El mito del glorioso Ejercito de Colombia………….. “héroes de la patria” o psicópatas, asesinos en potencia

El glorioso Ejercito de Colombia asesinó ayer en el municipio de Cáceres, Antioquia a una niña de 14 años que estaba embarazada y en absoluta indefensión departiendo con sus familiares en una supuesta discoteca.

Este abominable hecho es una prueba mas del profesionalismo, capacidad de reacción, integridad, y de lo que hacen alarde, tanto el gobierno colombiano como sus comandantes del pentágono, cuando se trata de presentar a las fuerzas armadas como una fuerza elite modelo para el mundo.

Dice la propaganda que su entrenamiento, su capacidad de combate, de inteligencia, de sus tácticas para combatir la insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico son únicos en el mundo; y con esa retorica justifican la necesidad de fortalecer aun mas las fuerzas armadas, aun incluso si se acaba el conflicto interno, pues esos hombres valientes, sacrificados, héroes de la patria, se necesitan para que ayuden a alcanzar la “paz” en otros rincones del mundo.

Pero el asesinato a sangre fría de la niña de 14 anos en Cáceres, y muchos otros cientos de casos similares ocurridos en anos anteriores, desbarata el mito de que el Ejercito Colombiano, y las fuerzas armadas en general, son un modelo para el mundo.

Conocido el repudiable asesinato de la niña, la prensa prepago colombiana recurre inmediatamente a “aclarar” los hechos entrevistando al comandante de la unidad del ejercito que cometió tan abominable crimen. Según el general Jorge Salgado, los héroes de la patria iban tras la captura de un jefe paramilitar, alias “el burro” (del clan Usuga). Sus informes de “inteligencia” les indicaban que el paramilitar estaba en una discoteca en una zona rural del municipio de Cáceres. Llegan al sitio (todo eso ocurre hacia las 3 de la mañana según el general), identifican al criminal  y al ver que este intenta llevar una mano a un bolsillo o costado de su cuerpo, le disparan una ráfaga de fusil.  Pero OH sorpresa, la ráfaga no alcanza al paramilitar sino a la niña de 14 anos que compartía con sus familiares en una mesa del lugar (la única mesa con clientes).

En conclusión, los intrépidos héroes de la patria ven a un tipo mandándose la mano al bolsillo, y tras asumir que les iba a disparar, ellos le disparan…… pero no al criminal sino a una niña de 14 anos!!! Pregunta: son tan idiotas y ciegos los héroes de la patria mejor entrenados del mundo que no distinguen entre un hombre adulto y una niña de 14 anos?!!  O estaban acaso drogados y lo único que querían era asesinar a alguien??

Los periodistas prepago habían entrevistado al alcalde de Cáceres por pocos minutos antes de la entrevista con el general. El alcalde afirmó que en la “discoteca”, a la hora en que ocurrió el crimen, 11 PM, no había sino una mesa ocupada, en la que departían la niña y sus familiares; y que habían llegado allí luego de celebrar su cumpleaños en otro lugar.

El comandante de la brigada por su parte afirma que la discoteca estaba llena y que los hechos ocurrieron a las 3 a.m., y que los héroes de la patria reaccionaron en defensa propia.  Preguntado el general sobre las inconsistencias entre su versión y la del alcalde, este afirma que su versión se basa en el informe que le rindieron los oficiales que comandaban la unidad autora del crimen, y que espera que las autoridades judiciales aclaren los hechos. Léase, que le den la razón.

Los periodistas prepagos de Blu Radio que entrevistaron al general por su parte ya sacaron sus propias conclusiones. El general dice la verdad y el alcalde miente. Punto!

Así las cosas, la tal investigación, así ésta sea adelantada por la justicia ordinaria, terminará reforzando la versión oficial del ejercito, así esta sea la mas insólita del mundo: fue un error militar, los soldados actuaron en defensa propia, el objetivo del operativo intentó reaccionar disparándoles pero los soldados se anticiparon y abrieron fuego…………….. Lo insólito es que los soldados no “neutralizaron” al criminal sino que asesinaron vilmente a una indefensa, inocente niña de 14 anos en estado de embarazo. Y pero aun, el criminal se les escapo!!!!

