Extradición de colombianos, ejemplo de “cooperación judicial” o renuncia a la soberanía de sistema judicial?

El mecanismo de la extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional que muchos gobiernos alrededor del mundo lo han adoptado, pero su implementación es observada con mucha rigurosidad precisamente para preservar la soberanía jurídica de sus naciones. De ahí que el mecanismo se aplique generalmente contra ciudadanos extranjeros que han cometido delitos dentro del país que los pide en extradición, y no contra nacionales, así estos no tengan prontuarios judiciales en el país que recibe la petición de extradición.

Pero en el caso colombiano, el mecanismo de la extradición, tal como se ha concebido e implementado desde su aprobación, constituye el acto más aberrante de entrega de la soberanía judicial. Funciona al revés de cómo se aplica en la mayoría de países que lo han adoptado. Su aplicación es prácticamente automática en contra de ciudadanos colombianos pedidos por el gobierno de EEUU, e inoperante en contra de ciudadanos extranjeros que se han refugiado en Colombia huyendo de la justicia de sus países de origen.

El caso del narcotraficante Walid Makled extraditado a Venezuela es excepcional pues las motivaciones fueron más políticas que jurídicas. Para la gran mayoría de delincuentes extranjeros, Colombia por el contrario es un paraíso. Aunque en el caso del tratado de extradición con los EEUU los hechos demuestran que lo que hay es un acuerdo tácito mediante el cual el gobierno colombiano ofrece inmunidad a delincuentes gringos que le son o han sido útiles en la ejecución de su política exterior de dominación; y viceversa, el gobierno de EEUU ofrece protección a delincuentes colombianos (generalmente altos oficiales de gobierno) que han actuado como facilitadores o promotores de sus políticas expansionistas y explotadoras. De ahí que ninguno de los tantos criminales gringos que residen en Colombia haya sido extraditado a EEUU (de hecho, tampoco los piden), ni EEUU haya extraditado a Colombia criminales de cuello blanco refugiados en su territorio; aunque tampoco el gobierno colombiano los pide. Y cuando lo hace, como en el caso de María del Pilar Hurtado desde Panamá y de Yair Klein desde Rusia, lo hace tímidamente y con argumentos jurídicos endebles como si el objetivo que persigue no es la concreción de la extradición sino la negación. La prueba es la negación de la extradición de María del Pilar Hurtado por parte del gobierno Panameño, decisión que no tuvo la más mínima respuesta de rechazo por parte del gobierno colombiano, menos una intención de apelación.

Numerosos casos demuestran la aberración que constituye la renuncia a la soberanía judicial colombiana. No es sino recordar los cientos, miles de criminales colombianos extraditados en años recientes a los EEUU por delitos de narcotráfico y bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, de la cual el gobierno de EEUU es su principal beneficiario. Miles de extradiciones que el gobierno de Uribe y aun el actual de Santos, artificiosa y desvergonzadamente las presentan como logros de sus administraciones en términos de aplicación de justicia.

Nada más falso y vergonzoso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los extraditados; primero que todo son nacionales; y segundo, porque son criminales que han cometido los más horrendos crímenes dentro del país (incluyendo masacres, genocidios) en contra de cientos de miles de colombianos. Crímenes que el gobierno, en una muestra del más vil desprecio por las víctimas y sus familias, minimiza en términos de gravedad, comparados con  los delitos de narcotráfico, que generalmente están solamente asociados al transporte y distribución de narcóticos dentro del país que pide la extradición (generalmente EEUU).

La aberración de la aplicación de la extradición por parte del gobierno colombiano llega al extremo de ignorar el hecho de que todos los extraditados han cometido también delitos de narcotráfico dentro de territorio colombiano: producción, procesamiento, transporte, distribución,.. Y nuevamente, para no mencionar los horrendos crímenes y miles de asesinatos asociados al negocio del narcotráfico cometidos en territorio colombiano, bien por cuenta de guerras internas entre carteles; bien por acciones criminales directas en contra de inocentes ciudadanos que se niegan a desocupar sus tierras, a cooperar con sus actividades criminales; o porque esas mafias, actuando en connivencia con grupos paramilitares apoyados por el propio gobierno, han participado también en el asesinato y desaparición de miles de colombianos (campesinos, líderes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos,…) que han sido estigmatizados como simpatizantes de grupos guerrilleros.

Por todo esto es que resulta repudiable (por decir lo menos) escuchar al presidente y a sus altos funcionarios (con amplia difusión a través de sus medios prepago) cuando con sus bocas llenas expresan su supuesta frustración con el gobierno de EEUU por la devolución a Colombia de uno de los narcotraficantes extraditados. Al igual que se sentían ofendidos por el gobierno de EEUU por la demora en la aprobación del TLC aduciendo razones de “mal trato” dada su condición de ser sus “mejores aliados”; con la devolución de extraditados aducen también desconsideración con un gobierno que es ejemplo de “cooperación judicial” en el mundo; el eufemismo con el que esconden la vergonzosa impunidad que reina en el país y el acto más aberrante de traición y renuncia a la soberanía nacional.