El Robo de Agro Ingreso Seguro - Revelaciones de los Cables Diplomaticos en Wikileaks

Si Julian Assange, el creador de Wikileaks, hablara español y estuviera enterado de los pormenores de la realidad colombiana, sin duda su frustración al leer los cables que están publicando sus medios asociados locales, El Espectador y Semana, sería muy grande. La simple publicación de la traducción al español de los cables gringos no cumple con el propósito central de Wikileaks; esto es, servir como factor determinador de mayor conciencia ciudadana lo que se traduce en protestas y demandas de transparencia, justicia social y responsabilidad por parte de los gobiernos, por sus acciones u omisiones en contra la seguridad, justicia, los derechos humanos y el bienestar de los pueblos.

La muestra más reciente es la publicación de las infidencias de una reunión entre el director general del Instituto Interamericano  de Cooperación para la Agricultura (IICA) y representantes de la embajada gringa en relación con el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Sobre estas revelaciones hay que decir que lo que publica El Espectador es muy pobre en contexto pues ni siquiera hace las conexiones pertinentes con lo que ahora se conoce o se ha dicho sobre el escándalo de AIS, tanto por parte de los implicados como por lo que los medios y las propias autoridades judiciales han descubierto; sobre todo  dado el sinnúmero de documentos y declaraciones que los organismos de investigación han recopilado como material probatorio en los procesos contra varios de los funcionarios de bajo nivel  ya judicializados, y como material acusatorio en los procesos judiciales, disciplinarios y fiscales en curso en contra del ex ministro Arias.

El Espectador omite el análisis pertinente a las declaraciones controversiales que hace el director general del IICA en el sentido de que según ellos el programa AIS fue exitoso sobre la base de que los subsidios no fueron otorgados directamente a los propietarios de las fincas sino que se usaron para pagar directamente a los contratistas de los sistemas de riego; y además porque el programa AIS no prohibía que los beneficiados fueran prominentes familias o que se hicieran parcelaciones para acceder a subsidios más cuantiosos.  El funcionario del IICA agrega que bajo estas condiciones, sus empleados no podían rechazar los proyectos de riego presentados por los terratenientes y empresarios envueltos en el escándalo. 

El comentario que hay que hacer al respecto es que (dejando a un lado los consabidos sobrecostos de todos los contratos que se ejecutan en el país)  la ilegalidad de los subsidios no se configura por las irregularidades técnicas o financieras asociadas a los proyectos de riego sino por la desviación de recursos públicos que estaban destinados a ayudar a pequeños y medianos agricultores que realmente requerían el apoyo financiero para incrementar la productividad de sus fincas.  A lo cual se suman las trampas utilizadas para acceder al programa y multiplicar los subsidios.

Hoy nadie puede cuestionar que esas familias privilegiadas que se beneficiaron de AIS, no solo eran inelegibles como beneficiarios porque tenían capacidad de financiar sus proyectos con recursos propios sino que fraudulentamente modificaron a última hora títulos de propiedad y extensión de las fincas; además de que tenían un claro conflicto de intereses con el gobierno de Uribe como quiera que habían financiado sus dos campañas presidenciales; e incluso, la fallida campaña presidencial del que fuera ministro de Agricultura cuando los subsidios fueron otorgados.

En el mismo sentido, El Espectador no incluye ningún análisis sobre la defensa que hace el director del IICA del papel que cumplió esa agencia en todo el proceso de evaluación y adjudicación de los subsidios de AIS.  Es de anotar que si bien para la época de la reunión del director del IICA con los funcionarios de la embajada gringa (Enero de 2010) aun no se conocían cargos judiciales en contra de empleados de esa agencia, hoy la absolución que hace a sus funcionarios puede ser controvertida contundentemente pues varios de ellos están ya judicializados, incluso pagando cárcel.  Lo cual demuestra que los empleados del IICA no solo si tenían claro conocimiento del manoseo que el ministro Arias estaba haciendo del programa AIS sino que se prestaron para hacer aparecer como elegibles y viables las solicitudes fraudulentas presentadas por familias y empresarios prácticamente seleccionadas a dedo y con anticipación solo por sus estrechos vínculos con el gobierno de Uribe.  Esos funcionarios no solo se limitaron a evaluar técnicamente los proyectos de riego propuestos sino que participaron también en la revisión de la documentación que sustentaban esos proyectos: categoría y extensión de las fincas, usos, condición económica de los propietarios, etc..

