viernes, 25 de febrero de 2011

Radiografía de Colombia según la Oficina de la ONU

Como es usual, mínima atención y difusión por parte de los grandes medios de comunicación  ha tenido el último informe de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual analiza los principales hechos de violencia ocurridos durante 2010.

Para quienes quieran conocer el informe completo de la ONU hagan click en el siguiente enlace:

Para quienes solamente quieren tener una idea general del informe a continuación resumimos los resultados y estadísticas más sobresalientes:

Sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario…

La oficina de la ONU en Colombia registró con preocupación la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes regiones del país. Entre las víctimas se encuentran líderes y lideresas, defensores comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal, personas afrocolombianas e indígenas, personeras y personeros municipales, sindicalistas, personal del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y periodistas.

Especialmente preocupantes son los homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, especialmente lideresas de grupos de mujeres, y por la restitución de tierras, en particular en Cauca, Sucre y Urabá. Los asesinatos de Rogelio Martínez, Alexander Quintero y Óscar Maussa, quienes trabajaban en casos de restitución, estaban amenazados y supuestamente contaban con medidas de protección, ilustran esta situación.

Las muertes de sindicalistas continúan siendo preocupantes. En 2010, 26 personas fueron asesinadas, frente a 25 en 2009. Las muertes de docentes no sindicalizados aumentaron de 4 a 114. Un total de 1.433 personas pertenecientes al movimiento sindical están amparadas por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia. En 2010, se registró la muerte de un periodista y 45 fueron objeto de amenazas.

Sobre las actividades criminales del DAS….

La información recibida por la oficina en Colombia permite confirmar la existencia de un patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcionarios del DAS, bajo órdenes de sus superiores, a quienes informaban de los resultados. El avance de las investigaciones parece indicar que tanto el llamado grupo G3 como el Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI), a cuyos integrantes se atribuyó la comisión de estas actuaciones ilegales, fueron efectivamente estructuras formalmente constituidas al interior de la institución.

Sobre ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados falsos positivos)…

Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares. La Fiscalía investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Por otra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de la Fiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar y aquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin una adecuada actuación judicial.

Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina de la ONU en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 2004 y 2008.

La oficina de la ONU expresa preocupación por la continua negación de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por algunos miembros de la fuerza pública y los ataques que sufren sus miembros por colaborar con la justicia.

Sobre actividades de los paramilitares…

La oficina de la ONU en Colombia observó con preocupación un aumento de la violencia generada por estos grupos armados ilegales en 2010. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos. Particularmente preocupante es el fuerte aumento de masacres (40%) en el contexto de disputas violentas entre estos grupos y entre facciones de un mismo grupo. Solamente en Córdoba se registraron 10 masacres en ocho meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre.

Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos, que en el ejercicio de su función se oponen a dichos grupos, así como pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Otras víctimas son personas que se niegan a acceder a la demanda de colaborar, que denuncian a los grupos ante las autoridades y que poseen o solicitan restitución de tierras que son de interés para estos grupos. También actúan hostilmente contra aquellas personas percibidas como colaboradoras o miembros de grupos rivales o de la fuerza pública, o simplemente que se encuentran en una zona de disputa con otro grupo.

Además, hay una particular preocupación por la generalizada utilización de niños, niñas y adolescentes en todo tipo de actividades, incluyendo actos de sicariato, y por la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas.

En la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, como demuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta.

Sobre parapolítica…..

La oficina de la ONU en Colombia observa con preocupación que la influencia de la llamada “parapolítica” no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 268 congresistas electos, 13, que habían sido reelegidos están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. Además, se han recibido informaciones de posibles casos de “testaferrato político” entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de “parapolítica”.
La Corte tiene radicados 120 procesos contra congresistas y ex congresistas.

Sobre desaparición Forzada..

A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%.

Como consecuencia de los procesos de la Ley 975, se exhumaron 3.037 fosas y se encontraron 3.678 cadáveres; solamente 1.323 han sido identificados plenamente, de los cuales 116 aún no han sido entregados a sus familiares. El grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos es muy alto.

Sobre violencia Sexual….

En 2010, la oficina de la ONU en Colombia conoció casos de violencia sexual atribuidos a miembros de grupos post-desmovilización en Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander, en los cuales las víctimas fueron niñas o mujeres jóvenes. También se conocieron casos de violencia sexual atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del Ejército, en Arauca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta y Vichada. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas.

El caso más dramático de violencia sexual ocurrió en Arauca en octubre, en el que se atribuyó a un miembro del Ejército la violación de dos niñas con un intervalo aproximado de dos semanas; una de las niñas, junto con dos de sus hermanos, fue posteriormente asesinada. Ni el Ejército ni la Fiscalía reaccionaron inmediatamente ante las denuncias del primer acto de violencia sexual, lo que pone de manifiesto no sólo la negligente conducta en un caso particular, sino fallas estructurales en las dos instituciones.