Una muestra mas de las “grandes acciones” para proteger la vida e integridad de los colombianos, de nuestro glorioso ejercito de Colombia, los héroes de la patria…

5 grotescas falsedades fabricadas por fuerzas militares y amplificadas por los medios prepago con ocasión de retención y liberación del general Alzate

Indignación causó entre una gran mayoría de colombianos la retención de dos soldados y un general del ejercito por parte de la guerrilla de las FARC, hechos ocurridos durante el mes de Noviembre en las zonas de Arauca y El Choco.

Lo preocupante es que a la no sorpresiva reacción histérica propia de la ultraderecha criminal y parasitaria dirigida por el narcoparaco Alvaro Uribe Velez, se les unió un gran sector de la población incapaz de cuestionar y distinguir entre lo que son hechos factuales y burda propaganda.

Propaganda y falsedades que salen de los comandos militares y oficinas del alto gobierno y que los medios prepago siempre estas prestos a amplificar, difundir y repetir, y repetir hasta convertirlas en verdades.

Las siguientes son solo algunas de las 5 burdas falsedades con las que el pueblo colombiano fue y sigue siendo bombardeado a través de los medios prepago:

 

1.- Mientras medios internacionales, incluso grandes medios de la derecha y defensores de la doctrina guerrerista, registraban la captura de los soldados y el general como retenciones, resultado de la guerra interna entre la guerrilla y las fuerzas estatales; en estos casos si unidos, el gobierno y los buitres de la ultraderecha (incluidos sus medios prepago) no han parado de vociferar que los militares fueron secuestrados. Incluso en contravía del pronunciamiento del propio Fiscal General quien calificó el hecho como “retención indebida”.   

2.- Las mentiras sobre los hechos que rodearon la captura del general Alzate en Las Mercedes se fue desvaneciendo luego de que pobladores locales contradijeran la versión inicial de que habían sido sorprendidos por guerrilleros armados que se aparecieron en la casa donde estaba el general y acompañantes, que el soldado que manejaba la lancha logro escapar y que fue este soldado quien informó sobre el “secuestro” del general a sus superiores una vez llegó a la base militar de donde supuestamente habían salido.

Según versiones de pobladores de Las Mercedes, ni el general y sus acompañantes estaban en una casa, ni los guerrilleros los sorprendieron y redujeron, sino que se los llevaron sin violencia. Tampoco el operador de la lancha resultó ser un soldado sino un lanchero de la zona de donde salió el general y que vivía del alquiler de su lancha.

3.- El ejercito suspendió operaciones tanto en Arauca como en el área de El Choco, desde el momento en que se acordó la liberación de los retenidos. Versiones no solo de la guerrilla sino de pobladores de las zonas contradicen la versión del ministro de defensa y su cúpula militar, al punto que en la zona de Arauca estuvieron casi a punto de producir un acto de guerra en el momento mismo que se estaba produciendo la liberación de los soldados. La verdad es que la cúpula militar siempre estuvo dispuesta aun a sacrificar la vida de sus soldados con tal de resarcir el ‘honor militar” mancillado por la humillación que les había producido el golpe perpetrado por la guerrilla de las FARC al retener a un general.

4.- El general Alzate fue forzado por los guerrilleros a posar para la foto con el comandante de las FARC, Pastor Alape. Según la verborrea militar, un oficial de tan alto rango no podía prestarse por su propia voluntad para tal irrespeto del honor y dignidad militar, posando abrazado con un “terrorista”. Para la jauría militar es irrelevante que, con un proceso de negociaciones de paz en curso, esa foto pueda precisamente ser vista como una muestra de la voluntad de reconciliación de las partes en conflicto.

Tampoco importa que la foto haya sido tomada al momento de la liberación, es decir, con la presencia de los facilitadores, los delegados de los gobiernos de Cuba y noruega, y de la Cruz Roja Internacional; tal como lo evidencia la existencia de otras fotos en las que Pastor Alape y el general aparecen en compañía de los facilitadores y los demás liberados. Es decir, para la jauría militar, los facilitadores fueron testigos cómplices de que los guerrilleros le pusieron un fusil en la cabeza al general para posar en la foto.

 5.- El general Alzate rompió el protocolo militar durante su visita a Las Mercedes porque pensó que vestido de civil podía ganar mas aceptación y apoyo de la comunidad para sus “proyectos de desarrollo” que estaba planeando, incluyendo la instalación de turbinas para generar energía con el agua del rio Atrato. Explicación patética que se desmorona por el solo hecho físico de que en esa zona del rio Atrato es imposible desarrollar un proyecto hidroeléctrico; para no mencionar la contradicción del propio general Alzate que en su declaración de renuncia dijo que los pobladores locales no confiaban en el ejercito. Bastaba entonces con visitarlos vestido de civil para cambiar esa situación?. Se iba a presentar acaso, no como un general del ejercito sino como un ingeniero?

