Hipócrita y cínica la reacción de apoyo de los narcopolitiqueros, directores y comentaristas de medios de comunicación y dirigentes empresariales a raíz del anuncio del proyecto de ley de reparación de victimas que el gobierno de Santos tramitará en el congreso.
Cuando el mismo proyecto de ley se discutió bajo el régimen de Uribe, estos mismos personajes y pseudoperiodistas al unísono se unieron a las voces criticas que dentro del mismo gobierno se opusieron a que el estado indemnizara y reparara sus victimas por la larga cadena de crímenes cometidos especialmente durante la tenebrosa era narcoparauribista: asesinatos de civiles para hacerlos aparecer como bajas de la guerrilla, asesinatos de sindicalistas, opositores, desapariciones forzadas, desplazamiento, arrebatamiento de tierras, etc….
Que el narcoparaco Uribe hubiese impedido la aprobación de la ley no era para sorprenderse pues eso equivalía a reconocer y aceptar los horrendos crímenes cometidos bajo su gobierno. Lo que si es para sorprenderse (para que no se repita con el nuevo proyecto) es que la discusión de la ley se haya desviado de su estricto marco jurídico y justificación y propósito central mediante el insólito artificio de que había que hacer distinción entre victimas del estado y los grupos ilegales. Distinción a todas luces absurda si se tiene en cuenta que una “ley de reparación de victimas” per se debe estar circunscrita a los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por parte del estado, el mismo que tiene la obligación de proteger la vida de todos los habitantes del país, y no para reparar crímenes cometidos por fuerzas ilegales las cuales deben ser perseguidas y castigadas (e incluso forzadas a reparar) haciendo uso de los mecanismos legales, penales e institucionales que el estado dispone.
Sin ser abogado penalista, del uso del sentido de la lógica se puede concluir que una ley para reparar las victimas de grupos ilegales armados no tiene asidero legal ni práctico pues la primera obligación del estado con las victimas de estos victimarios es garantizar que todos los recursos institucionales y judiciales (incluyendo instrumentos políticos) se pongan al servicio de acciones de sometimiento y judicialización de todos los actores violentos que operan en la ilegalidad; y una vez sometidos, bien sea por la vía del desmantelamiento por las armas, la aprehensión individual o de grupos regionales, e incluso por la vía de negociación (como se pretendía con la ley de justicia y paz), obligar a que estos individuos o grupos ya sometidos a la justicia devuelvan, reparen y/o indemnicen a sus victimas. Por supuesto, todo esto aparte de la imposición de las penas en prisión que en cada caso el código penal o la ley de sometimiento determinen.
La reparación económica de las victimas de organizaciones ilegales también puede hacerla el estado por la vía de la expropiación de propiedades (ley de extinción de dominio), como tímidamente se ha hecho con narcocriminales como Pablo Escobar, los Rodriguez Orjuela, etc., mecanismo que por supuesto seria mucho mas efectivo si se aplicara antes que los gringos echen mano de las propiedades (como hechos recientes fácilmente lo demuestran).
Junto con el nuevo proyecto de ley de reparación de victimas, el gobierno de Santos presentara también a consideración del congreso la ley de devolución de tierras. Cuando uno ya ha digerido las emociones esperanzadoras que producen los anuncios del gobierno en su compromiso de sacar adelante estas leyes, la pregunta incomoda pero inevitable que surge es: ¿pasaran estas leyes en un congreso cuyas mayorías las controlan los propios victimarios y usurpadores de las tierras que se pretenden devolver?
