Actuales comandantes de las fuerzas armadas y ejército de Colombia, principales determinadores de las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”)

El siguiente artículo fue publicado en su versión original en Inglés en el website de NACLA, y es a su vez una versión resumida del más reciente informe sobre los “falsos positivos”, elaborado por la organización internacional “Fellowship of  Reconciliation”, FOR.

Como era de anticipar, este informe tuvo una mínima difusión en la “gran prensa” colombiana; de hecho le dieron (y le siguen dando) mas difusión y amplificación a las burdas y patéticas  reacciones del general Lasprilla, comandante del ejército, en respuesta a las serias revelaciones que hace el informe de FOR.

Peor aún, con la histeria del mundial de futbol, las revelaciones sobre la participación directa de los actuales comandantes del ejército y de las fuerzas armadas en los horrendos crímenes estatales denominados “falsos positivos”, con seguridad ya ni siquiera resuena en la memoria de los colombianos.

A esa galería histérica ni siquiera le despertará un mínimo de remordimiento  ver a esos criminales en televisión junto a su comandante en jefe (o títere?) Juan Manuel Santos, celebrando los goles de la selección Colombia en Brasil.

Ojala este artículo despierte esa insensibilidad y silencio complice…………… 

"Guerrilleros muertos en combate" y la persistente impunidad en el ejército colombiano 

por John Lindsay-Poland

En un foro publico en el departamento del Huila el pasado mes de Enero, unas madres contaron las historias de sus hijos asesinados por las fuerzas armadas colombianas siete años atrás. El hijo de Amparo Peláez había terminado recientemente el servicio militar y trabajaba descargando bultos de papa; él y un amigo habían ido al mercado y jamás regresaron. Al día siguiente fue declarado por el ejercito como “guerrillero muerto en combate”.

Transito Sarria habló de su hijo Joselo de 28 años, quien trabajaba como conductor y una mañana le prometió que le llevaría el desayuno a su trabajo, pero nunca llegó. Un hombre la llamó por teléfono, se burló de ella, y le dijo que chequeara la morgue, donde posteriormente encontró el cuerpo de su hijo. El ejercito dijo por la radio que habían matado a un criminal.

Andrés Duarte regresó al pueblo de Gigante, Huila con su madre una tarde en Abril del 2007. Mas tarde salió a jugar billar y jamás regresó. Al siguiente día, el teniente coronel Jaime Lasprilla Villamizar [hoy comandante del ejército] declaró que Duarte había sido otro “guerrillero muerto en combate”, junto con otros cuatro.

Todos estos asesinatos eran conocidos como “falsos positivos”: homicidios de civiles inocentes cometidos por soldados, a quienes declaraban como guerrilleros o criminales y promocionaban como éxitos operacionales del ejercito. Entre el 2000 y 2010, 5.763 homicidios han sido investigados por la procuraduría general o documentados por organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos años he estudiado el contexto de esta violencia con base en información sobre ejecuciones extrajudiciales y su relación con la ayuda del ejercito de EE.UU. compilada por la Asociación para la Reconciliación (En Ingles, Fellowship of Reconciliation, FOR) y la Coordinización Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque el numero de “falsos positivos” ha disminuido considerablemente como resultado de la indignación local, nacional e internacional, estos asesinatos continúan siendo importantes por varias razones.

Primero, el hecho de que tantos asesinatos hayan ocurrido durante un periodo en el que la cooperación de Estaos Unidos fue masiva, plantea la pregunta sobre el impacto que esta ayuda militar  tuvo en el respeto por los derechos humanos por parte del ejército colombiano. Estados Unidos entregó 5,7 billones de dólares (5.700 millones de dólares) en ayuda militar y policial a Colombia entre 2000 y 2010. Desde el 2002 hasta el 2008, muchos más colombianos han sido registrados como beneficiarios de entrenamiento militar y policial en Estados Unidos que de cualquier otro país – aproximadamente uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió entrenamiento militar en Estados Unidos durante ese periodo era colombiano.

Oficiales del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos elogian el desempeño de Colombia, citándolo como un “exportador de seguridad” y de ahí que financian programas de entrenamiento por parte de colombianos a fuerzas policiales de otros países. La ayuda militar y policial de Estados Unidos alrededor del mundo ha crecido cinco veces desde 2001, alcanzando  $25 billones en 2012; no obstante, no se ha hecho ninguna evaluación formal de los resultados de esa ayuda en términos de derechos humanos. El caso colombiano es fundamental para entender esos resultados.

