martes, 28 de julio de 2009

LA COOPERACION MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS, UNA LARGA HISTORIA DE CRIMENES E IMPUNIDAD


Durante las décadas de los años 60 y 70 el imperio norteamericano creo la famosa “Doctrina de Seguridad Nacional” que no es otra cosa que el sostenimiento y financiación a gobiernos autoritarios y dictaduras militares para que defiendan y garanticen la continuidad de su proyecto imperialista en la región. Esta doctrina se inicio en la Escuela de las Américas en Panamá y el propósito fundamental era dar instrucción y asesoría a militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia y violaciones de derechos humanos haciendo uso de las más sofisticadas técnicas.

En Colombia ha sido una constante la presencia de militares y “asesores” norteamericanos, quienes operan y siguen operando en nuestras bases militares a lo largo y ancho del país so pretexto de la lucha contra la insurgencia, el narcotráfico, y más recientemente contra el mal llamado terrorismo. Esta presencia militar se ha venido incrementando a partir de la implementación del Plan Colombia y alcanzo su nivel máximo con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo cual lo convirtió en el títere preferido del gobierno criminal de Bush.

La implementación del Plan Colombia, y su intensificación a partir de su segunda fase en el 2002 bajo el denominado Plan Patriota, ha traído consigo un aumento significativo de casos de violación de derechos humanos tal como ha sido ampliamente denunciado por varias organizaciones internacionales y por el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Estos informes concluyeron que la conexión existente entre grupos paramilitares, militares colombianos y asesores y militares norteamericanos en la comisión de todo tipo de delitos venia de décadas atrás.

Para darle continuidad a esta tenebrosa relación, recientemente el presidente Uribe notifico al país sobre la firma de un nuevo acuerdo de “cooperación y ayuda militar” con el gobierno de los Estados Unidos; el cual fue negociado entre la penumbra y la oscuridad de la noche. Las informaciones oficiales y a través de los medios de comunicación son tan vagas y contradictorias que hoy por hoy ningun colombiano sabe con certeza cuál es el real alcance y mucho menos que instancias constitucionalmente debían autorizar y ratificar este nuevo acuerdo.

De acuerdo con informaciones fragmentadas propias del gobierno de Uribe, este seria un convenio de cooperación y asistencia militar por 10 años, tiempo durante el cual se podría expandir incluso hasta a 5 bases, dentro o dese las cuales el gobierno norteamericano quedaría autorizado para desarrollar operaciones bélicas, incluido el transito y estacionamiento de tropas, buques y aeronaves de guerra, y el uso de la mas moderna tecnología militar. Como muestra adicional de la generosidad y espirito patriótico de Uribe, los militares y contratistas gozarían de total blindaje frente a la justicia colombiana, esto es, actuarían dentro de la más absoluta impunidad.

La firma de este tratado con el gobierno norteamericano representa una flagrante violación a nuestra soberanía nacional, a la par de que contribuye a la agudización de la guerra interna y las recientes confrontaciones que se vienen dando con los países vecinos de Venezuela y Ecuador. Este acuerdo se constituye también en una sutil manera de aceptar la invacion de nuestro territorio ya que los militares americanos no solamente podran controlar aéreas estratégicas desde los puntos de vista militar, político y económico sino tambien monitorear movimientos y actividades militares en las fronteras con Venezuela y Ecuador especialmente.

Los abusos y actos criminales que cometen las tropas y mercenarios norteamericanos asentados en cientos de bases militares alrededor del mundo han sido ampliamente divulgados. En el caso particular de Colombia hay suficientes evidencias de delitos cometidos en el marco de previos convenios mal denominados de “cooperación militar”, los cuales han quedado en la impunidad, incluso hasta blindados de la acción de la Corte Penal Internacional. Esta carta blanca para cometer toda clase de crímenes data del año 1962, con algunas ampliaciones incorporadas posteriormente para acomodar los convenios al hecho de que el gobierno de Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con tan larga historia de crímenes, genocidios, asesinatos y complots contra presidentes elegidos democráticamente pero que no le sirven a sus intereses, no hace falta explicar cuáles son las reales razones del gobierno gringo para no adherir a la acción de este tribunal penal internacional.

Recordemos eso si algunos de los delitos cometidos por militares y funcionarios norteamericanos durante su presencia en Colombia.

El más sonado es tal vez el protagonizado por los esposos HIETT. Recordemos que el coronel James Hiett había sido nombrado por el gobierno norteamericano en 1999 para dirigir la misión militar antidrogas en Colombia y como tal tenía a su cargo 200 militares norteamericanos. Hay abundantes e irrebatibles evidencias sobre el envío de varios kilos de cocaína y heroína desde Bogotá hasta Nueva york a través de valijas diplomáticas por parte del coronel y su esposa Laurie Ann Hiett, cuyo dinero obtenido por estos “servicios diplomáticos” era depositado en bancos norteamericanos.

