que azota a la población de Buenaventura, donde los paramilitares se han apoderado de la ciudad y mantienen aterrorizada a sus habitantes mediante la práctica abominable de descuartizar a sus víctimas, lo cual ocurre cotidianamente y sin que ninguna autoridad se de por enterada?

Es Nicolás Maduro el responsable del abandono y miseria que azota a región pacifica en general; y en particular, al departamento del Choco, agravada aun más por estos días debido a los incendios de bosques en el área de Acandi, todo bajo la mirada indiferente del Estado y de la gran mayoría de colombianos?

Es Nicolás Maduro quien firmó los TLCs con EEUU, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea, y el que esta por firmarse con Méjico, Perú y Chile (la llamada Alianza del Pacifico),  los cuales están acabando con la industria nacional, liquidando la producción agrícola y aniquilando a los campesinos?

Es acaso Nicolás Maduro el que infiltra francotiradores y vándalos en todas las marchas y paros de campesinos, estudiantes y trabajadores, con el propósito de incitar violencia, vandalismo y así justificar la brutal represión y criminalización de los que dirigen y participan en las protestas?

Es acaso Nicolás Maduro el que, en contravía de tratados internacionales, condona y ejecuta la destitución de un alcalde elegido por voto popular, solo por el hecho de representar a un movimiento político de izquierda y por haberles quitado a empresarios privados el monopolio del negocio de recolección de basuras?

Es acaso Nicolás Maduro el que en los últimos 10 años ha ejecutado extrajudicialmente a más de 3.000 humildes colombianos para hacerlos pasar por guerrilleros y así mostrar resultados en la guerra contra la guerrilla?

Es acaso Nicolás Maduro el que permite que los pocos militares de alto rango que han sido judicializados (autores y ordenadores de las ejecuciones extrajudiciales) paguen sus supuestas condenas en bases militares acondicionadas como resorts, de las que pueden entrar y salir cuando se les da la gana, y a quienes convierten en billonarios a través de las inmensas comisiones que les dan contratistas testaferros de las FFMM, todo como pago por su silencio  para que no delaten a los generales?

Es acaso Nicolás Maduro el culpable de la negligencia e indolencia del estado colombiano con la población nativa de los llanos orientales, quienes no solo son víctimas de desplazamiento forzado y del saqueo de sus recursos naturales por parte de las multinacionales (los inversionistas extranjeros), sino de una catástrofe ambiental como la que se está evidenciando con la sequía que azota al departamento del Casanare?



Es acaso Nicolás Maduro el presidente del país que lleva más de 50 años con un conflicto interno sin resolver, y el cual ha dejado cerca de 300.000 victimas, cerca de 60.000 desaparecidos, 5.700.000 colombianos desplazados?

La respuesta por supuesto es NO. Pero la exageración en el cubrimiento y la distorsión de lo que verdaderamente ocurre en Venezuela es para los medios prepago un mecanismo de distracción muy efectivo para minimizar las tragedias, esas si reales y verdaderas, que afectan a la gran mayoría del pueblo colombiano. 

La verdad es que la situación económica, política y social de Venezuela es totalmente diferente a como la presentan los medios prepagos colombianos; de hecho muchísimo mejor que la de Colombia, en todos los aspectos. Por qué entonces el ensañamiento con Nicolas Maduro, ahora que está enfrentando planes golpistas por parte de las oligarquías y extrema derecha venezolanas apoyadas por el gobierno de EEUU.


Suena inverosímil pensar que la obsesión con Venezuela les alcance a los medios prepago, y al propio establecimiento, para hacer creer a un gran sector de la opinión publica colombiana que los responsables de las tragedias nacionales no son ni el presidente Santos ni su antecesor, para solo citar los presidentes mas dañinos que ha tenido el país durante los últimos 12 anos, sino el ex presidente Chávez y el actual presidente Maduro; el castro-chavismo, como se refieren en los círculos narcoparauribistas.  

Para poner un ejemplo muy reciente, acaso no han escuchado a quienes dicen que la crisis de Bogotá es producto de la influencia del castro-chavismo?

jueves, 20 de marzo de 2014

Violencia y Terror – El camino de Ucrania y Colombia hacia la construcción del Imperio

James Petras, en uno de sus mas recientes artículos que publican varios medios digitales internacionales, hace un crudo análisis de las similitudes entre el camino politico que esta tomando Ucrania y la situación que ha vivido Colombia, especialmente durante los últimos 15 anos.

