El fuero militar, una extensión del fuero civil que ya disfrutan criminales de las elites mafiosas, políticas, empresariales, y de la alta sociedad

Tras la reforma constitucional mediante la cual se reformó el fuero militar, es inevitable recordar delitos atroces cometidos por militares que podrían quedar en la impunidad si son juzgados por jueces militares.

Ya se ha comentado bastante sobre los atroces crímenes cometidos por miembros del ejercito en desarrollo de un política de gobierno de mostrar resultados en la guerra contra la guerrilla; crímenes a los que eufemísticamente, para distorsionar su horrorosa magnitud, se les llama “falsos positivos”. Todos los juristas honestos y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, coinciden en que estos crímenes de lesa humanidad quedarán en la impunidad si son trasladados a la justicia militar, lo cual es prácticamente un hecho si se tiene en cuenta que el delito de ejecución extrajudicial que quedo excluido del fuero militar, no está tipificado en el código penal.

Pero este no es el único crimen aberrante que quedará en la impunidad. Los delitos asociados con violencia sexual también podrían pasar a la corte de absoluciones de la Justicia Penal Militar. El horroroso caso del oficial del ejercito que violó y asesinó a dos niños en Tame, Arauca, es solo uno de los tantos crímenes recientes que vienen a la memoria, que son recurrentes y que con fuero militar ampliado quedarían totalmente impunes.  Y aun sin fuero, no es sino recordar las estratagemas perversas y criminales utilizadas por la defensa del militar asesino; la que, para colmo de la perversidad, fue pagada con recursos recaudados del bolsillo de todos los colombianos, incluido el padre de las victimas.

Este crimen es uno de los tantos que llevan a preguntarse si no serán mas criminales los abogados defensores que el propio militar asesino contra quien desde el inicio del proceso ya existían pruebas innumerables y tan contundentes que no admitían ninguna duda de su culpabilidad. Pero no, en este como en otros casos repudiables, sus abogados defensores recurrieron a practicas de defensa igual o mas criminales que el propio crimen  cometido por su defendido, todo con el propósito de buscar su absolución, limpiar su nombre y consecuentemente, limpiar la imagen criminal del ejercito de Colombia.

Practicas criminales que, entre otras, incluyeron la fabricación de testigos, amenazas al padre de las inocentes víctimas y a la juez que investigaba el crimen, montajes burdos para culpar a la guerrilla y hasta el asesinato de testigos clave en contra del acusado.

No se necesita tener sino un mínimo de moralidad y sentido de lógica para recrear lo que debería ser el ejercicio honesto de la profesión de abogado defensor. En efecto, una vez contratado, lo primero que como defensor debe establecer con claridad es si su defendido es  culpable o no de los delitos que se le adjudican. Para ello primero que todo debe buscar que el acusado le confiese si cometió o no el delito; y si no lo logra en las primeras sesiones de trabajo, confrontarlo con las pruebas que la parte acusatoria este presentando y así llevarlo a que le demuestre y confirme sus primeros testimonios de inocencia, o por el contrario, se rinda y le confiese su culpabilidad, y esta vez con todos y los mas mínimos detalles de los hechos, antes, durante y después de cometido el crimen; pues no de otra manera el abogado defensor puede diseñar una estrategia de defensa. Así su defensa sea solo tendiente a lograr que al acusado se le imponga una pena mínima en consideración a elementos atenuantes como antecedentes de salud mental, etc., o que se le juzgue por un delito conexo para el cual las penas no sean tan severas. Pero no, sea que su cliente le confiese su culpabilidad o que el defensor se convenza de ello basado en las pruebas y evidencias de la parte acusatoria, lo que se da en la practica es una especie de asociación para delinquir que obviamente al defensor le representa sustanciales incrementos en sus honorarios, pues de lo que se trata es demostrar que su cliente no es el criminal que todas las pruebas y evidencias lo señalan como tal.

Los cursos que han tomado crímenes horrorosos como la violación y asesinato de los niños de Tame, el asesinato del estudiante de los Andes, Luis Andrés Colmenares, el asesinato o golpizas de esposas por parte de miembros de la fuerza publica o personajes de la política nacional o local, etc., demuestran la perversidad y mentalidad criminal que predomina en la gran mayoría de los abogados colombianos que ejercen como defensores de crímenes abominables. 