Segundo, oficiales militares que comandaban las unidades militares en los que ocurrían los crímenes llamados “falsos positivos” continúan ascendiendo profesionalmente. Entre 2006 y 2007, cuando Jaime Lasprilla era comandante de la novena brigada del ejército en el Huila, ocurrió una serie de asesinatos extrajudiciales; no obstante, en Febrero de este año, ya como mayor general, fue nombrado por Juan Manuel Santos como comandante del ejército colombiano.

Tercero, la aplicación de justicia por los abusos militares es un asunto complicado en las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC con miras a terminar un conflicto armado de 50 años. Los líderes de las FARC exigen una solución que no incluya ir a la cárcel, y el ejército por su parte espera un tratamiento similar.

Finalmente, ha habido poca aplicación de justicia en la mayoría de estos crímenes. En 2013, solo el 13% de los más de 5.763 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas han concluido en un juicio o en sentencias – aunque es una mejoría comparada con el escaso 2% de casos que llegaron a juicio o sentencias en el 2009. Los familiares de las victimas buscan reivindicación con sus seres queridos puestos que ellos no eran criminales, y piden condenas para los militares responsables de los asesinatos.

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La persistente institucionalización de la impunidad por los abusos de derechos humanos en Colombia se hizo evidente en Febrero 18 de este año cuando un comandante militar que supervisó muchas de los asesinatos llamados “falsos positivos” fue remplazado por otro. Ese día el Presidente Juan Manuel Santos despidió al jefe de las fuerzas armadas Leonardo Barrero por conversar telefónicamente con otro oficial que estaba detenido y bajo investigación por asesinatos extrajudiciales. En esta conversación Barrero le decía que “montaran una mafia” para enfrentar a los fiscales de derechos humanos que estaban a cargo de los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios que Barrero le hacia al oficial detenido fueron revelados por la revista Semana, como parte de cientos de conversaciones grabadas que revelaban la inmensa corrupción entre oficiales detenidos y en servicio activo. Estos oficiales conspiraban ademas para obtener contratos de compras para el ejército – como repuestos de helicópteros- y conseguir fondos para ayudar a soldados acusados por los asesinatos de civiles. Después de las revelaciones de Semana, Barrero fue relevado de su puesto junto con otros cuatro generales.

Generales Juan Pablo Rodriguez y Jaime Lasprilla, comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejercito respectivamente

Como resultado de la sacudida, el general Lasprilla fue nombrado comandante del ejercito. Anteriormente, Lasprilla había comandado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad encargada de combatir el frente sur de las FARC, del que hacen parte muchos jefes de las FARC. Su nombramiento ocurrió inmediatamente después de que sirvió seis meses como comandante del comando de Operaciones Conjuntas Especiales de Colombia.  Las dos unidades que comandó Lasprilla han sido estratégicas para la cooperación militar de Estados Unidos con Colombia.

En particular, el comando de operaciones especiales tiene un papel fundamental en las operaciones de bombardeo contra los líderes de las FARC, el cual fue resaltado en una investigación reciente del periódico Washington Post. El Washington Post describió cómo asesores de Estados Unidos le proporcionaron a Colombia kits de GPS con los que monitoreaban y controlaban los objetivos de las operaciones de bombardeo dirigidos a asesinar “objetivos de alto valor”, los cuales han arrojado como resultado la muerte de 40 jefes guerrilleros desde el 2007. Oficiales de las fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia desarrollaron tácticas que incluyen bombas de alta-presión destinadas a asesinar a todas las personas que se encontraban en campamentos rurales, y que luego proseguían con operaciones terrestres con el objetivo de “rematar a los heridos que trataban de buscar protección”.

La novena brigada del ejército en el Huila no recibió la misma atención por parte de Estados Unidos como la Fuerza de Tarea Omega o el comando de operaciones especiales; no obstante, recibió una ayuda significativa durante periodos clave. Durante el comando de Lasprilla de la 9ª brigada, desde Julio 2006 a Noviembre 2007, personal de mando y tres batallones fueron autorizados y beneficiarios de ayuda de Estados Unidos, incluyendo el uso de helicópteros. Lasprilla acababa de completar cursos en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, durante el periodo entre Agosto 2005 y Junio 2006. Desde 2002 a 2003, el entonces teniente coronel Lasprilla fue instructor de la antigua Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia (ahora, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC), donde anteriormente también había sido un estudiante en calidad de cadete. En pocas palabras, el general Lasprilla ha recibido un extenso entrenamiento militar en Estados Unidos, buena parte del cual ocurrió para la época en que asumió el comando en el Huila.