Una reflexión final:

A propósito de los reclamos vehementes del comandante del ejercito, el general Jaime Lasprilla, quien durante la mañana de hoy recorrió todas las emisoras y casas editoriales de los medios prepago pidiendo que se respete el honor y dignidad militar de los miembros del ejercito, hay que recordarle a este general que el “honor y dignidad” militar (si es que alguna vez la tuvieron) ha sido mancillada pero por el mismo y por muchos otros generales y altos oficiales que han cometido crímenes de lesa humanidad, como son las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de miles de colombianos humildes e inocentes; a quienes como miembro de una fuerza estatal debía proteger no desaparecer ni asesinar vilmente.

"EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA: ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA CONTINUIDAD."

by Alirio Uribe Muñoz on 13 November 2014

Metáforas y eufemismos que disfrazan el terrorismo de estado en Colombia

El conflicto colombiano, y mas concretamente el terrorismo de estado, no solo ha dejado cientos de miles de victimas y agudizado la miseria de la inmensa mayoría de sus habitantes, sino que ha prostituido el significado de palabras que existen para describir acciones criminales al punto que una gran parte de la población ha alcanzado un estado de anestesia que hasta los mas horrendos crímenes son observados con indiferencia y hasta con asentimiento.

Las siguientes son algunas de las tantas metáforas y eufemismos que utilizan el gobierno, sus fuerzas militares/paramilitares, las mafias políticas, elites y sus medios prepagos para deshumanizar a sus victimas, minimizar los efectos de la guerra estatal contra toda la población, y manipular la percepción de la opinión publica frente a los horrendos crímenes cometidos por agentes del propio estado.

Terrorismo – El termino terrorismo ha sido históricamente definido como una acto de violencia dirigido en contra de la población civil y con motivaciones políticas. Pero el gobierno colombiano ha adoptado (o le han exigido que adopte) la definición manipulada del gobierno de EEUU, según la cual terrorismo es el uso “ilegal” de violencia para alcanzar objetivos políticos  a través de coerción ejercida contra el gobierno o la sociedad civil.  Como resultado de esta manipulación lingüística los miembros de las fuerzas militares en servicio activo son incapaces de cometer actos de terrorismo no importa cuantos civiles sean asesinados en desarrollo de cualquier operación militar.

Terrorista – en línea con la definición anterior, como terrorista puede ser designado cualquier colombiano que se atreva a protestar, cuestionar, oponerse al régimen mediante el recurso de la protesta pacifica pero que se puede tornar violenta por acciones de infiltrados del mismo aparato estatal (situación que ha ocurrido en la mayoría de las protestas y marchas). Bajo esta premisa, terrorista puede ser cualquier líder sindicalista, estudiantil, activista social o de derechos humanos, líder campesino, indígena o afrocolombiano; e incluso cualquier colombiano de a pie que participe en una marcha o protesta callejera.

Plan Colombia – Acuerdo final de sometimiento del gobierno colombiano y sus fuerzas militares y policiales a los designios del gobierno de EEUU, y que permite la militarización de todos los ámbitos sociales del país y la expansión del terrorismo de estado a todos sus rincones. Bajo este acuerdo, las fuerzas armadas del país quedan prácticamente al mando de Pentágono y como tal son militares y mercenarios gringos los que deciden y dirigen todas las “operaciones militares”; según ellos, en contra de la insurgencia y el narcotráfico.

Operativo militar/policial – Operativo de las fuerzas de terror estatales, bajo el mando de militares y mercenarios gringos (contratistas, los llaman – otro eufemismo), y que tienen como propósito crear terror en las comunidades que habitan supuestamente zonas de influencia guerrillera. Como resultado de estos “operativos”, campesinos humildes (hombres, mujeres y niños) que son masacrados por los bombardeos indiscriminados son presentados también como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. Producto de estas acciones de terrorismo estatal, los habitantes de las zonas bombardeadas se ven forzados a abandonar sus tierras y pertenencias, y huir a las ciudades a engrosar los cordones de miseria. Para confundir mas a la opinión publica, estos operativos son denominados con nombres rimbombantes como “plan espada”, “plan cóndor”, etc.

