En el país de los carteles, Colombia, nadie habla del cartel de los abogados defensores de criminales…

Cualquier ciudadano medianamente informado de lo que realmente ocurre en el país en materia de corrupción, criminalidad, paramilitarismo, narcotráfico, etc., tanto dentro del estado como en el sector privado y sociedad civil en general, se dará cuenta de cómo funciona (o mejor por que no funciona) la justicia colombiana. 

El travestismo de la justicia colombiana se ve reflejado más claramente en los métodos y artimañas que utilizan los abogados defensores frente a casos incuestionables de criminalidad y corrupción.  La razón de ser de un sistema judicial/penal imparcial, justo, transparente y eficiente es garantizar los derechos de los inculpados, cualquiera que sea el delito o crimen cometido; incluyendo el derecho a considerarlos inocentes hasta que las evidencias demuestren su culpabilidad. 

Pero la misión de los abogados en Colombia no parece ser la representación y defensa de los derechos y garantías procesales de sus defendidos sino, aun cuando las evidencias en contra de sus clientes son incontrovertibles, recurrir a cuanta artimaña jurídica y práctica criminal tienen disponible para tratar de hacerlos parecer inocentes; incluso llegan al extremo de recusar no solo a los denunciantes sino a los propios jueces, fiscales y aun a magistrados de las altas cortes.

Estas son practicas de defensa comunes y recurrentes en Colombia, el país de los carteles. Y un país famoso y reconocido por sus carteles no podía dejar de tener carteles de abogados defensores de criminales.   

Los mas prominentes carteles en esta categoría son los que representan y defienden a criminales como el propio Alvaro Uribe, Santiago Uribe, y docenas de criminales mas protegidos o cómplices de Uribe. Y los mas destacados exponentes de esos carteles son Jaime Granados, Jaime Lombana y Abelardo de La Espriella, para no mencionar sino algunas de las celebridades que todas las mañanas saltan de emisora en emisora, de periódico en periódico y de estudio de televisión a estudio de televisión, defendiendo la “inocencia” de sus clientes, presentándolos como personas impolutas, como artífices de todo lo bueno que ocurre en el país (héroes o funcionarios sacrificados), como victimas de persecución política y judicial; y lanzando amenazas contra testigos, de demandas por difamación, de recusaciones contra la fiscalía general, la corte suprema de justicia, etc.

El cinismo de estos abogados no tiene limites. El caso mas prominente es la reciente denuncia presentada por el cartel que defiende al narcoparamilitar Alvaro Uribe Velez y a sus secuaces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dizque porque las acusaciones en su contra obedecen a motivaciones políticas y como tal no tienen garantías de un debido proceso.

Lo peor de todo es que estos abogados son intocables, famosos, y gozan de tan alto respeto y reconocimiento por parte de una gran mayoría de colombinos que quien es defendido por alguno de esos carteles sube en estatus social y es automáticamente considerado hombre respetable, ejemplar, a quien sus “enemigos políticos” le quieren hacer daño.  En un país donde la criminalidad y corrupción es rampante, y la justicia un chiste, la demanda de sus servicios es de tal magnitud que aun constituidos ahora como grandes bufetes de abogados no dan abasto con la demanda.

Que institución del estado, organismo judicial, asociación vigila el ejercicio profesional y ético de los abogados colombianos?

Acaso recurrir a prácticas como comprar, fabricar y/o amenazar testigos y jueces (que incluso terminan asesinados), recusar sin bases jurídicas a fiscales, para forzar decisiones absolutorias de sus clientes sobre quienes pesan evidencias incontrovertibles de culpabilidad, no son también delitos graves que deben ser castigados ejemplarmente? 

Una cosa es propender por que sus clientes tengan garantías procesales y las penas aplicadas sean las mas justas, y otra cosa que recurran a practicas criminales y se conviertan en cómplices de sus defendidos para evadir la acción de la justicia.

Tratado de Extradición con EEUU, Vergüenza y Arrodillamiento del Gobierno y Justicia Colombiana

El tratado de extradición de Colombia con Estados Unidos refleja no solo el arrodillamiento e inoperancia de la justicia colombiana sino el servilismo rastrero de todo el Estado, con el gobierno a la cabeza.