El entrenamiento militar en Estados Unidos, especialmente en WHINSEC, es prácticamente un requisito para el ascenso de oficiales del ejército colombiano; de hecho, este ha sido el caso con comandantes de la 9a Brigada y sus sub-unidades. Tres oficiales que fueron entrenados durante un año en WHINSEC, posteriormente comandaron la 9a Brigada entre el 2002 y el 2004.

Una revisión realizada por la organización FOR en el 2002, sobre oficiales del ejército que pasaron un año como instructores o tomaron el curso de comando en WHINSEC entre 2001 y 2003, encontró que 12 de los 25 oficiales a quienes se les pudo rastrear cargos posteriores, habían sido acusados de serios crímenes o habían dirigido unidades en donde soldados habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, WHINSEC, sigue evaluando sus éxitos según el número de graduados que ascienden a “posiciones importantes.”

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Durante el comando de Lasprilla, 75 asesinatos han sido directamente atribuidos a soldados de la 9a Brigada, lo cual ubica a Lasprilla como el oficial en servicio activo con el número más alto de asesinatos extrajudiciales registrados bajo su cargo como comandante de brigada. La unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General de Colombia está investigando 40 asesinatos cometidos por soldados de la 9a Brigada bajo el comando de Lasprilla. El Centro Jesuita para la Educación Popular y la Investigación y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Colombia ha documentado otros 35 asesinatos extrajudiciales directamente atribuidos a soldados bajo el comando de Lasprilla.

Según otros informes, la Oficina del Fiscal General esta investigando otros 22 asesinatos en el Huila cometidos por soldados colombianos durante el comando de Lasprilla en esa jurisdicción. A pesar que la unidad responsable de estos asesinatos no ha sido oficialmente identificada, es de anotar que ninguna otra brigada del ejército operaba en el Huila en ese tiempo.

Hasta Septiembre del 2013, muy pocos de estos casos habían pasado la fase de investigación inicial. En solo un caso, el cual involucró el asesinato de dos personas, un soldado de infantería fue declarado culpable y sentenciado. Según información proporcionada por el procurador general de Colombia, de 190 ejecuciones registradas en el Huila, 77% de las investigaciones estaba aun en etapa preliminar. El tiempo promedio que ha pasado desde la ocurrencia de los asesinatos y la situación actual es siete años.

Aunque el Huila muestra la tendencia de los “falsos positivos,” también hay casos en los que soldados dijeron que criminales o ladrones, no guerrilleros, fueron capturados en el acto, lo cual supuestamente llevó a un intercambio de disparos. Yo les pregunte a investigadores, periodistas y abogados conocedores de varios casos si algunos asesinatos que pudieron ser de miembros de la milicia de la guerrilla pero muertos fuera de  combate, aún podrían ser considerados asesinatos extrajudiciales. Ellos respondieron que si bien hubo algunos de estos casos, ellos representan una pequeña minoría del total.

En el Huila también ocurrieron detenciones masivas de cientos de personas por parte de las fuerzas armadas, especialmente entre el 2002 y 2004. El ejército justificó estos arrestos acusando a los detenidos de tener vínculos con grupos terroristas, pero la gran mayoría fueron posteriormente puestos en libertad por falta de evidencias. Algunos han sugerido que los arrestos de estas personas fue un preludio a su posterior asesinato. Las detenciones se concentraron en municipalidades donde hubo 11 asesinatos extrajudiciales registrados entre 2004 y 2006.

Observadores militares han sugerido un relación causal entre la magnitud de los combates o la violencia debida a la guerra y el número de asesinatos extrajudiciales reportados en Colombia, con base en lo cual sugieren que la violencia es producto de errores que ocurren en la “niebla de la guerra.” Para verificar esta tesis, yo examiné la información sobre los combates ocurridos en el Huila y encontré que más de 2 de cada 3 ejecuciones reportadas – 69%- ocurrieron más de 30 días después del más reciente evento de combate reportado en la misma municipalidad. Y solo 13% de estos asesinatos ocurrieron en los ocho días siguientes a un combate en la misma municipalidad, lo cual sugiere que estas ejecuciones no ocurrieron como resultado de enfrentamientos.

Antes que Lasprilla asumiera como comandante, las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la 9a brigada habían sido problemáticas pero no tan endémicas. En la primera mitad del 2006, antes de que Lasprilla llegara, se habían registrado 6 ejecuciones cometidas por la 9a brigada según los reportes- una al mes. Según reportes, en la segunda mitad del 2006, hubo 12 ejecuciones cometidas por los soldados de la brigada; y en el 2007, hasta la fecha que Lasprilla dejo la brigada (17 de Noviembre), ocurrieron 63 ejecuciones cometidas por miembros de esa brigada, lo que equivale a 6 al mes.

