lunes, 19 de octubre de 2015

Lo que los medios prepago no le informarán del acuerdo sobre desaparecidos logrado en La Habana, ni sobre la farsa electoral del próximo Domingo

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Dos noticias sobresalen en el comienzo de esta semana electoral, las cuales en lugar de ser objeto de análisis serios son manipuladas y distorsionadas por la propaganda mediática para acomodarlas a los intereses de las oligarquías y las elites políticas mafiosas que se resisten a que este país cambie.

La primera tiene que ver con la firma en La Habana del acuerdo sobre desaparecidos en Colombia.  Quien se haya tomado la molestia de leer el comunicado emitido conjuntamente por las delegaciones de las FARC y gobierno, entenderá claramente que dicho acuerdo incluye la búsqueda y ubicación de restos de civiles inocentes y combatientes desaparecidos por todos los actores del conflicto, incluyendo el Estado. No obstante, acostumbrados como están los medios prepago a distorsionar todo lo que salga de La Habana, la difusión del acuerdo y su reacciones al mismo se han centrado en hacer ver que los únicos que tienen que dar cuenta de los desaparecidos en el país son las guerrillas. El cinismo y perversidad de todos esos medios y sus pseudo analistas fletados, no les permite ni siquiera hacer referencia al informe “Basta Ya”, preparado por la comisión del Centro Nacional de Memoria creada por el propio gobierno, que da cuenta de que el 84% de los desparecidos de Colombia son atribuibles a la alianza macabra Estado-Paramilitares, solo el 2.3% a los grupos insurgentes (guerrillas) y el 14 % restante a otras organizaciones armadas no identificadas (bandas criminales).


 En su aberrante empeño por seguir incitando el odio de una gran parte de la sociedad civil contra la guerrilla, cualquier avance positivo que se logre en La Habana es manipulado y distorsionado, recurriendo a burdas y recicladas campañas mediáticas de satanización de las FARC, dentro de las cuales la de mostrarlos como los únicos victimarios del conflicto es la que más repiten y repiten.

Según la distribución de responsabilidades por actores del conflicto estimada por el centro de memoria histórica, de los 55.000 desaparecidos que investigaciones recientes dan cuenta, cerca de 46.200 serian atribuibles a la innegable alianza del Estado-Paramilitares, 1.265 a las guerrillas y 7.535 a organizaciones criminales no identificadas.  Pero claro, como la estrategia del propio gobierno es tapar e incluso negar sus crímenes, sus medios prepagos solo tienen autorización para hablar de los crímenes de las FARC y hacer entrevistas únicamente a familiares de supuestos desaparecidos por las FARC, a quienes previamente han adoctrinado e impregnado de su odio.

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La otra noticia de comienzo de semana es el anticipado fraude de las elecciones del próximo Domingo como consecuencia del trasteo de votos, inscripciones fraudulentas de votantes, incluso ya fallecidos, y anulaciones arbitrarias de miles de cédulas e inscripciones para votar por parte del corrupto Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registradora Nacional.

Aunque las practicas corruptas del sistema electoral han sido el denominador común en todas las elecciones, lo que está ocurriendo este año parecería que ya rebasó los bordes del pozo séptico que es el sistema electoral del país.  No obstante, la atención que los medios de comunicación le están dando a este hecho no es por su interés en visibilizar el extremo nivel de corrupción que ha alcanzado el sistema electoral colombiano, mucho menos por demostrarle a la opinión publica que, esta vez si, van a ejercer su papel de vigilancia y cuestionamiento serio de las actuaciones del gobierno y demás órganos estatales, sino porque, debido al desescalamiento de la guerra (gracias a la tregua unilateral de las FARC), fenómenos crónicos de corrupción estatal como los relacionados con las elecciones son imposibles de tapar o minimizar.

Hasta épocas recientes, cuando toda la atención se enfocaba en los supuestos atentados y amenazas de la guerrilla para impedir los comicios “democráticos” en zonas bajo su control, los sesgados análisis y tratamiento del elefante de corrupción electoral por parte del gobierno y sus medios prepago siempre estaban dirigidos a que los colombianos ignoraran o tuvieran una idea difusa de lo que realmente estaba ocurriendo.  Cómo permitir que los colombianos se enteren de que la denominada “democracia mas antigua del continente” es realmente una farsa!!

En esta ocasión, miles de ciudadanos están denunciando por las redes sociales que el CNE les esta notificando personalmente que están inhabilitados para votar el próximo domingo, bien porque su cédula supuestamente aparece registrada en un lugar diferente al de su residencia, o por una simple decisión arbitraria de la Registradora Nacional.  Muchos ciudadanos incluso denuncian que están recibiendo llamadas de funcionarios del CNE preguntándoles por quienes van a votar y luego de que ingenuamente responden mencionando el nombre de sus candidatos, les notifican que su cédula ha sido inhabilitada para votar.

Lo que ni el gobierno reconocerá ni los medios prepago siquiera mencionarán es que si bien el trasteo, la compra de votos y los fraudes a la hora del conteo han sido prácticas comunes a lo largo de toda la historia republicana, lo que está ocurriendo en este proceso es inédito. 

Las autoridades electorales, asociadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y con cientos de candidatos (entre corruptos, narcoparacos, etc.) a gobernaciones, alcaldías y concejos que quieren hacer elegir a como de lugar en varios departamentos y cientos de municipios del país, están usando las leyes que han sido aprobadas para combatir la corrupción en las elecciones, precisamente para favorecer a esos candidatos y perjudicar a sus rivales, quienes en un proceso transparente serian amplios ganadores e inclinarían la balanza de poderes en muchas regiones del país.

El truco es fácil de entender.  En ciudades y pueblos con mayor numero de votos de opinión, y en otras regiones donde candidatos de partidos de oposición o alternativos son los favoritos para ganar, la PGN en contubernio con las autoridades electorales, so pretexto de aplicar la ley y “garantizar un proceso electoral limpio”, están arbitrariamente invalidando inscripciones (y por lo tanto el derecho de votar) de votantes pertenecientes a grupos poblacionales que se presume votarán por el candidato equivocado; es decir por el rival del candidato preferido de los carteles de derecha que estas instituciones representan.  Esto es lo que están aplicando por ejemplo para frenar la elección de Cesar Pachón como gobernador de Boyacá, de Clara López en Bogotá y de muchos otros candidatos de oposición o independientes en otras regiones y municipios del país.

La estrategia contra grupos poblacionales que se presumen votarían a favor del candidato contrario al de las mafias queda claramente develada con la anulación de mas de 2.000 cedulas de estudiantes de la Universidad de Pamplona, para solo mencionar una de las pocas acciones corruptas que se han denunciado en los días recientes.

En Boyacá, el procurador prevaricador Ordoñez empezó a trabajar hace varias semanas. Lo medios prepago, por supuesto, le han hecho eco a la farsa de que sus investigaciones por trasteo de votos tienen el propósito de garantizar la transparencia en las elecciones. La realidad es totalmente opuesta a lo que proclama. Su objetivo es anular inscripciones de nuevos votantes (o de votantes existentes pero dispuestos a cambiar su intención de voto) en municipios de Boyacá en los que Pachón ha recibido amplio apoyo.

Todo lo anterior es solo una muestra de lo que a diario ocurre en el “nuevo país” de Juan Manuel Santos y su sequito de aduladores.

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