Bienvenidos a la Colombia del Posconflicto......y al Boom del Negocio de la Coca

El pasado 10 de Marzo se llevó a cabo un debate, organizado por el Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación, en el que participaron el ex comisionado de paz Frank Pearl, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti; Piedad Córdoba y Ariel Avila.

Como era de esperar el centro del debate fueron los retrasos en la ejecución de infraestructura de las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), las vergonzosas discusiones y saboteo en el congreso durante los debates para la aprobación de la legislación y leyes fundamentales para darle dientes jurídicos e institucionales a la etapa de implementación del acuerdo de paz, entre ellas, la ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la ley de amnistía, etc., todas ellas que se suponía iban a ser aprobadas rápidamente mediante el mecanismo del fast track; además de la inacción del gobierno para desmontar el paramilitarismo que en solo en lo corrido del 2017 ha asesinado mas de 20 líderes sociales y desplazados más de 3500 personas solo en la zona pacífica del país.

Obviamente, los representantes del gobierno, Fran Pearl y Joshua Mitrotti, se limitaron a repetir la misma retórica reiterada en varias ocasiones a través de sus medios prepago por el propio presidente Santos y el negociador Jaramillo: que no hay incumplimiento por parte del gobierno, que los atrasos en el alistamiento de las ZVTN son normales, que no están tan retrasadas como lo denuncian las comunidades, las FARC y hasta la propia Comisión de Verificación de la ONU; y que no se puede juzgar estas demoras como una muestra de incumplimiento del gobierno, pues la implementación de los acuerdos tomará mínimo 15 años, y que lo de las ZVTN son apenas "asuntos menores de logística."

Los representantes del gobierno minimizan también los manoseos y cambios fundamentales que están haciendo en el congreso a la legislación para la implementación de la JEP y el vergonzoso saboteo, no solo por parte de los congresistas del Centro Democrático sino de congresistas del mismo partido de Santos. Ni en la deliberación de asuntos tan importantes como el proceso de paz, los corruptos congresistas renuncian a sus prácticas mezquinas de chantaje al gobierno central pidiendo puestos, control de feudos en instituciones del orden nacional y regional, lo que los medios prepago eufemísticamente llaman "la mermelada."

Respecto a las medidas de seguridad para proteger la vida de los líderes sociales y comunidades en general tanto en las zonas que abandonaron las FARC como en las zonas aledañas a las ZVTN, la retórica de los representantes del gobierno no podía esperarse que fuera distinta de la del libreto oficial. Que están "consternados con los asesinatos de los líderes sociales, que le han pedido a la Fiscalía prioridad, rigurosidad y rapidez en las investigaciones de esos crímenes", para ellos cometidos por "fuerzas oscuras" que se oponen al proceso de paz. Ya hasta la palabra Bacrim la eliminaron de su discurso, mucho menos mencionar la palabra paramilitarismo.

Contundentes las respuestas y análisis de Ariel Avila y Piedad Córdoba, contradiciendo a los representantes del establecimiento. Ariel Avila recordó que el acuerdo de paz incluye 143 programas, la mayoría de los cuales traerían beneficios para la sociedad en general y muy especialmente para la población rural, no obstante, luego de más de 3 meses de implementación, lo único que se ha cumplido es la desmovilización de la guerrilla, aún bajo las condiciones deplorables que encontraron en las 26 ZVTN. La legislación para el componente de tierras en el acuerdo ni siquiera tiene ponente para el debate en el congreso; en cuanto al mejoramiento o construcción de infraestructura en el nivel territorial, las vías siguen en las peores condiciones; en regiones como Tumaco, Antioquia, Chocó no hay seguridad ni justicia. La JEP está siendo manoseada en el congreso, cambios como que las ONGs ya no pueden presentar pruebas en los procesos de juzgamiento de civiles y empresas es una vergüenza y se constituye en una puerta para garantizar la impunidad de sus crímenes. En últimas, dice Ariel Avila, el verdadero "acuerdo de paz" lo están redactando en el congreso.

Por su parte, Piedad Córdoba resumió su visión del proceso de implementación refiriéndose al vergonzoso y desdeñoso nivel de improvisación por parte del gobierno. El avance en la ejecución de la infraestructura y dotación de servicios básicos en las ZVTN es deplorable, corroborado por ella misma en sus visitas a esas zonas. El mayor avance  (30%) lo presenta la del Putumayo, y eso porque allí estuvo de visita el presidente Santos. Las demás zonas no están ejecutadas en mas del 15%.  En todas las zonas hay bebés recién nacidos en condiciones precarias, expuestos a toda clase de riesgos para sus vidas y las de sus madres. Hay corrupción en la construcción de la infraestructura para las ZVTN, y hasta en la entrega de alimentos!!!.  Sobre el mecanismo del fast track, dice Piedad Córdoba, está funcionando pero al revés; la ley de amnistía por ejemplo, se suponía que a la fecha ya hubiesen sido beneficiados 4000 presos, y solo se ha otorgado en 11 casos.



Piedad Córdoba terminó su intervención haciendo un llamado a la sociedad colombiana a que cambie su percepción de que los guerrilleros son unos bandidos, mensaje que les meten en la cabeza los medios masivos, y que por el contrario los vean como seres humanos y que dignifiquen sus vidas.

3-month-old Junior Alexis Patino, son of FARC rebel Deisy Garcia, sleeps next to his mother's weapon at a rebel camp - Foto cortesia de NBCNews

En la misma semana de este debate y cuando los cuestionamientos al gobierno por el evidente incumplimiento con los puntos más fáciles del acuerdo de paz son mas indefendibles, y como si hubiese sido planificado, sale el informe anual sobre el control de narcóticos elaborado por el Departamento de Estado de los EEUU en el que se resalta el significativo incremento del área de cultivos de coca durante el último año. 150.000 Ha dicen existen en el país, luego dicen que son 188.000 Ha, preocupante incremento en tiempos de paz, dicen los gringos, causado principalmente por que las FARC, aprovechando las negociaciones con el gobierno, alentaron y presionaron a los campesinos en las áreas que controlaban a que sembraran mas coca para que recibieran mayor compensación económica en desarrollo del programa de sustitución de cultivos acordado en La Habana.

Aparte de la sorprendente rapidez en señalar al culpable del incremento en el área cultivada, la pregunta que nadie fórmula es, quién, qué organización confiable y neutral verifica y certifica que el área con coca reportada en el informe y el incremento con respecto a periodos de medición anteriores, es real? Y aun si fuera real, quién, qué organización verifica que esas nuevos cultivos de coca están en zonas que controlaban las guerrillas?

La pregunta es pertinente sobretodos cuando todos los observadores e investigadores internacionales y nacionales, que desde su inicio han cuestionado la política gringa de la guerra contra las drogas, coinciden en que esa guerra es una farsa, de ahí su preconcebida permanencia y fracaso en términos de resultados (logro para los gringos); de hecho todos los analistas y observadores internacionales la conciben como un pretexto para mantener e incrementar la militarización del país y así asegurar que sus multinacionales exploten y saqueen los recursos naturales minerales y energéticos sin riesgos y con los más altos rendimientos económicos.