Sobre este mismo aspecto, incluso el propio funcionario de la embajada incluye  al final del cable el siguiente comentario utilizando palabras (ver subrayado) que dejan entrever que no estaba totalmente seguro: “al parecer el IICA cumplió con los aspectos técnicos de su contrato y probablemente pudo no haber estado enterado de que recursos de AIS serian otorgados a familias prominentes, en contra del espíritu de la ley, si no de su misma letra”

El cable trae otra revelación trascendental que El Espectador, aparte de la traducción literal, pasa desapercibida. El director general del IICA  Christopher Hansen afirma que “el Ministerio de Agricultura ejercía total supervisión del programa y de hecho era quien tomaba las decisiones finales sobre los beneficiarios”.  Al respecto, son varias las preguntas que quedan por resolver: 

• Qué declararon ante la Fiscalía los funcionaros del IICA que hoy están judicializados?; 

• Fueron estos funcionarios interrogados sobre quienes en ultimas tomaban las decisiones sobre a quién otorgar los subsidios?; 

• Fueron sus respuestas consistentes con las de su jefe durante la reunión con los funcionarios de la embajada gringa?; 

• Los cerca de 20.000 documentos que menciona el director del IICA en su entrevista con la embajada gringa y que prometió entregar a las autoridades investigadoras para ayudar a esclarecer el escándalo, fueron finalmente entregadas? 

• Qué curso tomará la investigación en contra de estos funcionarios si en sus declaraciones negaron que el ministerio supervisaba todo el proceso y tomaba las decisiones finales?

Sobre esta misma revelación, los defensores de Arias y Fernández alegaran que la referencia al “Ministerio de Agricultura” no implica que ellos como ministros hubiesen participado en el proceso y toma de decisiones.  Pero entonces tendrán que explicar porque el ministro Fernández le solicitó al director del IICA que les diera un empleado de esa agencia como chivo expiatorio a quien responsabilizarían del fraude.  Así registra el cable de la embajada esta patética petición del entonces ministro Fernández: “Los abogados del IICA afirman que el Ministro Fernández había solicitado al IICA ofrecer uno de sus empleados como chivo expiatorio a quien el ministerio podría inculpar por el escándalo. El IICA rechazo la petición”.

Preguntas para los ex ministros Arias y  Fernández:  

• Si ellos no participaron en el proceso de evaluación de los proyectos ni tomaron las decisiones finales, porque el afán y la torpeza de pedirle a una organización internacional que sacrifique a uno de sus empleados; 

•  Porque también el acoso, chantaje y amenazas al IICA con hacer efectiva la póliza de cumplimiento de su contrato tal como lo denuncia el director de esa agencia en su reunión en la embajada;

Para quienes no saben que es el IICA y que hace en Colombia, esta es una agencia internacional financiada mayoritariamente por los gobiernos de EEUU y Canadá y en menor proporción por el gobierno de Méjico. Su aparente misión es promover programas de desarrollo agrícola competitivos y sostenibles para las Américas; y en el caso particular de Colombia, entre otras, supuestamente ayudar a poner en marcha el programa AIS y garantizar la transparencia del proceso de adjudicación de los subsidios.

Lo que la mayoría de la opinión publica no sabe es que esta agencia, al igual que todas las agencias internacionales que dependen o son financiadas por el gobierno de EEUU (USAID, es otra de las que opera en Colombia), es simplemente uno de los tantos instrumentos con que cuenta el imperio gringo para mantener seguros sus intereses políticos y económicos.  Así las cosas, es de ilusos pensar que el IICA no se haya percatado que la adjudicación fraudulenta de los subsidios de AIS, ni hayan encontrado extraño que los recursos de un programa supuestamente estructurado para ayudar a pequeños y medianos agricultores se estuvieran desviando hacia terratenientes. 

Si pasaron por alto todos estos fraudes fue precisamente porque ese tipo de programas son los que están en línea con los intereses de sus patrones; esto es, enriquecer y privilegiar a unos cuantos funcionarios, terratenientes y empresarios locales, quienes les devuelven el favor apoyando incondicionalmente al títere que los gringos quieren mantener en el poder.

Finalmente, no sobra recordar que prácticamente todos los mal llamados programas de desarrollo social y económico que reciben “ayuda” de agencias internacionales como el IICA, surgen como resultado de condiciones impuestas por bancos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, entre otros, con ocasión de aprobación de préstamos al Gobierno colombiano (en este caso) para reducir déficits fiscales, los que a su vez son el resultado de incrementos exagerados de servicios a deudas anteriores contraídas con las mismas instituciones internaciones; y así continua el estrangulamiento hasta que finalmente quiebran al país y lo obligan a privatizar lo poco que pueda quedar de propiedad del estado. La situación que está viviendo actualmente Grecia es el ejemplo más reciente para quienes quieran conocer con más detalles el proceso de estrangulamiento económico que utilizan las grandes potencias del sistema capitalista.