Por Jeremy Kryt
Este articulo
es la traducción del articulo originalmente publicado en In These Times bajo el
titulo: “Is the U.S. Enabling the Humanitarian Crisis in Colombia?”
Millones continúan siendo desplazados y los crímenes de guerra
continúan, pero la ayuda militar de EE.UU. sigue fluyendo.
A medida que
la guerra se prolonga y las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas
armadas continúan, la cómoda relación de Santos con la administración Obama
tiene un creciente coro de críticos que cuestionan la forma en que las fuerzas
armadas colombianas han estado utilizando todos los juguetes de alta tecnología
y la financiación recibida del Tío Sam.
Es un día muy caliente en territorio bajo control
rebelde. En una hacienda abandonada y en ruinas, en la región de Cauca en
el suroeste de Colombia, plagada de insurgencia, más de tres docenas de líderes
indígenas se han reunido a la sombra de la antigua casa solitaria para una
reunión tribal. Murales con niños y banderas de paz cubren las paredes encaladas
de adobe. Afuera, en los campos llenos de cráteres de mortero, en lo que
antes se cultivaba caña de azúcar para el mercado de California, jornaleros sin
camisa trabajan bajo el intenso calor del mediodía sembrando frijoles y
calabazas.
"Estamos en un lugar difícil", dice
Ernesto Conda, un miembro del consejo de gobierno de la tribu Nasa, uno de los varios
grupos indígenas nativos del Cauca. Conda tiene 44 años y lleva el pelo
recogido en una cola de color negro brillante con vetas grises.
"Nuestra gente está siempre bajo el fuego, al
alcance de los morteros y las ametralladoras", dice Conda, mientras toma
un descanso del consejo tribal para mostrar a este reportero la antigua
hacienda que los Nasa han ocupado en un intento por aumentar los cultivos de
subsistencia. Ellos son una veintena de familias que ahora viven aquí arrimadas
y que fueron expulsados de sus hogares en las montañas cubiertas de selva del
Cauca a causa de los combates entre las guerrillas, milicias de extrema
derecha, y las tropas colombianas.
Estas familias Nasa hacen parte de los 4,7 millones
de colombianos que han sido internamente desplazados a causa de las cinco
décadas de guerra civil, de acuerdo con un reciente estudio
patrocinado por el propio gobierno y elaborado por una comisión de la verdad
llamada el Centro Nacional para la Memoria Histórica. El informe revela
que el número de refugiados internos en esta nación andina rica en recursos naturales
es la más alta del mundo. La guerra entre las fuerzas armadas del gobierno
y las milicias de extrema derecha contra
la insurgencia izquierdista más grande del país, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), ha cobrado más de 220.000 vidas, 82 por
ciento de ellos civiles . Incontables miles de indígenas Nasa también han sido asesinados en
la guerra civil de más larga duración del mundo. Solo en la región del
Cauca al menos 128 indígenas han sido asesinados desde el inicio de 2012
en hechos violentos asociados con el conflicto.
Conversaciones de paz con las FARC para poner fin a
la guerra se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, desde el otoño pasado. Hasta
ahora son pocos los avances y los enfrentamientos continúan al mismo
ritmo. Al menos 48 soldados del gobierno fueron asesinados en los últimos
dos meses, y al menos 12 insurgentes perdieron la vida debido a ataques aéreos ocurridos
en agosto. En Agosto también estallaron protestas civiles reclamando
soluciones a las causas profundas del conflicto armado – la extrema pobreza y la
escandalosa desigualdad en la propiedad de la tierra. Masivas protestas pidiendo
una reforma agraria y reducción de la globalización económica sacudieron el
país. A pesar de la represión de las manifestaciones por parte del
presidente Juan Manuel Santos, las protestas continuaron y paralizaron el
transporte terrestre, especialmente en regiones rurales devastadas por la
guerra como el Cauca.
A pesar de su pobre historial en materia de derechos
humanos, Colombia sigue siendo el mejor aliado de Washington en la región y,
bajo el paraguas de la guerra contra las drogas, recibe más ayuda militar que
cualquier otra nación en el hemisferio. Pero ahora, a raíz del informe de la
comisión de la verdad y la respuesta brutal del gobierno a las protestas
nacionales, un coro creciente de observadores internacionales sostienen que la
política exterior de EEUU, incluida su ayuda militar y los acuerdos
comerciales, podría estar ayudando a
alimentar la violencia y contribuyendo a la grave situación que padecen los que
están atrapados en el fuego cruzado, tal como las familias Nasa de Conda que
han sido desplazadas.
"Los acuerdos de libre comercio y la
globalización en general tienen ganadores y perdedores", dice Adam
Isacson, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en
una entrevista concedida a In These Times . "Cuando hay
protestas por lo que esta pasando, los del bando perdedor a menudo son acusados
de simpatizar con la guerrilla, y terminan siendo reprimidos por las fuerzas
de seguridad de Colombia. Las mismas fuerzas que han sido fortalecidas por
la ayuda militar que por muchos anos han recibido de parte del gobierno de
EE.UU."