El cálculo estratégico de publicar el informe justo al inicio de la implementación del acuerdo de paz, lo utilizarán como excusa para reanudar la fumigación aérea y la erradicación manual forzada por parte de la fuerza pública. Pero la reanudación de estas prácticas destructivas del medio ambiente, de alto impacto en la salud de los campesinos y que generan desplazamiento de las poblaciones solo las aplicaran en las zonas aledañas a las ZVTN, ya que es en estas zonas donde la dirigencia de las FARC han reiterado tienen previsto que la guerrillerada se establezca definitivamente, pues la mayoría de guerrilleros son oriundos de esas zonas o de regiones aledañas, y precisamente por esos arraigos es donde con mayor facilidad y efectividad se podrían reincorporar como miembros de una sociedad en paz e incluyente, donde podrán terminar su educación básica, adquirir capacitación en actividades agrícolas, comerciales entre otras, y seguir ejerciendo sus actividades políticas; y sobre todo, empezar una nueva vida con o cerca de lo que quede de sus familias, pues muchos de sus miembros han sido asesinados por el estado en connivencia con los paramilitares durante los mas de 50 años de guerra.

Así que será en esas 26 zonas donde el gobierno gringo a través de sus mayordomos en el gobierno colombiano concentrará la nueva fase de la guerra contra los cultivos de coca, léase contra las comunidades asentadas en esas zonas, incluidos los guerrilleros desmovilizados. Si acaso, y si algo del acuerdo de paz deciden implementar, alguna compensación les darán a los campesinos por los cultivos de coca, y a algunos incluso los incluirán en algún programa de corto plazo de sustitución de cultivos; eso sí, como sucedió con un programa similar que se implementó en Putumayo, entregando los subsidios de restitución ya recortados por los corruptos que los manejan y a campesinos escogidos a dedo, muchos de los cuales ni siquiera tenían cultivos de coca.

Ilusos los que piensan que la fumigación aérea y la erradicación manual forzada se llevará a cabo en las regiones tradicionalmente controladas por los paramilitares (aliados de los gringos, y del narcoestado colombiano en el negocio transnacional), y en las nuevas áreas que ahora controlan, luego de la desmovilización de las FARC.

Al pueblo lo engañaran con un nuevo informe del mismo departamento de estado gringo, en el que reportarán una significativa reducción del área sembrada con coca, alardeando sobre la efectividad de las re establecidas estrategias de erradicación.  Pero como todos los informes que produce el gobierno gringo, este como todos los informes sobre los cultivos de coca en Colombia será una farsa. La realidad en terreno será que el área cultivada seguirá aumentando, y ese aumento ocurrirá principalmente en las regiones ahora bajo control absoluto del ejército y los paramilitares; sobre lo cual nunca leeremos o escucharemos en los medios masivos prepago del establecimiento.  La noticia será la propaganda sobre el éxito de la nueva fase de guerra contra las drogas, de la reducción del consumo en EEUU y como un logro del acuerdo de paz, pues la reducción, nos dirán, también se debe a que las FARC ya no son narcotraficantes ni obligan a los campesinos a cultivar coca.

Paralelamente, esos mismos medios prepago, megáfonos del establecimiento, continuarán sus ataques de estigmatización contra los líderes desmovilizados de las FARC, y especialmente contra su recién creado partido político. Si la implementación del acuerdo llega hasta esa etapa, si acaso a los líderes de las FARC les darán el chance de calentar las 10 sillas en el senado y cámara por el periodo previsto en el acuerdo.  Que se olviden que en las circunscripciones especiales creadas en el acuerdo les permitirán hacer política, menos que los que sean escogidos como candidatos para esas curules pertenecerán a su nuevo partido político.

En territorios en los que el acuerdo estableció como circunscripciones especiales, otrora controlados totalmente por las FARC, los que reinan ahora son los paramilitares, y estos son los que impondrán, no sin antes exterminar cualquier reducto de apoyo a las FARC, los candidatos a elecciones para los nuevos cargos elegidos por voto popular.  Acaso es fortuito que casi todas las víctimas de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses fueran líderes sociales y activistas de la UP, o líderes comunitarios con afinidades políticas con las FARC que residían en esas zonas que el acuerdo les otorga el estatus de circunscripciones especiales?

Bienvenidos al nuevo país del posconflicto:

Nuevo país donde la cadena completa del narcotráfico es controlada totalmente por el narco estado y su brazo armado paramilitar, bajo la tutela y protección militar y del negocio transnacional por parte del gobierno gringo;

Nuevo país donde el boom de la cocaína generara transacciones de billones de dólares que serán controladas por un solo cartel, billones cuya mayor tajada se quedará en EEUU, repartidos entre los capos que controlan la distribución y los bancos;

Mas billones de $USD para lavar en Colombia y contribuir al "crecimiento económico" del nuevo país del premio Nobel de Paz, que se "invertirán" en mas centros comerciales (construidos aun en pueblos y barrios estrato 1 y 2); más centros empresariales para mayor comodidad y seguridad de las trasnacionales; proliferación de condominios para los nuevos ricos construidos en los mejores sectores de las principales ciudades y pueblos cercanos, aún a costa de la depredación ambiental; más parques industriales; y mas plazas comerciales en ciudades intermedias y pueblos llenas de inmensas tiendas de ropa barata con logos falsos de marcas como Adidas, North Face, Nike, etc., que por lo barata no es que sea de mala calidad sino que, como el propósito es lavar los dólares del narcotráfico, los capos locales la venden a precios accesibles al pueblo de estratos bajos para mantenerlos contentos, conformes y sintiéndose que ellos también pueden estar al día con la moda internacional....

El Centro Democrático, Partido de Oposición o "BACRIM"?

Por qué siguen insistiendo (el gobierno a la cabeza) que el centro democrático, el partido de garaje del paraco Alvaro Uribe, es un partido de oposición al gobierno de Santos? 

El hecho de que Uribe no esté de acuerdo con la firma de un acuerdo de paz con las FARC no convierte a su BACRIM en un partido de oposición en el sentido estricto de lo que significa hacer oposición a un régimen de gobierno, aun dentro de un sistema cuasi democrático y corrupto como el colombiano. 

Aceptando en gracia de discusión que el centro democrático es un partido político, en qué país del mundo un partido de derecha se constituye en partido de oposición de otro de derecha? !!  Dejando a un lado el asunto de la paz (del que comentaremos más adelante), a que se opone un partido de derecha en un país gobernado por otro de derecha, cuyo presidente es incluso un engendro de sus propias entrañas? 

Qué distinto de no tener el control absoluto del estado para asegurar que sus crímenes y los de sus secuaces sigan impunes es lo que le afana a Uribe? Absolutamente nada,.... así recurra, con ayuda de sus medios prepago, a las maniobras más inverosímiles e insolitas en su intento por seguir engañando al pueblo colombiano: que apoya los paros de campesinos, indígenas y camioneros; que le preocupa la entrega del país a la guerrilla y de paso al castro chavismo; que los acuerdos con las FARC constituyen un golpe de estado, un asalto a la constitución nacional; que el país no puede tolerar que los crímenes de las FARC queden impunes,  etc.....