El articulo adquiere la mayor relevancia, sobre todo para una opinión publica colombiana que en su mayoría solo se entera de lo que ocurre en su país y en el resto del mundo a través de lo que leen o escuchan en los grandes medios de comunicación, los cuales haciendo honor a su condición de prepagos,  actúan como simples megáfonos y amplificadores de la propaganda y falsedades que salen de las oficinas de prensa del régimen.

Sobre la situación en Ucrania, por ejemplo, lo que escucharan en los medios locales es que lo que esta viviendo ese país (a diferencia de Venezuela, porque no pierden la oportunidad de estigmatizar a Venezuela) es una verdadera transición democrática. Sobre Colombia y las recientes elecciones, a lo sumo escucharan que hubo unos candidatos avivatos que se hicieron elegir con votos alterados o comprados, pero no escucharan una sola mención de que el sistema electoral es un verdadero pozo séptico, ni que la “democracia” en general es realmente un montaje electoral politiquero diseñado para garantizar la perpetuidad en el poder de las mismas mafias políticas y clanes familiares.

Lean a continuación el articulo de James Petras:

Violencia y Terror – El camino de Ucrania y Colombia hacia la construcción del Imperio
Por James Petras – Marzo 19, 2014 

Introducción

Los dos caminos hacia la construcción del imperio del siglo 21st mediante testaferros son ilustrados a través de la toma violenta del poder en Ucrania por una junta respaldada por EEUU y los réditos electorales del Señor de la guerra colombiana Alvaro Uribe Velez, también apoyado por EEUU. A continuación describiremos la 'mecánica' de la intervención estadounidense en la política interna de estos dos países y sus profundos efectos externos – y cuyo propósito es cómo expandir el poder imperial en todo el continente.

Intervención política y regímenes testaferros: Ucrania

La conversión de Ucrania en un estado vasallo de EEUU y la Unión Europea (UE) ha sido un proceso prolongado y de gran escala que involucró financiamiento a largo plazo, adoctrinamiento y reclutamiento de fuerzas locales, organización y capacitación de políticos y pandilleros y; sobre todo, una capacidad para combinar la acción directa con la política electoral.

La toma del poder es un juego que tiene altos intereses para el imperio: (1) Ucrania en manos de sus clientes, proporciona a la OTAN un bastión militar en el corazón de la Federación de Rusia; (2) los recursos agrícolas e industriales de Ucrania proporcionan una fuente de enorme riqueza para los inversionistas occidentales; y (3) Ucrania es una región estratégica que les permite penetrar las altas esferas políticas de la región, e incluso más allá.

Washington invirtió más de 5 billones de dólares en la construcción de un estado cliente, sobre todo en 'Ucrania occidental', y especialmente en los alrededores de Kiev, centrándose en 'grupos de la sociedad civil’ y en partidos y líderes políticos manipulables. En 2004, la primera “inversión” política de EE.UU. dirigida a lograr un cambio de régimen culminó en lo que se denominó la 'revolución naranja ' la cual instaló un efímero régimen pro-EEUU/UE. Sin embargo, este régimen se degeneró rápidamente en medio de grandes escándalos de corrupción, mala gestión y saqueo del tesoro nacional y de recursos públicos por parte de la oligarquía, lo cual condujo al encarcelamiento del ex-vicepresidente y a la desaparición del régimen. Nuevas elecciones produjeron un nuevo régimen, el cual intentó fortalecer las relaciones con la UE y Rusia mediante acuerdos económicos pero conservando muchas de las repudiables características (corrupción endémica) del régimen anterior. Los EEUU y la UE, luego de haber sido derrotados en elecciones democráticas, relanzaron sus 'organizaciones de acción directa’ con una nueva agenda radical. Neofascistas se tomaron el poder y establecieron una junta dictatorial como resultado de manifestaciones violentas, vandalismo, asaltos armados y otras acciones criminales. La composición de la nueva junta post-golpe de estado mostro los dos bandos que representan las organizaciones políticas respaldadas por EEUU: (1) políticos neoliberales para la gestión de la política económica y fortalecer los lazos con la OTAN, y (2) los nacionalistas neo fascistas/violentos, encargados de imponer orden mediante una estrategia de mano dura, y de aplastar a ‘autonomistas’ de Crimea  pro Rusia, a grupos étnicos rusos y a otras minorías, especialmente en los sectores industrializados del sur y oriente.