Una crisis humanitaria real
Las desesperantes condiciones de vida que padecen
los desplazados y campesinos pobres de Colombia fue el detonante para que
decenas de miles de pequeños agricultores e indígenas salieran a las calles y
carreteras el 19 de agosto, a participar en una serie de protestas masivas que
sacudieron a la nación. Entre los reclamos exigían una verdadera reforma
agraria y el fin de los acuerdos de libre comercio especialmente con Estados
Unidos, el cual ha socavado la economía local. A las protestas de los
agricultores pronto se unieron los estudiantes y trabajadores sindicalizados y
entre todos bloquearon 72 de las principales arterias viales del país. En
el último fin de semana del mes de Agosto, 30.000 manifestantes marcharon en la
propia Bogotá. El gobierno, luego de haber declarado que las protestas no
existían, decretó la ley marcial. Hasta la fecha, los enfrentamientos
entre manifestantes y la policía han dejado un saldo de seis manifestantes
muertos y muchos más heridos, como consecuencia de los recurrentes disparos por
parte de las autoridades en contra de las marchas pacíficas, unas veces
con gases lacrimógenos y otras incluso con balas reales.
"Esta es una verdadera crisis
humanitaria", dice Judith Maldonado, directora de la firma de abogados
Luis Carlos Pérez con sede en Bogotá, la cual se especializa en casos de
derechos humanos. "Los agricultores sienten que han sido abandonados
por el gobierno. Miran a su alrededor y se dan cuenta que no tienen ningún
sistema educativo, ni centros médicos, ni futuro. Y por eso es que se están
expresando a través de demostraciones pacíficas ", dice
Maldonado. "Pero el gobierno no tolera las protestas
masivas."
Para frenar las protestas el presidente colombiano
Juan Manuel Santos ordenó la ocupación de Bogotá y otras áreas urbanas mediante
la movilización de 50.000 soldados. El jefe Nasa Conda dice que una
respuesta tan dura por parte del gobierno no ayudará en nada a aliviar el
sufrimiento generalizado y las duras condiciones de vida que inspiraron el
levantamiento popular.
"Esta lucha ha estado ocurriendo desde mediados
del siglo pasado", dice Conda, agarrando el bastón de borlas recubierto de
plata el cual es el símbolo de su autoridad tribal. "Nuestras
comunidades viven en una crisis social permanente, y los jóvenes especialmente,
no ven ninguna salida."
Los ataques terroristas están aumentando
Seis grupos armados ilegales operan en el territorio
de los NASA, de acuerdo con de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca (ACIN). Todos los seis grupos trafican armas y estupefacientes,
en flagrante violación de los derechos tradicionales del territorio
NASA. Aunque debilitadas por décadas de guerra, las FARC cuentan aun con
unos 9.000 combatientes en todo el país, y la mayor presencia armada de
esta insurgencia marxista aun se presenta en el Cauca. Pero las FARC están
siendo enfrentadas por una serie de pequeños grupos armados, en su mayoría
milicias derechistas que dicen odiar a las FARC por razones ideológicas, grupos
que al mismo tiempo montan y explotan instalaciones de producción de drogas y ejercen
control sobre el territorio.
A medida que la competencia entre narcotraficantes
aumenta, la violencia contra la población civil sigue empeorando tanto en el
Cauca como en el resto del país. Según Human Rights Watch un 34 por
ciento en las masacres han sido cometidas por los grupos paramilitares de
extrema derecha desde 2010. Mientras tanto, los bloques de las FARC
reclutan niños de las aldeas rurales, siembran minas terrestres y atacan con
carro bombas a centros de población civil que se niegan a suministrar ayuda a
los guerrilleros o desafiar su autoridad. El Informe Anual sobre
Terrorismo por Países elaborado por el gobierno de EE.UU. muestra que, en
general, los ataques terroristas se han incrementado a lo largo y ancho de
Colombia. En lo que va corrido del 2013 también se ha observado
un fuerte repunte en los ataques contra los investigadores de derechos
humanos; 17 activistas de derechos humanos fueron asesinados el año pasado sólo
en el departamento del Cauca.
Pero los rebeldes y traficantes de drogas no son los
únicos grupos armados que intimidan a los nativos. Indígenas y pequeños agricultores
de Colombia dicen que también están en la mira de las fuerzas armadas del
gobierno colombiano. Detenciones ilegales y requisas son comunes, al igual que
las ejecuciones extrajudiciales. Los asesinatos de civiles son tan
generalizados que hay incluso un apodo para referirse a ellos, "falsos
positivos", ya que la practica del ejercito es vestir a las víctimas con
uniformes de guerrilleros y así aumentar el numero de bajas ocasionadas a la
guerrilla. Con esta practica, más de
3,000 civiles inocentes han sido asesinados en la última década.