El narcoparaco Alvaro Uribe Velez alardea aun de que bajo su administración se extraditaron a Estados Unidos mas de 500 colombianos, muchos de ellos jefes y altos mandos narcoparamilitares; según el, muestra de su mano dura con el narcotráfico y el crimen organizado. Lo que no dice, y que la inmensa mayoría de colombianos tampoco cuestiona, es que la mayoría de esos extraditados estaban siendo procesados en Colombia por horrendos crímenes cometidos en el país como masacres, desapariciones, desplazamientos, robo de tierras a millones de campesinos, y toda clase de abominables abusos de derechos humanos.

La extradición de estos criminales por delitos de narcotráfico es una muestra no solo de la indolencia y desprecio del gobierno con las victimas y familiares de esos horrendos crímenes sino de la sumisión absoluta de la justicia colombiana a los mandatos del gobierno de los Estados Unidos.

Por supuesto, para Alvaro Uribe Velez la extradición de sus socios narcoparamilitares tuvo como objetivo principal su silenciamiento ya que para entonces estaban empezando a hablar sobre sus relaciones directas con la presidencia, congresistas, jueces, periodistas, empresarios, hacendados; y prácticamente con todas las elites y mafias políticas colombianas.

El mas reciente caso, aunque no el primero, que demuestra el servilismo arrastrado del estado y la justicia colombiana es el pedido de extradición de un humilde carpintero de San Vicente del Caguan, el señor Ariel Josue Martinez, a quien el gobierno gringo lo acusa de lavado de dólares. 



El párroco, las autoridades y la población en general se han expresado en todas las formas a favor del señor Martinez, pues todos lo reconocen como un ciudadano honorable que escasamente sabe leer y escribir, y que llegó al pueblo en 1991 huyendo de paramilitares que habían asesinado a familiares cercanos en su pueblo natal en Boyacá.  Lo cual no fue suficiente para que la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) rechazara la solicitud de extradición, ni para que el gobierno de Santos la firme.

Los medios prepago, defendiendo la justicia sainete del país, justifican la aprobación de la extradición del señor Martínez en la CSJ arguyendo que esa corte no verifica los antecedentes sino que su papel se limita a verificar su identidad, es decir a hacer el trabajo que puede hacer la secretaria de una notaria.

Pero por el lado de la Fiscalía General la vergüenza es peor.  En respuesta a la defensa jurídica del señor Martínez, con ayuda del párroco del pueblo, y frente a los pronunciamientos de toda la comunidad de San Vicente del Caguan, la fiscalía se ha limitado a pedir al Departamento de Justicia de EEUU que revise la solicitud de extradición.  

Nada ms insólito! El servilismo de la justicia colombiana es tal que aún con todas las incuestionables pruebas que demuestran que el señor Martínez no es el delincuente que los gringos piden en extradición, sus jueces y fiscales no tienen la dignidad de verificar ellos mismos la identidad y antecedentes del señor Martínez, menos el coraje de rechazar de tajo la  solicitud de su extradición.  Por el contrario, se arrodillan ante los gringos para que sean ellos quienes adelanten las revisiones pertinentes del caso.

Justicia Sainete! La extradición a Estados Unidos no solo es utilizada mezquinamente para dejar impunes horrendos crímenes como masacres y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia por narcotraficantes y paramilitares sino que es una muestra del mas rastrero servilismo de la justicia y el gobierno colombiano con sus amos norteamericanos.

Todo este sainete ocurre mientras los delincuentes colombianos de cuello blanco huyen precisamente a EEUU, justo antes de que sean condenados por la justicia sainete colombiana, y allá son beneficiarios de asilo dizque porque son perseguidos políticos y porque la justicia colombiana no les otorga garantías procesales. El gobierno colombiano, por su parte, hace el show mediático de tramitar solicitudes de extradición no sin antes consultar con sus amos del norte los términos de las solicitudes para que las mismas no tengan ningún efecto.