Cualquiera que sea el resultado del golpe de estado,  la junta de gobierno impuesta es totalmente subordinada  y dependiente de la voluntad de Washington: por mas declaraciones de que lo que ocurrió fue la ‘independencia ' de Ucrania. La junta impuesta procedió a despedir a los funcionarios electos y nombrados que estaban afiliados a los partidos políticos del régimen democrático anterior y a perseguir a sus partidarios. Su propósito es asegurar que las subsiguientes elecciones manipuladas parezcan legitimas, las cuales servirán para elegir básicamente dos grupos de clientes del imperio: los neoliberales, (autodenominados "moderados") y los neofascistas bautizados como "nacionalistas".

El camino de Ucrania hacia un poder imperialista mediante un régimen colaborador ilustra varios  instrumentos que se usan en la construcción del imperio: (1) uso de fondos del estado imperial, canalizados a través de organizaciones no gubernamentales, grupos políticos frontales y el fortalecimiento de una 'base de masas' dentro de la sociedad civil; (2) financiación de una acción masiva directa que lleve a un golpe de estado ('cambio de régimen'); (3) imposición de políticas neoliberales por parte del régimen cliente; (4) financiamiento imperial para la reorganización y reagrupamiento de los grupos de acción masiva directa después de la desaparición del primer régimen cliente; (5) transición de la protesta pacífica a la acción violenta directa como gran telón de fondo para que los sectores extremistas (neofascistas) organicen la toma del poder y la eliminación de la oposición; (6) organización de una 'campaña mediática internacional ' para afianzar la nueva junta de gobierno y al mismo tiempo satanizar a la oposición nacional e internacional (Rusia); y (7) poder político centralizado en manos de la junta de gobierno, convocando a  unas "elecciones manipuladas" que asegurarán  la victoria de uno u otro de los candidatos pro imperialistas escogidos por la misma junta de gobierno.
En resumen, los constructores de imperios operan en varios niveles: violento y electoral; social y político; y con políticos amigos en ejercicio y rivales cuidadosamente seleccionados y comprometidos a cumplir con un objetivo estratégico: la toma del poder estatal y la conversión de las elites gobernantes en incondicionales vasallos del imperio.

Democracia de ‘los escuadrones de la muerte’ en Colombia: Elemento fundamental del Imperio para avanzar en América Latina

Frente a la reducción de la influencia estadounidense en América Latina, Colombia se constituye en un bastión clave para los intereses imperiales de Estados Unidos en la región: (1) Colombia firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos; (2) puso a disposición siete bases militares y ha permitido la participación de EEUU en varios operativos contra la insurgencia; y (3) colaboró en la creación a gran escala de escuadrones de la muerte paramilitares, lo cuales están entrenados para incursionar la frontera y desarrollar operativos en contra de Venezuela, el archienemigo de Washington.

La oligarquía gobernante y los militares de Colombia han logrado contener la ola masiva de agitación democrática de movimientos sociales y populares,  y las victorias electorales que dieron origen a estados post-neoliberales en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Mientras América Latina se ha movido hacia la conformación de 'organizaciones regionales’ que excluyen a EEUU, Colombia ha fortalecido sus lazos con el imperio a través de acuerdos bilaterales. Mientras que América Latina redujo su dependencia de los mercados estadounidenses, Colombia amplió sus lazos comerciales. Mientras que América Latina redujo sus lazos militares con el Pentágono, Colombia los fortaleció. Mientras que América Latina se ha enfocado en una mayor inclusión social mediante el aumento de impuestos a las empresas multinacionales extranjeras, Colombia bajó los impuestos corporativos. Mientras que América Latina expande la titulación de tierras a sus poblaciones rurales, Colombia ha desplazado más de 4 millones de campesinos como parte de la estrategia contrainsurgente de EEUU denominada 'tierra arrasada’.

