miércoles, 17 de octubre de 2012

El cartel nacional de la contratación, las concesiones y las licencias ambientales y mineras…


El país está ya saturado de escuchar las noticias selectivas que los grandes medios han difundido durante los últimos años sobre la corrupción rampante que imperó en el Distrito Capital como parte de la adjudicación de prácticamente todos los contratos de construcción de obras públicas, hospitales, colegios, …y en general,  en todo programa de gobierno cuya ejecución requería la participación de contratistas privados.

Lo que al país no le cuentan los grandes medios, y cuando lo hacen, lo hacen selectiva, tímida y artificiosamente, es sobre el aún mucho más grande carrusel de las contrataciones, concesiones y licencias que ha existido y sigue operando a nivel nacional.  Por estos días por ejemplo, algunos periodistas posando de indignados, nos cuentan solo una parte de la historia asociada a la corrupción rampante que ronda la contratación del megaproyecto denominado “la ruta del sol”; el cual por los antecedentes (recuerdan la millonada que se robaron contratistas y funcionarios luego de la liquidación del contrato de COMSA cuyo objeto era la construcción de la ruta Tobiagrande-Puerto Salgar?!!) se debería más bien llamar: “la ruta de la corrupción”.  Y decimos que nos cuentan solo una parte de la historia porque la indignación de los periodistas unicamente les alcanza para condenar al contratista del tamo 1 de este proyecto, omitiendo mencionar que las anomalías que hoy denuncian aplican a todo el proyecto y son el resultado del proceso turbio de adjudicación de todo el contrato por parte del entonces nefasto ministro de Transporte Uriel Gallego.

Aparte de las ineficiencias y corruptela que también ronda durante la ejecución de los estudios de ingeniería, este contrato en particular es el reflejo de la rampante corrupción que ha existido siempre en el ministerio de transporte y sus dependencias anexas.  Como se explica que el contratista seleccionado para ejecutar el primer tramo haya sido el que presentó una propuesta 400.000 millones de pesos más baja que los competidores ( a menos que le hayan pedido que oferte para un proyecto diferente, un mini proyecto) con todos los riesgos asociados a un proyecto de concesión, para no mencionar los riesgos inherentes a las deficiencias de los estudios en los que se basan todos estos procesos de contratación??.

La naturalidad y desvergüenza con que el contratista sale ahora a “justificar” la suspensión de las obras (problemas geológicos, ambientales, etc.), lo único que corrobora es que ese contrato se adjudicó con el conocimiento pleno de que no era financieramente sostenible y como tal por el camino lo arreglarían.  Es evidente que el negocio se fraguó durante el proceso de licitación y adjudicación,  y en el tuvieron que participar el ministro de entonces y sus más cercanos secuaces responsables de la evaluación de las propuestas y adjudicación.  De ahí que no haya ningún interés por parte del ministerio, ni de ninguna autoridad de control competente, en investigar las condiciones en que se adjudicó el contrato;  mucho menos,  en obligar a que el contratista se adhiera a las condiciones iniciales del contrato e inicie su ejecución inmediatamente.  Hacerlo equivale a meterse con el poderoso cartel nacional de la contratación, el cual siempre ha existido, pero que durante el narco gobierno de Uribe alcanzó proporciones insospechadas.

El proyecto “la ruta de la corrupción”  es solo uno de los cientos de casos que desangran los recursos de la nación, recursos con los que se podrían resolver muchas de las necesidades básicas de los millones de colombianos que viven en la pobreza.  De hecho son tantos los casos, y las cifras que se roban alcanzan tal magnitud, que ya ni las millonarias ganancias que se derivan del narcotráfico son tan atractivas;  y todo bajo un manto de legalidad; en el peor de los casos,  el único cargo que enfrentan es de tipo administrativo, y del que en ultimas terminan exonerados pues los tentáculos de este cartel también alcanzan a grandes personalidades del congreso quienes mantienen estrechos vínculos con la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Corte Suprema.

Pero quienes conforman el cartel nacional de la contratación no son solo miembros de la mafia de contratistas y  funcionarios de las entidades contratantes.  De ellos hacen parte también funcionarios de alto y medio rango responsables de la aprobación de las licencias ambientales y mineras (en el caso de concesiones mineras) que según “las leyes vigentes” deben obtener primero este tipo de proyectos.  La participación de estos bufones que posan de ambientalistas no termina con la parodia del proceso de otorgamiento de las licencias.  

La relación intima entre los contratistas/concesionarios (y concesionarios mineros) y sus socios en las agencias ambientales y mineras no termina con la aprobación de las licencias.  Durante la ejecución de los proyectos, estos bufones le hacen creer al pueblo colombiano que vigilan y monitorean el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de tipo social que incluyen las licencias.  Basta un análisis superficial de las condiciones ambientales y sociales que imperan en todas las zonas afectadas o intervenidas (o sus áreas de influencia) por los proyectos y macroproyectos, que se venden como de interés nacional, para darse cuenta que todas las condiciones y obligaciones incluidas en las licencias ambientales y mineras no son mas que  letra muerta. 

Casos que permiten entender el enorme poder corruptor de las mafias de la contratación nacional, los hay por decenas. Para medir el grado de indignación y repulsión de los colombianos, a continuación presentamos solo algunos de los casos más representativos:
  • El proyecto de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la vida Bogotá-Villavicencio – Mas de 25 años en ejecución, billones de pesos en los bolsillos de funcionarios corruptos y contratistas, y sin esperanzas de que el viaje de 3 horas se vuelva realidad.
  • La concesión de Cerromatoso – opera con una licencia chimba expedida en la década de los 80’s (de esas inutiles que expedia el INDERENA).  El resultado es que nadie puede dar cuenta sobre la pertinencia, cobertura y efectividad de las medidas ambientales y compensaciones de tipo social que supuestamente la multinacional debía implementar. Por el contrario, la pobreza imperante en la región y la devastación de sus recursos ambientales son prueba incontrovertible de la “prosperidad” que esta concesión le ha traído a la región y al país.  Tal vez por esa incontrovertible prosperidad es que la renovación de esta concesión está prácticamente asegurada.
  • La represa de El Quimbo – los intereses de los “inversionistas extranjeros” y comisiones pagadas a los corruptos funcionarios que aprobaron el proyecto pesaron más que los reclamos y el bienestar de los miles de habitantes de la zona del proyecto, quienes finalmente terminaron atropellados, estigmatizados y desalojados violentamente.
  • Proyecto de desvió del rio Ranchería - Cerrejón – La multinacional (Xtrata, Angloamerican and Billiton) dueña del proyecto, en contubernio con funcionarios del Ministerio del Interior, están ofreciendo a los indígenas Wayuu chivos, vacas, cercas de alambre, construcción de quioscos y otras “obras sociales” similares, como parte del proceso de “consulta previa” que están obligados a adelantar con miras a obtener la licencia ambiental del proyecto…
La opinion publica debe tener presente que el cartel de la consruccion, concesiones y licencias es solo uno de los tantos que desangran a Colombia. Los hay en practicamente todas las instituciones del estado:

El cartel de la salud...
El cartel del INPEC...
El cartel de la Direccion Nacional de Estupefacientes...
El cartel de las regalias...
El cartel del INCODER...
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