viernes, 15 de junio de 2012

El marco jurídico para la paz: un nuevo fraude para el país y un burdo montaje para agudizar la guerra…

Drones como este son usados ahora por el ejercito de EEUU y la CIA en su guerra global - Foto USAF


El debate inoficioso que se ha armado con ocasión de la propuesta del marco jurídico para la paz, lo único que sirve es para demostrar que la astucia de Juan Manual Santos supera el cinismo de Alvaro Uribe. 

Es sorprendente que ni siquiera Uribe que hace parte de la mafia estatal y trasnacional que controla este país se haya dado cuenta de que la propuesta de paz de Santos no es más que una farsa; al punto que anda esquizofrénico opinando sobre los perjuicios que ocasionará a la seguridad y estabilidad política del país; y pero aun, haciendo gala de un cinismo extremo,  sustenta su oposición con el argumento de que los crímenes cometidos por miembros de la guerrilla quedarían en la impunidad.  Los únicos  crímenes de lesa humanidad que pueden quedar impunes son los que El cometió en contra ciudadanos inermes  e inocentes (miles de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), asesinatos de sindicalistas, desapariciones, decenas de masacres, etc..).

Si ni siquiera Uribe se da cuenta que cualquier proyecto de paz tiene que contar con la venia del gobierno de los EEUU, imagínense que se puede esperar de la gran mayoría del resto de  colombianos.  De ahí que no sorprende que el país en general celebre la aprobación de la farsa que constituye el llamado marco jurídico para la paz, repitiendo lo que ocurrió con la farsa del plan de paz bajo la administración del nefasto Andres Pastrana.

Solo los pocos que conocen la historia de dominación ejercida por el gobierno de EEUU y sus multinacionales sobre todo el estado colombiano se darán cuenta que mientras las elites políticas y económicas que gobiernan el país sean simples agentes del imperio dominante, las esperanzas de que se logre la paz serán muy remotas, sino inexistentes.  Porque el logro de la paz, ya sea producto de negociaciones con la guerrilla o no, tiene que pasar primero por una transformación política y económica que se traduzca en justicia social, redistribución de las tierras y riquezas del país, en una reducción sustancial de la inequidad; y en ultimas, en un mejoramiento significativo en la calidad de vida de todos los colombianos.  

Cambios que no les interesa ni les conviene al gobierno de EEUU, mas aun en el actual escenario geopolítico regional y mundial. La existencia de la guerrilla, y el conflicto interno que ello conlleva, seguirá sirviéndoles un doble propósito:
  • Asegurar la permanencia y hegemonía de sus multinacionales en el control  de los sectores productivos económicos más rentables (petróleo, gas, minerales, agroindustria,  infraestructura)
  • Mantener el negocio de armas y equipo militar, y consecuentemente la presencia militar en territorio colombiano (ya sea con presencia directa de sus fuerzas armadas o a través de contratistas mercenarios, o una combinación de las dos) con miras a recuperar el control geopolítico  en toda la región. Y de añadidura, utilizar esa presencia y equipamiento militar para derrotar a sus competidores en el negocio del narcotráfico y convertirse en el único cartel que controla y usufructúa el billonario negocio (cartel que lo conforman la CIA, la DEA, empresas contratistas de mercenarios; y por supuesto, los altos mandos militares y lacayos políticos colombianos que les sirven de agentes locales).
Los dos propósitos resumidos anteriormente no son nuevos ni exclusivamente diseñados para Colombia. Son parte esencial de su política internacional global y como tal son implementados en todos los países del mundo donde cuentan con gobernantes títeres y clases políticas y económicas serviles a sus intereses.

Dada la situación geopolítica regional, y  en el contexto del conflicto interno colombiano, lo que se debe esperar es un escalamiento de la guerra contra la guerrilla y en general contra cualquier manifestación de protesta, resistencia u oposición al actual régimen. Nada más favorable para el gobierno de EEUU que la continuación y agudización del conflicto, pues ello les permite incrementar su presencia militar, y el flujo de armas y equipamiento militar (incluidos sofisticados equipos de vigilancia transfronterizos)  hacia Colombia, desde donde podrán continuar con su estrategia de desestabilización de los gobiernos vecinos que dejaron de ser sus sirvientes; y eventualmente, intervenir militarmente en sus países bajo el pretexto de que apoyan a la guerrilla colombiana o a carteles de narcotráfico.


Aun haciendo a un lado el poder determinador del gobierno gringo en cualquier intención de pacificación del país, la propuesta de Santos no resiste ni el más superficial  análisis. El marco jurídico para la paz no es más que una réplica burda del esperpento que terminó siendo la ley de justicia y paz de Uribe; que no fue otra cosa que una parodia de entrega de armas y de sometimiento a la justicia.

