El país está ya saturado de
escuchar las noticias selectivas que los grandes medios han difundido durante
los últimos años sobre la corrupción rampante que imperó en el Distrito Capital
como parte de la adjudicación de prácticamente todos los contratos de
construcción de obras públicas, hospitales, colegios, …y en general, en todo programa de gobierno cuya ejecución
requería la participación de contratistas privados.
Lo que al país no le cuentan los
grandes medios, y cuando lo hacen, lo hacen selectiva, tímida y
artificiosamente, es sobre el aún mucho más grande carrusel de las
contrataciones, concesiones y licencias que ha existido y sigue operando a nivel
nacional. Por estos días por ejemplo, algunos
periodistas posando de indignados, nos cuentan solo una parte de la historia
asociada a la corrupción rampante que ronda la contratación del megaproyecto
denominado “la ruta del sol”; el cual por los antecedentes (recuerdan la
millonada que se robaron contratistas y funcionarios luego de la liquidación
del contrato de COMSA cuyo objeto era la construcción de la ruta
Tobiagrande-Puerto Salgar?!!) se debería más bien llamar: “la ruta de la
corrupción”. Y decimos que nos
cuentan solo una parte de la historia porque la indignación de los periodistas unicamente les alcanza para condenar al contratista del tamo 1 de este proyecto,
omitiendo mencionar que las anomalías que hoy denuncian aplican a todo el proyecto y son el resultado del
proceso turbio de adjudicación de todo el contrato por parte del entonces nefasto
ministro de Transporte Uriel Gallego.
Aparte de las ineficiencias y
corruptela que también ronda durante la ejecución de los estudios de
ingeniería, este contrato en particular es el reflejo de la rampante
corrupción que ha existido siempre en el ministerio de transporte y sus
dependencias anexas. Como se explica que
el contratista seleccionado para ejecutar el primer tramo haya sido el que presentó una propuesta 400.000
millones de pesos más baja que los competidores ( a menos que le hayan pedido
que oferte para un proyecto diferente, un mini proyecto) con todos los riesgos
asociados a un proyecto de concesión, para no mencionar los riesgos inherentes
a las deficiencias de los estudios en los que se basan todos estos procesos de
contratación??.
La naturalidad y desvergüenza
con que el contratista sale ahora a “justificar” la suspensión de las obras
(problemas geológicos, ambientales, etc.), lo único que corrobora es que ese
contrato se adjudicó con el conocimiento pleno de que no era financieramente
sostenible y como tal por el camino lo arreglarían. Es evidente que el negocio se fraguó durante
el proceso de licitación y adjudicación,
y en el tuvieron que participar el ministro de entonces y sus más
cercanos secuaces responsables de la evaluación de las propuestas y
adjudicación. De ahí que no haya ningún
interés por parte del ministerio, ni de ninguna autoridad de control competente,
en investigar las condiciones en que se adjudicó el contrato; mucho menos, en obligar a que el contratista se adhiera a
las condiciones iniciales del contrato e inicie su ejecución inmediatamente. Hacerlo equivale a meterse con el poderoso cartel
nacional de la contratación, el cual siempre ha existido, pero que durante el narco gobierno de Uribe alcanzó proporciones insospechadas.
El proyecto “la ruta de la corrupción” es solo uno de los cientos de casos que
desangran los recursos de la nación, recursos con los que se podrían resolver
muchas de las necesidades básicas de los millones de colombianos que viven en
la pobreza. De hecho son tantos los
casos, y las cifras que se roban alcanzan tal magnitud, que ya ni las
millonarias ganancias que se derivan del narcotráfico son tan atractivas; y todo bajo un manto de legalidad; en el peor
de los casos, el único cargo que
enfrentan es de tipo administrativo, y del que en ultimas terminan exonerados pues
los tentáculos de este cartel también alcanzan a grandes personalidades del
congreso quienes mantienen estrechos vínculos con la Procuraduría, Contraloría,
Fiscalía, Corte Suprema.
Pero quienes conforman el cartel
nacional de la contratación no son solo miembros de la mafia de contratistas
y funcionarios de las entidades
contratantes. De ellos hacen parte
también funcionarios de alto y medio rango responsables de la aprobación de las
licencias ambientales y mineras (en el caso de concesiones mineras) que según
“las leyes vigentes” deben obtener primero este tipo de proyectos. La participación de estos bufones que posan
de ambientalistas no termina con la parodia del proceso de otorgamiento de las
licencias.
La relación intima entre los contratistas/concesionarios (y concesionarios mineros) y sus socios en las agencias
ambientales y mineras no termina con la aprobación de las licencias. Durante la ejecución de los proyectos, estos
bufones le hacen creer al pueblo colombiano que vigilan y monitorean el
cumplimiento de las obligaciones ambientales y de tipo social que incluyen las
licencias. Basta un análisis superficial
de las condiciones ambientales y sociales que imperan en todas las zonas
afectadas o intervenidas (o sus áreas de influencia) por los proyectos y
macroproyectos, que se venden como de interés nacional, para darse cuenta que
todas las condiciones y obligaciones incluidas en las licencias ambientales y
mineras no son mas que letra muerta.
Casos que permiten entender el
enorme poder corruptor de las mafias de la contratación nacional, los hay por
decenas. Para medir el grado de indignación y repulsión de los colombianos, a continuación
presentamos solo algunos de los casos más representativos:
- El proyecto de construcción, rehabilitación
y mejoramiento de la vida Bogotá-Villavicencio – Mas de 25 años en ejecución,
billones de pesos en los bolsillos de funcionarios corruptos y contratistas, y
sin esperanzas de que el viaje de 3 horas se vuelva realidad.
- La concesión de Cerromatoso –
opera con una licencia chimba expedida en la década de los 80’s (de esas inutiles que expedia el INDERENA). El resultado
es que nadie puede dar cuenta sobre la pertinencia, cobertura y efectividad de
las medidas ambientales y compensaciones de tipo social que supuestamente la
multinacional debía implementar. Por el contrario, la pobreza imperante en la
región y la devastación de sus recursos ambientales son prueba incontrovertible
de la “prosperidad” que esta concesión le ha traído a la región y al país. Tal vez por esa incontrovertible prosperidad es
que la renovación de esta concesión está prácticamente asegurada.
- La represa de El Quimbo – los
intereses de los “inversionistas extranjeros” y comisiones pagadas a los
corruptos funcionarios que aprobaron el proyecto pesaron más que los reclamos y el bienestar de los miles
de habitantes de la zona del proyecto, quienes finalmente terminaron
atropellados, estigmatizados y desalojados violentamente.
- Proyecto de desvió del rio Ranchería
- Cerrejón – La multinacional (Xtrata, Angloamerican and Billiton) dueña del
proyecto, en contubernio con funcionarios del Ministerio del Interior, están
ofreciendo a los indígenas Wayuu chivos, vacas, cercas de alambre, construcción
de quioscos y otras “obras sociales” similares, como parte del proceso de
“consulta previa” que están obligados a adelantar con miras a obtener la
licencia ambiental del proyecto…
La opinion publica debe tener presente que el cartel de la consruccion, concesiones y licencias es solo uno de los tantos que desangran a Colombia. Los hay en practicamente todas las instituciones del estado:
El cartel de la salud...
El cartel del INPEC...
El cartel de la Direccion Nacional de Estupefacientes...
El cartel de las regalias...
El cartel del INCODER...
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