Muy poca atención nacional e internacional han recibido las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, de hecho la 9ª brigada parece ser una unidad “Teflón” pues muy pocas investigaciones han salido adelante. Una de las pocas condenas de miembros de la brigada fue llevada a cabo por un fiscal de otro departamento, por un asesinato cometido en Antioquia, fuera de la jurisdicción de la brigada.

El numero de “falsos positivos” del ejercito disminuyó drásticamente después del 2008, como resultado de denuncias hechas por familiares de las víctimas, difusión en la prensa, y por el apoyo de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Estas acciones conllevaron a nuevas políticas del ejército que priorizan las capturas a los asesinatos, reforzadas mediante procesamientos judiciales más efectivos; a la existencia de menos áreas en disputa en el conflicto armado; y a la suspensión de la ayuda militar directa de EE.UU. a algunas unidades. Esta reducción muestra el exitoso papel que ha jugado la intervención de la sociedad en la denuncia de las injusticias militares en Colombia.

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El personaje central en las revelaciones de Semana que llevaron al despido de Barrero es el coronel Robinson González del Río. González del Río estaba bajo el comando inmediato de Barrero e implicado en 12 asesinatos de civiles entre 2007 y 2008 mientras  comandaba un batallón en la región cafetera de Colombia. Según información suministrada por la oficina del fiscal general y organizaciones de derechos humanos, soldados de la brigada 29 cometieron 51 ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia de Barrero.

Con ocasión de la publicación de las grabaciones el pasado 18 de Febrero, como nuevo jefe de las fuerzas armadas fue nombrado el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. La oficina del fiscal general está investigando 8 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez entre 2006 y 2008, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado otros 11 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez que nunca ingresaron al sistema judicial. 16 de estos asesinatos ocurrieron en Antioquia en un periodo de apenas 8 meses. No se tiene conocimiento que Rodríguez Barragán este judicialmente implicado en estos casos, pero el número de asesinatos durante un periodo tan corto revela que por lo menos hubo permisividad durante su comandancia.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene varias opciones para evaluar el liderazgo del ejército colombiano, todas dentro del marco de la ley Leahy de 1997, la cual prohíbe suministrar ayuda a unidades militares o policiales cuyos miembros hayan cometido serias violaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. podría usar su influencia para presionar avances en las investigaciones y condenas de los oficiales y soldados responsables de estas ejecuciones. Podría sugerir que Lasprilla y Rodriguez sean removidos, aunque esto no conlleve avances en la aplicación de justicia por los asesinatos de civiles cometidos bajo su mando. O podría suspender la ayuda al ejército colombiano hasta que se tomen medidas eficaces para condenar a los responsables de estas ejecuciones.

Aparte de cumplir con la ley, mientras Colombia se prepara para terminar el conflicto armado, es hora de que Washington deje de apoyar estrategias que han causado tanto sufrimiento, y en su lugar aplicar el principio: Primero, no hacer daño. 


John Lindsay-Poland investiga y escribe sobre el militarismo de EE.UU. y los derechos humanos en América Latina, y es autor de Los Emperadores en la Selva: La Historia Oculta de los EE.UU. en Panamá (Duke). Este artículo es una adaptación del informe "El Ascenso y Caída de los Homicidios ‘falso positivos’ en Colombia", publicado por la Asociación para la Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

La pedagogía sobre la paz de Santos, más de lo mismo: distorsiones y manipulaciones de las causas verdaderas del conflicto

Difícil entender lo que esta pasando por la mente del reconocido escritor colombiano William Ospina. Dos de sus más recientes columnas en El Espectador generan muchas preguntas sobre las motivaciones de sus elogios con Alvaro Uribe Vélez. Para sorpresa de sus lectores, en su columna justo antes de la segunda vuelta presidencial, anunció que votaría por el candidato títere de la pandilla narcoparauribista.

Sus contradicciones se tornan mas incomprensibles con ocasión de la columna que publica hoy El Espectador, en la que luego de hacer un recuento de las causas del conflicto e identificar a los arquitectos y alimentadores del mismo,  termina prácticamente sugiriendo que hay que agradecerle a Alvaro Uribe haber hecho de la "seguridad democrática" la prioridad de su administración, pues al éxito de esa política de gobierno se debe que hoy Santos este adelantando un proceso de negociación política del conflicto con las FARC. Difícil digerir tremenda incongruencia sin que pase por la mente que algo grave esta pasando en el cerebro de William Ospina, quien además de sus exitosas novelas, ha sido reconocido por su pensamiento humanista, social demócrata; y para muchos incluso, como militante de la izquierda.