Actualización Septiembre 11, 2014:

El señor Josue Martinez ha recuperado su libertad, luego de 6 meses de reclusión en la Picota, esperando a que el presidente Santos firmara la resolución de su extradición, lo cual ya había ocurrido. En todo el “tramite” de su extradición, como se mencionó anteriormente, la justicia y el gobierno colombianos actuaron con los ojos vendados; es decir, se limitaron a firmar los documentos de extradición enviados por el gobierno gringo.

Foto: El Tiempo

La liberación del señor Martinez se dio luego de que las autoridades judiciales gringas verificaran la identidad y antecedentes del señor Martínez, no por que lo propio hicieran sus contrapartes en Colombia. Si no hubiese sido por el escandalo mediático en los medios nacionales, el señor Martinez ya estaría encadenado y aislado en una celda de EEUU, y su foto en las primeras paginas de todos los medios norteamericanos, alardeando la “eficacia” de la política gringa en la lucha contra el trafico de drogas,…...y resaltando la “cooperación” de las autoridades colombianas.

Pero el caso del señor Martínez no será el ultimo. El show mediático de los medios prepago no alcanza para plantear un debate serio sobre la revisión, e incluso, eliminación del tratado de extradición con EEUU y con cualquier otro país. Así que este no será el ultimo acto de arrodillamiento de la justicia colombiana.

Falsos positivos con la extradición seguirán ocurriendo, igual que siguen ocurriendo los horrendos falsos positivos que comete el ejercito colombiano para mostrar su “eficacia” en la guerra contra la guerrilla. Y ni a unos ni a otros de los arquitectos de estas repudiables actuaciones les ocurrirá nada.

Al igual que ocurre cuando el ejercito reporta los falsos positivos, en el caso del señor Martinez, luego del gran despliegue judicial, policial y militar para capturarlo, el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodriguez, declaró que habian capturado a un peligroso delincuente y que esa acción era un gran golpe al terrorismo y narcotráfico en la región de San Vicente del Caguan. Igual declaran cuando asesinan inocentes para presentarlos como guerrilleros: eran terroristas, declaran los comandantes del ejercito; “no estarían cogiendo café”, decía el narcoparaco expresidente Uribe.

Y todo sigue igual, los arquitectos de estos horrendos crímenes (como “héroes de la patria” son reverenciados por la mayoría de colombianos) siguen como comandantes de las instituciones militares que dicen existir para proteger la vida y honra de los colombianos…..

Colombia: de Estado Fallido a Estado sin Capacidad de Avergonzarse

Tantos hechos vergonzosos, repudiables, insólitos y hasta ridículos que pasan en el país y los medios masivos de comunicación locales apenas los mencionan, si es que lo hacen; o cuando lo hacen, le dan tratamiento sesgado de acuerdo con el status económico y la importancia política del afectado.

Para la muestra resumamos algunos de los más recientes hechos como para que no se pierdan en el olvido e indiferencia de los colombianos:

Vergonzoso y repudiable…….

Que el mas reciente informe sobre desplazamiento interno en Colombia, publicado por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno con sede en Noruega (IDMC, por sus siglas en ingles), no haya merecido un párrafo en un periódico o revista, tampoco un minuto en la radio o televisión para por lo menos leer el titulo del reporte.  Es inaudito que todos estos medios prepago, en evidente complicidad con el narco gobierno anterior y su engendro en la actual administración, guarden absoluto silencio ante tremenda tragedia nacional, hecho que los pone en la misma aberrante posición de quienes han pretendido presentar a los casi 5 millones de desplazados como un fenómeno de “migrantes”.  La excepción la representan las organizaciones no gubernamentales mencionadas en el informe, las que por lo mismo son satanizadas como aliadas del terrorismo por parte del establecimiento y sus medios prepago, por atreverse a presentar cifras reales de las consecuencias de la violencia y el terrorismo de estado.

Al gobierno nacional, sus medios prepago y a la galería vacunada contra la racionalidad parece no preocuparles, menos avergonzarles, el hecho de que el país siga ocupando el primer puesto en el mundo entero en número de desplazados, por encima de Sudan, Iraq, El Congo, Somalia, Pakistán, para solo mencionar los países que encabezan la lista. Con el agravante de que en Colombia, la negación de la tragedia por parte del gobierno e indiferencia por parte de la sociedad civil, produce también el mayor numero de asesinatos de desplazados, los cuales alcanzaron las escandalosa cifras de 553 durante 2009 y 266 solo en los primeros seis meses de 2010 (cifras del propio gobierno!!).