Chuzadas – Política de estado de persecución, amedrentamiento, chantaje, hostigamiento e invasión de la privacidad de opositores políticos y de cualquier ciudadano que sea considerado un elemento subversivo o potencialmente subversivo.  Para el Estado, como se infiere de la manipulación del termino “terrorismo” comentado anteriormente, subversivo y terrorista ya son prácticamente lo mismo.

Bacrim – Nuevo nombre dado a los grupos narcoparamilitares con el fin de ocultar su falsa desmovilización y sometimiento a la justicia. La fuerzas militares aprovechan esta designación para alegar que no tienen mandato constitucional para enfrentar a estas “bandas criminales”; de ahí que estas bandas, conformadas por los narcoparacos de siempre, tienen ahora mas libertad y espacio geográfico para cometer impunemente sus atrocidades y seguir con el gran negocio del narcotráfico.

Falsos positivos – Asesinatos a sangre fría de civiles inocentes por parte del ejercito para presentarlos como muertes en combates con las guerrillas. Estas ejecuciones extrajudiciales, como se conocen judicialmente, son parte de la política de terrorismo estatal mencionada anteriormente la cual a su vez es parte de la instrucción y entrenamiento que reciben oficiales y suboficiales colombianos en la Escuela de Las Américas en EEUU. En el lenguaje militar, esta práctica terrorista es apenas una de las materias incluidas en el manual de contrainsurgencia cuidadosamente elaborado por el ejercito gringo y que ha sido y sigue siendo puesto en practica en todas las guerras que libran o patrocinan (Guatemala, El Salvador, Vietnam, Afganistan, Irak, etc….).

Neutralizar – Eufemismo para dar cuenta de los asesinatos de supuestos miembros de la guerrilla producto de “operativos militares”. Una variante de este eufemismo que utiliza frecuentemente el gobierno cada vez que un colombiano es asesinado por el ejercito es decir que un “guerrillero/terrorista fue abatido” en un operativo militar.

Zonas especiales de desarrollo – Regiones colombianas, que generalmente han sido abandonadas por el estado, en las cuales se instala un comando militar para que supuestamente supervise y asegure la ejecución de proyectos y programas de desarrollo social y económico. Detrás de este “noble propósito” lo que hay es el interés del gobierno de asegurar militarmente la zona en anticipación de macroproyectos de inversión de gran capital (proyectos mineros, petroleros o energéticos) que únicamente beneficiarán a multinacionales y a sus socios locales (mafias políticas y empresariales).

Limpieza social – practica cotidiana de exterminio de sectores de población que viven en condiciones de miseria absoluta y cuyos victimarios son agentes del estado o miembros de bandas paramilitares.

Términos como los anteriores han sido creados para reemplazar imágenes mentales de crímenes atroces con imágenes de algo distinto. En ultimas, este lenguaje tiene el propósito de constreñir totalmente la creación de cualquier imagen mental que pueda producir horror y demandar castigo para sus autores. Si la persona no puede ver con claridad lo que sucede, tendrá dificultades para entender sus implicaciones. Un sistema inhumano (deshumanizante) requiere de un lenguaje inhumano. Este lenguaje se ha vuelto tan familiar y dominante que ha penetrado nuestras vidas y pensamientos prácticamente sin que nos hayamos dado cuenta.

Por el lado de los medios de comunicación, en lugar de confrontar a los políticos, militares y funcionarios del estado y conminarlos a que llamen las cosas por su nombre (que digan “asesinato” cuando “asesinato” es el acto cometido por ellos, “colombianos/pueblo/gente” cuando son “colombianos/pueblo/gente” las victimas de esos asesinatos), repiten y repiten las evasiones y manipulaciones lingüísticas que utilizan con el propósito de ayudar en la minimización de sus acciones criminales.  

Lo peor es que esa terminología tan trivializada y degradada la digerimos sin ningún cuestionamiento hasta que también nosotros mismos terminamos utilizándola en nuestras conversaciones cotidianas (operativo del ESMAD, terrorista de las Farc abatido, plan choque, etc.), sin detenernos a pensar cómo esas palabras que se siembran y resuenan en nuestra mente nos impiden ver la realidad y los horrores que ocurren a diario.

