domingo, 15 de septiembre de 2013

Están los EE.UU. Facilitando la Crisis Humanitaria en Colombia?


Por Jeremy Kryt

Este articulo es la traducción del articulo originalmente publicado en In These Times bajo el titulo: “Is the U.S. Enabling the Humanitarian Crisis in Colombia?”

Millones continúan siendo desplazados y los crímenes de guerra continúan, pero la ayuda militar de EE.UU. sigue fluyendo.

A medida que la guerra se prolonga y las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas armadas continúan, la cómoda relación de Santos con la administración Obama tiene un creciente coro de críticos que cuestionan la forma en que las fuerzas armadas colombianas han estado utilizando todos los juguetes de alta tecnología y la financiación recibida del Tío Sam.
Es un día muy caliente en territorio bajo control rebelde. En una hacienda abandonada y en ruinas, en la región de Cauca en el suroeste de Colombia, plagada de insurgencia, más de tres docenas de líderes indígenas se han reunido a la sombra de la antigua casa solitaria para una reunión tribal. Murales con niños y banderas de paz cubren las paredes encaladas de adobe. Afuera, en los campos llenos de cráteres de mortero, en lo que antes se cultivaba caña de azúcar para el mercado de California, jornaleros sin camisa trabajan bajo el intenso calor del mediodía sembrando frijoles y calabazas.
"Estamos en un lugar difícil", dice Ernesto Conda, un miembro del consejo de gobierno de la tribu Nasa, uno de los varios grupos indígenas nativos del Cauca. Conda tiene 44 años y lleva el pelo recogido en una cola de color negro brillante con vetas grises.
"Nuestra gente está siempre bajo el fuego, al alcance de los morteros y las ametralladoras", dice Conda, mientras toma un descanso del consejo tribal para mostrar a este reportero la antigua hacienda que los Nasa han ocupado en un intento por aumentar los cultivos de subsistencia.  Ellos son una veintena de familias que ahora viven aquí arrimadas y que fueron expulsados ​​de sus hogares en las montañas cubiertas de selva del Cauca a causa de los combates entre las guerrillas, milicias de extrema derecha, y las tropas colombianas.
Estas familias Nasa hacen parte de los 4,7 millones de colombianos que han sido internamente desplazados a causa de las cinco décadas de guerra civil, de acuerdo con un reciente estudio  patrocinado por el propio gobierno y elaborado por una comisión de la verdad llamada el Centro Nacional para la Memoria Histórica. El informe revela que el número de refugiados internos en esta nación andina rica en recursos naturales es la más alta del mundo. La guerra entre las fuerzas armadas del gobierno y las milicias de extrema derecha  contra la insurgencia izquierdista más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha cobrado más de 220.000 vidas, 82 por ciento de ellos civiles . Incontables miles de  indígenas Nasa también han sido asesinados en la guerra civil de más larga duración del mundo. Solo en la región del Cauca al menos 128 indígenas han sido asesinados desde el inicio de 2012 en hechos violentos asociados con el conflicto.
Conversaciones de paz con las FARC para poner fin a la guerra se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, desde el otoño pasado. Hasta ahora son pocos los avances y los enfrentamientos continúan al mismo ritmo. Al menos 48 soldados del gobierno fueron asesinados en los últimos dos meses, y al menos 12 insurgentes perdieron la vida debido a ataques aéreos ocurridos en agosto. En Agosto también estallaron protestas civiles reclamando soluciones a las causas profundas del conflicto armado – la extrema pobreza y la escandalosa desigualdad en la propiedad de la tierra. Masivas protestas pidiendo una reforma agraria y reducción de la globalización económica sacudieron el país. A pesar de la represión de las manifestaciones por parte del presidente Juan Manuel Santos, las protestas continuaron y paralizaron el transporte terrestre, especialmente en regiones rurales devastadas por la guerra como el Cauca.
A pesar de su pobre historial en materia de derechos humanos, Colombia sigue siendo el mejor aliado de Washington en la región y, bajo el paraguas de la guerra contra las drogas, recibe más ayuda militar que cualquier otra nación en el hemisferio. Pero ahora, a raíz del informe de la comisión de la verdad y la respuesta brutal del gobierno a las protestas nacionales, un coro creciente de observadores internacionales sostienen que la política exterior de EEUU, incluida su ayuda militar y los acuerdos comerciales, podría estar ayudando  a alimentar la violencia y contribuyendo a la grave situación que padecen los que están atrapados en el fuego cruzado, tal como las familias Nasa de Conda que han sido desplazadas.
