Mientras los medios de comunicación serviles a los intereses capitalistas de los inversionistas locales e internacionales gastan horas y horas de prime time comentando las infidelidades y regreso a los torneos de golf de Tiger Wood, la noticia del asesinato de 8 colombianos mas, mineros que se rebuscaban el sustento diario en Suárez, Cauca, pasa prácticamente desapercibida. Mucho menos les merece un minuto de tiempo al aire para analizar el transfondo que se esconde tras estos viles asesinatos: La continuación de la operación de limpieza de todo cuanto se oponga a la explotación de los recursos minerales y energéticos mediante licencias ya concedidas (o en proceso de ser aprobadas) a multinacionales mineras (los inversionistas extranjeros del narcogobierno de Uribe).
Esta operación de limpieza social, aunque practicada desde la época postcolonial, ha sido perfeccionada en los años de narcogobierno de Uribe, bajo la farsa de su política de seguridad democrática y promoción de la confianza inversionista. Veamos como funciona esta estrategia criminal:
Identificadas las zonas o regiones ricas en recursos mineros o energéticos (incluso tierras aptas para desarrollo de proyectos agroindustriales), el gobierno entra en conversaciones con compañías multinacionales (o estas compañías son las que inician el contacto) y firman lo que en el ámbito internacional se llaman “acuerdos de entendimiento” (MOU –Memorandums of Understanding);
Simultáneamente con el proceso de negociación de los términos económicos de la explotación del recurso (obviamente, favorable para las multinacionales y sus contrapartes locales) y el de licenciamiento minero y ambiental, se da inicio a una guerra sucia en esas regiones, no solo en lo militar sino en lo político y social, etapa en la cual los medios prepago juegan un papel preponderante: hacerle creer a la sociedad civil que las fuerzas que se oponen a estos proyectos, bien sean comunidades indígenas o campesinos, son auxiliadores o están infiltrados por la guerrilla; premisa bajo la cual “justifican” la violencia y sangre con que reprimen todas las acciones de protesta y resistencia de estas poblaciones;
Estas masacres, como la de los 8 campesinos en Suárez Cauca, son ejecutadas o bien por el propio ejercito patriótico de Colombia o por sus brazos paramilitares cuando la presencia guerrillera en ciertas regiones no la pueden sustentar con facilidad. A la opinion publica los comandantes de las brigadas criminales del ejercito le dicen que se trato de una "venganza entre los mineros ilegales que trabajan en la zona". Pero para la seguridad democratica esta estrategia de limpieza social toma el nombre de “aseguramiento y pacificación del territorio” lo cual despeja el camino para la implantación de la segunda política del gobierno terrorista de Uribe: “la inversión extranjera”;
“Asegurado” el territorio, las multinacionales tienen no solo el camino libre para iniciar el saqueo de nuestros recursos naturales sino la protección permanente de nuestro “ejercito patriótico” contra cualquier futuro “sabotaje” a sus operaciones;
En resumen, este gobierno criminal y asesino ha llegado tan lejos que no se satisface con asesinar a colombianos indefensos e inocentes sino que, con dineros de todos los colombianos, les garantiza a las multinacionales que continúen sin contratiempos el saqueo de nuestros recursos. En el entretanto, las poblaciones asentadas en las zonas mineras (las que quedan, pues las que tuvieron la osadía de resistir la invasión extranjera fueron masacradas o desplazadas) continúan hundiéndose en la miseria, la violencia, la exclusión y el olvido……
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