Si los colombianos queremos recuperar la esencia de la condición humana de las manos de ese grupo minúsculo de personas que la han secuestrado, tenemos también que empezar por recuperar el lenguaje a través del cual esa humanidad es definida y descrita. Para ponerlo en simples términos, esta es tal vez la primera tarea que tenemos que hacer quienes realmente queremos un país justo y en paz.

Muchas son también las metáforas y eufemismos que se usan para manipular la verdad sobre las actuaciones políticas corruptas, cotidianas dentro del gobierno y congreso (mermelada, reforma, etc.) pero esto será tema de otro articulo. 

Actuales comandantes de las fuerzas armadas y ejército de Colombia, principales determinadores de las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”)

El siguiente artículo fue publicado en su versión original en Inglés en el website de NACLA, y es a su vez una versión resumida del más reciente informe sobre los “falsos positivos”, elaborado por la organización internacional “Fellowship of  Reconciliation”, FOR.

Como era de anticipar, este informe tuvo una mínima difusión en la “gran prensa” colombiana; de hecho le dieron (y le siguen dando) mas difusión y amplificación a las burdas y patéticas  reacciones del general Lasprilla, comandante del ejército, en respuesta a las serias revelaciones que hace el informe de FOR.

Peor aún, con la histeria del mundial de futbol, las revelaciones sobre la participación directa de los actuales comandantes del ejército y de las fuerzas armadas en los horrendos crímenes estatales denominados “falsos positivos”, con seguridad ya ni siquiera resuena en la memoria de los colombianos.

A esa galería histérica ni siquiera le despertará un mínimo de remordimiento  ver a esos criminales en televisión junto a su comandante en jefe (o títere?) Juan Manuel Santos, celebrando los goles de la selección Colombia en Brasil.

Ojala este artículo despierte esa insensibilidad y silencio complice…………… 

"Guerrilleros muertos en combate" y la persistente impunidad en el ejército colombiano 

por John Lindsay-Poland

En un foro publico en el departamento del Huila el pasado mes de Enero, unas madres contaron las historias de sus hijos asesinados por las fuerzas armadas colombianas siete años atrás. El hijo de Amparo Peláez había terminado recientemente el servicio militar y trabajaba descargando bultos de papa; él y un amigo habían ido al mercado y jamás regresaron. Al día siguiente fue declarado por el ejercito como “guerrillero muerto en combate”.

Transito Sarria habló de su hijo Joselo de 28 años, quien trabajaba como conductor y una mañana le prometió que le llevaría el desayuno a su trabajo, pero nunca llegó. Un hombre la llamó por teléfono, se burló de ella, y le dijo que chequeara la morgue, donde posteriormente encontró el cuerpo de su hijo. El ejercito dijo por la radio que habían matado a un criminal.

Andrés Duarte regresó al pueblo de Gigante, Huila con su madre una tarde en Abril del 2007. Mas tarde salió a jugar billar y jamás regresó. Al siguiente día, el teniente coronel Jaime Lasprilla Villamizar [hoy comandante del ejército] declaró que Duarte había sido otro “guerrillero muerto en combate”, junto con otros cuatro.

Todos estos asesinatos eran conocidos como “falsos positivos”: homicidios de civiles inocentes cometidos por soldados, a quienes declaraban como guerrilleros o criminales y promocionaban como éxitos operacionales del ejercito. Entre el 2000 y 2010, 5.763 homicidios han sido investigados por la procuraduría general o documentados por organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos años he estudiado el contexto de esta violencia con base en información sobre ejecuciones extrajudiciales y su relación con la ayuda del ejercito de EE.UU. compilada por la Asociación para la Reconciliación (En Ingles, Fellowship of Reconciliation, FOR) y la Coordinización Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque el numero de “falsos positivos” ha disminuido considerablemente como resultado de la indignación local, nacional e internacional, estos asesinatos continúan siendo importantes por varias razones.

Primero, el hecho de que tantos asesinatos hayan ocurrido durante un periodo en el que la cooperación de Estaos Unidos fue masiva, plantea la pregunta sobre el impacto que esta ayuda militar  tuvo en el respeto por los derechos humanos por parte del ejército colombiano. Estados Unidos entregó 5,7 billones de dólares (5.700 millones de dólares) en ayuda militar y policial a Colombia entre 2000 y 2010. Desde el 2002 hasta el 2008, muchos más colombianos han sido registrados como beneficiarios de entrenamiento militar y policial en Estados Unidos que de cualquier otro país – aproximadamente uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió entrenamiento militar en Estados Unidos durante ese periodo era colombiano.