La ayuda militar de EE.UU.
De las cerca de 2.000 masacres ocurridas en Colombia
desde 1980, más de las dos terceras partes fueron cometidas por milicias de extrema derecha vinculados a
las fuerzas armadas, o por las propias fuerzas armadas, según el nuevo informe
de la comisión de la verdad. El ejército y la policía solos son
responsables del 42 por ciento de los 25.000 desaparecidos de la nación. A pesar de un mayor escrutinio por el
Departamento de Estado y de la afirmación del gobierno colombiano de haber
purgado de delincuentes todas las unidades militares y policiales, grupos de
derechos humanos han documentado cerca de 50 crímenes de guerra cometidos por
las tropas colombianas en el 2012, incluyendo falsos positivos y detenciones
ilegales.
En 1997, el Congreso aprobó la Ley Leahy, para
evitar que la ayuda militar de EE.UU. posibilite precisamente este tipo de
abusos fuera del país, pero la falta de supervisión y de voluntad política han
obstaculizado los esfuerzos de verdaderas reformas.
"Unidades que incluso habían sido examinadas y certificadas
[por el Departamento de Estado de EE.UU.] para recibir ayuda están cometiendo
falsos positivos", dice Isacson de WOLA.
John Lindsay-Poland, director de investigación de la
Comunidad para la Reconciliación (FOR) con sede en California, y que acaba de
regresar de un viaje de investigación en Colombia, dice que debido a la falta
de supervisión y denuncias de culpabilidad por parte EE.UU. en relación con los
crímenes de guerra y abusos de civiles, él cree que:
"La ayuda militar de EE.UU. a Colombia se debe terminar.
Esta es una contribución a la guerra sobre todo cuando están en curso
negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado de 49 años ", dice
Lindsay-Poland. "El ejército [de Colombia] ha asesinado a miles de
civiles con prácticamente total impunidad."
La ayuda militar no es suficiente
La región del Cauca, salvaje y agreste, es una de
las más afectadas por la violencia debido a su accidentada topografía, a que
allí confluyen las carreteras principales, y al clima perfecto para los cultivos
ilícitos (especialmente hoja de coca, la materia prima de la cocaína). Además
de ser el corazón oscuro del conflicto colombiano, a su vez alimentado por el
trafico de drogas, Cauca es también el centro de una de las tasas mas altas de ocurrencia
de falsos positivos entre todos los departamentos.
En el norte del Cauca, una brecha en las montañas
obliga a que los envíos de cocaína desde las tierras altas del sur del país sigan
el curso de un embudo estrecho, para luego tomar la vía a Cali y hacia la costa
en medio de un campo de batalla ferozmente disputado. Negocios de drogas de
la guerrilla y bandas paramilitares
compiten con las tropas del gobierno y entre sí por el punto de acceso, a
menudo con los indígenas y pequeños agricultores atrapados en el medio cuando
los enfrentamientos estallan o aviones bombarderos aparecen repentinamente.
"En primer lugar tratamos de tomar las tierras
altas y las cimas de las montañas", dice el coronel Germán López,
comandante de la Base de Operaciones en Caloto, sentado en su escritorio en un
búnker reforzado con sacos de arena. "Desde allí salimos a dar
seguridad a los pueblos pequeños y aldeas y tratamos de controlar las carreteras
... Pero eso no es fácil. A veces los
guerrilleros se esconden en las casas. A veces están vestidos de
civil. Cuando de repente se presenta una
emboscada es muy difícil distinguir entre el que dispara y el que es
simplemente un espectador."
López, quien fue entrenado en contrainsurgencia en
Texas y mantiene una gran biblia estratégicamente ubicada en su escritorio de
la base de Caloto, dice a este reportero que la ayuda de EE.UU. era
"absolutamente esencial" para mantener la seguridad en el Cauca.
"Pero la ayuda militar no es suficiente",
dice López. "La principal causa de la delincuencia y [el trafico de
drogas] en el Cauca es la terrible pobreza. Tenemos que construir confianza y fe ayudando a la población local, y
darle a la gente algo en que creer
"
El director de FOR Lindsay-Poland esta de acuerdo:
"[La ayuda militar] no soluciona los problemas que
dan originan al tráfico de drogas", dice. "Las necesidades
civiles [en Colombia] en educación, salud, vivienda, infraestructura y
protección del medio ambiente están desfinanciadas, y de mil maneras."
Desde 2009, Washington ha enviado más de 2.030
millones de dólares en ayuda militar y policial a Colombia - 25 por ciento
más que lo que se gastó para combatir la guerra contra las drogas en México
durante el mismo lapso. Cerca de $ 280 millones más están listos para ser
entregados en 2013.
