martes, 3 de noviembre de 2009

Las milicias paramilitares marchan de nuevo, dice The Economist. (Vivitas y coleando se diria en el argot popular)




Ante la sordera, ceguera e indiferencia del pueblo colombiano frente al sinnúmero de denuncias que algunos periodistas y columnistas serios, algunos pocos políticos y en general los medios alternativos han venido divulgando sobre al entuerto que nos dejamos meter con la tal ley de justicia y paz, resulta oportuno darle mayor despliegue a la crónica que aparece publicada en la más reciente edición de The Economist.  Quizás el hecho de que sea un medio extranjero, al que el gobierno le queda muy difícil acusar de aliado de los “terroristas de la far”, sirva para que la galería y la caverna que apoyan ciegamente al artífice de esta farsa despierten de su aletargamiento mental.




Con las salvedades que señalamos a continuación, la crónica es una muy buena radiografía de lo que ha significado el proceso de desmovilización de  los socios del narcopresidente.
Primera anotación: Menciona el artículo que fueron 32.000 los paramilitares  desmovilizados. Al respecto hay que aclarar que ese es un numero  inexacto pues los paras no eran tantos antes del inicio de la presidencia de Uribe. Hay claras evidencias y testimonios de varios de los desmovilizados que demuestran que el numero de paramilitares fue inflado solo meses antes de que la ley de justicia y paz entrara en vigencia, mediante el reclutamiento de vagos callejeros, desempleados, miembros de pandillas y hasta indigentes habitantes de barrios marginados de las comunas de Medellín principalmente; aunque también habitantes de otras ciudades que para ese entonces tenían activa presencia de bloques paramilitares.

Segunda anotación: Dice el autor del artículo que pese a las fallas, el proceso ha producido resultados positivos en términos de la disminución de asesinatos. Cierto si la fuente de la información es el gobierno de Uribe. Lo que autor desconoce o no le informaron es que si bien el numero de masacres puede haber disminuido, el grueso de asesinatos selectivos, incluidos los mal llamados falsos positivos, ha aumentado  considerablemente con respecto a años anteriores al inicio del proceso de desmovilización. Y eso haciendo la salvedad de que las propias autoridades nacionales y locales tratan de esconder o minimizar las cifras reales de homicidios que han ocurrido como resultado del reacomodamiento de los grupos de los verdaderos paramilitares que nunca se desmovilizaron. El caso mas dramático es el que vive la ciudad de Medellín, con más de 20 asesinatos por día durante los fines de semana, hechos que por supuesto las autoridades locales no reconocen. Para no mencionar la serie  asesinatos y masacres de indígenas Awa, los cuales con excepción del ajusticiamiento reconocido inicialmente por las Farc, han sido cometidos por miembros de la fuerza pública en clara connivencia con los grupos paramilitares que ahora controlan abiertamente esa región.

Tercera anotación: Dice también el autor que los jefes paras extraditados se han reusado a seguir confesando sus crímenes cometidos en Colombia porque no tienen garantías de que eso les ayudara a negociar las penas impuestas en Estados Unidos. Si bien esa puede ser hasta cierto punto una expectativa que tenían estos criminales, la principal razón por la que se han abstenido de seguir colaborando con el esclarecimiento de los crímenes y denunciando a sus secuaces que aun disfrutan del poder político y económico en Colombia la constituyen las amenazas de muerte a las que están sometidos sus familiares en Colombia; amenazas que incuestionablemente provienen de agentes del gobierno pues a nadie más le interesa que estos criminales no los delaten. Aunque frente al hecho de que a algunos extraditados no los han podido silenciar, el plan B del parauribismo es hundirlos más y desacreditar sus denuncias bajo el amañado argumento de que a los criminales no se les puede creer.

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