De hecho, todas esas burdas estratagemas diseñadas para mantener en estado de alucinación a sus aún millones de seguidores, lo que esconden son sus verdaderas pesadillas: 

1) que en desarrollo del punto ya acordado sobre las víctimas del conflicto (que incluye la jurisdicción especial para la paz) sus secuaces (ganaderos, terratenientes, empresarios mafiosos...) confiesen no solamente sus crímenes sino que lo delaten a Él como artífice de todos los crímenes de estado cometidos durante sus narcoparamandatos, tanto como gobernador como de presidente.

2) que en desarrollo del punto sobre desarrollo rural (que incluye la restitución de tierras) El y sus secuaces tengan que devolver millones de hectáreas despojadas violentamente a sus legítimos dueños.

Cualquier colombiano de a pie mínimamente cuerdo podrá inferir que el centro democrático no es más que una BACRIM (usando los eufemismos que el establecimiento usa para proteger al paramilitarismo), un producto criminal no terminado del proyecto de "refundación de la patria" que lanzaron las organizaciones paramilitares aliadas de Uribe en la antesala a su ascendencia como presidente. No se olviden que durante la presidencia de Uribe, los jefes paramilitares eran ovacionados en el congreso por sus secuaces parapolíticos elegidos simultáneamente como congresistas en el 2002, otros cuantos tuvieron hasta accesos secretos a la Casa de Nariño.

En el proceso de negociaciones en La Habana, el punto de víctimas y justicia transicional se podría considerar como el acuerdo más importante alcanzado, toda vez que del éxito de su implementación, lo cual implica que todos los actores del conflicto se sometan y confiesen sus crímenes, dependerá el desarrollo efectivo de los acuerdos restantes; e incluso, el fin definitivo de la guerra interna.  

Y hablar de todos los actores, implica que los aliados de Uribe (incluso el mismo) se sometan a los tribunales que impartirán justicia dentro este sistema transicional si quieren obtener los beneficios de penas alternativas allí establecidos; porque si se someten pero no confiesan todos sus crímenes o no dicen toda la verdad (esto es, no identifican a sus cómplices, promotores o jefes), estos podrían ser condenados a pagar la pena máxima de 20 años establecida en el acuerdo.

La paz es la derrota de la ultraderecha colombiana y el comienzo de un nuevo país, por eso le temen. pic.twitter.com/9m7H4kRs4X

— Andrés Gil (@AndresEliasGil) July 30, 2016

El escenario de que actores del conflicto diferentes a militantes de las FARC tengan que confesar los crímenes, y que la mayoría de ellos tengan que, además de reparar, pagar condenas de hasta 20 años de prisión, aterroriza al narcoparauribismo; de ahí que la estrategia de oponerse al proceso de paz, y específicamente al plebiscito refrendatorio que se adelantara en Septiembre próximo, la usaran como argumento político y jurídico para desconocer la justicia transicional, lo que en la práctica significa que solo un bando del conflicto, y si acaso algunos militares de bajo rango terminarán siendo procesados en el marco de la justicia transicional.  

La justicia ordinaria no le preocupa al narcoparauribismo, de hecho llevan décadas burlándose de ella, espiandola, desconociendola, manipulandola, "reformandola" para sus propios intereses, asi que la impunidad bajo la justicia colombiana ordinaria la tienen garantizada.

@Timochenko_FARC @JuanManSantos, si quieren a @AlvaroUribeVel en #ProcesoDePaz eliminen en acuerdo los siguientes compromisos: (1/3)

— Colombia Invisible (@armandos) July 13, 2016

(3) sometimiento a justicia transicional de colaboradores, patrocinadores, creadores de grupos paramilitares. ..

— Colombia Invisible (@armandos) July 13, 2016

En últimas, contrario a lo que los medios de comunicación y el propio gobierno le hacen creer a los colombianos, el partido de garaje de Uribe no es en realidad un partido de oposición, ni siquiera un partido, sino un grupo de delincuentes al margen de la ley, una estructura criminal (nuevo término del diccionario de eufemismos del MinDefensa) que no se acogerá a la justicia transicional… y que en consecuencia, si Santos es serio en su propósito de construir una paz estable y duradera, está obligado a perseguirlos y desmantelar sus estructuras criminales tal como se comprometió al firmar el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo firmado el pasado 23 de Junio (numeral 3.4)

Un columnista reconocido de El Espectador hace también hoy un análisis similar sobre las razones por las que Uribe se opone a la paz.....vale la pena leerlo. 

Los Horrendos Crimenes de "El Paisa"

La lista de crímenes y masacres cometidas por "El Paisa" es muy larga pero hagamos memoria de algunos de los que más resuenan y torturan la mente de cualquier ser humano cuerdo.

*  Masacre de El Aro, municipio de Ituango, Antioquia - 17 humildes campesinos asesinados

*  Edualdo Diaz, alcalde del municipio de El Roble, Sucre,  quien a pesar de pedirle clemencia a EL PAISA a los pocos días fue asesinado,

*  Masacre de Mapiripan, Meta - aún indeterminado el número exacto de víctimas pero se habla de 40, todas asesinadas por un grupo paramilitar al mando de alias "Otoniel", el mismo que hoy comanda el denominado "Clan Usuga", el cual no es otro que el grupo paramilitar refundado como "Los Urabeños" (o mejor, Uribeños) luego de la falsa desmovilización del 2006, y que opera en la región donde el hacendado más potentado (y temido) es EL PAISA

*  Masacre - Operacion Orión, Medellin, Antioquia - 300 habitantes de la Comuna 13 de Medellín, vilmente asesinados y cuyos cuerpos enterrados en el basurero (conocido como "La Escombrera) aún no aparecen.

*  Mal contados 5000 ejecuciones extrajudiciales (mal llamados "falsos positivos") entre campesinos humildes, jóvenes desempleados habitantes de barrios marginales,........ sobre quienes EL PAISA, justificando su asesinato, se referia como que "no estaban recogiendo café".

*  Docenas de asesinatos selectivos cuyas víctimas fueron profesores, defensores de derechos humanos cuyos nombres salieron de la oficina del director del DAS a quien aún hoy defiende EL PAISA.

*  Docenas mas de asesinatos selectivos cuyas víctimas fueron periodistas independientes, líderes sindicalistas, líderes estudiantiles, activistas sociales, líderes comunitarios; y en los últimos días, líderes reclamantes de tierras

*  Asesinato de Pedro Juan Moreno y de la principal testigo que alcanzó a contar cómo los amigos de EL PAISA planearon el accidente del helicóptero en que murió Pedro Juan.

*  Asesinato de varios paramilitares que se desmovilizaron y empezaron a denunciar la participación directa e indirecta de "El Paisa" en los múltiples crímenes y masacres cometidas por los grupos paramilitares.

Como se habrán dado cuenta desde el comienzo, esta no es la lista de los crímenes y masacres que se le atribuyen a alias "El Paisa", comandante de un frente de las FARC-EP,  sino una lista muy corta de los crímenes y masacres que cometió y sigue cometiendo el verdadero y genuino EL PAISA (Si, con mayúsculas).