La financiación de las fuerzas armadas de Colombia
continúa a pesar de las evidencias presentadas en un estudio del 2010 el
cual mostró que la tasa de asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de
guerra cometidos por unidades individuales frecuentemente se había disparado justo
después de recibir la ayuda de EE.UU.; la cual se traducía en capacitación,
construcción, suministro de flotas de helicópteros y sistemas de armas
avanzados. El número de atrocidades registradas por las mismas unidades
posteriormente bajó cuando la ayuda fue retirada.
"Muchas unidades han cometido terribles abusos de
derechos humanos después de haber recibido asistencia [militar]", dice
Lindsay-Poland, quien se ha desempeñado como asesor del Departamento de Estado
en Colombia. El acusa al gobierno de Obama de no "evaluar el impacto en
los derechos humanos causado por la inmensa ayuda militar que recibe Colombia.
Una política basada en la erradicación de la
violencia ... sería muy diferente
Para justificar la continua ayuda al gobierno
colombiano, los funcionarios estadounidenses acuden a las cifras: de acuerdo a
la información suministrada a These
Times por la Oficina Internacional
de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de
EE.UU., el cultivo de hoja de coca en Colombia bajó 7 por ciento entre el
2011-2012, debido en gran parte a los esfuerzos de fumigación y de erradicación
en terreno por parte del ejército. La
producción total de cocaína pura colombiana ha caído desde un máximo histórico
de 700 toneladas en 2001 a sólo 175 toneladas en 2012, una caída del 75 por
ciento. Con ocasión de estas cifras tan optimistas, algunos en Washington han
empezado a vender los esfuerzos la guerra contra las drogas en Colombia como un
modelo a seguir en México y América Central.
Pero aun cuando la producción de cocaína se ha
reducido, los insurgentes y bandas criminales de Colombia han recurrido a otras
fuentes de financiación como la minería de metales preciosos, lo cual las hace
menos dependientes del narcotráfico. Y la caída en la producción de drogas
no se ha traducido en una disminución de la violencia. Como muchos otros críticos, el director
Lindsay-Poland se niega a etiquetar el modelo colombiano como un éxito:
"Un programa que ha dado como resultado, o no hecho
nada para detenerlo, el desplazamiento forzoso de cinco millones de personas no
puede ser considerado exitoso, sino mas bien un desastre para los derechos
humanos", dice Lindsay-Poland. "Una política basada en la
erradicación de la violencia en lugar de la reducción de la hoja de coca se
vería mucho mas diferente."
El Departamento de Estado no acepto la solicitud de In
These Times de hacer comentarios sobre los abusos de derechos humanos
en Colombia.
El derecho a existir
Algunos críticos no solo sostienen que la ayuda
militar de EE.UU. está posibilitando los abusos de derechos humanos, también
alegan que el tratado de libre comercio con Estados Unidos está paralizando la
economía colombiana.
"Los que pierden son los agricultores que no
pueden competir con importaciones de productos baratos, los trabajadores no
pueden negociar colectivamente, y las comunidades indígenas y afro-colombianas
asentadas en tierras fértiles, con minerales valiosos o petróleo", dice
Isacson de WOLA.
Esas afirmaciones son repetidas por los agricultores
en paro, quienes continúan bloqueando las carreteras y realizando manifestaciones
en varios departamentos. Dicen que las semillas importadas costosas y los granos
baratos que Colombia está obligada a comprar en el marco del Tratado de Libre
Comercio entre EE.UU. y Colombia hacen que sea imposible que los productores
locales puedan competir.
"Los acuerdos comerciales benefician a los
ricos terratenientes, quienes a su vez apoyan a los políticos de Bogotá",
dice Maldonado, el director de una firma de abogados, quien representa a un
sindicato agrario. "No hay nada democrático al respecto."
De vuelta en Cauca, el jefe Nasa Conda dice que es
difícil para él entender por qué las condiciones básicas de vida siguen siendo
tan duras para los 15 millones de pequeños
agricultores, indígenas y afrocolombianos del país que viven en la pobreza,
teniendo en cuenta los miles de millones de dólares que han sido entregados a
Bogotá en los últimos años.
"El gobierno no hace presencia aquí", dice
Conda. "No tenemos una economía sostenible de ningún tipo. Nuestras casas ya han sido destruidas. Nuestro
pueblo no tiene libertad. Nuestros niños
son mutilados por minas quiebrapatas".
Conda voltea a mirar hacia los campos de malezas y las construcciones destrozadas
de la hacienda en ruinas donde su pueblo ha venido en busca de refugio.
"Tenemos el derecho a existir", dice
Conda. "Tenemos el derecho a vivir."
Jeremy
Kryt es
un periodista con sede en Chicago
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