"Los acuerdos de libre comercio y la globalización en general tienen ganadores y perdedores", dice Adam Isacson, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en una entrevista concedida a In These Times . "Cuando hay protestas por lo que esta pasando, los del bando perdedor a menudo son acusados ​​de simpatizar con la guerrilla, y terminan siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad de Colombia. Las mismas fuerzas que han sido fortalecidas por la ayuda militar que por muchos anos han recibido de parte del gobierno de EE.UU."
Una crisis humanitaria real
Las desesperantes condiciones de vida que padecen los desplazados y campesinos pobres de Colombia fue el detonante para que decenas de miles de pequeños agricultores e indígenas salieran a las calles y carreteras el 19 de agosto, a participar en una serie de protestas masivas que sacudieron a la nación. Entre los reclamos exigían una verdadera reforma agraria y el fin de los acuerdos de libre comercio especialmente con Estados Unidos, el cual ha socavado la economía local. A las protestas de los agricultores pronto se unieron los estudiantes y trabajadores sindicalizados y entre todos bloquearon 72 de las principales arterias viales del país. En el último fin de semana del mes de Agosto, 30.000 manifestantes marcharon en la propia Bogotá. El gobierno, luego de haber declarado que las protestas no existían, decretó la ley marcial. Hasta la fecha, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía han dejado un saldo de seis manifestantes muertos y muchos más heridos, como consecuencia de los recurrentes disparos por parte de las autoridades en contra de las marchas pacíficas, unas veces con gases lacrimógenos y otras incluso con balas reales.
"Esta es una verdadera crisis humanitaria", dice Judith Maldonado, directora de la firma de abogados Luis Carlos Pérez con sede en Bogotá, la cual se especializa en casos de derechos humanos. "Los agricultores sienten que han sido abandonados por el gobierno. Miran a su alrededor y se dan cuenta que no tienen ningún sistema educativo, ni centros médicos, ni futuro. Y por eso es que se están expresando a través de demostraciones pacíficas ", dice Maldonado. "Pero el gobierno no tolera las protestas masivas."  
Para frenar las protestas el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó la ocupación de Bogotá y otras áreas urbanas mediante la movilización de 50.000 soldados. El jefe Nasa Conda dice que una respuesta tan dura por parte del gobierno no ayudará en nada a aliviar el sufrimiento generalizado y las duras condiciones de vida que inspiraron el levantamiento popular.
"Esta lucha ha estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado", dice Conda, agarrando el bastón de borlas recubierto de plata el cual es el símbolo de su autoridad tribal. "Nuestras comunidades viven en una crisis social permanente, y los jóvenes especialmente, no ven ninguna salida."
Los ataques terroristas están aumentando
Seis grupos armados ilegales operan en el territorio de los NASA, de acuerdo con de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Todos los seis grupos trafican armas y estupefacientes, en flagrante violación de los derechos tradicionales del territorio NASA. Aunque debilitadas por décadas de guerra, las FARC cuentan aun con unos 9.000 combatientes en todo el país, y la mayor presencia armada de esta insurgencia marxista aun se presenta en el Cauca. Pero las FARC están siendo enfrentadas por una serie de pequeños grupos armados, en su mayoría milicias derechistas que dicen odiar a las FARC por razones ideológicas, grupos que al mismo tiempo montan y explotan instalaciones de producción de drogas y ejercen control sobre el territorio.
A medida que la competencia entre narcotraficantes aumenta, la violencia contra la población civil sigue empeorando tanto en el Cauca como en el resto del país.  Según Human Rights Watch un 34 por ciento en las masacres han sido cometidas por los grupos paramilitares de extrema derecha desde 2010. Mientras tanto, los bloques de las FARC reclutan niños de las aldeas rurales, siembran minas terrestres y atacan con carro bombas a centros de población civil que se niegan a suministrar ayuda a los guerrilleros o desafiar su autoridad. El Informe Anual sobre Terrorismo por Países elaborado por el gobierno de EE.UU. muestra que, en general, los ataques terroristas se han incrementado a lo largo y ancho de Colombia. En lo que va corrido del 2013 también se ha observado un fuerte repunte en los ataques contra los investigadores de derechos humanos; 17 activistas de derechos humanos fueron asesinados el año pasado sólo en el departamento del Cauca.
Pero los rebeldes y traficantes de drogas no son los únicos grupos armados que intimidan a los nativos. Indígenas y pequeños agricultores de Colombia dicen que también están en la mira de las fuerzas armadas del gobierno colombiano. Detenciones ilegales y requisas son comunes, al igual que las ejecuciones extrajudiciales. Los asesinatos de civiles son tan generalizados que hay incluso un apodo para referirse a ellos, "falsos positivos", ya que la practica del ejercito es vestir a las víctimas con uniformes de guerrilleros y así aumentar el numero de bajas ocasionadas a la guerrilla.  Con esta practica, más de 3,000 civiles inocentes han sido asesinados en la última década.