Oficiales del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos elogian el desempeño de Colombia, citándolo como un “exportador de seguridad” y de ahí que financian programas de entrenamiento por parte de colombianos a fuerzas policiales de otros países. La ayuda militar y policial de Estados Unidos alrededor del mundo ha crecido cinco veces desde 2001, alcanzando  $25 billones en 2012; no obstante, no se ha hecho ninguna evaluación formal de los resultados de esa ayuda en términos de derechos humanos. El caso colombiano es fundamental para entender esos resultados.

Segundo, oficiales militares que comandaban las unidades militares en los que ocurrían los crímenes llamados “falsos positivos” continúan ascendiendo profesionalmente. Entre 2006 y 2007, cuando Jaime Lasprilla era comandante de la novena brigada del ejército en el Huila, ocurrió una serie de asesinatos extrajudiciales; no obstante, en Febrero de este año, ya como mayor general, fue nombrado por Juan Manuel Santos como comandante del ejército colombiano.

Tercero, la aplicación de justicia por los abusos militares es un asunto complicado en las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC con miras a terminar un conflicto armado de 50 años. Los líderes de las FARC exigen una solución que no incluya ir a la cárcel, y el ejército por su parte espera un tratamiento similar.

Finalmente, ha habido poca aplicación de justicia en la mayoría de estos crímenes. En 2013, solo el 13% de los más de 5.763 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas han concluido en un juicio o en sentencias – aunque es una mejoría comparada con el escaso 2% de casos que llegaron a juicio o sentencias en el 2009. Los familiares de las victimas buscan reivindicación con sus seres queridos puestos que ellos no eran criminales, y piden condenas para los militares responsables de los asesinatos.

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La persistente institucionalización de la impunidad por los abusos de derechos humanos en Colombia se hizo evidente en Febrero 18 de este año cuando un comandante militar que supervisó muchas de los asesinatos llamados “falsos positivos” fue remplazado por otro. Ese día el Presidente Juan Manuel Santos despidió al jefe de las fuerzas armadas Leonardo Barrero por conversar telefónicamente con otro oficial que estaba detenido y bajo investigación por asesinatos extrajudiciales. En esta conversación Barrero le decía que “montaran una mafia” para enfrentar a los fiscales de derechos humanos que estaban a cargo de los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios que Barrero le hacia al oficial detenido fueron revelados por la revista Semana, como parte de cientos de conversaciones grabadas que revelaban la inmensa corrupción entre oficiales detenidos y en servicio activo. Estos oficiales conspiraban ademas para obtener contratos de compras para el ejército – como repuestos de helicópteros- y conseguir fondos para ayudar a soldados acusados por los asesinatos de civiles. Después de las revelaciones de Semana, Barrero fue relevado de su puesto junto con otros cuatro generales.

Generales Juan Pablo Rodriguez y Jaime Lasprilla, comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejercito respectivamente

Como resultado de la sacudida, el general Lasprilla fue nombrado comandante del ejercito. Anteriormente, Lasprilla había comandado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad encargada de combatir el frente sur de las FARC, del que hacen parte muchos jefes de las FARC. Su nombramiento ocurrió inmediatamente después de que sirvió seis meses como comandante del comando de Operaciones Conjuntas Especiales de Colombia.  Las dos unidades que comandó Lasprilla han sido estratégicas para la cooperación militar de Estados Unidos con Colombia.

En particular, el comando de operaciones especiales tiene un papel fundamental en las operaciones de bombardeo contra los líderes de las FARC, el cual fue resaltado en una investigación reciente del periódico Washington Post. El Washington Post describió cómo asesores de Estados Unidos le proporcionaron a Colombia kits de GPS con los que monitoreaban y controlaban los objetivos de las operaciones de bombardeo dirigidos a asesinar “objetivos de alto valor”, los cuales han arrojado como resultado la muerte de 40 jefes guerrilleros desde el 2007. Oficiales de las fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia desarrollaron tácticas que incluyen bombas de alta-presión destinadas a asesinar a todas las personas que se encontraban en campamentos rurales, y que luego proseguían con operaciones terrestres con el objetivo de “rematar a los heridos que trataban de buscar protección”.