La diferencia es que la ley de justicia y paz fue negociada con los narco paramilitares. De hecho redactada por ellos mismos, y como tal la entrega de armas y sometimiento  a la justicia era una pura farsa. Tampoco los narcoparas tenían que reclamar que la ley les creara espacios políticos, pues eran (y siguen siendo) el brazo armado de las elites económicas y clases políticas que precisamente gobiernan el país; de hecho desde antes de la ley ya tenían miembros de sus bandas en el congreso; y en el 2002, uno de los suyos asumió la presidencia.  Cosa que no pasa con el marco propuesto para el “sometimiento” de la guerrilla, cuyo supuesto espacio político solo será para quienes no estén condenados o tengan procesos penales por crímenes de lesa humanidad; es decir solo para los guerrilleros rasos porque prácticamente todo el estado mayor de las FARC y sus comandantes tienen procesos judiciales en curso.

En ultimas, asumiendo que la guerrilla aceptara rendirse y someterse a la justicia (cosa que por supuesto no ocurrirá), los únicos que tendrán espacios para participar en procesos electorales serán los humildes campesinos que conforman las primeras líneas de defensa de la guerrilla, quienes ni siquiera han logrado empezar o terminar su escuela primaria, y que se han tenido que incorporar a las guerrillas precisamente porque el estado colombiano les ha negado el derecho a la educación; y a sus familias, el derecho a una mínimas condiciones de subsistencia (techo, servicios básicos, trabajo, salud). Con el antecedente del exterminio que sufrió la Unión Patriótica, no parece razonable esperar que ciudadanos de la sociedad civil cometan el suicidio de salir a la plaza publica a hacer política en representación de los grupos guerrilleros desmovilizados.

En conclusión, el país está debatiendo otro proceso de paz fraudulento y que nacerá muerto pues como está concebido no tendrá contraparte.  Pero eso no es lo que le importa al gobierno de Santos ni a sus patrones.  Al final, tal como ocurrió con el proceso de paz bajo el gobierno de Pastrana, el aparente fracaso lo utilizarán como pretexto para reforzar la propaganda de que la guerrilla no tiene voluntad de paz (léase de rendirse incondicionalmente).  Lo que en la práctica será un logro muy importante para el establecimiento pues la fabricada falta de voluntad de la guerrilla la utilizarán para el escalonamiento de la guerra y con ello el incremento de la intervención militar gringa en el territorio nacional, en desarrollo de su nueva política de guerra global.

Si con el montaje que hicieron con el proceso de paz del Caguan los gringos nos embutieron el Plan Colombia (léase, falsos positivos, desplazamientos masivos, masacres, incremento del narcotráfico, mas miseria, etc.), preparémonos para lo que viene como resultado del anticipado (y así diseñado) fracaso del plan de paz de Santos (asesinatos y masacres desde aviones gringos no tripulados – drones-, incremento de falsos positivos, de desplazados, culminación del proceso de militarización de todo el territorio nacional, masificación de las chuzadas, espionaje, exterminio de los últimos reductos de los verdaderos partidos de izquierda, etc….).

Lean un reciente artículo titulado “La nueva doctrina de Obama: Un plan de seis puntos para la guerra global”, publicado en diversos medios alternativos estadounidenses e internacionales, para que por lo menos no los coja por sorpresa lo que les espera….  

domingo, 10 de junio de 2012

Sobre la inmunidad del narco ex presidente Alvaro Uribe Vélez frente a crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción y otros crímenes….


Un articulo en un portal de noticias nacional y un informe internacional resucitaron por estos días los horrendos asesinatos de civiles inocentes cometidos por el Ejercito de Colombia en el marco de una política de estado para mostrar resultados en la guerra contra la insurgencia.

El articulo local es de Dora Montero y fue publicado en el portal La Silla Vacía. El articulo resume 10 confesiones abominables hechas por testigos, soldados y altos oficiales del ejercito que participaron directamente en la ejecución de estos horrendos crímenes, dentro de los pocos procesos penales que adelanta la Fiscalía General.