Estamos hablando del PAISA que fue alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia, director de la Aerocivil, Senador, 8 años presidente de Colombia, y ahora nuevamente senador de la República. Estamos hablando del PAISA Alvaro Uribe Velez, reconocido narcotraficante y paramilitar, cuyos crímenes, a la luz de cualquier mente sensata, resultan más abominables que los cometidos por cualquier comandante de la guerrilla operando en la ilegalidad, pues este PAISA psicópata ha sido el arquitecto y determinador de múltiples crímenes mientras ocupaba altos cargos del Estado, bien por nombramiento político, o por elección popular; cargos en los que se suponía debía respetar y defender la justicia, la vida y el bienestar social de todos los colombianos.

De hecho, todos los cargos públicos que ha ocupado EL PAISA exigen juramento de respeto a la constitución, a las leyes y a la justicia colombiana.  Constitución, leyes y justicia con las que este psicópata criminal se sigue limpiando el trasero.

No hay crímenes más horrendos y abominables que los cometidos por gobernantes, altos funcionarios y agentes del Estado.

Cuántas miles de víctimas inocentes se habrían evitado, cuántas miles de personas familiares de esas víctimas estarían hoy viviendo una vida normal, feliz, si el dia de la explosión en el Club El Nogal (atribuida a alias "el paisa") se hubiese encontrado allí EL PAISA.  

En el país de los carteles, Colombia, nadie habla del cartel de los abogados defensores de criminales…

Cualquier ciudadano medianamente informado de lo que realmente ocurre en el país en materia de corrupción, criminalidad, paramilitarismo, narcotráfico, etc., tanto dentro del estado como en el sector privado y sociedad civil en general, se dará cuenta de cómo funciona (o mejor por que no funciona) la justicia colombiana. 

El travestismo de la justicia colombiana se ve reflejado más claramente en los métodos y artimañas que utilizan los abogados defensores frente a casos incuestionables de criminalidad y corrupción.  La razón de ser de un sistema judicial/penal imparcial, justo, transparente y eficiente es garantizar los derechos de los inculpados, cualquiera que sea el delito o crimen cometido; incluyendo el derecho a considerarlos inocentes hasta que las evidencias demuestren su culpabilidad. 

Pero la misión de los abogados en Colombia no parece ser la representación y defensa de los derechos y garantías procesales de sus defendidos sino, aun cuando las evidencias en contra de sus clientes son incontrovertibles, recurrir a cuanta artimaña jurídica y práctica criminal tienen disponible para tratar de hacerlos parecer inocentes; incluso llegan al extremo de recusar no solo a los denunciantes sino a los propios jueces, fiscales y aun a magistrados de las altas cortes.

Estas son practicas de defensa comunes y recurrentes en Colombia, el país de los carteles. Y un país famoso y reconocido por sus carteles no podía dejar de tener carteles de abogados defensores de criminales.   

Los mas prominentes carteles en esta categoría son los que representan y defienden a criminales como el propio Alvaro Uribe, Santiago Uribe, y docenas de criminales mas protegidos o cómplices de Uribe. Y los mas destacados exponentes de esos carteles son Jaime Granados, Jaime Lombana y Abelardo de La Espriella, para no mencionar sino algunas de las celebridades que todas las mañanas saltan de emisora en emisora, de periódico en periódico y de estudio de televisión a estudio de televisión, defendiendo la “inocencia” de sus clientes, presentándolos como personas impolutas, como artífices de todo lo bueno que ocurre en el país (héroes o funcionarios sacrificados), como victimas de persecución política y judicial; y lanzando amenazas contra testigos, de demandas por difamación, de recusaciones contra la fiscalía general, la corte suprema de justicia, etc.

El cinismo de estos abogados no tiene limites. El caso mas prominente es la reciente denuncia presentada por el cartel que defiende al narcoparamilitar Alvaro Uribe Velez y a sus secuaces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dizque porque las acusaciones en su contra obedecen a motivaciones políticas y como tal no tienen garantías de un debido proceso.

Lo peor de todo es que estos abogados son intocables, famosos, y gozan de tan alto respeto y reconocimiento por parte de una gran mayoría de colombinos que quien es defendido por alguno de esos carteles sube en estatus social y es automáticamente considerado hombre respetable, ejemplar, a quien sus “enemigos políticos” le quieren hacer daño.  En un país donde la criminalidad y corrupción es rampante, y la justicia un chiste, la demanda de sus servicios es de tal magnitud que aun constituidos ahora como grandes bufetes de abogados no dan abasto con la demanda.

Que institución del estado, organismo judicial, asociación vigila el ejercicio profesional y ético de los abogados colombianos?

Acaso recurrir a prácticas como comprar, fabricar y/o amenazar testigos y jueces (que incluso terminan asesinados), recusar sin bases jurídicas a fiscales, para forzar decisiones absolutorias de sus clientes sobre quienes pesan evidencias incontrovertibles de culpabilidad, no son también delitos graves que deben ser castigados ejemplarmente? 

Una cosa es propender por que sus clientes tengan garantías procesales y las penas aplicadas sean las mas justas, y otra cosa que recurran a practicas criminales y se conviertan en cómplices de sus defendidos para evadir la acción de la justicia.

Las falacias del Plan Colombia como determinador del proceso de paz en curso

El propio presidente Santos, por supuesto todos los funcionarios de su gobierno, y todos los analistas, periodistas locales e internacionales defensores del establecimiento no pierden oportunidad para recordar que si las FARC están hoy sentadas en la mesa de negociaciones es por los exitosas operaciones militares derivadas del Plan Colombia.

Todos, como si leyeran un libreto único, recitan que la “ayuda” otorgada por el gobierno de los EEUU a través del Plan Colombia, en su mayor parte asignada a fortalecer, entrenar y equipar militarmente a las fuerzas armadas y paramilitares del país, produjo el debilitamiento de las guerrillas, principalmente como consecuencia de los bombardeos, reduciendo su numero de combatientes de 15.000 a aproximadamente 7.000 guerrilleros, según las cifras oficiales.

Las cifras de la reducción del pie de fuerza en la guerrilla no es lo que interesa controvertir. Es cierto que el denominador común de las operaciones militares desde el rompimiento de las negociaciones de El Caguan han sido los bombardeos de campamentos guerrilleros (en horas nocturnas especialmente), pero lo que es grotescamente falso es que los únicos objetivos y las únicas victimas de esos bombardeos hayan sido guerrilleros.  Miles de civiles inocentes, principalmente humildes campesinos (entre niños, mujeres y ancianos), que vivían en o cerca de las zonas bombardeadas también han sido victimas de esas masacres.

El cuento de las bombas de alta precisión dirigidas solamente a objetivos de alto valor (HVO = High Value Objective  es el eufemismo que usan los militares gringos para identificar y asesinar a quienes ellos consideran son lideres o combatientes de grupos armados o terroristas), ha quedado al descubierto en prácticamente todas las guerras genocidas que libra el gobierno gringo en todo el mundo. Abundan reportes sobre masacres como resultado de bombardeos en Afganistan, Pakistan, Irak, etc., donde la mayoría de victimas son mujeres, niños, ancianos, y hasta médicos, enfermeras y pacientes, como el reciente bombardeo de un hospital instalado y operado por Médicos Sin Fronteras en Afganistán.

