Como era de esperar el centro del debate fueron los retrasos en la ejecución de infraestructura de las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), las vergonzosas discusiones y saboteo en el congreso durante los debates para la aprobación de la legislación y leyes fundamentales para darle dientes jurídicos e institucionales a la etapa de implementación del acuerdo de paz, entre ellas, la ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la ley de amnistía, etc., todas ellas que se suponía iban a ser aprobadas rápidamente mediante el mecanismo del fast track; además de la inacción del gobierno para desmontar el paramilitarismo que en solo en lo corrido del 2017 ha asesinado mas de 20 líderes sociales y desplazados más de 3500 personas solo en la zona pacífica del país.
Obviamente, los representantes del gobierno, Fran Pearl y Joshua Mitrotti, se limitaron a repetir la misma retórica reiterada en varias ocasiones a través de sus medios prepago por el propio presidente Santos y el negociador Jaramillo: que no hay incumplimiento por parte del gobierno, que los atrasos en el alistamiento de las ZVTN son normales, que no están tan retrasadas como lo denuncian las comunidades, las FARC y hasta la propia Comisión de Verificación de la ONU; y que no se puede juzgar estas demoras como una muestra de incumplimiento del gobierno, pues la implementación de los acuerdos tomará mínimo 15 años, y que lo de las ZVTN son apenas "asuntos menores de logística."
Los representantes del gobierno minimizan también los manoseos y cambios fundamentales que están haciendo en el congreso a la legislación para la implementación de la JEP y el vergonzoso saboteo, no solo por parte de los congresistas del Centro Democrático sino de congresistas del mismo partido de Santos. Ni en la deliberación de asuntos tan importantes como el proceso de paz, los corruptos congresistas renuncian a sus prácticas mezquinas de chantaje al gobierno central pidiendo puestos, control de feudos en instituciones del orden nacional y regional, lo que los medios prepago eufemísticamente llaman "la mermelada."
Respecto a las medidas de seguridad para proteger la vida de los líderes sociales y comunidades en general tanto en las zonas que abandonaron las FARC como en las zonas aledañas a las ZVTN, la retórica de los representantes del gobierno no podía esperarse que fuera distinta de la del libreto oficial. Que están "consternados con los asesinatos de los líderes sociales, que le han pedido a la Fiscalía prioridad, rigurosidad y rapidez en las investigaciones de esos crímenes", para ellos cometidos por "fuerzas oscuras" que se oponen al proceso de paz. Ya hasta la palabra Bacrim la eliminaron de su discurso, mucho menos mencionar la palabra paramilitarismo.
Contundentes las respuestas y análisis de Ariel Avila y Piedad Córdoba, contradiciendo a los representantes del establecimiento. Ariel Avila recordó que el acuerdo de paz incluye 143 programas, la mayoría de los cuales traerían beneficios para la sociedad en general y muy especialmente para la población rural, no obstante, luego de más de 3 meses de implementación, lo único que se ha cumplido es la desmovilización de la guerrilla, aún bajo las condiciones deplorables que encontraron en las 26 ZVTN. La legislación para el componente de tierras en el acuerdo ni siquiera tiene ponente para el debate en el congreso; en cuanto al mejoramiento o construcción de infraestructura en el nivel territorial, las vías siguen en las peores condiciones; en regiones como Tumaco, Antioquia, Chocó no hay seguridad ni justicia. La JEP está siendo manoseada en el congreso, cambios como que las ONGs ya no pueden presentar pruebas en los procesos de juzgamiento de civiles y empresas es una vergüenza y se constituye en una puerta para garantizar la impunidad de sus crímenes. En últimas, dice Ariel Avila, el verdadero "acuerdo de paz" lo están redactando en el congreso.
