La percepción y sentimiento que se vive por estos días en Colombia es
que esta vez la paz no tiene reversa. El
acontecimiento mas reciente que ha contribuido a ese incremento de optimismo es
la designación de un “enviado especial” que representará al gobierno de EEUU en
la mesa de conversaciones de La Habana.
Anticipándose a las pocas voces criticas que surgirán sobre la
injerencia gringa en las negociaciones de paz, el establecimiento colombiano no
se demoró en salir a justificar la designación del enviado especial argumentando
que hay puntos de la agenda, como el narcotráfico y la extradición, que no se
pueden resolver sin la participación del gobierno de EEUU.
Cierto, los dos problemas están ligados a la política internacional
del gobierno de EEUU. De hecho, el narcotráfico y la extradición han sido
pilares fundamentales de la política de sometimiento y dominación que ha usado
por décadas el gobierno gringo con el gobierno colombiano. Pero no es esa
política de dominación la que Santos considera importante discutir con el
gobierno de EEUU en el marco de las negociaciones con las FARC. No, Santos ha sido reiterativo en afirmar que ninguna
política de injerencia extranjera, al igual que cambios en el modelo económico,
sistema político, militarización, están ni remotamente considerados como temas
de discusión en el proceso de paz en curso.
A lo que Santos se refiere es a que el estado colombiano necesita la
anuencia del gobierno gringo para no extraditar a los jefes guerrilleros, como
una concesión mas para garantizar la firma de un acuerdo de paz. Lo que no se
menciona es que esos procesos de extradición han sido fabricados sobre la base
de que las FARC son el cartel mas grande del mundo. De ahí que todo lo que rodea la designación
del enviado especial no es mas que una farsa. Veamos porque:
Primero, el mercado global del narcotráfico no se va a resolver en una mesa de negociaciones en la que solo un
actor; mas exactamente, un pequeño eslabón de la cadena del narcotráfico esta
sentado. Un actor que incluso ni siquiera tiene realmente la importancia que
los gobiernos gringo y colombiano le han dado, pues como ya se señalo antes, la
sindicación de que las FARC son el cartel mas grande del mundo, no es mas que
un burdo montaje para justificar el recrudecimiento de la guerra y el desvió de
los millones de dólares aprobados por el congreso de los EEUU (como parte del
Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico) hacia una guerra abierta y
directa en contra las guerrillas, a la cual en la ultima década le han asignado
convenientemente el nombre de guerra contra el narcoterrorismo.
Hay que anotar que el objetico principal no es la guerra directa contra
los “narcoterroristas” de la guerrilla, mucho menos su eliminación. El objetivo
ultimo de esa supuesta guerra contra el
narcoterrorismo es el pueblo colombiano, mas específicamente, cualquier
expresión popular de oposición, disentimiento, desafío intelectual,
movilización social que amenace o impida que sus multinacionales (y las de sus países
aliados) tomen posesión, usufructúen y depreden los territorios nacionales ricos
en recursos naturales, minerales y/o energéticos.
Segundo, la extradición es un mecanismo de cooperación judicial en el
que intervienen soberanamente dos partes, el gobierno que solicita la
extradición por delitos cometidos dentro de su territorio, y el gobierno recipiente
de la solicitud, el cual la analiza jurídica y soberanamente, y toma la decisión
autónoma de autorizar o no la
extradición. Si el gobierno colombiano fuera independiente, soberano y autónomo
para tomar sus decisiones judiciales, los pedidos de extradición de guerrilleros
de las FARC por parte del gobierno gringo podrían ser negados de tajo simplemente
desestimando las endebles y burdas evidencias de que las FARC son el mayor
cartel del mundo. Pero aun si no quiere cuestionar ese montaje, el gobierno
colombiano podría simplemente negar su extradición con el argumento de que un
acuerdo de paz con las FARC y como consecuencia, la culminación de un conflicto
interno que ha afectado al país por mas de 50 anos, está por encima de
cualquier interés de gobierno extranjero. De hecho, es impensable que las FARC
acepten firmar un acuerdo de paz y mucho menos entregar las armas si lo que les
espera a sus lideres es la extradición a los EEUU, peor aun por delitos que han
sido fabricados.
Lo anterior solo para demostrar que el discurso que trata de vender el
gobierno de Santos, difícilmente podrá esconder la magnitud de la injerencia del
gobierno de los EEUU en el país, y sus repercusiones en el presente y futuro de
los colombianos. Nadie que mantenga al menos un ojo abierto podrá ignorar el
hecho de que el gobierno gringo ejerce prácticamente el control absoluto de
todos los poderes gubernamentales, judiciales, legislativos, militares; e
incluso ver como sus tentáculos alcanzan hasta los mas importantes sectores
empresariales y financieros del país.
La noticia del enviado especial a La Habana no es mas que otra treta
para distraer y engañar a la opinión publica, presentándola como una
manifestación de apoyo al proceso de paz por parte de Obama.
Para enterarse de lo que ocurre en el proceso de paz, los gringos no
necesitan enviar a un representante a La Habana para que allí los delegados del
gobierno colombiano le cuenten como avanzan las negociaciones. El gobierno de
EEUU es informado continuamente de los mas mínimos detalles del proceso y de
todos los temas que se discuten con las FARC, y al interior del país con las
mafias políticas y empresariales. De hecho, es el gobierno gringo el que
establece las directrices y limites de lo que es y no es negociable. De ahí que
cualquier proceso de negociación política del conflicto debe pasar por la
aprobación del gobierno de EEUU.
Frente a esta realidad, si como un acto de contrición el gobierno de
EEUU quisiera realmente contribuir a la paz de Colombia, por lo que tendrían
que empezar es por cancelar toda la ayuda financiera que otorgan a las fuerzas
militares, suspender toda la cooperación en entrenamiento, suministro de
armamento, bombas y tecnología, y sacar del país a los miles de militares,
mercenarios y agentes encubiertos que tienen regados por todas las bases
militares y ciudades, quienes son los que diseñan y dirigen todos los operativos
del terrorismo de estado que se acomete en contra de la inmensa mayoría de la
población civil.
Adicionalmente, si realmente quieren eliminar un eslabón importante de
la cadena del mercado de estupefacientes, a quienes deben desmantelar es a los
carteles de paramilitares que son los que, en asocio con los carteles
mejicanos, controlan todo el mercado de cocaína que entra a los EEUU. Pero
claro, a estos carteles no los tocan,
porque al igual que ocurre con los dictadores, para los gringos también
existen carteles buenos (aliados) y carteles malos (enemigos de conveniencia
para justificar sus guerras).
La delegación de las FARC ha expresado su beneplácito a la designación
del enviado especial gringo. Asumimos que será por que ellos si tienen plena
claridad de que el único interlocutor valido y con poder de decisión para
negociar la finalización del conflicto interno colombiano es el gobierno de
EEUU, NO por las razones que intenta venderles el gobierno de Santos.
Si el gobierno de Obama realmente quisiera demostrar que apoya una
solución negociada del conflicto interno colombiano, el primer gesto que debería
hacer es designar (liberar) como “enviado especial” a Simón Trinidad,
comandante de las FARC condenado por narcotráfico, en lugar de enviar a un
halcón propio.