Abogados como Jaime Lombana, Jaime Granados, Abelardo de la Espriella y muchos otros que irónicamente gozan de reconocimiento y fama como grandes defensores, por el contrario deberían ser objeto no solo de repudio nacional sino criminalizados y juzgados ejemplarmente, pues no hay un caso en el que los acusados no sean presentados como inocentes angelitos hasta el ultimo minuto del proceso, aun en contra de las mas contundentes evidencias en contra de sus defendidos. La pregunta que surge entonces es, ¿acaso encubrir un delito, o recurrir a artimañas de defensa de criminales como fabricar o amenazar testigos y jueces, amenazar familiares de víctimas, etc., no son actos criminales igual o peores que los que cometieron sus defendidos?

Estos abogaduchos criminales que posan de baluartes y defensores de la justicia nunca aceptan que sus defendidos cometieron crímenes y por lo tanto tampoco nunca asumen una posición de defensa con miras a que se les reduzca sus penas, incluso que se los exonere de ciertos delitos o que se les permita ciertos beneficios durante su permanencia en prisión. Lo irónico es que ante tanto reconocimiento por sus éxitos defendiendo criminales, estos abogados, en no pocas ocasiones, también son contratados por la parte acusatoria dentro de procesos que involucran crímenes de resonancia nacional. Un ejemplo es el proceso por el asesinato de Andres Colmenares, en el que Lombana esta defendiendo a la familia de Colmenares y Granados a los presuntos asesinos y complices. Todo parece indicar que los acusados serán absueltos, es decir que el caso lo ganará la defensa, pero no porque Grandos sea mejor que Lombana sino porque los que pagan los inmensos honorarios de Granados hacen parte de elites privilegiadas de Bogota que tienen fuertes y estrechas  conexiones con las mafias que ostentan el poder politico del pais, mientras que los clientes de Lombana pertenecen apenas a la clase media de provincia.

El caso de Colmenares demuestra tambien en ultimas que no es  que personajes como Lombana y Granados sean los mejores abogados y defensores de criminales sino que sus éxitos se derivan del hecho de que las familias de sus clientes ponen a su servicio todo el aparato gubernamental, judicial y hasta el militar (y el paramilitar) para que pongan en marcha cualquier estrategia de defensa, así sea la mas perversa, ilegal y criminal. Y todo sin que corran el riesgo de que terminen acusados de prácticamente encubrir los crímenes de sus clientes, ni de violar el código penal y la constitución que dicen defender. El acuerdo que prevalece ente acusado y defensor es "tu me defiendes y logras limpiar mi nombre, y yo te hago mas rico y te ayudo a aumentar tu fama de mejor abogado del pais".

No obstante el blindaje del que gozan estos abogados, la otra pregunta que surge es ¿desde el punto de vista ético y moral, en que momento del proceso y defensa de un criminal contra quien pesan todas las evidencias, la sociedad debe empezar a cuestionar la honestidad y ética del abogado defensor, y pedir que sus actuaciones sean igualmente objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales pertinentes?

La respuesta es inmediata y solo requiere repasar lo dicho anteriormente.  El punto de quiebre de la línea que distingue el trabajo honesto de un abogado del de un criminal es el momento en que testigos clave son desparecidos o aparecen asesinados, testigos falsos son llevados a las cortes y luego desenmascarados, familiares de víctimas e incluso los jueces que investigan los casos son amenazados o demandados penalmente, montajes y argucias jurídicas son utilizados para dilatar los procesos, etc., etc.

Si se repasan los hechos judiciales mas recientes, estas y muchas otras estratagemas criminales  son el común denominador en todos los procesos  penales que involucran  a figuras de las elites y mafias políticas y empresariales, a miembros de las clases sociales privilegiadas, e incluso en procesos contra reconocidos criminales y de amplia trayectoria, quienes por sus inmensas fortunas, originadas  precisamente de sus actividades criminales, se pueden dar el lujo de contratar como defensores a abogados también criminales pero que gozan de fama y reconocimiento social como Jaime Granados y Jaime Lombana.

Con ocasión de la reciente ampliación del fuero militar, y con abogados y jueces militares que siguen y admiran la trayectoria criminal de Granados y Lombana, las elites de las milicias también empezaran a disfrutar con plenitud de la inmunidad que el fuero penal civil de facto les ha otorgado a las elites mafiosas, políticas y empresariales de esta banana Republica de Colombia.