La ayuda militar de EE.UU.
De las cerca de 2.000 masacres ocurridas en Colombia desde 1980, más de las dos terceras partes fueron cometidas  por milicias de extrema derecha vinculados a las fuerzas armadas, o por las propias fuerzas armadas, según el nuevo informe de la comisión de la verdad. El ejército y la policía solos son responsables del 42 por ciento de los 25.000 desaparecidos de la nación.  A pesar de un mayor escrutinio por el Departamento de Estado y de la afirmación del gobierno colombiano de haber purgado de delincuentes todas las unidades militares y policiales, grupos de derechos humanos han documentado cerca de 50 crímenes de guerra cometidos por las tropas colombianas en el 2012, incluyendo falsos positivos y detenciones ilegales.
En 1997, el Congreso aprobó la Ley Leahy, para evitar que la ayuda militar de EE.UU. posibilite precisamente este tipo de abusos fuera del país, pero la falta de supervisión y de voluntad política han obstaculizado los esfuerzos de verdaderas reformas.
"Unidades que incluso habían sido examinadas y certificadas [por el Departamento de Estado de EE.UU.] para recibir ayuda están cometiendo falsos positivos", dice Isacson de WOLA.
John Lindsay-Poland, director de investigación de la Comunidad para la Reconciliación (FOR) con sede en California, y que acaba de regresar de un viaje de investigación en Colombia, dice que debido a la falta de supervisión y denuncias de culpabilidad por parte EE.UU. en relación con los crímenes de guerra y abusos de civiles, él cree que:
"La ayuda militar de EE.UU. a Colombia se debe terminar. Esta es una contribución a la guerra sobre todo cuando están en curso negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado de 49 años ", dice Lindsay-Poland. "El ejército [de Colombia] ha asesinado a miles de civiles con prácticamente total impunidad."
La ayuda militar no es suficiente
La región del Cauca, salvaje y agreste, es una de las más afectadas por la violencia debido a su accidentada topografía, a que allí confluyen las carreteras principales, y al clima perfecto para los cultivos ilícitos (especialmente hoja de coca, la materia prima de la cocaína). Además de ser el corazón oscuro del conflicto colombiano, a su vez alimentado por el trafico de drogas, Cauca es también el centro de una de las tasas mas altas de ocurrencia de falsos positivos entre todos los departamentos.
En el norte del Cauca, una brecha en las montañas obliga a que los envíos de cocaína desde las tierras altas del sur del país sigan el curso de un embudo estrecho, para luego tomar la vía a Cali y hacia la costa en medio de un campo de batalla ferozmente disputado.  Negocios de drogas de la guerrilla y  bandas paramilitares compiten con las tropas del gobierno y entre sí por el punto de acceso, a menudo con los indígenas y pequeños agricultores atrapados en el medio cuando los enfrentamientos estallan o aviones bombarderos aparecen repentinamente.
"En primer lugar tratamos de tomar las tierras altas y las cimas de las montañas", dice el coronel Germán López, comandante de la Base de Operaciones en Caloto, sentado en su escritorio en un búnker reforzado con sacos de arena. "Desde allí salimos a dar seguridad a los pueblos pequeños y aldeas y tratamos de controlar las carreteras ... Pero eso no es fácil.  A veces los guerrilleros se esconden en las casas. A veces están vestidos de civil.  Cuando de repente se presenta una emboscada es muy difícil distinguir entre el que dispara y el que es simplemente un espectador."
López, quien fue entrenado en contrainsurgencia en Texas y mantiene una gran biblia estratégicamente ubicada en su escritorio de la base de Caloto, dice a este reportero que la ayuda de EE.UU. era "absolutamente esencial" para mantener la seguridad en el Cauca.
"Pero la ayuda militar no es suficiente", dice López. "La principal causa de la delincuencia y [el trafico de drogas] en el Cauca es la terrible pobreza. Tenemos que construir  confianza y fe ayudando a la población local, y darle  a la gente algo en que creer "
El director de FOR Lindsay-Poland esta de acuerdo:
"[La ayuda militar] no soluciona los problemas que dan originan al tráfico de drogas", dice. "Las necesidades civiles [en Colombia] en educación, salud, vivienda, infraestructura y protección del medio ambiente están desfinanciadas, y de mil maneras."