Cómo alguien que tiene claridad sobre las causas reales del conflicto interno colombiano y con la misma claridad señala a sus artífices, puede dar un giro de 180 grados y terminar elogiando una política criminal de gobierno diseñada para perpetuar y agudizar la guerra, abrir el país de par en par a los saqueadores extranjeros y sus socios criollos; y consecuentemente, producir los efectos trágicos y horrorosos que nadie, aun con una pizca de sensatez puede ignorar: violaciones sistemáticas de derechos humanos, miles de ejecuciones extrajudiciales, millones de campesinos violentamente desplazados y despojados de sus tierras, miles de desaparecidos y perseguidos entre opositores políticos, sindicalistas, educadores, periodistas,....para solo mencionar algunas de las aberraciones que constituyen el legado de la seguridad democrática del narco gobierno de Uribe.

Claro que si se trata de reconocer las "bondades" de la seguridad democrática, el propio Santos lo ha reiterado y lo sigue repitiendo en cuanto evento publico aparece; pero con el no hay contradicción pues además de haber hecho parte del gobierno de Uribe, es fiel representante de las castas mafiosas y elites políticas que se han beneficiado de la guerra; así que no hace falta que William Ospina se lo recuerde. La contradicción salta a la vista cuando una farsa como esa es endosada por alguien que se ha caracterizado por desenmascarar y denunciar a los manipuladores de la realidad.

Y esto nos lleva a comentar otra columna que publica hoy la Revista Semana escrita por Juan Diego Restrepo. Dice este columnista que para que en el segundo mandato de Santos su iniciativa de paz tengan mas aceptación entre la opinión publica, su gobierno debe trabajar en mejorar la comunicación con el pueblo, y termina sugiriendo elementos que deben incorporarse en el manejo de la comunicación sobre el proceso de paz, a lo que Santos le ha dado el nombre de “pedagogía sobre la paz.”

El columnista de Semana critica, y con razón, que el gobierno no haya hecho pedagogía entre los colombianos sobre las verdaderas causas del conflicto, las motivaciones para la iniciación de los diálogos en La Habana, los alcances de esos diálogos y los beneficios para la sociedad colombiana si los diálogos culminan en un acuerdo y si lo que se acuerde se implementa...  El columnista sugiere que entre los mecanismos para desarrollar una pedagogía sobre la paz se diseñe cartillas para que se distribuyan y se discutan en las escuelas, colegios, universidades, empresas, centros comunitarios, etc. Una propuesta muy pertinente, por su puesto, si no fuera porque es al propio establecimiento, incluidas sus oligarquías y mafias políticas y empresariales, a quien no le interesa que el pueblo colombiano conozca  a cabalidad la naturaleza y origen del conflicto, sus causas verdaderas y quienes han sido sus artífices dentro y fuera del establecimiento.

Si algo le produce pavor al establecimiento es que el pueblo identifique a la guerrilla como lo que es, su interlocutor en las actuales negociaciones, y no como el gobierno de Santos y todos los gobiernos que le han antecedido han manipulado y usado el conflicto: que el conflicto es entre el Estado colombiano (vendido este como que representa y defiende los intereses, bienestar y seguridad de todos los colombianos) y un grupo de facinerosos que de un día para otro amanecieron armados y empezaron a cometer actos violentos (últimamente denominados actos terroristas) en contra de ese "Estado" y por lo tanto de todo el pueblo colombiano.

Qué interés puede tener el establecimiento en que, por ejemplo, un estudiante de secundaria de cualquier colegio de los apartados municipios del país correlacione la situación de exclusión y miseria de su familia y de su comunidad con los hechos que hace 50 años dieron origen a la guerrilla. La idea errada que ese estudiante tiene acerca de la violencia y sus raíces no solamente es producto del bombardeo de propaganda a que ha sido sometido por parte de los medios masivos serviles del establecimiento, sino porque el mismo sistema educativo está estructurado para que la historia del país y del conflicto sea enseñada de una manera distorsionada, y en la mayoría de los casos, falseada totalmente u ocultada pues la divulgación de la verdad atenta contra los intereses y privilegios del establecimiento y su jauría.

El conocimiento de la verdad crearía un ejército de reserva para las guerrillas no de miles sino de millones de jóvenes, y eso aterroriza al establecimiento.