Repudiable e insólito….

Que los colombianos estén pagando la defensa de militares violadores y asesinos de niños a través de organizaciones oscuras que funcionan como apéndices del comando de las fuerzas militares. Esta oscura organización, que se presenta bajo el nombre de “Defensoría Militar” (DEMIL), tiene la desfachatez de presentarse en los siguientes términos:

“La Asociación Defensoría Militar "DEMIL" creada en 1996, nace como expresión de solidaridad para con los miembros de la Fuerza investigados, que se ven afectados en su tranquilidad laboral, estabilidad y patrimonio familiar, siendo sometidos al escarnio público y afectándose su honra incluso antes de ser vencidos en juicio.”

Según esta presentación, los leguleyos de esta oscura organización no están defendiendo al criminal, que violo a la niña y la asesinó junto a sus dos hermanitos, con el propósito de lograr que las penas impuestas sean acordes con el código penal colombiano sino porque este patético asesino esta “viéndose afectado en su tranquilidad laboral, estabilidad y patrimonio familiar, siendo sometido al escarnio publico y afectándose en su honra”

Pero los desafíos a la sociedad civil no paran allí. A propósito del asesinato de la Juez que llevaba precisamente los casos de los niños asesinados por su cliente, el comunicado en su página web culmina con la siguiente perla:

“Nos solidarizamos con el dolor de la familia de la Dra. Gaona y esperamos que muy pronto se pueda esclarecer este infortunado suceso, pero solicitamos a los medios de comunicación mesura en la información so pena de ser víctimas de atentados como consecuencia de dichos pronunciamientos.”  (al momento de escribir este artículo la parte subrayada del comunicado ha sido re  redactada en respuesta al sinnúmero de críticas que se dieron especialmente vía twitter)  

Para cualquier persona que como mínimo pueda leer, el anterior párrafo de este comunicado es una clara amenaza a los periodistas que se han atrevido a hacer seguimiento al proceso judicial relacionado con los niños asesinados por su cliente (cuya honra está siendo afectada, según ellos!!) y denunciar sus actuaciones delictivas al suplantar a miembros de la defensorio del pueblo para hacer inspecciones del lugar de los asesinatos, sitio al cual acudieron haciendo uso de helicópteros del ejercito y cuya visita la aprovecharon para amedrentar/amenazar a los familiares de las victimas.

La lectura de su publicidad y comunicados así como su sospechosa visita a las familias de las víctimas permiten entender con mayor claridad su proclama sobre el  nivel de efectividad que garantizan en los casos que asumen (vean la pagina web)…..El 181% en sin duda un impresionante record en la efectividad de acciones tendientes a acallar, amenazar y “silenciar” a los familiares de las víctimas, a testigos claves de los procesos, a jueces  y a hasta a los periodistas que se atreven a cuestionarles sus actividades delictivas y hacerles seguimiento a los casos que defienden.

Repudiable e insólito……

Que los recursos del estado, esto es los recursos de todos los colombianos, se los estén robando unos cuantos privilegiados contratistas bien conectados con la narco parapolítica en asocio con funcionarios de alto nivel en la presidencia, ministerios, instituciones descentralizadas, gobernaciones y alcaldías. Es increíble que aunque los sabuesos de un lado hayan confesado algunos de sus negocios ilícitos y delatado a algunos de sus contrapartes en las entidades oficiales, solo unos pocos funcionarios de rango medio y bajo hayan sido llamados a juicio. El caso más vergonzoso es el carrusel de la contratación y saqueo de las arcas del Distrito, en el que las confesiones por parte de los Nule no han sido suficientes ni para que estos comparezcan dentro del país antes las autoridades colombianas, ni para que todos los denunciados (sus contrapartes en la alcaldía de Bogotá) sean llamados formalmente a juicio por parte de la Fiscalia o la Corte Suprema.