Las bombas que utilizan las fuerzas armadas colombianas no son diferentes, son también fabricadas y vendidas por compañías estadounidenses. En Colombia, son incluso militares gringos los que diseñan y dirigen las operaciones aéreas y los bombardeos.

Tiene uno que ser extremadamente cínico, estar totalmente alienado por la propaganda gringa, o sufrir de discapacidad mental para tampoco ver los cientos de miles de colombianos inocentes que han sido vilmente asesinados como consecuencia de esos bombardeos y, en general, de la guerra sin cuartel desencadenada con ocasión de la implementación del Plan Colombia. 

El Plan Colombia, vendido como estrategia de acción contra la guerrilla y el narcotráfico, en realidad ha sido y sigue siendo una estrategia de escalamiento de la guerra y violencia contra todo lo que representa una amenaza para la hegemonía de EEUU en Colombia, los intereses económicos de sus multinacionales, y el poder político e intereses económicos de sus lacayos colombianos (oligarquías, y mafias políticas y empresariales).

Esa guerra abierta contra prácticamente todo el pueblo colombiano, que el establecimiento y sus analistas prepago (locales e internacionales) no quieren que la asociemos al Plan Colombia, ha dejado cientos de miles de victimas inocentes (entre masacres, ejecuciones extrajudiciales, desparecidos,…), millones de campesinos despojados de sus tierras y desplazados dentro del territorio, millones refugiados en otros países, miles de presos políticos, miles de judicializaciones ilegales……..

Es un insulto a las victimas y a sus familiares que el propio gobierno y sus analistas fletados sigan escondiendo los efectos devastadores que ha ocasionado el Plan Colombia y en general la destructora intervención e injerencia del gobierno de EEUU en el país. 

Es también un insulto a la inteligencia de las audiencias a las que se dirigen los analistas prepago que andan difundiendo y amplificando la propaganda del establecimiento colombiano y norteamericano, presentar el Plan Colombia (y en general la intervención norteamericana) como una estrategia o política exitosa de cooperación que ha coadyuvado a que hoy se esté desarrollando un nuevo proceso de paz.  Nada mas cínico y contrario a la verdad!!!

El Plan Colombia ha sido y sigue siendo el determinador del escalamiento de la violencia y represión contra el pueblo colombiano, del afianzamiento en el poder de las oligarquías y mafias políticas testaferros de los EEUU, y la agudización de la corrupción en todos los niveles estatales (incluyendo la justicia). 

Actualizacion Noviembre 1, 2015:

Difícil cambiarle la mentalidad al colombiano de a pie sobre su percepción respecto del Plan Colombia, cuando el presidente de la República no pierde oportunidad de elogiar y amplificar sus supuestos beneficios para el país. Lean apartes de lo que dice sobre Obama y el Plan Colombia en reciente entrevista al Washington Post cuando le preguntan sobre el papel que jugo el gobierno de los EEUU en el inicio y avances del proceso de paz en curso:

"El papel de los EEUU ha sido esencial. Una de las primeras personas con las que hable hace 5 anos (cuando empece las negociaciones secretas con las FARC) fue el presidente Obama. Los EEUU nos han acompanado en todo. Cuando el Plan Colombia comenzo en el ano 2000, nosotros estabamos al borde de ser declarados un estado fallido. Puedo afirmar sin la mas minima duda que el Plan Colombia ha sido la politica extranjera bipartidista de EEUU mas exitosa de las ultimas decadas. El proceso de paz es solo una cereza en la torta."

Quienes hayan la leído prensa norteamericana o escuchado declaraciones de funcionarios del gobierno de EEUU, notaran fácilmente que Juan Manuel Santos esta leyendo/repitiendo exactamente el mismo libreto propagandístico con el que la Casa Blanca vende el Plan Colombia, el cual con nombre diferente (Plan Merida) viene implementando en Mexico desde el 2006, también con cientos de miles de victimas inocentes.  

 

La colombianada indignada con Venezuela

La histeria y patriotismo barato de “la colombianada”, esa facción mayoritaria de población descrita tan acertadamente en este articulo, ha alcanzado limites extremos por estos días como consecuencia del cierre de la frontera con Venezuela y las medidas de excepción adoptadas por el presidente Nicolas Maduro.

La “indignación” es exacerbada por los grandes medios prepago, ex presidentes, políticos activos y retirados, gobernantes locales, empresarios, comentaristas fletados de la extrema derecha colombiana y venezolana, y hasta por los que se hacen llamar lideres del progresismo.

Como “crímenes de lesa humanidad” califican los medios prepago y el procurador general la decisión soberna del gobierno de Maduro de deportar 1.100 colombianos, entre indocumentados y criminales. El presidente Maduro esta atacando al pueblo colombiano, nos odia, nos ha declarado la guerra,….. reza la propaganda que ocupa prácticamente todos los espacios de noticieros radiales, televisivos y medios escritos en Colombia.   

El gobierno de EEUU, solo en el gobierno de Obama, ha deportado mas de 2.000.000 de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, destruyendo cientos de miles de familias (separando padres de sus hijos); no solo suspende el movimiento de personas y bienes entre Mexico y EEUU, cierra definitivamente miles de Km de frontera construyendo inmensos muros de concreto y despliega fuerzas de seguridad fronteriza que tienen ordenes de asesinar a quien se atreva a intentar pasar. Pero claro, de los actos criminales de su patrón no hablan los medios prepagos.

El ex presidente Gaviria recorre las salas de redacción de los medios prepago, vociferando burdas acusaciones contra Nicolas Maduro. Es el enemigo numero uno de los colombianos, dice.  Escuchen la patetica veroborrea, chillidos de Gaviria atacando al presidente Nicolas Maduro y defendiendo al narcoparaco Alvaro Uribe Velez; y a los periodistas prepago atizando el fuego:

El narcoparamilitar expresidente Uribe vocifera……….bueno, la verborrea de este psicópata no vale la pena mencionarla….produce retorcijones, da vergüenza. Tampoco vale la pena darle espacio a la verborrea de los ex presidentes Pastrana y Betancourt (si, el nefasto ex presidente Betancourt todavía está vivo para desgracia del país, por si no lo habían notado).

Todos, haciendo gala de su colombianada, exhiben un patriotismo patético, barato que les impide reconocer la situación económica y social de la población colombiana en la frontera, la guerra económica que fuerzas internas y externas libran contra Venezuela; mucho menos ver y entender la realidad de millones de colombianos que desde hace décadas viven en Venezuela, y las razones por las que se han refugiado en ese país.

El hecho de que prácticamente todo el comercio y en general la economía de las poblaciones fronterizas, y la sobrevivencia de sus habitantes, depende del contrabando de productos y combustible venezolanos, no merece una línea, un minuto de cubrimiento periodístico. La exclusión y el abandono estatal que han sufrido por décadas esas poblaciones, las mafias que se han apoderado del negocio del contrabando y el manejo cambiario, las incursiones y acciones criminales dentro de Venezuela por parte del narcoparamilitarismo uribista, tampoco conviene que se conozca.    

