sábado, 8 de noviembre de 2014

El Ambientalismo en Colombia,…. ni Ambientalistas ni Radicales….

Como “ambientalistas radicales” son calificados quienes se oponen a los proyectos de “desarrollo” propuestos por el gobierno; mas específicamente, por su oposición a macroproyectos de minería y a los cambios en los procedimientos de licenciamiento que se han realizado recientemente para simplificar y acelerar la aprobación de esos proyectos.

Sin duda el uso del termino “ambientalista radical”  no ayuda para nada en la discusión de la problemática ambiental real asociada a los macroproyectos propuestos por el gobierno de Santos, por el contrario desvía la discusión a ámbitos ideológicos, que en el contexto colombiano puede conducir incluso a que esos supuestos “radicales” terminen siendo señalados como subversivos o terroristas.

En aras de bajarle intensidad a esas estigmatizaciones hay que empezar por reconocer que en Colombia no hay ambientalistas, mucho menos “ambientalistas radicales.” Las pocas personalidades que tienen algún reconocimiento a nivel nacional, si acaso clasifican como “ciudadanos preocupados” por el medio ambiente. El termino ambientalista implica no solo una preocupación por la protección y conservación de los recursos naturales (que en Colombia evoluciona o involuciona a la par con los vaivenes de la política domestica) sino el reconocimiento de que los inmensos e irreversibles daños ambientales causados (y los que aun pueden causarse) son consecuencia de un modelo económico capitalista depredador que prioriza la rentabilidad rápida y fácil a expensas de las limitaciones y sostenibilidad de la naturaleza, y del bienestar de la gran mayoría de ciudadanos. 



El debate a nivel mundial ya no es entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo (así lo disfracen de desarrollo sostenible) sino en contra del sistema económico capitalista que ha sido totalmente usurpado por las grandes multinacionales que todo lo quieren explotar y mercantilizar para su único beneficio. 


Si el centro de atención de las criticas de estos “ambientalistas” no es este modelo económico depredador, las solas preocupaciones sobre los impactos y los tramites de licenciamiento ambiental no tendrán mayores efectos.  Si se tiene en cuenta que el marco institucional ambiental es parte de ese sistema depredador y como tal ha sido establecido como un simple formalismo burocrático, las criticas de ciudadanos preocupados a lo sumo propiciarán algún cambio irrelevante en los diseños y magnitud del proyecto, y hasta un aplazamiento temporal, pero nunca su cancelación o reformulación teniendo en cuenta todas las opiniones y preocupaciones expresadas por las comunidades afectadas; mucho menos propiciarán una re evaluación transparente sobre su pertinencia y los beneficios reales (sociales y económicos) para toda la población.   


Para efectos de evaluar los beneficios sociales y económicos hay que distinguir entre proyectos de infraestructura y servicios públicos, por ejemplo, los cuales son necesarios para la movilidad, bienestar social y desarrollo económico de cualquier nación, y los proyectos extractivos como los mineros y petroleros, los cuales son inherentemente rentistas y en un sistema capitalista como el colombiano solo benefician a multinacionales extranjeras y a un pequeño sector de nacionales. 

Sobre estos últimos proyectos, sin demeritar por supuesto los inmensos daños ambientales y sociales que ocasionan, la discusión de fondo debe ser sobre las políticas estatales, principalmente las que tienen que ver con áreas/regiones identificadas para explotación; delimitaciones de áreas de conservación y su preservación vs. extractivismo; mecanismos efectivos de consultas con comunidades; modelos y términos de contratos y concesiones; porcentaje, distribución e inversión de regalías; tecnologías, estándares ambientales y laborales; monitoreo de explotación y ambiental, etc….  

Cuestionamientos enfocados solo a la conveniencia o no conveniencia ambiental de un determinado proyecto minero, que de hecho ya ha sido definido inconsultamente como “viable” por el gobierno, hace a un lado la discusión sobre las decisiones políticas que son las que determinan no solo el nivel de impactos ambientales y sociales sino los beneficios económicos y como éstos se distribuyen entre la sociedad.

No he escuchado a ningún “ambientalista” cuestionar abierta y categóricamente (menos oponerse) el modelo económico capitalista, explotador y depredador que prevalece en Colombia y que solo beneficia a las multinacionales, a sus socios locales y a los funcionarios corruptos que participan en los procesos de licenciamiento minero y ambiental. Esos funcionarios corruptos son los nuevos ricos del país que ha producido el boom minero y petrolero de la ultima década.

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos requiere una posición y análisis diferente por parte de los “ambientalistas”.  Este tipo de proyectos podrían desarrollarse sin mayores demoras atribuibles a la aprobación de la licencia ambiental si los procesos de planeación fueran realmente técnicos y no motivados por intereses politiqueros, si para las etapas de estudios de factibilidad y de diseño se apropiaran recursos suficientes para evaluar y seleccionar las opciones técnicas que produzcan menos impactos y mayores beneficios, si los procesos de escogencia de las firmas de ingeniería para que adelanten todas las fases de estudios fueran trasparentes y garantizaran la selección de la firma mas idónea, y si las propias firmas de ingeniería se preocuparán mas por proveer servicios profesionales de la mas alta calidad que por ganar a cualquier precio los contratos para luego poner a trabajar mas a los abogados (con demandas al estado por adiciones presupuestales o cambios en los diseños) que a los ingenieros en la elaboración de los estudios.


Por el lado de las autoridades ambientales, aunque estas sean parte integral de la misma burocracia gubernamental que propone los proyectos, su participación debería darse desde las etapas de planeación, designando para el efecto funcionarios competentes y honestos que realmente tengan voz en el proceso de toma de decisiones y sean debidamente informados sobre los avances de las posteriores etapas de estudios y diseños, incluyendo por supuesto los avances de los estudios de impacto ambiental.

El proceso de socialización de estos proyectos y su posterior licenciamiento seria mas transparente y expedito ya que la actividad de revisión de los estudios técnicos y ambientales por parte de la autoridad ambiental se limitaría a verificar que los proyectos cumplan con los mas altos estándares técnicos y que todas las etapas de planeación, incluida su socialización, consultas previas, etc., se hayan llevado a cabo oportunamente y con transparencia.

Desafortunadamente, esto que parece tan elemental y lógico no se da en Colombia. Incluso los proyectos de infraestructura se socializan con las comunidades (si es que se consultan) cuando ya la decisión ha sido tomada; esto es, simplemente para cumplir un requisito formal.  Los estudios y diseños (incluidos los ambientales y sociales) que se presentan como soporte para obtener la licencia, siempre son incompletos y mediocres; y los funcionarios que tienen la responsabilidad de evaluarlos, en lugar de devolver todo el proyecto y exigir que cumplan a cabalidad o revisen los procesos de planeación, consulta y diseños, terminan interviniendo en la definición de aspectos técnicos que no les compete (ni tienen la preparación profesional); para no mencionar que, luego haber tenido por años los documentos en sus escritorios, en la mayoría de los casos se limitan a pedir correcciones irrelevantes sobre partes del estudio o parágrafos que simplemente no le gustan al funcionario de turno.

En el entretanto, el rezago del país en materia de desarrollo de su infraestructura de transporte es vergonzoso. No es sino que visiten el Ecuador para que lo comprueben.






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