Cualquier
ciudadano medianamente informado de lo que realmente ocurre en el país en
materia de corrupción, criminalidad, paramilitarismo, narcotráfico, etc., tanto
dentro del estado como en el sector privado y sociedad civil en general, se dará
cuenta de cómo funciona (o mejor por que no funciona) la justicia
colombiana.
El
travestismo de la justicia colombiana se ve reflejado más claramente en los
métodos y artimañas que utilizan los abogados defensores frente a casos
incuestionables de criminalidad y corrupción.
La razón de ser de un sistema judicial/penal imparcial, justo,
transparente y eficiente es garantizar los derechos de los inculpados,
cualquiera que sea el delito o crimen cometido; incluyendo el derecho a
considerarlos inocentes hasta que las evidencias demuestren su
culpabilidad.
Pero la
misión de los abogados en Colombia no parece ser la representación y defensa de
los derechos y garantías procesales de sus defendidos sino, aun cuando las
evidencias en contra de sus clientes son incontrovertibles, recurrir a cuanta artimaña
jurídica y práctica criminal tienen disponible para tratar de hacerlos parecer inocentes;
incluso llegan al extremo de recusar no solo a los denunciantes sino a los
propios jueces, fiscales y aun a magistrados de las altas cortes.
Estas
son practicas de defensa comunes y recurrentes en Colombia, el país de los
carteles. Y un país famoso y reconocido por sus carteles no podía dejar de
tener carteles de abogados defensores de criminales.
Los mas
prominentes carteles en esta categoría son los que representan y defienden a
criminales como el propio Alvaro Uribe, Santiago Uribe, y docenas de criminales
mas protegidos o cómplices de Uribe. Y los mas destacados exponentes de esos
carteles son Jaime Granados, Jaime Lombana y Abelardo de La Espriella, para no mencionar
sino algunas de las celebridades que todas las mañanas saltan de emisora en
emisora, de periódico en periódico y de estudio de televisión a estudio de
televisión, defendiendo la “inocencia” de sus clientes, presentándolos como
personas impolutas, como artífices de todo lo bueno que ocurre en el país (héroes
o funcionarios sacrificados), como victimas de persecución política y judicial;
y lanzando amenazas contra testigos, de demandas por difamación, de recusaciones
contra la fiscalía general, la corte suprema de justicia, etc.
El
cinismo de estos abogados no tiene limites. El caso mas prominente es la
reciente denuncia presentada por el cartel que defiende al narcoparamilitar Alvaro Uribe Velez y a sus secuaces ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, dizque porque las acusaciones en su contra obedecen a motivaciones
políticas y como tal no tienen garantías de un debido proceso.
Lo peor
de todo es que estos abogados son intocables, famosos, y gozan de tan alto
respeto y reconocimiento por parte de una gran mayoría de colombinos que quien
es defendido por alguno de esos carteles sube en estatus social y es
automáticamente considerado hombre respetable, ejemplar, a quien sus “enemigos
políticos” le quieren hacer daño. En un
país donde la criminalidad y corrupción es rampante, y la justicia un chiste,
la demanda de sus servicios es de tal magnitud que aun constituidos ahora como
grandes bufetes de abogados no dan abasto con la demanda.
Que
institución del estado, organismo judicial, asociación vigila el ejercicio
profesional y ético de los abogados colombianos?
Acaso
recurrir a prácticas como comprar, fabricar y/o amenazar testigos y jueces (que
incluso terminan asesinados), recusar sin bases jurídicas a fiscales, para
forzar decisiones absolutorias de sus clientes sobre quienes pesan evidencias
incontrovertibles de culpabilidad, no son también delitos graves que deben ser
castigados ejemplarmente?
Una
cosa es propender por que sus clientes tengan garantías procesales y las penas
aplicadas sean las mas justas, y otra cosa que recurran a practicas criminales y
se conviertan en cómplices de sus defendidos para evadir la acción de la justicia.
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