La sumisión inquebrantable "excepcional" de Colombia a los intereses imperialistas de Estados Unidos está arraigada en varios programas de gran escala y largo plazo desarrollados en Washington. En 2000, el Presidente Clinton comprometió a los Estados Unidos en un programa de contrainsurgencia de 6 billones de dólares (Plan Colombia) el cual incrementó la capacidad represiva y brutal de la élite Colombiana para hacer frente a los movimientos populares de campesinos y trabajadores.  Además de suministrar armas y entrenamiento, fuerzas especiales e ideólogos de EEUU llegaron a Colombia con el fin de desarrollar operaciones militares y paramilitares terroristas – cuyo objetivo principal es penetrar y diezmar a la oposición política y a los movimientos sociales, y asesinar activistas y líderes sociales. Con el respaldo de EEUU, Álvaro Uribe Velez,  destacado narcotraficante y quien es la personificación del vasallo imperial más despiadado, se convirtió en el presidente de la 'democracia de los escuadrones de la muerte.'

El presidente Uribe militarizó aún más la sociedad colombiana, atacó severamente a los movimientos de la sociedad civil y aplastó cualquier posibilidad de un resurgimiento popular democrático, tal como estaba ocurriendo en el resto de América Latina. Miles de activistas, sindicalistas, activistas de derechos humanos y campesinos fueron asesinados, torturados y encarcelados.

El 'sistema colombiano ' combina el uso sistemático del paramilitarismo (escuadrones de la muerte) para atacar a sindicatos locales y regionales y a la oposición campesina, con la tecnificación e incremento del pie de fuerza militar (más de 300.000 soldados) para combatir a la insurgencia popular y 'limpiar el campo' de los simpatizantes rebeldes.  El multimillonario e inmenso negocio de tráfico de drogas y de lavado de dinero constituyeron el 'pegamento financiero ' que consolidó las relaciones entre los oligarcas, políticos, banqueros y asesores de contrainsurgencia estadounidenses – creando un estado policía aterrorizador y de alta tecnología en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil - países con presencia de importantes movimientos populares.

La misma maquinaria de terror estatal que ha diezmado sistemáticamente a los movimientos sociales que exigen una verdadera democracia, ha protegido, promovido y participado en 'elecciones manipuladas'  lo cual le imprime a Colombia el sello de ser una "democracia de los escuadrones de la muerte."

Las elecciones se celebran bajo un inmenso despliegue militar, del cual hacen parte escuadrones de la muerte y narcotraficantes que se desplazan a ciudades y pueblos a intimidar, aterrorizar y corromper al electorado. La única manera segura de protestar en esta atmósfera represiva es la abstención. Los resultados electorales son siempre conocidos con anticipación: los oligarcas nunca pierden en las democracias de escuadrones de la muerte, son los vasallos más fieles del imperio.

Los efectos acumulativos de la larga y sangrienta década y media de aniquilación de la sociedad civil colombiana por parte de los presidentes Uribe y su sucesor Santos, se evidencian en la eliminación o debilitamiento de cualquier forma de oposición democrática. Washington ha alcanzado su ideal: un estado vasallo estable; un estamento militar fortalecido y obediente; una oligarquía estrechamente relacionada con las elites corporativas norteamericanas; y un sistema 'electoral' estrictamente controlado que no permite la elección de un verdadero opositor.

Las elecciones de marzo de 2014 en Colombia ilustran con toda claridad el éxito de la intervención estratégica de Estados Unidos en colaboración con la oligarquía local: la gran mayoría del electorado (dos tercios) se abstuvieron, lo cual demuestra que el proceso electoral no tiene legitimidad para los votantes. Entre los que 'votaron,' 10% sufragaron votos nulos o votaron en blanco. La votación abstencionista y de votos nulos fue especialmente alta en regiones rurales y áreas de clase obrera que han sido objeto del terrorismo de estado.

Debido a la intensa represión, los votantes vieron que ningún partido genuino de oposición tenía alguna posibilidad y por eso se negaron a legitimar el proceso. El 30% que votó son en su mayoría habitantes de ciudades, de clases medias y altas, y residentes de algunas zonas rurales completamente controladas por narcoterroristas y militares donde 'votar' pudo haber sido 'obligatorio'. De un total de 32 millones de electores, 18 millones se abstuvieron y otros 2,3 millones sufragaron tarjetones nulos. Las dos coaliciones dominantes de la oligarquía, lideradas por el Presidente Santos y el ex Presidente Uribe, recibieron sólo 2.2 millones y 2.05 millones de votos respectivamente, una fracción pequeña comparada con el total de votantes. En esta farsa electoral, los candidatos de partidos de centro-izquierda y de izquierda obtuvieron resultados pírricos. El sistema electoral colombiano pone un velo de propaganda a un estado vasallo peligroso y altamente militarizado, cuya misión es desempeñar un papel estratégico en los planes estadounidenses para la "reconquista" de América Latina.