La novena brigada del ejército en el Huila no recibió la misma atención por parte de Estados Unidos como la Fuerza de Tarea Omega o el comando de operaciones especiales; no obstante, recibió una ayuda significativa durante periodos clave. Durante el comando de Lasprilla de la 9ª brigada, desde Julio 2006 a Noviembre 2007, personal de mando y tres batallones fueron autorizados y beneficiarios de ayuda de Estados Unidos, incluyendo el uso de helicópteros. Lasprilla acababa de completar cursos en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, durante el periodo entre Agosto 2005 y Junio 2006. Desde 2002 a 2003, el entonces teniente coronel Lasprilla fue instructor de la antigua Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia (ahora, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC), donde anteriormente también había sido un estudiante en calidad de cadete. En pocas palabras, el general Lasprilla ha recibido un extenso entrenamiento militar en Estados Unidos, buena parte del cual ocurrió para la época en que asumió el comando en el Huila.

El entrenamiento militar en Estados Unidos, especialmente en WHINSEC, es prácticamente un requisito para el ascenso de oficiales del ejército colombiano; de hecho, este ha sido el caso con comandantes de la 9a Brigada y sus sub-unidades. Tres oficiales que fueron entrenados durante un año en WHINSEC, posteriormente comandaron la 9a Brigada entre el 2002 y el 2004.

Una revisión realizada por la organización FOR en el 2002, sobre oficiales del ejército que pasaron un año como instructores o tomaron el curso de comando en WHINSEC entre 2001 y 2003, encontró que 12 de los 25 oficiales a quienes se les pudo rastrear cargos posteriores, habían sido acusados de serios crímenes o habían dirigido unidades en donde soldados habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, WHINSEC, sigue evaluando sus éxitos según el número de graduados que ascienden a “posiciones importantes.”

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Durante el comando de Lasprilla, 75 asesinatos han sido directamente atribuidos a soldados de la 9a Brigada, lo cual ubica a Lasprilla como el oficial en servicio activo con el número más alto de asesinatos extrajudiciales registrados bajo su cargo como comandante de brigada. La unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General de Colombia está investigando 40 asesinatos cometidos por soldados de la 9a Brigada bajo el comando de Lasprilla. El Centro Jesuita para la Educación Popular y la Investigación y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Colombia ha documentado otros 35 asesinatos extrajudiciales directamente atribuidos a soldados bajo el comando de Lasprilla.

Según otros informes, la Oficina del Fiscal General esta investigando otros 22 asesinatos en el Huila cometidos por soldados colombianos durante el comando de Lasprilla en esa jurisdicción. A pesar que la unidad responsable de estos asesinatos no ha sido oficialmente identificada, es de anotar que ninguna otra brigada del ejército operaba en el Huila en ese tiempo.

Hasta Septiembre del 2013, muy pocos de estos casos habían pasado la fase de investigación inicial. En solo un caso, el cual involucró el asesinato de dos personas, un soldado de infantería fue declarado culpable y sentenciado. Según información proporcionada por el procurador general de Colombia, de 190 ejecuciones registradas en el Huila, 77% de las investigaciones estaba aun en etapa preliminar. El tiempo promedio que ha pasado desde la ocurrencia de los asesinatos y la situación actual es siete años.

Aunque el Huila muestra la tendencia de los “falsos positivos,” también hay casos en los que soldados dijeron que criminales o ladrones, no guerrilleros, fueron capturados en el acto, lo cual supuestamente llevó a un intercambio de disparos. Yo les pregunte a investigadores, periodistas y abogados conocedores de varios casos si algunos asesinatos que pudieron ser de miembros de la milicia de la guerrilla pero muertos fuera de  combate, aún podrían ser considerados asesinatos extrajudiciales. Ellos respondieron que si bien hubo algunos de estos casos, ellos representan una pequeña minoría del total.

En el Huila también ocurrieron detenciones masivas de cientos de personas por parte de las fuerzas armadas, especialmente entre el 2002 y 2004. El ejército justificó estos arrestos acusando a los detenidos de tener vínculos con grupos terroristas, pero la gran mayoría fueron posteriormente puestos en libertad por falta de evidencias. Algunos han sugerido que los arrestos de estas personas fue un preludio a su posterior asesinato. Las detenciones se concentraron en municipalidades donde hubo 11 asesinatos extrajudiciales registrados entre 2004 y 2006.

