lunes, 30 de junio de 2014

Actuales comandantes de las fuerzas armadas y ejército de Colombia, principales determinadores de las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”)


El siguiente artículo fue publicado en su versión original en Inglés en el website de NACLA, y es a su vez una versión resumida del más reciente informe sobre los “falsos positivos”, elaborado por la organización internacional “Fellowship of  Reconciliation”, FOR.

Como era de anticipar, este informe tuvo una mínima difusión en la “gran prensa” colombiana; de hecho le dieron (y le siguen dando) mas difusión y amplificación a las burdas y patéticas  reacciones del general Lasprilla, comandante del ejército, en respuesta a las serias revelaciones que hace el informe de FOR.

Peor aún, con la histeria del mundial de futbol, las revelaciones sobre la participación directa de los actuales comandantes del ejército y de las fuerzas armadas en los horrendos crímenes estatales denominados “falsos positivos”, con seguridad ya ni siquiera resuena en la memoria de los colombianos.

A esa galería histérica ni siquiera le despertará un mínimo de remordimiento  ver a esos criminales en televisión junto a su comandante en jefe (o títere?) Juan Manuel Santos, celebrando los goles de la selección Colombia en Brasil.

Ojala este artículo despierte esa insensibilidad y silencio complice…………… 



"Guerrilleros muertos en combate" y la persistente impunidad en el ejército colombiano 

por John Lindsay-Poland

En un foro publico en el departamento del Huila el pasado mes de Enero, unas madres contaron las historias de sus hijos asesinados por las fuerzas armadas colombianas siete años atrás. El hijo de Amparo Peláez había terminado recientemente el servicio militar y trabajaba descargando bultos de papa; él y un amigo habían ido al mercado y jamás regresaron. Al día siguiente fue declarado por el ejercito como “guerrillero muerto en combate”.

Transito Sarria habló de su hijo Joselo de 28 años, quien trabajaba como conductor y una mañana le prometió que le llevaría el desayuno a su trabajo, pero nunca llegó. Un hombre la llamó por teléfono, se burló de ella, y le dijo que chequeara la morgue, donde posteriormente encontró el cuerpo de su hijo. El ejercito dijo por la radio que habían matado a un criminal.

Andrés Duarte regresó al pueblo de Gigante, Huila con su madre una tarde en Abril del 2007. Mas tarde salió a jugar billar y jamás regresó. Al siguiente día, el teniente coronel Jaime Lasprilla Villamizar [hoy comandante del ejército] declaró que Duarte había sido otro “guerrillero muerto en combate”, junto con otros cuatro.


Todos estos asesinatos eran conocidos como “falsos positivos”: homicidios de civiles inocentes cometidos por soldados, a quienes declaraban como guerrilleros o criminales y promocionaban como éxitos operacionales del ejercito. Entre el 2000 y 2010, 5.763 homicidios han sido investigados por la procuraduría general o documentados por organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos años he estudiado el contexto de esta violencia con base en información sobre ejecuciones extrajudiciales y su relación con la ayuda del ejercito de EE.UU. compilada por la Asociación para la Reconciliación (En Ingles, Fellowship of Reconciliation, FOR) y la Coordinización Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque el numero de “falsos positivos” ha disminuido considerablemente como resultado de la indignación local, nacional e internacional, estos asesinatos continúan siendo importantes por varias razones.

Primero, el hecho de que tantos asesinatos hayan ocurrido durante un periodo en el que la cooperación de Estaos Unidos fue masiva, plantea la pregunta sobre el impacto que esta ayuda militar  tuvo en el respeto por los derechos humanos por parte del ejército colombiano. Estados Unidos entregó 5,7 billones de dólares (5.700 millones de dólares) en ayuda militar y policial a Colombia entre 2000 y 2010. Desde el 2002 hasta el 2008, muchos más colombianos han sido registrados como beneficiarios de entrenamiento militar y policial en Estados Unidos que de cualquier otro país – aproximadamente uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió entrenamiento militar en Estados Unidos durante ese periodo era colombiano.

Oficiales del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos elogian el desempeño de Colombia, citándolo como un “exportador de seguridad” y de ahí que financian programas de entrenamiento por parte de colombianos a fuerzas policiales de otros países. La ayuda militar y policial de Estados Unidos alrededor del mundo ha crecido cinco veces desde 2001, alcanzando  $25 billones en 2012; no obstante, no se ha hecho ninguna evaluación formal de los resultados de esa ayuda en términos de derechos humanos. El caso colombiano es fundamental para entender esos resultados.