Dos décadas de terror sistemático, financiado por un programa de militarización de 6 billones de dólares, ha garantizado que Washington no tenga ninguna oposición sustancial ni en el congreso ni en el palacio presidencial en Bogotá. Este es el 'olor amargo, teñido de pólvora’ del éxito que alardean las autoridades de Estados Unidos: la violencia es la comadrona del estado vasallo. Colombia se ha convertido en el bastión para el desarrollo de un bloque comercial y una alianza militar centrados en EEUU cuyo propósito es debilitar alianzas regionales Bolivarianas promovidas por Venezuela, como la ALBA y Petro Caribe; así como atentar contra la seguridad nacional de Venezuela. El gobierno de Colombia seguirá tratando de influir en los regímenes de derecha y de centro-izquierda del vecindario empujándolos a abrazar al imperio en contra de Venezuela.

Conclusión

La organización de subversión a gran escala en Ucrania y Colombia, así como la financiación de organizaciones paramilitares y de la sociedad civil (ONGs) le ha permitido a Washington: (1) construir aliados estratégicos, (2) fortalecer lazos con oligarcas, políticos obedientes y con matones paramilitares, y (3) aplicar terrorismo político para la toma del poder estatal. Los planificadores imperiales han creado así "Estados modelo" — desprovistos de opositores consecuentes y abiertos a elecciones manipuladas entre políticos rivales vasallos.

Golpes de estado y juntas de gobierno, orquestados por testaferros  políticos,  y estados altamente militarizados gobernados por ' ejecutivos de escuadrones de la muerte ' son legitimados por sistemas electorales diseñados para ampliar y fortalecer el poder imperial.

Haciendo imposible la existencia de verdaderos procesos democráticos y el logro de reformas populares por la vía pacifica, y mediante el derrocamiento de gobiernos  independientes y elegidos democráticamente, Washington está haciendo que las guerras y los levantamientos violentos sean inevitables.

jueves, 13 de marzo de 2014

Cuando la crisis es negocio

El Transnational Institute (TNI) acaba de publicar un revelador informe sobre cómo las corporaciones y los abogados saquean a los países europeos en crisis.

Republicamos aquí el resumen ejecutivo disponible en Español en el website del Transnational Institute. Allí tambien esta disponible para descargar  el informe completo pero solo en Ingles.

El informe es tan revelador y contundente que no requiere introducción. Lo único que se puede agregar es que lo que las corporaciones hacen en los países débiles de Europa, lo hacen también (y con mayor facilidad e impunidad) en Latinoamérica, en Africa; y en general en todos los países cuyos gobiernos están totalmente sometidos y controlados por  gobiernos y  poderes económicos  extranjeros, cuya lista la encabezan Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Gran Bretaña; quienes a su vez son los países que controlan instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para solo mencionar las que son mas reconocidas en Latinoamérica.

Cualquiera que tenga un mínimo de comprensión de la realidad política y económica colombiana podrá inferir que hacemos parte de esa comunidad de naciones controladas totalmente por fuerzas extranjeras.  Los que no conocen esta situación o simplemente no la aceptan prefieren creer que su país es tal cual se lo pintan los buitres locales que les sirven a los halcones extranjeros,….. un “aliado estratégico”.

Lean a continuación el informe del TNI:

Cuando la crisis es negocio

7 Marzo 2014 Cecilia Olivet and Pia Eberhardt

Translator: Beatriz Martínez
Las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.