Observadores militares han sugerido un relación causal entre la magnitud de los combates o la violencia debida a la guerra y el número de asesinatos extrajudiciales reportados en Colombia, con base en lo cual sugieren que la violencia es producto de errores que ocurren en la “niebla de la guerra.” Para verificar esta tesis, yo examiné la información sobre los combates ocurridos en el Huila y encontré que más de 2 de cada 3 ejecuciones reportadas – 69%- ocurrieron más de 30 días después del más reciente evento de combate reportado en la misma municipalidad. Y solo 13% de estos asesinatos ocurrieron en los ocho días siguientes a un combate en la misma municipalidad, lo cual sugiere que estas ejecuciones no ocurrieron como resultado de enfrentamientos.

Antes que Lasprilla asumiera como comandante, las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la 9a brigada habían sido problemáticas pero no tan endémicas. En la primera mitad del 2006, antes de que Lasprilla llegara, se habían registrado 6 ejecuciones cometidas por la 9a brigada según los reportes- una al mes. Según reportes, en la segunda mitad del 2006, hubo 12 ejecuciones cometidas por los soldados de la brigada; y en el 2007, hasta la fecha que Lasprilla dejo la brigada (17 de Noviembre), ocurrieron 63 ejecuciones cometidas por miembros de esa brigada, lo que equivale a 6 al mes.

Muy poca atención nacional e internacional han recibido las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, de hecho la 9ª brigada parece ser una unidad “Teflón” pues muy pocas investigaciones han salido adelante. Una de las pocas condenas de miembros de la brigada fue llevada a cabo por un fiscal de otro departamento, por un asesinato cometido en Antioquia, fuera de la jurisdicción de la brigada.

El numero de “falsos positivos” del ejercito disminuyó drásticamente después del 2008, como resultado de denuncias hechas por familiares de las víctimas, difusión en la prensa, y por el apoyo de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Estas acciones conllevaron a nuevas políticas del ejército que priorizan las capturas a los asesinatos, reforzadas mediante procesamientos judiciales más efectivos; a la existencia de menos áreas en disputa en el conflicto armado; y a la suspensión de la ayuda militar directa de EE.UU. a algunas unidades. Esta reducción muestra el exitoso papel que ha jugado la intervención de la sociedad en la denuncia de las injusticias militares en Colombia.

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El personaje central en las revelaciones de Semana que llevaron al despido de Barrero es el coronel Robinson González del Río. González del Río estaba bajo el comando inmediato de Barrero e implicado en 12 asesinatos de civiles entre 2007 y 2008 mientras  comandaba un batallón en la región cafetera de Colombia. Según información suministrada por la oficina del fiscal general y organizaciones de derechos humanos, soldados de la brigada 29 cometieron 51 ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia de Barrero.

Con ocasión de la publicación de las grabaciones el pasado 18 de Febrero, como nuevo jefe de las fuerzas armadas fue nombrado el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. La oficina del fiscal general está investigando 8 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez entre 2006 y 2008, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado otros 11 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez que nunca ingresaron al sistema judicial. 16 de estos asesinatos ocurrieron en Antioquia en un periodo de apenas 8 meses. No se tiene conocimiento que Rodríguez Barragán este judicialmente implicado en estos casos, pero el número de asesinatos durante un periodo tan corto revela que por lo menos hubo permisividad durante su comandancia.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene varias opciones para evaluar el liderazgo del ejército colombiano, todas dentro del marco de la ley Leahy de 1997, la cual prohíbe suministrar ayuda a unidades militares o policiales cuyos miembros hayan cometido serias violaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. podría usar su influencia para presionar avances en las investigaciones y condenas de los oficiales y soldados responsables de estas ejecuciones. Podría sugerir que Lasprilla y Rodriguez sean removidos, aunque esto no conlleve avances en la aplicación de justicia por los asesinatos de civiles cometidos bajo su mando. O podría suspender la ayuda al ejército colombiano hasta que se tomen medidas eficaces para condenar a los responsables de estas ejecuciones.

Aparte de cumplir con la ley, mientras Colombia se prepara para terminar el conflicto armado, es hora de que Washington deje de apoyar estrategias que han causado tanto sufrimiento, y en su lugar aplicar el principio: Primero, no hacer daño. 


John Lindsay-Poland investiga y escribe sobre el militarismo de EE.UU. y los derechos humanos en América Latina, y es autor de Los Emperadores en la Selva: La Historia Oculta de los EE.UU. en Panamá (Duke). Este artículo es una adaptación del informe "El Ascenso y Caída de los Homicidios ‘falso positivos’ en Colombia", publicado por la Asociación para la Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.