La pedagogia de la paz de Santos no ira mas alla de la retorica que ha venido repitiendo y sus medios prepago amplificando: que el modelo economico no se esta negociando y que sus fuerzas armadas no seran tocadas, por el contrario seran fortalecidas. "Pedagogia" dirigida a aplacar los temores de los buitres que ven los minimos cambios sociales y politicos que producirian los puntos que se estan discutiendo en La Habana como una amenaza para el manteniento de sus privilegios. Si el pueblo colombiano tuviera claridad sobre las causas reales del conflicto, la retorica pedagogica de Santos seria rechazada, recibida como confirmacion de que el establecimiento no tiene interes en una paz verdadera con justicia social, porque es precisamente ese modelo economico excluyente, privilegiador, explotador, despojador y entreguista a los intereses extranjeros el que ha sido el causante de la miseria, exclusion, desigualdades e injusticias sociales que sufren la inmensa mayoria de colombianos. 

Asi que la pedagogía de la paz  de la que habla Santos no es más que otra de sus farsas; su objetivo no será otro que asegurar que el pueblo colombiano siga engañado sobre a quién representa el Estado y quien es realmente su enemigo. Una verdadera pedagogía sobre el conflicto le permitiría al pueblo colombiano entender que el Estado que vende el establecimiento como aquel que los representa, defiende y protege no es tal cual. O sí lo es, pero para representar, defender y proteger los intereses y privilegios de una ínfima minoría de colombianos: unas castas familiares mafiosas que han usurpado el poder desde la misma mal llamada independencia (bajo el auspicio y protección de fuerzas extranjeras); unas mafias políticas y empresariales que se encargan de sostener el aparato económico, jurídico y electoral para asegurar la perpetuidad del statu quo y con el sus privilegios; una casta mafiosa militar encargada de aplicar las políticas del terrorismo de estado; y una burguesía parasitaria que hace que ese estado mafioso funcione pero hacia adentro porque lo que el ciudadano de a pie obtiene cada vez que acude a requerir un servicio son atropellos.

Solo cuando ese estado de entendimiento del conflicto sea alcanzado es que el pueblo colombiano asumirá realmente su papel en las negociaciones que se adelantan en La Habana; esto es, entender que la contraparte del Estado en la mesa no son solamente los grupos guerrilleros sino todo el pueblo, lo cual desbarata totalmente el discurso de Santos en el sentido de que su gobierno está representando y defendiendo los intereses de todos los colombianos.

Más evidente resulta aún la farsa del mandato por la paz que Santos y su jauría dicen que recibieron del pueblo colombiano luego de su re elección. Con una verdadera pedagogía sobre el conflicto, el pueblo colombiano entendería que el único mandato que Santos obedecerá y cumplirá es el que le han otorgado las oligarquías y mafias políticas y empresariales que el fielmente representa; y por encima de todo, el mandato de sus patrones extranjeros.

En este escenario, la única posición que le corresponde asumir al pueblo como contraparte en las negociaciones es organizarse colectivamente y presionar al gobierno; primero, para que no se levante de la mesa; y segundo, para que los acuerdos que finalmente se logren se traduzcan en cambios reales que al menos solucionen algunas de las causas de la violencia; y para que las que hagan falta, se discutan a través de mecanismos de participación política, ojala de una nueva fuerza de oposición unificada en la que confluyan las ideas y propuestas  de los movimientos y partidos políticos existentes y de los que surjan luego de la firma de los acuerdos de paz.

El mandato del pueblo colombiano no es para el gobierno de Santos sino para las organizaciones comunitarias y movimientos sociales y políticos que en el ultimo año han puesto contra la pared al establecimiento a través de movilizaciones y paros: las organizaciones de campesinos, indígenas, cafeteros, estudiantes, marcha patriótica, unión patriótica…. Estas organizaciones deben deslindarse del discurso manipulador de Santos y su mandato por la paz, y estar en permanente alerta para movilizarse masivamente frente a cualquier intento del propio Santos o de los buitres que se oponen a las negociaciones, de suspender o terminar las negociaciones en La Habana.

"Presidente habemus": mandato por la paz con injusticia social

José Antonio Gutiérrez D. (*) 

Articulo originalmente publicado en www.rebelion.org

Santos ha sido elegido nuevamente presidente de Colombia, con un 51% de los votos emitidos, en medio de una perenne crisis de legitimidad -la abstención nuevamente fue la ganadora, llegando al 52%, más 4% de voto en blanco. Más de la mitad del electorado no se acercó a las urnas pese al terrorismo histérico mediático, que de lado y lado describía panoramas apocalípticos después del 15 de Junio, o a las encuestas amañadas. El triunfo de Santos no debería sorprender a nadie: las elecciones no definen nada, sino que sancionan apenas, con un tenue barniz democrático, lo que ya estaba decidido. Con el respaldo del capital financiero, de los empresarios, de los EEUU y de la Unión Europea, era imposible que Santos perdiera. Como dijera el profesor Renán Vega en una entrevista “Las elecciones simplemente son como el cierre de esos proyectos en marcha que llevan mucho más tiempo de consolidación en el país en términos políticos” [1].