En Mayo del 2001, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, también se descubrió un cargamento de heroína pura. Las investigaciones concluyeron que el responsable de este envió de droga era la empresa DynCorp que es una de las empresas contratistas mas grandes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para mayor asombro, el destino final del cargamento de esta droga era la base área de Patrick en la Florida. Para esa fecha DynCorp no estaba operando solo en Colombia sino también en Bolivia y Perú, países que también tenían “asistencia” del gobierno gringo para la guerra antinarcóticos.

Ha que aclarar además que DynCorp es una empresa privada norteamericana que se ocupa de la seguridad y defensa de los intereses geoestratégicos, energéticos y económicos del gobierno americano. Mercenarios que trabajan para esta empresa de seguridad han estado directamente involucrados en varios conflictos internos y guerras como es el caso de las guerras de Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Afganistán, Kosovo, Kuwait, Bosnia, Somalia, Angola, Haití y Bolivia. Igualmente intervino en la guerra contrainsurgente en El Salvador.

En Colombia, DynCorp ha hecho presencia desde el inicio del Plan Colombia y se estima que ya pasa de mil el número de mercenarios asignados a diversas misiones. Cabe recordar que los tres militares norteamericanos secuestrados por las FARC eran realmente mercenarios al servicio de DynCorp.

No obstante y a pesar de las innumerables denuncias sobre violaciones y delitos de lesa humanidad denunciados por organizaciones de defensa de derechos humanos, esta empresa multinacional (que mas correctamente se debería llamar maquina de muerte) sigue haciendo parte del grupo selecto de empresas de seguridad americanas y como tal goza de contratos millonarios con el Pentágono. En resumen, este tipo de empresas es al gobierno gringo como los paramilitares son al gobierno colombiano. Para el gobierno gringo son una especie de CIA alterna conformada por mercenarios sin escrúpulos cuya misión es ejecutar operaciones de guerra sucia que por “evidentes razones” no pueden ser ejecutadas directamente por agencias o aparatos militares estatales: violaciones atroces de derechos humanos, complots contra gobiernos que se salen de la línea imperialista, prácticas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y entrenamiento militar a su contraparte local paramilitar.

En otro hecho ocurrido en Abril del 2005 cinco soldados estadounidenses en misión de instrucción a miembros del ejército colombiano fueron detenidos por transportar 16 kilos de cocaína desde Colombia en un avión militar perteneciente a la misión del “Plan Colombia”. El avión había despegado desde la base militar de Apiay rumbo a una base militar en el estado de Texas. A pesar de que las investigaciones condujeron al descubrimiento de una red de narcotráfico desde la base de Apiay hacia Norteamérica, el gobierno colombiano, con la complicidad de los medios de comunicación, ha logrado manter este escandaloso hecho bajo un completo hermetismo.

Otro caso denunciado incluso en el congreso por el senador Clopatofsky es el denominado “Cartel del Comando Sur”. Las denuncias se referían a tráfico de estupefacientes por parte de militares norteamericanos, hechos que por lo demás ocurrieron durante el actual segundo periodo del gobierno de Uribe.

Pero los escándalos no solo se refieren a tráfico de narcóticos, asesinatos, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Militares y mercenarios gringos han estado también involucrados en abusos sexuales de menores como quedo demostrado en un caso sucedido en la base de Tolemaida en el 2004, del cual incluso quedaron videos que posteriormente hasta se conseguía en las calles como video porno. El video claramente mostraba como estos militares norteamericanos abusaban y sometían sexualmente a niñas menores de edad quienes eran llevadas engañadas a la base de Tolemaida desde la población vecina Melgar.

En un hecho más reciente, Mayo del 2005, los contratistas norteamericanos Alan Norman Tanquary y José Hernández, miembros del Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército Americano, y que se desempeñaban como instructores de tiro en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército en Tolemaida, fueron arrestados en flagrancia por traficar con más de 30.000 proyectiles con destino a grupos paramilitares. El arresto sucedió en Carmen de Apicalá, en la vía que comunica a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

La lista da para llenar innumerables páginas. El punto es que la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es la más burda y falsa invención del gobierno gringo, pues su único propósito es defender sus intereses imperialistas, los de las empresas multinacionales asentadas o con sedes en Colombia, y ejercer el control y monopolio del jugoso negocio de la droga a nivel mundial. Para ello por supuesto cuentan con el apoyo de gobiernos postrados, carentes de todo sentido de defensa del patrimonio nacional, gobiernos vergonzantes y descarados que permiten y coadyuvan no solo la entrega de la soberanía nacional sino también la violación de derechos humanos y la comisión de toda clase de delitos de lesa humanidad.

Uribe es el ejemplo más patético de este grupo de gobernantes pues es el que con mayor ahínco ha sabido defender los intereses norteamericanos. Bajo su gobierno, además de dar carta abierta al saqueo continuo de nuestros recursos minerales, turísticos, naturales y energéticos, ha dado carta de impunidad total a toda clase de delitos y crímenes en contra de todo aquel que se le atraviese en su camino y en el de sus protegidos, amigotes, subordinados, socios, y elites económicas que lo mantienen en el poder. No es de sorprenderse entonces que sea este narco presidente el que con el mayor descaro y cinismo defiende la invasión de nuestro territorio por parte de militares y mercenarios gringos.

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