Si querían pruebas de la farsa que es el plan de restitución de tierras del gobierno de Santos, el burdo escándalo que le montaron a la saliente subdirectora de tierras rurales del INCODER, Jhenifer Mojica, es la prueba reina.
Esta funcionaria, actuando en derecho declaró
como terrenos baldíos cerca de 2 millones de hectáreas, miles de estas en la
controvertida finca de Las Pavas. La reacción de los criminales que posan de
propietarios de esas grandes extensiones de tierra no se hizo esperar y
movieron sus hilos en el gobierno de Santos y en la procuraduría para removerla
de su cargo, no sin antes montarle un burdo proceso disciplinario por presuntas
incompatibilidades para ejercer el cargo. Pero aún más burdas y patéticas son las
denuncias de que sus actuaciones jurídicas no fueron ajustadas a la ley solo porque
la funcionaria tiene supuestamente ideologías comunistas.
Que los criminales recurran a estas tretas
no sorprende. Lo que no solo sorprende sino que es repudiable es que el
gobierno de Santos no defienda las actuaciones jurídicas de sus funcionarios,
sobre todo en asuntos que tienen que ver con sus supuestos programas bandera.
Ni un pronunciamiento de Santos exigiendo, por ejemplo, que los criminales que
defienden la propiedad de esas tierras presenten argumentos y pruebas jurídicas
que demuestren que la decisión de la funcionaria fue equivocada. Nada! Absoluto
silencio!! Peor aún, el gobierno pone a ex jefes de la funcionaria en el
INCODER a declarar en favor del montaje sobre la inhabilidad de la funcionaria.
Pero si quieren pruebas aún más
contundentes sobre la farsa de Santos, no es sino que se remitan a sus
actuaciones luego de conocerse el escándalo relacionado con la usurpación de
millones de hectáreas en terrenos baldíos asignados a campesinos del Vichada,
por parte de multinacionales y empresarios locales asesorados por la firma de
abogados de su embajador en EEUU. Mas se demoró el pueblo en conocer la dimensión
real del fraude que el presidente Santos en ordenar una barrida de los funcionarios
del INCODER que adelantaron la investigación y detectaron las trampas jurídicas
que usaron sus amigos para usurpar esas tierras.
Pero si en el colmo de la ceguera y aletargamiento
mental aun lo anterior no es prueba suficiente, les invito a que recreen las
reacciones de Santos frente al asesinato sistemático de líderes de
organizaciones comunitarias reclamantes de las tierras usurpadas. Van 21 líderes reclamantes de tierras asesinados desde el 2008.
La respuesta de Santos ha sido darles chalecos antibalas, ponerles guardaespaldas,
y eso a los que han movido palancas para que les den protección, y por eso es
que aún no los han asesinado. Y decimos aún porque qué protección permanente les
pueden ofrecer, uno o a lo sumo dos guardaespaldas, frente a ataques de ejércitos
oficiales y paramilitares.
Santos no ha emprendido ninguna acción tendiente
a acabar de raíz con estos crímenes; esto es, el desmonte de los grupos
paramilitares que están detrás de esos asesinatos, y la captura y judicialización
de sus jefes y autores materiales, todos plenamente conocidos por las
autoridades judiciales y por el propio gobierno.
En alguna ocasión el gobierno ha informado
sobre la captura de algunos sospechosos de ser los autores de esos crímenes,
pero no ha presentado ninguna prueba que
demuestre que los supuestamente capturados pertenecían realmente a los grupos
paramilitares, o si eran jefes o simples sicarios. Si la desmovilización de los
paras, como se ha demostrado, fue todo un montaje, no es apresurado concluir
que las supuestas capturas no son más que “falsos positivos”.
La falacia del plan de restitución de
tierras es tan evidente que hasta a la organización de derechos humanos gringa
Human Rights Watch (HRW), sirviente del imperio al igual que Santos, le ha sido
imposible encubrirla y tuvo que producir un informe cuestionando la implementación,
la inseguridad de los reclamantes y los resultados del programa.
Tal parece que los patrones de Santos en
EEUU, asombrados con su ineptitud y desfachatez para poner en marcha la agenda
que le impusieron, con el informe de HRW lo que le están enviando es un mensaje,….
algo asi como: “oiga Juan Manuel no sea tan descarado, tan burdo, ni tan falto
de tacto como para exponer tan abiertamente las farsas que hemos diseñado para
su gobierno. No todo el pueblo colombiano es tan estúpido como para tragarse
todos sus cuentos, mentiras y contradicciones.”
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