Se
sabia que la política económica de todos los gobiernos de Colombia, y en
especial del de Uribe, y que continua en la administración de Santos, de
promover la inversión extranjera (“confianza inversionista”) tenia como
elementos fundamentales, los atractivos beneficios tributarios, en manejo de
sus capitales, flexibilidad laboral, y protección jurídica en términos de legislación y estabilidad reguladora.
Lo que
no se sabia era que la protección jurídica se extendía a garantizarles
inmunidad cuando cometan crímenes de lesa humanidad, igual que la inmunidad que
gozan las delegaciones diplomáticas de EEUU, y sus militares y mercenarios que
actúan hombro a hombro en operaciones contra la guerrilla y la población en
general.
Así se
desprende de la decisión absolutoria que acaba de emitir la Fiscalía General en
el proceso penal contra la multinacional Chiquita Brands por el apoyo
financiero y logístico dados a las organizaciones paramilitares que actúan en
la región bananera del Urabá. Y si por los cargos por el apoyo financiero han
sido absueltos, mucho menos van a ser juzgados por su activa participación en
las masacres de miles campesinos y sindicalistas del sector bananero.
La decisión
de la Fiscalía demuestra lo podrida que esta la justicia colombiana, pues se
atreven hasta desconocer procesos judiciales en curso dentro de la jurisdicción
norteamericana, algunos de los cuales ya han sido cerrados pero luego de la
aceptación de cargos por parte de Chiquita Brands, al punto que en el 2007 tuvo
que pagar una primera sanción económica de 25 millones de dólares.
Los
procesos en EEUU que siguen aun abiertos incluyen investigaciones individuales
contra ex ejecutivos de la compañía involucrados directamente en los pagos a
los paramilitares; además de tres demandas interpuestas por 173 familiares de víctimas de las AUC, quienes son representadas por el prestigioso abogado Terry Collingsworth, director general de la
organization internacional con sede en Washington, Defensores de Derechos Internacionales (International Rights Advocates).
La
actuación de la justicia colombiana es un mensaje claro para los
“inversionistas extranjeros”, en el sentido de que no tienen que preocuparse ni
siquiera por la comisión de crímenes de lesa humanidad y asesinatos selectivos como
los cometidos por Chiquita Brands, Coca Cola, la Drummond, Occidental Petroleum;
Gran Colombia Gold, etc.; mucho menos por la explotación y atropello de su trabajadores,
la violación de normas ambientales, los fraudes tributarios y fiscales,…..
La
decisión de la Fiscalía es tan aberrante que no sorprendería que los ejecutivos
de las multinacionales que tenían, o aun tienen, negocios en Colombia y que
tienen procesos penales abiertos por fuera del país por crímenes y violaciones
de derechos humanos, terminen refugiándose precisamente en Colombia, el país
donde cometieron los crímenes pero el que les ofrece toda protección e
inmunidad solo por ser los consentidos/intocables “inversionistas extranjeros”
del gobierno.
No se
sorprendan tampoco si ven pronto en las paginas sociales de los periódicos y
revistas criollas (o de consultores del gobierno de Santos) a personajes como Robert
Fisher, Steven G. Wars, Carl H. Linder, Durk Jaguer, Jeffrey Benjamin, Morten
Amtzen, Roderick Hills, Cyrus F. Freidheim y Robert Olson, todos ex ejecutivos
de la multinacional Chiquita Brands, actualmente con procesos en curso en los EEUU
por su participación directa o indirecta en las masacres del Urabá.
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