Segundo, oficiales militares que comandaban las unidades militares en los que ocurrían los crímenes llamados “falsos positivos” continúan ascendiendo profesionalmente. Entre 2006 y 2007, cuando Jaime Lasprilla era comandante de la novena brigada del ejército en el Huila, ocurrió una serie de asesinatos extrajudiciales; no obstante, en Febrero de este año, ya como mayor general, fue nombrado por Juan Manuel Santos como comandante del ejército colombiano.

Tercero, la aplicación de justicia por los abusos militares es un asunto complicado en las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC con miras a terminar un conflicto armado de 50 años. Los líderes de las FARC exigen una solución que no incluya ir a la cárcel, y el ejército por su parte espera un tratamiento similar.

Finalmente, ha habido poca aplicación de justicia en la mayoría de estos crímenes. En 2013, solo el 13% de los más de 5.763 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas han concluido en un juicio o en sentencias – aunque es una mejoría comparada con el escaso 2% de casos que llegaron a juicio o sentencias en el 2009. Los familiares de las victimas buscan reivindicación con sus seres queridos puestos que ellos no eran criminales, y piden condenas para los militares responsables de los asesinatos.

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La persistente institucionalización de la impunidad por los abusos de derechos humanos en Colombia se hizo evidente en Febrero 18 de este año cuando un comandante militar que supervisó muchas de los asesinatos llamados “falsos positivos” fue remplazado por otro. Ese día el Presidente Juan Manuel Santos despidió al jefe de las fuerzas armadas Leonardo Barrero por conversar telefónicamente con otro oficial que estaba detenido y bajo investigación por asesinatos extrajudiciales. En esta conversación Barrero le decía que “montaran una mafia” para enfrentar a los fiscales de derechos humanos que estaban a cargo de los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios que Barrero le hacia al oficial detenido fueron revelados por la revista Semana, como parte de cientos de conversaciones grabadas que revelaban la inmensa corrupción entre oficiales detenidos y en servicio activo. Estos oficiales conspiraban ademas para obtener contratos de compras para el ejército – como repuestos de helicópteros- y conseguir fondos para ayudar a soldados acusados por los asesinatos de civiles. Después de las revelaciones de Semana, Barrero fue relevado de su puesto junto con otros cuatro generales.
Generales Juan Pablo Rodriguez y Jaime Lasprilla, comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejercito respectivamente

Como resultado de la sacudida, el general Lasprilla fue nombrado comandante del ejercito. Anteriormente, Lasprilla había comandado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad encargada de combatir el frente sur de las FARC, del que hacen parte muchos jefes de las FARC. Su nombramiento ocurrió inmediatamente después de que sirvió seis meses como comandante del comando de Operaciones Conjuntas Especiales de Colombia.  Las dos unidades que comandó Lasprilla han sido estratégicas para la cooperación militar de Estados Unidos con Colombia.

En particular, el comando de operaciones especiales tiene un papel fundamental en las operaciones de bombardeo contra los líderes de las FARC, el cual fue resaltado en una investigación reciente del periódico Washington Post. El Washington Post describió cómo asesores de Estados Unidos le proporcionaron a Colombia kits de GPS con los que monitoreaban y controlaban los objetivos de las operaciones de bombardeo dirigidos a asesinar “objetivos de alto valor”, los cuales han arrojado como resultado la muerte de 40 jefes guerrilleros desde el 2007. Oficiales de las fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia desarrollaron tácticas que incluyen bombas de alta-presión destinadas a asesinar a todas las personas que se encontraban en campamentos rurales, y que luego proseguían con operaciones terrestres con el objetivo de “rematar a los heridos que trataban de buscar protección”.