Desde 2009, Washington ha enviado más de 2.030 millones de dólares en ayuda militar y policial a Colombia - 25 por ciento más que lo que se gastó para combatir la guerra contra las drogas en México durante el mismo lapso. Cerca de $ 280 millones más están listos para ser entregados en 2013.
La financiación de las fuerzas armadas de Colombia continúa a pesar de las evidencias presentadas en un estudio del 2010 el cual mostró que la tasa de asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de guerra cometidos por unidades individuales frecuentemente se había disparado justo después de recibir la ayuda de EE.UU.; la cual se traducía en capacitación, construcción, suministro de flotas de helicópteros y sistemas de armas avanzados. El número de atrocidades registradas por las mismas unidades posteriormente bajó cuando la ayuda fue retirada.
"Muchas unidades han cometido terribles abusos de derechos humanos después de haber recibido asistencia [militar]", dice Lindsay-Poland, quien se ha desempeñado como asesor del Departamento de Estado en Colombia. El acusa al gobierno de Obama de no "evaluar el impacto en los derechos humanos causado por la inmensa ayuda militar que recibe Colombia.
Una política basada en la erradicación de la violencia ... sería muy diferente
Para justificar la continua ayuda al gobierno colombiano, los funcionarios estadounidenses acuden a las cifras: de acuerdo a la información suministrada a These Times por  la Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU., el cultivo de hoja de coca en Colombia bajó 7 por ciento entre el 2011-2012, debido en gran parte a los esfuerzos de fumigación y de erradicación en terreno por parte del ejército.  La producción total de cocaína pura colombiana ha caído desde un máximo histórico de 700 toneladas en 2001 a sólo 175 toneladas en 2012, una caída del 75 por ciento. Con ocasión de estas cifras tan optimistas, algunos en Washington han empezado a vender los esfuerzos la guerra contra las drogas en Colombia como un modelo a seguir en México y América Central.
Pero aun cuando la producción de cocaína se ha reducido, los insurgentes y bandas criminales de Colombia han recurrido a otras fuentes de financiación como la minería de metales preciosos, lo cual las hace menos dependientes del narcotráfico. Y la caída en la producción de drogas no se ha traducido en una disminución de la violencia.  Como muchos otros críticos, el director Lindsay-Poland se niega a etiquetar el modelo colombiano como un éxito:
"Un programa que ha dado como resultado, o no hecho nada para detenerlo, el desplazamiento forzoso de cinco millones de personas no puede ser considerado exitoso, sino mas bien un desastre para los derechos humanos", dice Lindsay-Poland. "Una política basada en la erradicación de la violencia en lugar de la reducción de la hoja de coca se vería mucho mas diferente."
El Departamento de Estado no acepto la solicitud de In These Times de hacer comentarios sobre los abusos de derechos humanos en Colombia.
El derecho a existir
Algunos críticos no solo sostienen que la ayuda militar de EE.UU. está posibilitando los abusos de derechos humanos, también alegan que el tratado de libre comercio con Estados Unidos está paralizando la economía colombiana.
"Los que pierden son los agricultores que no pueden competir con importaciones de productos baratos, los trabajadores no pueden negociar colectivamente, y las comunidades indígenas y afro-colombianas asentadas en tierras fértiles, con minerales valiosos o petróleo", dice Isacson de WOLA.
Esas afirmaciones son repetidas por los agricultores en paro, quienes continúan bloqueando las carreteras y realizando manifestaciones en varios departamentos. Dicen que las semillas importadas costosas y los granos baratos que Colombia está obligada a comprar en el marco del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia hacen que sea imposible que los productores locales puedan competir.
"Los acuerdos comerciales benefician a los ricos terratenientes, quienes a su vez apoyan a los políticos de Bogotá", dice Maldonado, el director de una firma de abogados, quien representa a un sindicato agrario. "No hay nada democrático al respecto."
De vuelta en Cauca, el jefe Nasa Conda dice que es difícil para él entender por qué las condiciones básicas de vida siguen siendo tan duras para  los 15 millones de pequeños agricultores, indígenas y afrocolombianos del país que viven en la pobreza, teniendo en cuenta los miles de millones de dólares que han sido entregados a Bogotá en los últimos años.
"El gobierno no hace presencia aquí", dice Conda. "No tenemos una economía sostenible de ningún tipo.  Nuestras casas ya han sido destruidas. Nuestro pueblo no tiene libertad.  Nuestros niños son mutilados por minas quiebrapatas".  Conda voltea a mirar hacia los campos de malezas y las construcciones destrozadas de la hacienda en ruinas donde su pueblo ha venido en busca de refugio.
"Tenemos el derecho a existir", dice Conda. "Tenemos el derecho a vivir."
Jeremy Kryt es un periodista con sede en Chicago

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