Al ex presidente Gaviria se le olvidó que los mas de 5 millones de colombianos que viven en Venezuela y disfrutan de los beneficios de la Revolución Bolivariana (trabajo digno, educación y salud gratuita, derecho a vivienda digna, seguridad, etc.), se vieron forzados a salir del país huyendo de la violencia degradada en las ultimas décadas, y de la miseria nacional que se agudizó como consecuencia de las medidas criminales económicas y sociales que adoptó su gobierno neoliberal.

Vean testimonios de algunos de los millones de colombianos que han sido acogidos fraternalmente en Venezuela:




 

Re escribiendo la historia del Plan Colombia

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Muchas son las mentiras y verdades a medias que el gobierno de EEUU y sus gobernantes títeres colombianos han difundido durante las ultimas décadas sobre la guerra contra las drogas, la guerra contrainsurgente y sobre las buenas intenciones de la “ayuda” norteamericana para enfrentar esas guerras.  

El plan de asistencia norteamericana del que mas se comenta en los últimos años es el “Plan Colombia”, cuyos “exitosos resultados” son vendidos como un ejemplo a replicar no solo en la región sino en el mundo entero. La maquina de propaganda que hace parte del plan no descansa en su intento por presentar a las fuerzas militares colombianas como modelo en la lucha contra el “narcoterrorismo”, a tal extremo que hasta se ha planteado que participen en las guerras que EEUU libra contra el mundo musulmán.

  

Los miles de crímenes mas atroces que las fuerzas militares han cometido contra sus propios ciudadanos son ocultados o burdamente manipulados siguiendo los libretos formulados por los señores de la guerra norteamericanos, quienes son los que realmente trazan las políticas militaristas en Colombia, lo cual les da el control y comando absoluto sobre todas las fuerzas armadas y por añadidura del estado en conjunto.

En un reciente articulo publicado la ultima semana en el portal NACLA (North America Congress on Latinamerica) el reconocido periodista e investigador Steven Cohen hace un profundo analisis de esa cadena sistemática de mentiras y propaganda que se ha tejido alrededor de la mal llamada “ayuda” norteamericana, especialmente alrededor de la justificación y logros del Plan Colombia.

Como era de esperar, el articulo no mereció ni siquiera un comentario suelto dentro de los medios prepagos colombianos, mucho menos que, aun sin ningún análisis, sea reproducido íntegramente y publicado en Español.

El articulo debería ser de obligada lectura para todos los colombianos, así que a continuación lo publicamos traducido al idioma Español.

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Re escribiendo la Historia del Plan Colombia

Afiche en contra del Plan Colombia. Foto tomada de la cuenta en Flickr de Daniel Lobo bajo licencia Creative Commons.

El falso discurso de un general de 5 estrellas sobre el éxito del plan ignora los crímenes y la impunidad del ejercito colombiano, y absuelve a los EEUU por la promoción sistemática de violaciones de derechos humanos.

El articulo de opinión del general del ejercito Estados Unidos John F. Kelly publicado en Mayo en el Miami Herald paso en gran parte desapercibido ante la opinión publica. No obstante, los últimos acontecimientos hacen que el cinismo revelado en el articulo sea muy difícil de ignorar.

El editorial del general Kelly lo que pretende es extrapolar a otros frentes lecciones destacadas de las acciones militares del gobierno colombiano contra la insurgencia guerrillera del país. Específicamente, Kelly afirma que el Plan Colombia, el paquete de ayuda militar de US $ 9 billones aprobado en 2000, "nos muestra la manera" de derrotar al Estado Islámico (ISIS), que según él representa un “desafío similar [a la guerra contra las FARC] para los Estados Unidos y su aliados."

A primera vista el artículo no es mas que una retorica predecible de banalidad y adulación, lo cual no sorprende ya que la persona que lo escribe es el comandante del Comando Sur (SouthCom). Pero obviamente, el articulo esta lleno de mentiras, verdades a medias y elogios sin sentido, y en nada se aparta de lo que ha sido el libreto oficial de Washington.

Alex Lee, el subsecretario del Departamento de Estado para América del Sur y Cuba, y Bernie Aronson, el enviado especial de Estados Unidos a las conversaciones de paz que adelanta el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hicieron también similares elogios frente al Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU hace apenas un mes. Y el gobierno de Obama en general no ha sido adverso pues ha pasado por alto violaciones de derechos humanos y a exagerado el progreso económico en Colombia - especialmente cuando se trata del nefasto Acuerdo de libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, al cual el Sr. Obama se opuso firmemente en su campaña de 2008 pero que apoyó una vez fue elegido presidente.

Las relaciones de Estados Unidos con Colombia son, como dice el general Kelly, "especiales". Fuera de la región conocida como Gran Medio Oriente, ningún país ha recibido más ayuda y entrenamiento militar en las últimas tres décadas. No obstante, como para la mayoría de los colombianos el gobierno no es "un gobierno fuerte, responsable, que protege a sus ciudadanos, que defiende la ley, que combate la corrupción, y que amplía las oportunidades económicas para todos", una cierta dosis de relaciones publicas es necesaria. El editorial de Kelly no es el único ejemplo de relaciones publicas ni el más notorio. El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez ha sido acusado de todo, desde crímenes contra la humanidad hasta de repartir licencias a pilotos del Cartel de Medellín. Y aun así, en el 2008, George W. Bush le dio la Medalla Presidencial de la Libertad.

El general Kelly nunca ha podido soportar con hechos su premisa inicial, pero eso tampoco es de extrañar. Si de hecho "sabemos como ganar" la lucha contra el Estado Islámico - y cualquiera que haya escuchado a los neoconservadores y fantasiosos geopolíticos que están en el campo primario presidencial republicano se vería en apuros para decir "nosotros" – ese conflicto no lo resolveremos mediante el estudio de un conflicto que se ha prolongado durante más de medio siglo en las selvas de América del Sur. El mismo titular del artículo, "la determinación de Colombia merece apoyo," parece mas bien una petición del general Kelly para que se siga apoyando a uno de nuestros "amigos y aliados más fuertes y más firmes," que un interés por compartir conocimientos tácticos con el público estadounidense.

Eso nos permite descubrir el verdadero propósito del general Kelly, el cual deja entrever luego de una racha de clichés que no son particularmente nuevos. Colombia, escribe el general, "nos ha enseñado que la batalla por el discurso es tal vez la pelea más importante de todas." Esta frase es prácticamente el reconocimiento de que su editorial no es mas que un bombardeo incesante de desinformación deliberada.

El mes pasado, la reconocida organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) publicó un informe de 95 paginas titulado “Bajo su Supervision” (“On their Watch”, en Ingles) el cual debería eliminar cualquier duda sobre la malicia implícita en las intenciones del general Kelly. Luego de realizar entrevistas durante meses y analizar investigaciones en profundidad, los autores del informe concluyeron: "Hay abundante evidencia que indica que un gran numero de altos oficiales del ejército son responsables" de la práctica criminal militar conocida como los "falsos positivos".