La novena brigada del ejército en el Huila no recibió la misma atención por parte de Estados Unidos como la Fuerza de Tarea Omega o el comando de operaciones especiales; no obstante, recibió una ayuda significativa durante periodos clave. Durante el comando de Lasprilla de la 9ª brigada, desde Julio 2006 a Noviembre 2007, personal de mando y tres batallones fueron autorizados y beneficiarios de ayuda de Estados Unidos, incluyendo el uso de helicópteros. Lasprilla acababa de completar cursos en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, durante el periodo entre Agosto 2005 y Junio 2006. Desde 2002 a 2003, el entonces teniente coronel Lasprilla fue instructor de la antigua Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia (ahora, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC), donde anteriormente también había sido un estudiante en calidad de cadete. En pocas palabras, el general Lasprilla ha recibido un extenso entrenamiento militar en Estados Unidos, buena parte del cual ocurrió para la época en que asumió el comando en el Huila.

El entrenamiento militar en Estados Unidos, especialmente en WHINSEC, es prácticamente un requisito para el ascenso de oficiales del ejército colombiano; de hecho, este ha sido el caso con comandantes de la 9a Brigada y sus sub-unidades. Tres oficiales que fueron entrenados durante un año en WHINSEC, posteriormente comandaron la 9a Brigada entre el 2002 y el 2004.

Una revisión realizada por la organización FOR en el 2002, sobre oficiales del ejército que pasaron un año como instructores o tomaron el curso de comando en WHINSEC entre 2001 y 2003, encontró que 12 de los 25 oficiales a quienes se les pudo rastrear cargos posteriores, habían sido acusados de serios crímenes o habían dirigido unidades en donde soldados habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, WHINSEC, sigue evaluando sus éxitos según el número de graduados que ascienden a “posiciones importantes.”

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Durante el comando de Lasprilla, 75 asesinatos han sido directamente atribuidos a soldados de la 9a Brigada, lo cual ubica a Lasprilla como el oficial en servicio activo con el número más alto de asesinatos extrajudiciales registrados bajo su cargo como comandante de brigada. La unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General de Colombia está investigando 40 asesinatos cometidos por soldados de la 9a Brigada bajo el comando de Lasprilla. El Centro Jesuita para la Educación Popular y la Investigación y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Colombia ha documentado otros 35 asesinatos extrajudiciales directamente atribuidos a soldados bajo el comando de Lasprilla.

Según otros informes, la Oficina del Fiscal General esta investigando otros 22 asesinatos en el Huila cometidos por soldados colombianos durante el comando de Lasprilla en esa jurisdicción. A pesar que la unidad responsable de estos asesinatos no ha sido oficialmente identificada, es de anotar que ninguna otra brigada del ejército operaba en el Huila en ese tiempo.

Hasta Septiembre del 2013, muy pocos de estos casos habían pasado la fase de investigación inicial. En solo un caso, el cual involucró el asesinato de dos personas, un soldado de infantería fue declarado culpable y sentenciado. Según información proporcionada por el procurador general de Colombia, de 190 ejecuciones registradas en el Huila, 77% de las investigaciones estaba aun en etapa preliminar. El tiempo promedio que ha pasado desde la ocurrencia de los asesinatos y la situación actual es siete años.

Aunque el Huila muestra la tendencia de los “falsos positivos,” también hay casos en los que soldados dijeron que criminales o ladrones, no guerrilleros, fueron capturados en el acto, lo cual supuestamente llevó a un intercambio de disparos. Yo les pregunte a investigadores, periodistas y abogados conocedores de varios casos si algunos asesinatos que pudieron ser de miembros de la milicia de la guerrilla pero muertos fuera de  combate, aún podrían ser considerados asesinatos extrajudiciales. Ellos respondieron que si bien hubo algunos de estos casos, ellos representan una pequeña minoría del total.

En el Huila también ocurrieron detenciones masivas de cientos de personas por parte de las fuerzas armadas, especialmente entre el 2002 y 2004. El ejército justificó estos arrestos acusando a los detenidos de tener vínculos con grupos terroristas, pero la gran mayoría fueron posteriormente puestos en libertad por falta de evidencias. Algunos han sugerido que los arrestos de estas personas fue un preludio a su posterior asesinato. Las detenciones se concentraron en municipalidades donde hubo 11 asesinatos extrajudiciales registrados entre 2004 y 2006.