Por su parte, Piedad Córdoba resumió su visión del proceso de implementación refiriéndose al vergonzoso y desdeñoso nivel de improvisación por parte del gobierno. El avance en la ejecución de la infraestructura y dotación de servicios básicos en las ZVTN es deplorable, corroborado por ella misma en sus visitas a esas zonas. El mayor avance (30%) lo presenta la del Putumayo, y eso porque allí estuvo de visita el presidente Santos. Las demás zonas no están ejecutadas en mas del 15%. En todas las zonas hay bebés recién nacidos en condiciones precarias, expuestos a toda clase de riesgos para sus vidas y las de sus madres. Hay corrupción en la construcción de la infraestructura para las ZVTN, y hasta en la entrega de alimentos!!!. Sobre el mecanismo del fast track, dice Piedad Córdoba, está funcionando pero al revés; la ley de amnistía por ejemplo, se suponía que a la fecha ya hubiesen sido beneficiados 4000 presos, y solo se ha otorgado en 11 casos.
Piedad Córdoba terminó su intervención haciendo un llamado a la sociedad colombiana a que cambie su percepción de que los guerrilleros son unos bandidos, mensaje que les meten en la cabeza los medios masivos, y que por el contrario los vean como seres humanos y que dignifiquen sus vidas.
3-month-old Junior Alexis Patino, son of FARC rebel Deisy Garcia, sleeps next to his mother's weapon at a rebel camp - Foto cortesia de NBCNews
En la misma semana de este debate y cuando los cuestionamientos al gobierno por el evidente incumplimiento con los puntos más fáciles del acuerdo de paz son mas indefendibles, y como si hubiese sido planificado, sale el informe anual sobre el control de narcóticos elaborado por el Departamento de Estado de los EEUU en el que se resalta el significativo incremento del área de cultivos de coca durante el último año. 150.000 Ha dicen existen en el país, luego dicen que son 188.000 Ha, preocupante incremento en tiempos de paz, dicen los gringos, causado principalmente por que las FARC, aprovechando las negociaciones con el gobierno, alentaron y presionaron a los campesinos en las áreas que controlaban a que sembraran mas coca para que recibieran mayor compensación económica en desarrollo del programa de sustitución de cultivos acordado en La Habana.
Aparte de la sorprendente rapidez en señalar al culpable del incremento en el área cultivada, la pregunta que nadie fórmula es, quién, qué organización confiable y neutral verifica y certifica que el área con coca reportada en el informe y el incremento con respecto a periodos de medición anteriores, es real? Y aun si fuera real, quién, qué organización verifica que esas nuevos cultivos de coca están en zonas que controlaban las guerrillas?
La pregunta es pertinente sobretodos cuando todos los observadores e investigadores internacionales y nacionales, que desde su inicio han cuestionado la política gringa de la guerra contra las drogas, coinciden en que esa guerra es una farsa, de ahí su preconcebida permanencia y fracaso en términos de resultados (logro para los gringos); de hecho todos los analistas y observadores internacionales la conciben como un pretexto para mantener e incrementar la militarización del país y así asegurar que sus multinacionales exploten y saqueen los recursos naturales minerales y energéticos sin riesgos y con los más altos rendimientos económicos.
El cálculo estratégico de publicar el informe justo al inicio de la implementación del acuerdo de paz, lo utilizarán como excusa para reanudar la fumigación aérea y la erradicación manual forzada por parte de la fuerza pública. Pero la reanudación de estas prácticas destructivas del medio ambiente, de alto impacto en la salud de los campesinos y que generan desplazamiento de las poblaciones solo las aplicaran en las zonas aledañas a las ZVTN, ya que es en estas zonas donde la dirigencia de las FARC han reiterado tienen previsto que la guerrillerada se establezca definitivamente, pues la mayoría de guerrilleros son oriundos de esas zonas o de regiones aledañas, y precisamente por esos arraigos es donde con mayor facilidad y efectividad se podrían reincorporar como miembros de una sociedad en paz e incluyente, donde podrán terminar su educación básica, adquirir capacitación en actividades agrícolas, comerciales entre otras, y seguir ejerciendo sus actividades políticas; y sobre todo, empezar una nueva vida con o cerca de lo que quede de sus familias, pues muchos de sus miembros han sido asesinados por el estado en connivencia con los paramilitares durante los mas de 50 años de guerra.
