domingo, 1 de abril de 2012

Chiquita Brands, inocente en masacres de Urabá según la Fiscalía General. No se pueden quejar “inversionistas extranjeros”, Uds también gozan de inmunidad!



Se sabia que la política económica de todos los gobiernos de Colombia, y en especial del de Uribe, y que continua en la administración de Santos, de promover la inversión extranjera (“confianza inversionista”) tenia como elementos fundamentales, los atractivos beneficios tributarios, en manejo de sus capitales, flexibilidad laboral, y protección jurídica en términos de legislación y estabilidad reguladora.

Lo que no se sabia era que la protección jurídica se extendía a garantizarles inmunidad cuando cometan crímenes de lesa humanidad, igual que la inmunidad que gozan las delegaciones diplomáticas de EEUU, y sus militares y mercenarios que actúan hombro a hombro en operaciones contra la guerrilla y la población en general.

Así se desprende de la decisión absolutoria que acaba de emitir la Fiscalía General en el proceso penal contra la multinacional Chiquita Brands por el apoyo financiero y logístico dados a las organizaciones paramilitares que actúan en la región bananera del Urabá. Y si por los cargos por el apoyo financiero han sido absueltos, mucho menos van a ser juzgados por su activa participación en las masacres de miles campesinos y sindicalistas del sector bananero.

La decisión de la Fiscalía demuestra lo podrida que esta la justicia colombiana, pues se atreven hasta desconocer procesos judiciales en curso dentro de la jurisdicción norteamericana, algunos de los cuales ya han sido cerrados pero luego de la aceptación de cargos por parte de Chiquita Brands, al punto que en el 2007 tuvo que pagar una primera sanción económica de 25 millones de dólares.

Los procesos en EEUU que siguen aun abiertos incluyen investigaciones individuales contra ex ejecutivos de la compañía involucrados directamente en los pagos a los paramilitares; además de tres demandas interpuestas por 173 familiares de víctimas de las AUC, quienes son representadas por el prestigioso abogado Terry Collingsworth, director general de la organization internacional con sede en Washington, Defensores de Derechos Internacionales (International Rights Advocates).

La actuación de la justicia colombiana es un mensaje claro para los “inversionistas extranjeros”, en el sentido de que no tienen que preocuparse ni siquiera por la comisión de crímenes de lesa humanidad y asesinatos selectivos como los cometidos por Chiquita Brands, Coca Cola, la Drummond, Occidental Petroleum; Gran Colombia Gold, etc.; mucho menos por la explotación y atropello de su trabajadores, la violación de normas ambientales, los fraudes tributarios y fiscales,…..

La decisión de la Fiscalía es tan aberrante que no sorprendería que los ejecutivos de las multinacionales que tenían, o aun tienen, negocios en Colombia y que tienen procesos penales abiertos por fuera del país por crímenes y violaciones de derechos humanos, terminen refugiándose precisamente en Colombia, el país donde cometieron los crímenes pero el que les ofrece toda protección e inmunidad solo por ser los consentidos/intocables “inversionistas extranjeros” del gobierno.

No se sorprendan tampoco si ven pronto en las paginas sociales de los periódicos y revistas criollas (o de consultores del gobierno de Santos) a personajes como Robert Fisher, Steven G. Wars, Carl H. Linder, Durk Jaguer, Jeffrey Benjamin, Morten Amtzen, Roderick Hills, Cyrus F. Freidheim y Robert Olson, todos ex ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands, actualmente con procesos en curso en los EEUU por su participación directa o indirecta en las masacres del Urabá.


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