Los falsos positivos es un eufemismo, un escudo inocuo que incluso suena técnico para un fenómeno que el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco ha caracterizado como "uno de los peores episodios de atrocidad masiva en el hemisferio occidental en los últimos años." Que el termino haya pegado, y que incluso las personas que entienden lo que realmente significa todavía lo utilicen, es sólo un testimonio de la capacidad que el general Kelly y compañía tienen para dictar los términos del discurso sobre la "batalla."

Lo que los falsos positivos realmente implican es el asesinato a sangre fría de civiles con fines lucrativos y de ganancias políticas que obedece a una estrategia militar sistemática y que permite inflar las estadísticas presentando civiles inocentes ejecutados como si fueran rebeldes muertos en combate. A menudo, las unidades involucradas en esta práctica – es decir, prácticamente todas las brigadas del Ejército de Colombia – dirigieron sus acciones a los elementos más vulnerables de la sociedad: los pobres, los adictos a las drogas, y los discapacitados mentales. En algunos casos, los soldados recibían cadáveres frescos de parte de los escuadrones de la muerte derechistas [paramilitares] y los vestían con uniforme de guerrilleros. Esta practica de barbarie era explícitamente incentivada con bonos, vacaciones pagadas y promociones y como mínimo tuvo que ser tolerada por los más altos niveles del ejercito y de la presidencia.

Nunca nadie ha señalado a la justicia colombiana de ser una de las "instituciones fuertes" como el general Kelly afirma; de hecho, los falsos positivos son un estudio de caso bastante representativo de su ineficiencia. Según el informe de HRW, los fiscales están evaluando unos 3.000 presuntos casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008. (En 2014, un importante informe de la organización estadounidense Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) registró 5.763 presuntos casos entre 2000 y 2010.) De los aproximadamente 800 soldados hasta ahora condenados, ninguno pasa de tener el rango de coronel. El Fiscal General de Colombia anunció recientemente que 22 generales están siendo investigados por su papel en los asesinatos, pero ningún general ha sido acusado formalmente hasta la fecha, y hay pocas razones para creer que alguno lo sea pronto.

Este escepticismo en parte se debe al hecho de que tres de los cinco comandantes de brigada en las que ocurrieron el mayor número de falsos positivos han sido ascendidos como comandantes generales del Ejército de Colombia, entre ellos el general Jaime Lasprilla Villamizar, quien muy silenciosamente se retiró el mes pasado. Álvaro Uribe, el ex presidente de línea dura que formalizó la estructura de incentivos por falsos positivos e inicio la política de guerra del ejercito basada en resultados, ahora como senador y el líder de un partido importante de oposición defiende esa política criminal calificando las investigaciones de los crímenes de guerra militar como una forma de terrorismo político. Juan Manuel Santos, cuyo mandato como ministro de defensa coincidió con el resurgimiento más dramático de incidentes, es ahora el presidente del país.

Con poco personal y con exceso de trabajo, la Oficina del Fiscal General ha administrado muy mal los recursos y no ha podido coordinar sus investigaciones de falsos positivos. Los fiscales se enfrentan a la obstrucción de un ejercito recalcitrante, que cree ser víctima de una "guerra judicial", de una gran conspiración de guerrilleros infiltrados y de organizaciones no-gubernamentales y periodistas simpatizantes con terroristas que trabajan para desacreditar los grandes logros de la era Uribe. Y los soldados que se atreven a hablar enfrentan  amenazas y represalias violentas - presumiblemente por parte de esos elementos corruptos del ejercito que, según el general Kelly, no han "asimilado la formación en derechos humanos." La respuesta del gobierno de Santos se ha limitado a presionar repetidamente la aprobación de "reformas" al fuero militar que permitirán transferir la jurisdicción sobre los falsos positivos al sistema de justicia militar, en donde han sido y serán tratados con total impunidad.

La única conclusión que puede derivarse de este triste estado de cosas es que el gobierno colombiano no tiene capacidad ni la voluntad política para cambiar o cuestionar ese fanatismo por la criminalidad que los Estados Unidos han fortalecido durante las últimos décadas. Después de la farsa que resultó ser la desmovilización de los paramilitares negociada con el gobierno de Uribe en 2006, han aparecido nuevos grupos de paramilitares, los cuales continúan aterrorizando a los sindicalistas, a periodistas y a líderes de las comunidades en la mayor parte del país. La conexión "para-política" de las clases pudientes, mafiosos y extremistas reaccionarios que apoyaron la ascensión de Uribe a la presidencia continua en gran medida intacta. Y la Ley de Victimas del señor Santos ha servido más para legitimar la apropiación de tierras más grande en la historia de Colombia que para reparar a las más de seis millones de víctimas del desplazamiento interno forzado en Colombia, la segunda más grande población de desplazados en el mundo.

Gran parte de las pruebas presentadas por HRW no eran aun publicas pero las contundentes denuncias que se detallan en el informe eran conocidas desde hace años. Lo que significa que, a menos que todos esas prácticas criminales se ajusten a la definición del general Kelly de un "militar profesional comprometido con la protección de los derechos humanos y el apoyo a una paz justa e igualitaria", el comandante militar estadounidense responsable de América Latina está haciendo el papel de vocero de la propaganda en defensa de algunos de los más atroces criminales de guerra en la región.

El Plan Colombia, por supuesto, no ha pasado de ser un ejercicio continuo de encubrimiento de esta clase de complicidad y falsedad deliberada. Vendido originalmente en el 2000 como una iniciativa contra las drogas y más tarde rebautizado como el frente occidental en la guerra global contra el terrorismo de la administración Bush, el paquete de ayuda militar de mas de US$9.000 millones ha tenido como objetivo fundamental la contrainsurgencia, un excusa barata que le da nueva vida a ese vestigio caro y letal de la guerra fría. Como era de esperar, el Plan Colombia ha fracasado en cada uno de sus objetivos declarados - por ejemplo, no ha afectado el precio ni la disponibilidad de cocaína en los Estados Unidos - pero eso no ha impedido que los funcionarios estadounidenses se aferren a todos sus peores elementos o promocionen la operación en conjunto como una gran historia de éxito regional. ("Milagro" fue la palabra utilizada por el general Kelly durante una entrevista el año pasado.)

Cuando se escucha al general Kelly y compañía uno pensaría que el único objetivo del plan era "forzar a que el adversario se siente en la mesa de negociaciones." Ese adversario, decía Kelly en la entrevista de 2014, han sido "los mayores violadores de los derechos humanos en el planeta" durante "los últimos 25 años."

Perdido en algún lugar de la batalla propagandística esta el hecho de que, durante los últimos 25 años, las FARC no han sido ni siquiera los mayores violadores de los derechos humanos en Colombia. Además, el consenso entre los analistas serios es que el Plan Colombia fue uno de los principales factores que contribuyó a la ruptura de las negociaciones anteriores del gobierno con los rebeldes. Si el general Kelly hubiese entendido que su misión era "trazar el camino hacia la paz", no habría publicado su incendiario artículo de opinión cuando lo hizo: en un momento en el que el proceso de paz, luego de dos años y medio de negociaciones, estaba tambaleando y cuando los delegados estaban preparados para abordar el tema de la justicia transicional que se aplicaría no solo a los rebeldes de las FARC que "desplazaron inocentes y destruyeron medios de subsistencia a lo largo y ancho del país" sino también a los miembros de las fuerzas armadas colombianas que hicieron lo mismo, sólo que a una escala más grande.