Resumen ejecutivo
El informe Cuando la crisis es negocio explica la historia de cómo las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. También explica por qué el régimen global de inversiones florece con las crisis económicas, y cómo sus beneficios son muy desiguales. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie no gozan de esa misma protección y por el contrario se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.
Durante mucho tiempo, los países europeos no estuvieron afectados por la creciente oleada de controversias entre inversores y Estados, que habían tendido a dirigirse contra países en desarrollo. Sin embargo, tras la crisis financiera global, las corporaciones y los abogados de inversión han vuelto la mirada hacia posibles ganancias en Europa. Es así como un régimen de inversiones, urdido en secreto en salas de juntas europeas y que garantiza a las corporaciones importantes derechos para demandar a los Gobiernos, vuelve a casa como un boomerang.
El informe empieza repasando la historia de las controversias entre inversores y Estados como resultado de las crisis económicas en todo el mundo, desde México en 1994 a Argentina en 2001. Al verse azotados por la crisis, estos países hicieron todo lo posible por proteger a sus economías de un rápido hundimiento; desde entonces, las medidas que adoptaron se convirtieron en blanco sistemático de las corporaciones. Los países han sido demandados por tomar medidas para reanimar su sistema financiero nacional o por congelar las tarifas de los servicios públicos para que fueran asequibles a la población. Algunas medidas, como la reestructuración de la deuda soberana (es decir, renegociar las condiciones con los acreedores) son incluso un requisito exigido por los acuerdos sobre deuda y, a pesar de ello, también han sido objeto de demandas de inversión.
La base jurídica de estas demandas se halla en los más de 3.000 tratados internacionales de inversión vigentes hoy en día. Estos tratados garantizan una amplia protección de la propiedad privada, consagrada en cláusulas tan genéricas como el “trato justo y equitativo” y la “protección ante la expropiación indirecta”. El problema está en que estas cláusulas se interpretan de forma tan amplia que otorgan a las corporaciones carta blanca para demandar a los Estados por cualquier norma que se pueda considerar que afecta a sus ganancias presentes o futuras. Además, los tratados de inversión garantizan a las corporaciones una amplia protección, pero no conceden a los Estados derechos equivalentes para proteger a su propia ciudadanía.
Cuando la crisis es negocio analiza en detalle cómo han respondido los inversores corporativos a las medidas tomadas por España, Grecia y Chipre para proteger sus economías tras la crisis de la deuda europea. En Grecia, la compañía eslovaca Poštová Bank adquirió deuda griega después de que el valor de los bonos bajara de categoría; más tarde, se le ofreció un paquete de reestructuración de la deuda muy generoso, pero la compañía intentó hacer mejor negocio demandando a Grecia a través del tratado bilateral de inversión (TBI) entre Eslovaquia y Grecia. En Chipre, Marfin Investment Group, un fondo privado de inversión que cotiza en la bolsa de Atenas y que está involucrado en una serie de prácticas de crédito cuestionables, está exigiendo una compensación de 823 millones de euros por las inversiones perdidas después de que Chipre tuviera que nacionalizar el Laiki Bank por las condiciones del acuerdo de reestructuración de la deuda con la UE. En España, 22 compañías (en el momento de escribir estas líneas), sobre todo fondos de capital privado, han presentado demandas ante tribunales internacionales por los recortes en los subsidios a las energías renovables. Aunque el recorte de estos subsidios ha sido justamente criticado por grupos ambientalistas, solo los grandes inversores privados tienen derecho a presentar una demanda y resulta especialmente ofensivo que, en caso de ganarla, será la ciudadanía española –que ya está sufriendo por la austeridad que se le ha impuesto– la que deberá pagar de sus bolsillos para enriquecer aún más a fondos de capital privados.
Cuando la crisis es negocio desvela cómo:
  •  El rescate público de los bancos que generó la crisis de la deuda europea se podría repetir con un segundo rescate público, esta vez de inversores especulativos. Inversores corporativos han reclamado en disputas arbitrales más de 700 millones de euros a España; más de 1.000 millones de euros a Chipre y una cantidad no revelada a Grecia. Esta factura, a la que habría que añadir los exorbitantes honorarios de los abogados por tramitar los casos, se pagará con el dinero de las arcas públicas en un momento en que las medidas de austeridad están traduciéndose en importantes recortes en el gasto social y en crecientes privaciones para las comunidades vulnerables. En 2013, España, mientras se gastaba millones de euros para la defensa en demandas, recortó el gasto en salud un 22% y en educación, un 18%. 
