Pero en el caso
colombiano, el mecanismo de la extradición, tal como se ha concebido e implementado
desde su aprobación, constituye el acto más aberrante de entrega de la soberanía
judicial. Funciona al revés de cómo se aplica en la mayoría de países que lo
han adoptado. Su aplicación es prácticamente automática en contra de ciudadanos
colombianos pedidos por el gobierno de EEUU, e inoperante en contra de
ciudadanos extranjeros que se han refugiado en Colombia huyendo de la justicia de
sus países de origen.
El caso del
narcotraficante Walid Makled extraditado a Venezuela es excepcional pues las
motivaciones fueron más políticas que jurídicas. Para la gran mayoría de delincuentes
extranjeros, Colombia por el contrario es un paraíso. Aunque en el caso del
tratado de extradición con los EEUU los hechos demuestran que lo que hay es un
acuerdo tácito mediante el cual el gobierno colombiano ofrece inmunidad a delincuentes
gringos que le son o han sido útiles en la ejecución de su política exterior de
dominación; y viceversa, el gobierno de EEUU ofrece protección a delincuentes
colombianos (generalmente altos oficiales de gobierno) que han actuado como
facilitadores o promotores de sus políticas expansionistas y explotadoras. De ahí
que ninguno de los tantos criminales gringos que residen en Colombia haya sido
extraditado a EEUU (de hecho, tampoco los piden), ni EEUU haya extraditado a
Colombia criminales de cuello blanco refugiados en su territorio; aunque
tampoco el gobierno colombiano los pide. Y cuando lo hace, como en el caso de María
del Pilar Hurtado desde Panamá y de Yair Klein desde Rusia, lo hace tímidamente
y con argumentos jurídicos endebles como si el objetivo que persigue no es la concreción
de la extradición sino la negación. La prueba es la negación de la extradición de
María del Pilar Hurtado por parte del gobierno Panameño, decisión que no tuvo
la más mínima respuesta de rechazo por parte del gobierno colombiano, menos una
intención de apelación.
Numerosos casos demuestran
la aberración que constituye la renuncia a la soberanía judicial colombiana. No
es sino recordar los cientos, miles de criminales colombianos extraditados en años recientes a los EEUU por delitos de narcotráfico y bajo el
pretexto de la guerra contra las drogas, de la cual el gobierno de EEUU es su
principal beneficiario. Miles de extradiciones que el gobierno de Uribe y aun
el actual de Santos, artificiosa y desvergonzadamente las presentan como logros
de sus administraciones en términos de aplicación de justicia.
Nada más falso y
vergonzoso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los extraditados; primero
que todo son nacionales; y segundo, porque son criminales que han cometido los más
horrendos crímenes dentro del país (incluyendo masacres, genocidios) en contra
de cientos de miles de colombianos. Crímenes que el gobierno, en una muestra del
más vil desprecio por las víctimas y sus familias, minimiza en términos de
gravedad, comparados con los delitos de narcotráfico,
que generalmente están solamente asociados al transporte y distribución de narcóticos
dentro del país que pide la extradición (generalmente EEUU).
La aberración de la aplicación
de la extradición por parte del gobierno colombiano llega al extremo de ignorar
el hecho de que todos los extraditados han cometido también delitos de narcotráfico
dentro de territorio colombiano: producción, procesamiento, transporte, distribución,..
Y nuevamente, para no mencionar los horrendos crímenes y miles de asesinatos
asociados al negocio del narcotráfico cometidos en territorio colombiano, bien
por cuenta de guerras internas entre carteles; bien por acciones criminales directas
en contra de inocentes ciudadanos que se niegan a desocupar sus tierras, a
cooperar con sus actividades criminales; o porque esas mafias, actuando en
connivencia con grupos paramilitares apoyados por el propio gobierno, han participado
también en el asesinato y desaparición de miles de colombianos (campesinos, líderes
sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos,…) que han sido estigmatizados
como simpatizantes de grupos guerrilleros.