La prosperidad democrática del gobierno de Santos es real. Pero no para
la gran mayoría de colombianos sino para una pequeña fracción conformada por altos
mandos militares, directivos y funcionarios de instituciones del estado (gobierno
y rama judicial), miembros del congreso, abogados y miles de ejecutivos y
empleados de multinacionales y empresas privadas locales que cual sanguijuelas viven
de contratos con el Estado.
Y no estamos hablando de una corrupción "en sus justas
proporciones" como en la época del gobierno de Turbay, sino de la corrupción extrema, rampante que
trajo consigo la seguridad democrática y confianza inversionista de los últimos
dos gobiernos.
En este nuevo pozo séptico las cifras que se manejan ya no son en
millones sino en cientos de millones de pesos, e incluso en millones de
dólares; y de esa repartija están usufructuando asesores cercanos al presidente
Santos (por supuesto, también usufructuaron los cercanos a Uribe), generales y
oficiales de alto rango de las FFMM, jueces y magistrados de las altas cortes y
fiscales que llevan casos relacionados con narcotráfico y paramilitarismo; asi
como altos funcionarios de entidades como la Agencia Nacional de Minería, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la
Dirección Nacional Penitenciaria, las superintendencias, contralorías, procuradurías,
y prácticamente todas las _ias...
Veamos algunos ejemplos de cómo y de donde han surgido estos nuevos
billonarios...
El jugoso negocio de
la guerra
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Escandaloso para los estándares latinoamericanos (incluso globales) es
el presupuesto que destina Colombia para mantener la guerra interna que ha sufrido
el país por más de cincuenta años. 3.4%
del producto interno bruto nacional (el porcentaje más alto de América Latina),
esto es $24.300 billones de pesos (US $13.000 millones), de los cuales la mayor
parte están destinados a millonarios contratos en US$ para la adquisición de
equipos y armas para la guerra (incluidos aviones, drones, helicópteros, bombas
inteligentes, aparatos sofisticados de espionaje) y contratos logísticos con
proveedores locales e internacionales.
De esta danza millonaria de contratos se han beneficiado generales,
coroneles, civiles asignados a las dependencias de contratación y hasta amigos
cercanos al presidente Santos. De ahí que no sea extraño ver que ahora los
generales y otros oficiales de alto rango disfrutan su retiro en grandes
haciendas y casas campestres, como inversionistas de grandes empresas, o dueños
de sus propias empresas de seguridad. Entre los beneficiarios de este pozo séptico
también están los militares presos por los horrendos crímenes denominados
falsos positivos quienes supuestamente pagan sus condenas muy cómodos en centros
de detención tipo resorts dentro de las bases militares y quienes reciben
periódicos pagos millonarios por su silencio dentro de las investigaciones que involucren
a sus superiores.
El pozo séptico en el
sector salud y superintendencias
A este pozo séptico, llevado al reboce durante las últimas dos administraciones, descargan las tuberías putrefactas de las entidades
que manejan los sistemas de salud y financiero principalmente. Como ejemplo del
primero hay que resaltar el robo billonario por parte de las EPS, con
complicidad de gobierno por supuesto, principalmente el caso de SaludCoop, no
solo por el escandaloso monto que se robaron de las arcas públicas a través de cobros
por medicamentos, servicios no prestados, o prestados pero sobrefacturados, y que
hasta los medios prepago comentan, desfalco que se dice asciende a los $2 billones
de pesos.
Para que este tumbe prosperara los bufones de las EPS tuvieron que
contar con la complicidad de funcionarios del sector salud, quienes debían aprobar
las cuentas de cobro y reintegro chimbas que les pasaban, obviamente no
gratuitamente sino mediante el pago de abultadas coimas. Esos funcionarios del
ministerio de Salud, y de la superintendencia, como mínimo se embolsillaron el
10% del monto del desfalco, esto es $200.000 millones de pesos. Un monto tan
grande alcanza para que los ricos se vuelvan más ricos y surjan nuevos ricos entre
los altos ejecutivos y empleados de las mismas EPS.
El presidente de SaludCoop, Carlos Palacino, por ejemplo pasó de la
noche a la mañana a ser gran inversionista de lujosos proyectos campestres en
los llanos orientales. Los abogados que
asesoraron a las EPS en la presentación ante el congreso de proyectos de ley favorables a sus intereses
económicos también salieron con las cuentas bancarias gordas, entre ellos el
actual fiscal, cuyos honorarios recibidos ascienden a los 2.000 millones.
Liquidar Saludcoop 'sería traumático', dice el Gobierno.
Los contactos de Palacino en el poder. pic.twitter.com/wrpS2rBdmT
— FloraTristán (@floratris) May 11, 2014
Los pozos sépticos en
las agencias para la minería, de hidrocarburos y de licencias ambientales
Aparte de los bufetes de abogados y lobistas, los nuevos millonarios
producto de la danza de millones de la confianza inversionista hacen parte de
las nóminas en las recientemente creadas Agencia Nacional de Minería, Agencia
Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de Licencias Ambientales. A jefes y funcionarios de estas entidades les
tocó la torta de los múltiples proyectos concesionados a las multinacionales,
principalmente; pero también la bonanza de millones que los grupos
paramilitares repartieron (y siguen repartiendo) para que se hagan los de la
vista gorda con la explotación ilegal de minas de oro usurpadas a los mineros
locales tradicionales. Ganaron por lado y lado. Por cuenta de los paracos
convertidos en mineros, por un lado; y por cuenta de las multinacionales, agradecidas
porque les ayudaron a limpiar las áreas concesionadas de los revoltosos
campesinos que habían vivido de la minería tradicional por décadas.
La renovación de la concesión de Cerromatoso y el costo de la deferencia
con la que tratan a la Drummond, son solo dos de los casos para resaltar en esta
repartija de millones entre funcionarios del sector público. Sumas tan abultadas
que han tenido la osadía de ignorar evidencias irrefutables de los daños
ambientales y sociales ocasionados causados por estas dos multinacionales. Y la
lista es larga: Pacific Rubiales, Continental Gold, Gran Colombia Gold, Gold Ashanti,
etc..
Seguir con la lista de pozos sépticos de corrupción llenaría muchas páginas.
Mucho más podría decirse por ejemplo de la danza de millones que han producido
nuevos billonarios en la Aduana Nacional, la Dirección Nacional de
Estupefacientes, el INCODER, e incluso en las oficinas que manejan los
programas bandera del gobierno de Santos: restitución de tierras, vivienda
gratis,…
El poder de compra de estos nuevos ricos, que al lado de los
tradicionales y ahora mucho más ricos ya alcanzan a representar el 1% de la población
colombiana, es el que ha producido la proliferación de nuevos y lujosos centros
comerciales, que ya nada tienen que envidiarle a los que hay en Norte América y
Europa, y que se han construido no solo en las grandes ciudades capitales sino
en ciudades intermedias.
Cualquier extranjero que visite uno de esos centros se llevara una falsa
imagen del país. Allí los ricos tradicionales y nuevos ricos son la gran mayoría
de visitantes; los pocos pobres que los frecuentan si acaso van a vitrinear pues
sus ingresos están muy lejos de poder comprar ni siquiera un helado.
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