  • Muchas de las demandas de inversión interpuestas contra los países europeos en crisis han sido iniciadas por inversores especulativos. No eran inversores con un largo recorrido en el país, sino aquellos que invirtieron cuando la crisis se empezó a vislumbrar y que, por lo tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos que conllevaba. Sin embargo, en lugar de pagar el precio de una inversión riesgosa, los acuerdos de inversión les han dado una vía de escape que están usando para saquear más dinero de los países en crisis. Poštová Bank, por ejemplo, compró bonos a principios de 2010, al mismo tiempo que Standard & Poor’s calificaba la deuda griega de ‘bono basura’. En España, de las 22 compañías implicadas en demandas, 12 invirtieron después de 2008, cuando se introdujeron las primeras limitaciones a las tarifas reguladas para la energía solar; ocho más siguieron invirtiendo en el país a pesar de las ‘amenazas’ a sus inversiones. 
  • Los inversores implicados en las demandas se han beneficiado considerablemente a pesar de que sus inversiones se hayan visto ‘afectadas’ en los países en crisis. Poštová Bank notificó un beneficio neto de 67,5 millones de euros en 2012; Abengoa SA, compañía que invierte en energías renovables, notificó un aumento del 17% en sus ingresos, que alcanzaron los 5.230 millones de euros, en los primeros nueve meses de 2013. Para la ciudadanía de los países demandados, en cambio, la historia es muy distinta. Los griegos, por ejemplo, son en promedio casi un 40% más pobres que en 2008 y el índice de personas sin hogar ha experimentado un drástico aumento. Uno de cada tres niños (unos 600.000) vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. 
  •  Los inversores corporativos han contado con el apoyo y el aliento de abogados de inversión muy bien remunerados que se dedican a identificar constante y activamente posibilidades de litigio. En algunos casos, las firmas de arbitraje que están demandando a los países en crisis también estaban asesorando a esas mismas compañías cuando realizaron las inversiones de riesgo. El bufete de abogados británico Allen & Overy, que ahora representa a los inversores en cinco de las siete demandas conocidas (en estos momentos) contra España relacionadas con el recorte de subsidios en el sector de la energía, asesoraron a algunos de estos inversores en su adquisición original de las centrales de energía. El marketing de los abogados corporativos ha rendido sus frutos, visto el auge de casos y de suculentos beneficios e ingresos para estas firmas de élite. Por ejemplo, el bufete británico Herbert Smith Freehills, contratado para representar a España en al menos dos casos, cobra unos honorarios de 300 euros por hora y podría ganar hasta 1,6 millones de euros por los casos. 
  • Los abogados de inversión y las corporaciones están usando la amenaza de las demandas legales para intentar modificar políticas o evitar que se adopten normas que amenazan a sus ganancias. En un documento enviado a sus clientes en octubre de 2011, por ejemplo, el bufete de abogados estadounidense K&L Gates recomendaba que los inversores usaran la amenaza del arbitraje de inversiones como una “herramienta de negociación” al pactar la reestructuración de la deuda con Gobiernos. En la misma línea, la firma británica Clyde & Co recomendó usar “la potencial publicidad negativa” de una demanda de inversión como “instrumento de presión en caso de disputa con un Gobierno extranjero”. 
  • La Comisión Europea (CE) ha desempeñado un papel cómplice y ambiguo, apoyando efectivamente esta oleada de demandas corporativas al presionar a los países azotados por la crisis. Algunas de las demandas han surgido debido a las medidas de reestructuración bancaria y de la deuda que se exigieron como condición de los paquetes de rescate de la UE. Además, aunque la CE se ha mostrado crítica con los TBI entre los Estados miembros de la UE (conocidos como ‘TBI intracomunitarios’), sigue promoviendo activamente el uso de mecanismos de arbitraje inversor-Estado en todo el mundo, en especial en las actuales negociaciones para el controvertido acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la UE (el TTIP por su sigla en inglés). Defender la protección de las corporaciones mientras se deniega la protección social de la ciudadanía es una inquietante muestra de las actuales prioridades en las políticas económicas y comerciales de Europa. 