Aunque un sector de la izquierda quiera ver este resultado electoral como un voto por la paz, o más aun, como el equivalente colombiano a Stalingrado o al Día-D (dependiendo de su persuasión ideológica) en la derrota del “fascismo”, lo cierto es que tanto el aumento en la votación de Santos como una cierta baja del abstencionismo, tienen más que ver con la fuerza aplanadora de las maquinarias electorales, particularmente en la Costa caribe [2], incluidas la compra de votos a granel y la mermelada para todos los gustos. Aunque es discutible el peso de la izquierda en el resultado electoral (en ciertas zonas hubo claras transferencias, incluida Bogotá, no así en otras), lo cierto es que la izquierda tuvo un rol clave no en decidir las elecciones, sino en ayudar a lavar la imagen de Santos ante la opinión pública.

Santos inicia un nuevo período de gobierno en la misma crisis crónica de legitimidad del régimen colombiano, pero con una imagen fresca. Este triunfo electoral y todo el manejo propagandístico que se hizo en torno al “candidato de la paz”, han ayudado a disociar su imagen de los falsos positivos, del bombardeo a Ecuador, de su catastrófica gestión social anti-popular, de su ministerio de guerra y de su ministerio de palmicultura, de todos los engaños y promesas incumplidas al pueblo campesino, de los tratados de libre comercio, de la impunidad militar, de la ley de seguridad ciudadana y la criminalización de la protesta… se ha echado una buena cantidad de tierra sobre los muertos de estos cuatro años en que el pueblo no ha dejado de movilizarse y ¿los presos políticos?, muy bien gracias. Santos emerge de la contienda electoral, indudablemente, con una imagen renovada.

Pero importantes sectores de la izquierda hicieron un poco más que esto. Además, al personalizar –junto a los santistas- el proceso de paz en la figura del presidente, han ayudado a que la paz, originalmente una conquista del pueblo movilizado (y en últimas hasta un deber constitucional), pueda ser redefinida en este segundo período de gobierno en los términos de Santos. El presidente tiene las llaves de la paz, ahora sí, bien guardaditas en su bolsillo y no las compartirá con nadie, a menos que sea hacia la derecha. Ya los analistas van sacando sus conclusiones: Santos ha logrado un mandato para avanzar en el proceso de paz, pero tendrá que hacer concesiones al 46% de votos uribistas que ellos interpretan como más mano dura [3]. El mandato por la pax santista, ergo, incluirá bajar las “expectativas” a las FARC-EP y al ELN. Como dice el análisis de la Silla Vacía, el resultado electoral “quizás, ayude a focalizar la discusión en la mesa en lo posible, más que en lo deseable” [4]. O sea, pisar el acelerador para lograr, cuanto antes, la paz con injusticia social. El análisis de Semana es aún más claro al definir que la pax santista consistirá, sencillamente, en “llevar las conversaciones de La Habana y las que se hagan inicialmente en Ecuador, Brasil u otro país con el ELN a que esas dos guerrillas acepten desmovilizarse y desarmarse” [5]. La paz ha sido definitivamente divorciada de los cambios estructurales para superar las causas del conflicto; a lo mejor hay cambios que habrá que hacer, pero nada muy radical, aunque demagógicamente se invoquen “cambios profundos” que solamente pueden creer los más ingenuos [6]. En palabras del mismo artículo de Semana, “Santos no tiene, pues, carta blanca para negociar con las FARC. Las líneas rojas que su propio gobierno se trazó al emprender este camino han sido reforzadas y, si se quiere, reducidas por el resultado electoral”.

Santos logró algo histórico además en el plano político. Logró volver a recomponer el bipartidismo bajo los colores del uribismo y de su propia tolda. El término “oposición”, de hecho, ha sido apropiado –gracias a los manejos mediáticos y al encuadramiento electoral de la izquierda- por el uribismo, con quienes objetivamente, comparte más que lo que los divide. Santos es, sin dudas, un hábil jugador en medio de la debilidad estructural de su mandato. De hecho, debe ser en el mundo el único presidente de derecha, delfín de lo más granado de la odiada oligarquía, involucrado en groseras violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que ha recibido un respaldo electoral importante por parte de la izquierda. En la práctica, Santos logró unir a la izquierda colombiana a un grado que no logró ni la candidatura de Clara López ni el paro agrario del 2014. Lo que demuestra lo astuta que es la oligarquía colombiana. Son unos berracos; no por nada llevan dos siglos en el poder, manejando uno de los Estados más reticentes a la reforma social.