Así que será en esas 26 zonas donde el gobierno gringo a través de sus mayordomos en el gobierno colombiano concentrará la nueva fase de la guerra contra los cultivos de coca, léase contra las comunidades asentadas en esas zonas, incluidos los guerrilleros desmovilizados. Si acaso, y si algo del acuerdo de paz deciden implementar, alguna compensación les darán a los campesinos por los cultivos de coca, y a algunos incluso los incluirán en algún programa de corto plazo de sustitución de cultivos; eso sí, como sucedió con un programa similar que se implementó en Putumayo, entregando los subsidios de restitución ya recortados por los corruptos que los manejan y a campesinos escogidos a dedo, muchos de los cuales ni siquiera tenían cultivos de coca.
Ilusos los que piensan que la fumigación aérea y la erradicación manual forzada se llevará a cabo en las regiones tradicionalmente controladas por los paramilitares (aliados de los gringos, y del narcoestado colombiano en el negocio transnacional), y en las nuevas áreas que ahora controlan, luego de la desmovilización de las FARC.
Al pueblo lo engañaran con un nuevo informe del mismo departamento de estado gringo, en el que reportarán una significativa reducción del área sembrada con coca, alardeando sobre la efectividad de las re establecidas estrategias de erradicación. Pero como todos los informes que produce el gobierno gringo, este como todos los informes sobre los cultivos de coca en Colombia será una farsa. La realidad en terreno será que el área cultivada seguirá aumentando, y ese aumento ocurrirá principalmente en las regiones ahora bajo control absoluto del ejército y los paramilitares; sobre lo cual nunca leeremos o escucharemos en los medios masivos prepago del establecimiento. La noticia será la propaganda sobre el éxito de la nueva fase de guerra contra las drogas, de la reducción del consumo en EEUU y como un logro del acuerdo de paz, pues la reducción, nos dirán, también se debe a que las FARC ya no son narcotraficantes ni obligan a los campesinos a cultivar coca.
Paralelamente, esos mismos medios prepago, megáfonos del establecimiento, continuarán sus ataques de estigmatización contra los líderes desmovilizados de las FARC, y especialmente contra su recién creado partido político. Si la implementación del acuerdo llega hasta esa etapa, si acaso a los líderes de las FARC les darán el chance de calentar las 10 sillas en el senado y cámara por el periodo previsto en el acuerdo. Que se olviden que en las circunscripciones especiales creadas en el acuerdo les permitirán hacer política, menos que los que sean escogidos como candidatos para esas curules pertenecerán a su nuevo partido político.
En territorios en los que el acuerdo estableció como circunscripciones especiales, otrora controlados totalmente por las FARC, los que reinan ahora son los paramilitares, y estos son los que impondrán, no sin antes exterminar cualquier reducto de apoyo a las FARC, los candidatos a elecciones para los nuevos cargos elegidos por voto popular. Acaso es fortuito que casi todas las víctimas de los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses fueran líderes sociales y activistas de la UP, o líderes comunitarios con afinidades políticas con las FARC que residían en esas zonas que el acuerdo les otorga el estatus de circunscripciones especiales?
Bienvenidos al nuevo país del posconflicto:
Nuevo país donde la cadena completa del narcotráfico es controlada totalmente por el narco estado y su brazo armado paramilitar, bajo la tutela y protección militar y del negocio transnacional por parte del gobierno gringo;
Nuevo país donde el boom de la cocaína generara transacciones de billones de dólares que serán controladas por un solo cartel, billones cuya mayor tajada se quedará en EEUU, repartidos entre los capos que controlan la distribución y los bancos;
Mas billones de $USD para lavar en Colombia y contribuir al "crecimiento económico" del nuevo país del premio Nobel de Paz, que se "invertirán" en mas centros comerciales (construidos aun en pueblos y barrios estrato 1 y 2); más centros empresariales para mayor comodidad y seguridad de las trasnacionales; proliferación de condominios para los nuevos ricos construidos en los mejores sectores de las principales ciudades y pueblos cercanos, aún a costa de la depredación ambiental; más parques industriales; y mas plazas comerciales en ciudades intermedias y pueblos llenas de inmensas tiendas de ropa barata con logos falsos de marcas como Adidas, North Face, Nike, etc., que por lo barata no es que sea de mala calidad sino que, como el propósito es lavar los dólares del narcotráfico, los capos locales la venden a precios accesibles al pueblo de estratos bajos para mantenerlos contentos, conformes y sintiéndose que ellos también pueden estar al día con la moda internacional....