De las diez confesiones, la que mas trastorna es la siguiente:

“La más común era cuando uno reportaba por el radio: 'mi general, tengo dos bajas y tres capturados'. Y la respuesta era: 'ya mismo le mando el helicóptero con los del CTI para que hagan el levantamiento de las cinco bajas'. Era claro que había una orden de que a los tres capturados había que asesinarlos": Mayor retirado Juan Carlos Rodríguez

La publicación del articulo de Dora Montero coincide con un informe internacional sobre los falsos positivos titulado: "Colombia, la guerra se cuenta en litros de sangre”, cuya autoría es la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización que agrupa 164 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. El informe es el resultado de una profunda investigación y recolección de testimonios de familiares de víctimas de estos atroces crímenes. Este informe ha sido entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) como elemento justificatorio y probatorio dentro de la petición para que asuma las investigaciones pertinentes en Colombia, ya que el numero de casos judicializados y los pocos autores materiales que han sido condenados es ínfimo en comparación con el numero de asesinatos cometidos (mas de 3 mil victimas). Para no mencionar que los autores intelectuales, incluidos los altos mandos del ejercito, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el presidente Alvaro Uribe, ni siquiera han sido llamados a declarar dentro de los pocos procesos abiertos en contra de soldados rasos y algunos oficiales de bajo rango.

La petición de la FIDH para que la CPI intervenga en Colombia se presenta en el momento en que la CPI ha condenado al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por su apoyo a fuerzas paramilitares que cometieron masacres de civiles inocentes en Sierra Leona y otros crímenes cometidos contra ciudadanos de su propio país.

Frente a esta reciente actuación de la CPI, es inevitable pensar en las masacres y crímenes cometidos en Colombia, cuyas características y contexto político son similares a las de Sierra Leona y Liberia; y todos cometidos con la anuencia y apoyo del narco ex presidente Uribe, de los cuales los mal llamados falsos positivos, si bien son los mas repudiables y aberrantes, no son los únicos.

Cabe preguntarse entonces, ¿cuando será el turno para el narco ex presidente Uribe?.

Desafortunadamente, tal vez nunca, o acaso tal vez, como en el caso de Pinochet, cuando el narco ex presidente este recorriendo sus últimos pasos. Porque si bien periodistas independientes como Dora Montero se empeñan en no dejar que sus crímenes queden en el olvido e impunidad, la complicidad de todo el estado en conjunto, y complacencia, reverencia y veneración de la mayoría de colombianos hacia el narco ex presidente son de tal magnitud, que cualquier insinuación de su judicialización genera rechazo nacional, situación que es aprovechada por el propio gobierno y sus medios serviles/prepago para difundir y amplificar la propaganda sobre los supuestos cambios sociales y económicos que se produjeron durante la administración del narco ex presidente.

Y la uniformidad en esa falsa percepción es tal que hasta medios alternativos como el que le da espacios a artículos como el de Dora Montero han caído en la trampa de considerar al ex narco ex presidente, no solo ajeno a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su administración, sino como un referente de opinión en asuntos del actual gobierno que tocan con posibles negociaciones de paz con la guerrilla.   

Así lo demuestra la invitación que le hicieron al narco ex presidente a un debate sobre el marco jurídico para la paz que cursa tramite en el congreso, en el cual expreso opiniones del siguiente calibre, y sin que el moderador del debate le hiciera ningún cuestionamiento:

"me preocupa que con ese marco [marco jurídico para la paz] se permita que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad".....

 Y si esa es la situación con los crímenes de lesa humanidad, que justicia se puede esperar con los delitos de narcotráfico, negocio al que el narco ex presidente ha estado ligado directamente desde la década de los 80s. Y decimos “directamente” porque la historia de narcotráfico de su familia es generacional.

Ni siquiera la noticia de estos días (que no es noticia), sobre la captura y posible extradición de su sobrina y cuñada le harán mella al narco ex presidente. Porque la guerra contra las drogas no existe. Ni siquiera se puede hablar de guerra contra los carteles del narcotráfico.  Lo que ha habido y continua es una guerra ENTRE carteles por el control total de los mercados y monopolio del negocio. La guerra es entre el cartel del gobierno de los EEUU, que tiene como miembros a los políticos y elites corruptas que controlan el Estado colombiano, y los demás carteles. Y Uribe, luego de su ascenso al primer cargo del estado colombiano, entró a  hacer parte de ese super cartel. De ahí que se sienta cómodo y protegido frente a los ataques y acusaciones de sus ex socios narco paramilitares del cartel de Medellín, a quienes quiso contentar dándoles impunidad pero que en ultimas los traicionó, precisamente por la presiones internas dentro del nuevo cartel al que entró a formar parte luego de ser elegido presidente.

Así las cosas, no serán la justicia colombiana ni la CPI quienes enjuiciarán al narco ex presidente Uribe.  Cuando ya no les sirva a los gringos, o cuando ya les sea muy incomodo y riesgoso sostenerlo, su destino final será el mismo que el del general Noriega.  Lo cazaran como a un perro y lo enviaran a prisión por el resto de sus días acusado de delitos de narcotráfico; lo cual servirá para que los gringos sigan engañado al mundo con el cuento de que su guerra contra el narcotráfico (y contra el terrorismo) es real…

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