¿Qué se viene ahora? Santos intentará consolidar su proyecto de la unidad nacional, conciliando con el uribismo, en torno al discurso de la paz minimalista en medio del recrudecimiento de la ofensiva. Recordemos que el mismo día que supuestamente se votaba guerra o paz, el gobierno se felicitaba por el presunto abatimiento de Román Ruiz, líder del Frente 18 de las FARC-EP (pese al cese al fuego unilateral), quien al final resultó no ser el muerto… o sea, otro falso positivo [7]. A la izquierda no tendrá que hacerle mayores concesiones porque no tiene capacidad de exigirlas. A algunos en la izquierda les tocará la mermelada (alcaldía de Bogotá), a otros con un plato de lentejas les bastará (por ejemplo, si les hacen la vista gorda ante casos de corrupción de ciertos familiares). Pero la mayoría tendrá que contentarse con las promesas de lentejas, porque las concesiones serán con la “oposición oficial” (uribismo). Lo que no impedirá que un sector se quede pegado con mermelada, lentejas y promesas, al “presidente de la paz”, secundando su mandato por la paz con la injusticia social con la esperanza de que el régimen sea un poco más “incluyente” (o sea, que los inviten a co-administrar los escalones más bajos del sistema que existe, abandonando toda ilusión de cambio social). Tal vez veremos más ritos indígenas de armonización, más treguas sindicales de 100 ó de 1000 días, y más dirigentes de izquierda diciendo que actualmente es inoportuno luchar, que no hay que desestabilizar, que hay que rodear la paz (o sea, rodear a Santos). El país político sesionando en pleno.

El voto táctico de la izquierda oculta en el fondo una derrota estratégica de ésta. Derrota que no es de las últimas dos semanas, sino que se arrastra de largo y que se ha expresado en su incapacidad de canalizar el descontento popular en un programa de lucha, en una renovación de la política y en deshacerse de los métodos de la política tradicional, metiéndole cuerpo al promisorio proyecto de unidad desde abajo que comenzó a forjarse en la Cumbre Agraria y Popular. Sólo tal vez así, se podrá llegar a más de la mitad del país que mira a la distancia, con asco e indiferencia, desde su pobreza y exclusión social, sin inmutarse, a ese país político ajeno. Lo único que podría inclinar la balanza hacia la paz con justicia social es la fuerza de la lucha popular, del pueblo organizado. Pero para ello hay que vencer los caudillismos y burocratismos de esa "ciudad letrada" que mira con desconfianza al bajo pueblo y a su iniciativa espontánea. Esa ciudad letrada que confía más en la negociación por arriba que en la capacidad de lucha de los de abajo. La izquierda oficial ha demostrado tener más capacidad para desmovilizar que para movilizar, más capacidad para elegir al mal menor que para ser alternativa política. Así las cosas, los dados parece que en este segundo período estarán inclinados hacia la paz en los términos de Santos. A menos que haya una asonada al interior de la izquierda que dé por el traste con los verticalismos, oportunismos, sectarismos, personalismos y todos los ismos que le impiden crecer y convertirse en alternativa política, no para el pueblo, sino que construida desde el pueblo. Si no, lo que nos espera, es el destino de ser Guatepeor: algo así como tener la violenta paz de Guatemala, pero elevada al cubo.

Notas:

[1] http://www.lahaine.org/index.php?p=78255

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-colombia-el-poder-electoral-de-la-costa/391918-3

[3] http://www.semana.com/opinion-online/articulo/hablarle-la-otra-mitad-por-jose-manuel-acevedo-m/392071-3 Digo “interpretan” porque ese 46% del voto no es más ideológico que el de Santos: también responde a maquinarias, mermelada, compra de votos, chocorazos y al sentimiento anti-santista. Pensar que el voto “uribista” es homogéneo es insostenible.

[4] http://lasillavacia.com/historia/elecciones-presidenciales-en-fotos-47921

[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/habra-acuerdo-de-paz-este-ano/391888-3

[6] http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/juan-manuel-santos-llamo-la-unidad-por-la-paz/392061-3

[7] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-desmiente-muerte-de-guerrillero-alias-roman-rui-articulo-498468

(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010)