lunes, 5 de mayo de 2014

El país prospero de Santos – Corrupción rampante, origen de generación de nuevos ricos

La prosperidad democrática del gobierno de Santos es real. Pero no para la gran mayoría de colombianos sino para una pequeña fracción conformada por altos mandos militares, directivos y funcionarios de instituciones del estado (gobierno y rama judicial), miembros del congreso, abogados y miles de ejecutivos y empleados de multinacionales y empresas privadas locales que cual sanguijuelas viven de contratos con el Estado.




Y no estamos hablando de una corrupción "en sus justas proporciones" como en la época del gobierno de Turbay,  sino de la corrupción extrema, rampante que trajo consigo la seguridad democrática y confianza inversionista de los últimos dos gobiernos.

En este nuevo pozo séptico las cifras que se manejan ya no son en millones sino en cientos de millones de pesos, e incluso en millones de dólares; y de esa repartija están usufructuando asesores cercanos al presidente Santos (por supuesto, también usufructuaron los cercanos a Uribe), generales y oficiales de alto rango de las FFMM, jueces y magistrados de las altas cortes y fiscales que llevan casos relacionados con narcotráfico y paramilitarismo; asi como altos funcionarios de entidades como la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional Penitenciaria, las superintendencias, contralorías, procuradurías, y prácticamente todas las _ias...

Veamos algunos ejemplos de cómo y de donde han surgido estos nuevos billonarios...

El jugoso negocio de la guerra



Escandaloso para los estándares latinoamericanos (incluso globales) es el presupuesto que destina Colombia para mantener la guerra interna que ha sufrido el país por más de cincuenta años.  3.4% del producto interno bruto nacional (el porcentaje más alto de América Latina), esto es $24.300 billones de pesos (US $13.000 millones), de los cuales la mayor parte están destinados a millonarios contratos en US$ para la adquisición de equipos y armas para la guerra (incluidos aviones, drones, helicópteros, bombas inteligentes, aparatos sofisticados de espionaje) y contratos logísticos con proveedores locales e internacionales.

De esta danza millonaria de contratos se han beneficiado generales, coroneles, civiles asignados a las dependencias de contratación y hasta amigos cercanos al presidente Santos. De ahí que no sea extraño ver que ahora los generales y otros oficiales de alto rango disfrutan su retiro en grandes haciendas y casas campestres, como inversionistas de grandes empresas, o dueños de sus propias empresas de seguridad. Entre los beneficiarios de este pozo séptico también están los militares presos por los horrendos crímenes denominados falsos positivos quienes supuestamente pagan sus condenas muy cómodos en centros de detención tipo resorts dentro de las bases militares y quienes reciben periódicos pagos millonarios por su silencio dentro de las investigaciones que involucren a sus superiores.

El pozo séptico en el sector salud y superintendencias

A este pozo séptico, llevado al reboce  durante las últimas dos administraciones,  descargan las tuberías putrefactas de las entidades que manejan los sistemas de salud y financiero principalmente. Como ejemplo del primero hay que resaltar el robo billonario por parte de las EPS, con complicidad de gobierno por supuesto, principalmente el caso de SaludCoop, no solo por el escandaloso monto que se robaron de las arcas públicas a través de cobros por medicamentos, servicios no prestados, o prestados pero sobrefacturados, y que hasta los medios prepago comentan, desfalco que se dice asciende a los $2 billones de pesos.

Para que este tumbe prosperara los bufones de las EPS tuvieron que contar con la complicidad de funcionarios del sector salud, quienes debían aprobar las cuentas de cobro y reintegro chimbas que les pasaban, obviamente no gratuitamente sino mediante el pago de abultadas coimas. Esos funcionarios del ministerio de Salud, y de la superintendencia, como mínimo se embolsillaron el 10% del monto del desfalco, esto es $200.000 millones de pesos. Un monto tan grande alcanza para que los ricos se vuelvan más ricos y surjan nuevos ricos entre los altos ejecutivos y empleados de las mismas EPS.

El presidente de SaludCoop, Carlos Palacino, por ejemplo pasó de la noche a la mañana a ser gran inversionista de lujosos proyectos campestres en los llanos orientales.  Los abogados que asesoraron a las EPS en la presentación ante el congreso  de proyectos de ley favorables a sus intereses económicos también salieron con las cuentas bancarias gordas, entre ellos el actual fiscal, cuyos honorarios recibidos ascienden a los 2.000 millones.




Los pozos sépticos en las agencias para la minería, de hidrocarburos y de licencias ambientales

Aparte de los bufetes de abogados y lobistas, los nuevos millonarios producto de la danza de millones de la confianza inversionista hacen parte de las nóminas en las recientemente creadas Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  A jefes y funcionarios de estas entidades les tocó la torta de los múltiples proyectos concesionados a las multinacionales, principalmente; pero también la bonanza de millones que los grupos paramilitares repartieron (y siguen repartiendo) para que se hagan los de la vista gorda con la explotación ilegal de minas de oro usurpadas a los mineros locales tradicionales. Ganaron por lado y lado. Por cuenta de los paracos convertidos en mineros, por un lado; y por cuenta de las multinacionales, agradecidas porque les ayudaron a limpiar las áreas concesionadas de los revoltosos campesinos que habían vivido de la minería tradicional por décadas.

La renovación de la concesión de Cerromatoso y el costo de la deferencia con la que tratan a la Drummond, son solo dos de los casos para resaltar en esta repartija de millones entre funcionarios del sector público. Sumas tan abultadas que han tenido la osadía de ignorar evidencias irrefutables de los daños ambientales y sociales ocasionados causados por estas dos multinacionales. Y la lista es larga: Pacific Rubiales, Continental Gold, Gran Colombia Gold, Gold Ashanti, etc..

Seguir con la lista de pozos sépticos de corrupción llenaría muchas páginas. Mucho más podría decirse por ejemplo de la danza de millones que han producido nuevos billonarios en la Aduana Nacional, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el INCODER, e incluso en las oficinas que manejan los programas bandera del gobierno de Santos: restitución de tierras, vivienda gratis,…

El poder de compra de estos nuevos ricos, que al lado de los tradicionales y ahora mucho más ricos ya alcanzan a representar el 1% de la población colombiana, es el que ha producido la proliferación de nuevos y lujosos centros comerciales, que ya nada tienen que envidiarle a los que hay en Norte América y Europa, y que se han construido no solo en las grandes ciudades capitales sino en ciudades intermedias.

Cualquier extranjero que visite uno de esos centros se llevara una falsa imagen del país. Allí los ricos tradicionales y nuevos ricos son la gran mayoría de visitantes; los pocos pobres que los frecuentan si acaso van a vitrinear pues sus ingresos están muy lejos de poder comprar ni siquiera un helado. 

Sin duda, el extranjero saldrá con la idea de que el país próspero de Santos es real.

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