  • El régimen del arbitraje de inversiones garantiza un trato de favor a los inversores extranjeros y privatiza la justicia. A los inversores extranjeros se les conceden más derechos que a las empresas, las personas y las comunidades del país, incluso cuando estas se ven igual de afectadas por las medidas que llevaron a la disputa. Los casos son juzgados por un tribunal compuesto por tres abogados privados y con ánimo de lucro, que acaban decidiendo sobre políticas que afectan al bienestar de millones de personas. Algunos de ellos han ignorado los principios jurídicos internacionales que permiten a los Estados incumplir sus obligaciones internacionales cuando es necesario para proteger los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente en situaciones de crisis.
La creciente recesión en los países europeos en crisis ha ido atrayendo cada vez más buitres, que están dando vueltas para saquear ganancias. En 2012, la firma Greylock Capital, con sede en Nueva York, señaló que comprar bonos griegos era “el negocio del año”. En aquel momento, los inversores estaban pagando entre 15 y 25 céntimos por bono, por cada bono equivalente a un dólar.
En abril de 2013, el bufete de abogados estadounidense Skadden, que representa a Cyprus Popular Bank (Laiki) en una incipiente disputa contra Grecia que entraña miles de millones de euros y que se basa en un tratado de inversión, alabó el “creciente atractivo y uso novedoso de los tratados bilaterales de inversión”. El bufete añadía que “el atractivo de los tribunales de los TBI, sumado a la incertidumbre económica de los últimos tiempos, ha desencadenado un creciente uso de los TBI para resolver disputas mediante vías con las que no se habían topado anteriormente los tribunales arbitrales, y esperamos que esta tendencia se mantenga”. La experiencia de Argentina, que se enfrentó a 55 demandas de inversores tras la crisis de 2001, demuestra que las demandas siguen llegando durante un tiempo después de la crisis propiamente dicha. En efecto, los casos que aparecen en este informe son probablemente solo el principio de una nueva oleada de demandas inversor-Estado contra países europeos.
Estas disputas entre inversores y Estados forman parte de un patrón más general que se ha hecho especialmente evidente desde que estalló la crisis económica. Se trata de un patrón en que a las corporaciones se las protege de las inversiones de riesgo mientras que a la ciudadanía se le dice que los recortes son inevitables; en que las pérdidas corporativas se socializan y los contribuyentes pagan la factura; en que las corporaciones pueden recurrir al sistema de justicia mientras que los derechos de ciudadanos y ciudadanas son marginados.
Los ciudadanos europeos y americanos, comprensiblemente, demostraron su enfado por el rescate de los bancos. Ha llegado la hora de poner la atención sobre el rescate de los inversores y reclamar un cambio radical del actual régimen global de inversiones.
Como primer paso, los Gobiernos de la UE deben rescindir los acuerdos de inversión vigentes. En concreto, los ciudadanos y los políticos europeos preocupados por la cuestión deben exigir que se excluyan los mecanismos de disputa inversor-Estado de los acuerdos comerciales que se están negociando en estos momentos, como el tratado comercial propuesto entre los Estados Unidos y la UE. Con la actual propuesta de acuerdo transatlántico, un total de 75.000 compañías registradas en ambas regiones, con sedes en la UE y los Estados Unidos, podrían lanzar disputas inversor-Estado con base en este acuerdo transatlántico. La experiencia europea con los especuladores corporativos que se están beneficiando con la crisis debería funcionar como una sana advertencia de que es necesario limitar los derechos de las corporaciones y priorizar los derechos de las personas.
Sobre los autores:

Cecilia Olivet

Cecilia Olivet es politóloga, especializada en la agenda de comercio e inversiones de la Unión Europea, el régimen internacional de inversiones y temas de integración regional. Cecilia es uruguaya, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay y una maestría en Política Internacional y Sudeste Asiático de la Universidad de Warwick, Inglaterra. En 2005 comenzó a trabajar en el TNI, donde contribuye al equipo del Programa Justicia Económica, Poder Corporativo y Alternativas con investigaciones, análisis, en campañas y facilitación de redes. Cecilia coordina la Iniciativa Agenda de los Pueblos para Regionalismos Alternativos (PAAR) y está involucrada en el trabajo de redes como Seattle to Brussels (S2B)Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS) y la red birregional Europa-América Latina EnlazandoAlternativas.


Cecilia es actualmente uno de los miembros de la Comisión establecida por decreto presidencial para auditar los Tratados Bilaterales de Proteccion de Inversiones (TBIs) y los casos de arbitraje internacional de Ecuador. La nueva comisión, conocida por su acrónimo CAITISA, fue lanzada formalmente en Octubre 2013.

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