Pero más vergonzoso y repudiable es que el saqueo a nivel nacional, a todas luces de unas dimensiones insospechables, no haya producido la primera indagatoria. Para todo el mundo son familiares los nombres de los sabuesos del gobierno anterior que ilícitamente adjudicaron billones de billones de pesos en contratos de toda índole, de cuyas sumas el mayor porcentaje eran sobrecostos, precisamente para que una buena porción de ellos les sean devueltos como coimas por sus servicios; o bien como aportes a las campanas de congreso y presidencia de sus padrinos políticos. Los cabecillas de este monumental robo de las finanzas del estado colombiano son todos de las entrañas del narcopauribismo: Andrés Uriel Gallego como Ministerio de Transporte; Andrés Felipe Arias, en Agricultura; Valencia Cossio, en Interior y Justicia; Diego Palacio, como Ministro de Protección Social, y muchos otros innumerables e innombrables sabuesos que fueron directores de entidades como la DNE, el INPEC, el INCO, el INVIAS, ICBF… … Es inaudito que estos criminales ni siquiera tengan abiertos procesos disciplinarios. Por el contrario, estos delincuentes desfilan de emisora en emisora, de canal en canal y de periódico en periódico, dando entrevistas, posando de victimas y vociferando la verborrea cínica aprendida de su jefe supremo, la cual por lo demás, es elogiada por seudoperiodistas prepago como Julio Sanchez, Dario Arismendi, El Facho Santos, las prepagos de Uribe en RCN (la Davila y la Gurisatti), etc., etc….Patriotas, honestos y frenteros son calificativos que usan estos seudoperiodistas para referirse a estos delincuentes a quienes, según ellos, debemos agradecerles y condecorarlos por su “servicios a la patria y dar la cara” a responder preguntas previamente acordadas. Al final, todos estos sabuesos salen de estas entrevistas como héroes, limpios y socialmente absueltos de todos sus delitos.

El corolario de esta cadena de delitos contra el erario público no es difícil de predecir. Los Nule no son los únicos contratistas que se beneficiaron de los servicios de los delincuentes de cuello blanco que nombró el narco parauribsmo en ministerios e instituciones claves del orden nacional. Tampoco serán los últimos. Su único error fue haberse desbordado dándose vida de jeques y reyes árabes y llegar al extremo de gastarse hasta la mínima fracción de lo que quedaba para construir las obras, especialmente las de Bogotá, cuya parálisis en multiplicidad de frentes exacerbó a los bogotanos por el caos en la movilidad ya de por si insoportable desde antes de iniciar las obras.

La práctica de los sobrecostos en los contratos, las demandas al estado inmediatamente se firman los contratos, la ejecución de una mínima parte del presupuesto para obras y la parálisis, cuando no la suspensión total de la obra contratada (recuerden el caso del proyecto Tobia Grande Puerto Salgar), es y ha sido el común denominador en la ejecución de todos los contratos a nivel nacional, departamental y municipal; y en este carrusel de corrupción, los Nule no fueron los primeros ni serán los últimos.

Por lo mismo, si bien a nivel del Distrito se producirán algunas condenas de funcionarios, a nivel nacional no va a pasar nada. El vergonzoso desfile de la fiscalía, procuraduría y corte suprema por el consulado de Miami para recibir declaraciones de los Nule continuará hasta tanto no se rompan los pactos que estos firmaron con sus contrapartes de cuello blanco del anterior gobierno (muchos de ellos ratificados por Santos) y con reconocidos políticos de todos los partidos. La escogencia de Miami como sitio de residencia y para que se lleven a cabo las audiencias judiciales es el seguro de libertad exigido por los Nule para no delatar a sus socios en el gobierno que se beneficiaron del pago de sumas millonarias en contraprestación por la adjudicación fraudulenta de un sinnúmero de jugosos contratos a lo largo y ancho del país, incluyendo (asómbrese) hasta el de suministro de bienestarina a escuelas y colegios de estratos bajos.

En el entretanto, y recogiendo un reciente tweet  del periodista Gonzalo Guillen, lo que podemos concluir es que  “la Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría continuaran viajando a Miami a embolarles los zapatos a los Nule. Esa es la justicia colombiana.