En esta fase final de re encauche del Plan Colombia como un faro de la paz es necesario que la representación de los falsos positivos - cuando ya no se puede evitar que se mencionen – sea considerada mas como una aberración que como una táctica militar centralizada e indicativa de una lógica de guerra total mucho más penetrante. No importa que cables de la embajada de EEUU revelen que funcionarios estadounidenses estaban al tanto de la " mentalidad de conteo de cuerpos" por parte de los militares colombianos desde 1994, mucho antes del gran incremento en la ayuda y del entrenamiento que llego con el Plan Colombia. Una muestra pequeña revela que los comandantes que fueron entrenados en la tristemente célebre Escuela de Las Americas del Ejército de Estados Unidos (SOA, ahora el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad - WHINSEC) han demostrado ser significativamente más propensos a comandar múltiples asesinatos como los falsos positivos.

En cualquier caso, las primeras y escandalosas revelaciones de los falsos positivos no fueron suficientes para que el Departamento de Estado congelara la ayuda a los militares colombianos por no respetar los derechos humanos. Tampoco lo fueron los informes persistentes y bien documentados sobre la colaboración entre el ejercito y escuadrones de la muerte de derecha [paramilitares], una alianza que incluso pudo haber sido la política oficial prescrita originalmente para todo el periodo de duración del Plan Colombia.

De acuerdo con un informe anterior de HRW, fue la reorganización que la CIA hizo en 1991 a la inteligencia colombiana la que "dio lugar a la creación de redes asesinas que identificaban y asesinaban a civiles sospechosos de apoyar a a los guerrilleros." Durante los siguientes 15 años esos grupos paramilitares montados por el estado asesinaron, violaron, torturaron, y desaparecieron a decenas de miles de personas y desplazaron violentamente a cientos de miles más. En el momento en el que Plan Colombia entró en efecto, los paramilitares estaban tan integrados con el aparato militar de Colombia que prácticamente se constituyeron en la sexta división del Ejército, para usar una frase de otroinforme de HRW. De acuerdo con el movimiento para cerrar la Escuela de Las Americas (conocido como School of the Americas Watch or SOA Watch), el ejército colombiano tenia más graduados de la Escuela de las Américas que cualquier otro país en América Latina.

Todo esto trae a la memoria el papel de Estados Unidos en la promoción de la Operación Cóndor, el programa encubierto de rendición transfronterizo, de torturas y asesinatos implementado por las dictaduras militares del Cono Sur en la década de 1970. Y nadie que este familiarizado con las aventuras con cocaína de la administración Reagan en Centroamérica se sorprenderá al enterarse de que fueron esos mismos grupos paramilitares colombianos quienes asumieron el control de los eslabones claves del narcotráfico, luego de ayudar a Estados Unidos a rastrear y asesinar a Pablo Escobar.

"Narcoterrorismo", el pretexto del Plan Colombia, era en sí mismo un producto de la máquina de propaganda de Reagan, una alianza público-privada secreta y de dudosa legalidad diseñada para manipular la opinión pública estadounidense. Como Greg Grandin explica en su libro “El Taller del Imperio”, la Nueva Derecha Americana buscaba "reducir la política exterior a una serie de puntos de conversación cargados emocionalmente," tales como los que están esparcidos en el artículo de opinión del general Kelly como si fueran sobrados en un evento de recaudación de fondos de la Heritage Fundation. Con este fin, el gobierno de Reagan enlistó una red de cristianos fundamentalistas, charlatanes económicos y ventanillas de difusión de políticas conservadoras dentro de una campaña coordinada de guerra psicológica contra la ciudadanía estadounidense, la cual inicio a través de sus medios de comunicación.

En 1944, en su columna regular para el periódico La Tribuna de Londres, George Orwell escribió que "la historia la escriben los ganadores", un adagio ahora banal rescatado en la afirmación ingeniosa de que "nuestra única declaración de victoria es que si ganamos la guerra, contaríamos menos mentiras que nuestros adversarios." Como Grandin ha argumentado convincentemente, la contribución de Ronald Reagan más perdurable en la política exterior y la política conservadora en general, ha sido la codificación del principio opuesto.

La administración Reagan entendió, tal cual lo hizo el gobierno de Bush como parte de la preparación para la invasión a Irak, y tal como lo hace el general Kelly ahora, que la historia no es un premio amorfo que cuelga sobre el campo de batalla. Es su propio espacio de conflicto, ligada pero no determinada totalmente por las sangrientas realidades de la guerra. La pérdida de la lucha militar no implica necesariamente la entrega del territorio intelectual que se disputaba. (no es sino  preguntarle a los Hijos de Veteranos Confederados).  A menudo, el resultado de una guerra determinada es decidido por el adversario que puede decir más mentiras, más consistentemente.

El discurso de guerra colombiano no importa simplemente porque Estados Unidos tiene la obligación moral de rectificar, tanto como sea posible, el daño que ha causado en el país. Es importante porque los hechos nunca han importado, porque Colombia no es más que otro peldaño en el camino hacia el imperio, y la base que se ha establecido allí ya está liderando el camino hacia una nueva conquista.

Cualquier persona que quiera vender el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico sobre la base de los derechos humanos o disposiciones ambientales debería tener que explicar por qué el Plan de Acción Laboral no fue removido tan pronto el Tratado de Libre Comercio con Colombia entró en vigor. Y no lo harán. Y no lo harán por las mismas razones que el narcoterrorismo, un término acuñado por un gobierno que vendió misiles a los “mullahs” iraníes y monto el negocio de la cocaína para los "luchadores por la libertad" nicaragüenses, se podría utilizar una década más tarde como una justificación seria para una gran intervención militar de EE.UU. en el extranjero. Por las mismas razones que el Plan Colombia ya ha sido elogiado como un modelo para la desastrosa guerra privatizada contra las drogas en Afganistán y la desastrosa guerra contra las drogas a través de terceros en México y América Central.

Esto es lo que sucede cuando la verdad es la que sale perdiendo en la "batalla por la narración de los hechos." Lo que estamos viendo es que los Estados Unidos pagan ahora a tropas colombianas para que sirvan como entrenadores sustitutos de fuerzas corruptas y abusivas en América Latina y en otros lugares. El resultado es una situación en la que un ejercito que siempre ha sobresalido mas por el asesinato de campesinos que por derrotar enemigos en el campo de batalla, ahora alberga la expectativa real de cumplir un papel más amplio en el "mantenimiento de la paz internacional" hacia el futuro, tal como dice el general Kelly.

La misión militar de Estados Unidos en Colombia ha venido disminuyendo durante los últimos anos, pero la guerra por la narración de los hechos nunca ha sido más vital. Y si la historia sirve de indicador, la verdad no va a sobrevivir por si misma.

Steven Cohen is a reporter-researcher at The New Republic. A former freelance journalist and editor at Colombia Reports, his work on Colombia has appeared in ThinkProgress, The Nation, The New Republic, Vice, and others. You can follow him on twitter @SD_Cohen.