Sobre discriminación..

Organizaciones no gubernamentales reportaron 50 homicidios y numerosas amenazas contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. La impunidad en estos casos sigue siendo muy alta. Por ejemplo, de los 99 casos reportados entre 2006 y 2007, solo 29 están en investigación y en un solo caso ha habido sentencia condenatoria.

Sobre la situación de pueblos indígenas y afrocolombianos…..

Los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas continúan sufriendo de forma desproporcionada la violación de sus derechos en el marco del conflicto armado. En especial, sus vidas, derechos territoriales y culturales están amenazados por la presencia de actores armados en sus territorios. Esto se traduce en asesinatos selectivos, desapariciones, confinamientos, desplazamientos forzados y ataques indiscriminados mediante el uso de minas antipersona. Entre las víctimas se encuentran mujeres y niñas, que además sufrieron actos de violencia sexual.

También se han registrado violaciones de derechos, incluyendo actos de violencia sexual, atribuidas a integrantes de la fuerza pública. La falta de medidas adecuadas de protección de la población civil en el desarrollo de operaciones militares pudo haber provocado desplazamientos forzados, como el de 300 indígenas ocurridos en enero en Olaya Herrera (Nariño).

Sobre excesos y abusos de la fuerza pública….

A pesar de las prohibiciones nacionales y de las recomendaciones internacionales, la oficina de la ONU en Colombia continuó recibiendo información sobre utilización de niños y niñas para fines de inteligencia por miembros de la fuerza pública y sobre su participación en campañas cívico-militares.

La oficina en Colombia tomó nota de las denuncias sobre la existencia de una fosa común con 2.000 cadáveres en La Macarena (Meta). A pesar de no encontrar evidencias de una fosa común, la oficina en Colombia detectó al menos 446 personas no identificadas (N.N.) sepultadas en el cementerio entre 2002 y 2010 después de haber sido declaradas como “muertas en combate” por las Fuerzas Militares.

Sobre casos de torturas…

La oficina de la ONU en Colombia continuó registrando casos de tortura por parte de miembros de la fuerza pública, y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada.

Preocupa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico.

Entre agosto de 2009 y mayo de 2010, la Fiscalía había iniciado 32 investigaciones por tortura. En el marco de la Ley 975, la Fiscalía reportó en noviembre que de un total de 51.616 casos, se había iniciado la confesión de 543 actos de tortura pero a la fecha nadie ha sido condenado por ello.

Sobre desplazamiento forzado….

La oficina de la ONU en Colombia expresa una gran preocupación por el alto número de homicidios contra personas desplazadas. Entre 2007 y marzo de 2010 se presentaron 1.499 homicidios de personas desplazadas. Aunque el desplazamiento forzado suele presentarse en mayor medida en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales, durante 2010 se observó un incremento en los desplazamientos interurbanos. Preocupa especialmente la situación en Medellín y Córdoba, donde se registraron varios desplazamientos masivos a raíz de disputas entre grupos paramilitares.

Sobre pobreza y derechos sociales, económicos y culturales…..

El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta. El índice de extrema pobreza es del 16%, pero alcanza porcentajes superiores en algunos departamentos del país.

El 17,5% de la población colombiana padece al menos una carencia grave en salud y persisten la inequidad y las restricciones en el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de salud para las personas en situación de pobreza.


Adenda Febrero 26 - El Consejo de Seguridad de la ONU acaba de aprobar por unanimidad la reslucion 1970 mediante la cual impone sanciones al gobierno de Libia, entre otras la de remitir los casos de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Gaddafi a la Corte Penal Internacional. 


El Embajador de Colombia, en su intervencion ante el Consejo, expreso que el gobierno de Colombia condena la violacion de derechos humanos y crimenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Libia en respuesta a las protestas populares. El embajador Osorio, o bien representa a otro pais, no ha vivido en el pais, es un cinico hipocrita, o no ha leido aun el ultimo informe de la ONU sobre violacion de derechos humanos en Colombia (resumido en los parrafos anteriores), de ahi que ni siquiera muestre un asomo de verguenza al hacer su intervencion condenando al gobierno de Libia. 


Y si la ONU quiere demostrar que no es un brazo politico de los EEUU (para su politica internacional), y que es coherente con sus actuaciones, el siguiente pais a ser remitido a la Corte Penal Internacional deberia ser Colombia. Su propio informe elaborado por el Alto Comisionado para Colombia asi lo demanda.

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