Observadores militares han sugerido un relación causal entre la magnitud de los combates o la violencia debida a la guerra y el número de asesinatos extrajudiciales reportados en Colombia, con base en lo cual sugieren que la violencia es producto de errores que ocurren en la “niebla de la guerra.” Para verificar esta tesis, yo examiné la información sobre los combates ocurridos en el Huila y encontré que más de 2 de cada 3 ejecuciones reportadas – 69%- ocurrieron más de 30 días después del más reciente evento de combate reportado en la misma municipalidad. Y solo 13% de estos asesinatos ocurrieron en los ocho días siguientes a un combate en la misma municipalidad, lo cual sugiere que estas ejecuciones no ocurrieron como resultado de enfrentamientos.

Antes que Lasprilla asumiera como comandante, las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la 9a brigada habían sido problemáticas pero no tan endémicas. En la primera mitad del 2006, antes de que Lasprilla llegara, se habían registrado 6 ejecuciones cometidas por la 9a brigada según los reportes- una al mes. Según reportes, en la segunda mitad del 2006, hubo 12 ejecuciones cometidas por los soldados de la brigada; y en el 2007, hasta la fecha que Lasprilla dejo la brigada (17 de Noviembre), ocurrieron 63 ejecuciones cometidas por miembros de esa brigada, lo que equivale a 6 al mes.

Muy poca atención nacional e internacional han recibido las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, de hecho la 9ª brigada parece ser una unidad “Teflón” pues muy pocas investigaciones han salido adelante. Una de las pocas condenas de miembros de la brigada fue llevada a cabo por un fiscal de otro departamento, por un asesinato cometido en Antioquia, fuera de la jurisdicción de la brigada.

El numero de “falsos positivos” del ejercito disminuyó drásticamente después del 2008, como resultado de denuncias hechas por familiares de las víctimas, difusión en la prensa, y por el apoyo de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Estas acciones conllevaron a nuevas políticas del ejército que priorizan las capturas a los asesinatos, reforzadas mediante procesamientos judiciales más efectivos; a la existencia de menos áreas en disputa en el conflicto armado; y a la suspensión de la ayuda militar directa de EE.UU. a algunas unidades. Esta reducción muestra el exitoso papel que ha jugado la intervención de la sociedad en la denuncia de las injusticias militares en Colombia.

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El personaje central en las revelaciones de Semana que llevaron al despido de Barrero es el coronel Robinson González del Río. González del Río estaba bajo el comando inmediato de Barrero e implicado en 12 asesinatos de civiles entre 2007 y 2008 mientras  comandaba un batallón en la región cafetera de Colombia. Según información suministrada por la oficina del fiscal general y organizaciones de derechos humanos, soldados de la brigada 29 cometieron 51 ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia de Barrero.

Con ocasión de la publicación de las grabaciones el pasado 18 de Febrero, como nuevo jefe de las fuerzas armadas fue nombrado el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. La oficina del fiscal general está investigando 8 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez entre 2006 y 2008, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado otros 11 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez que nunca ingresaron al sistema judicial. 16 de estos asesinatos ocurrieron en Antioquia en un periodo de apenas 8 meses. No se tiene conocimiento que Rodríguez Barragán este judicialmente implicado en estos casos, pero el número de asesinatos durante un periodo tan corto revela que por lo menos hubo permisividad durante su comandancia.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene varias opciones para evaluar el liderazgo del ejército colombiano, todas dentro del marco de la ley Leahy de 1997, la cual prohíbe suministrar ayuda a unidades militares o policiales cuyos miembros hayan cometido serias violaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. podría usar su influencia para presionar avances en las investigaciones y condenas de los oficiales y soldados responsables de estas ejecuciones. Podría sugerir que Lasprilla y Rodriguez sean removidos, aunque esto no conlleve avances en la aplicación de justicia por los asesinatos de civiles cometidos bajo su mando. O podría suspender la ayuda al ejército colombiano hasta que se tomen medidas eficaces para condenar a los responsables de estas ejecuciones.

Aparte de cumplir con la ley, mientras Colombia se prepara para terminar el conflicto armado, es hora de que Washington deje de apoyar estrategias que han causado tanto sufrimiento, y en su lugar aplicar el principio: Primero, no hacer daño. 


John Lindsay-Poland investiga y escribe sobre el militarismo de EE.UU. y los derechos humanos en América Latina, y es autor de Los Emperadores en la Selva: La Historia Oculta de los EE.UU. en Panamá (Duke). Este artículo es una adaptación del informe "El Ascenso y Caída de los Homicidios ‘falso positivos’ en Colombia", publicado por la Asociación para la Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

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