En uno de los anteriores escritos nos referíamos al lado oscuro de la política de seguridad democrática que todos los candidatos a la presidencia y la mayor parte de la población coinciden en que ha sido la panacea para enfrentar los problemas de violencia que han azotado al país por décadas.
Lo mismo ocurre con la política de estimular la confianza inversionista. Mediante una masiva propaganda divulgada y ampliada por los medios de comunicación prepago, le han hecho creer al grueso de la población que el sonado crecimiento económico que reporta el gobierno se ha traducido en prosperidad y mejoramiento de las condiciones sociales de todos los colombianos. Nada más alejado de la realidad y cínico por parte del narcogobierno de Uribe y los secuaces que lo rodean.
Veamos cual son los verdaderos propósitos y objetivos de esta otra farsa uribista:
- Con la seguridad democrática (o mejor, bajo el pretexto), lo que ha hecho el gobierno de Uribe es eliminar los obstáculos que tenían las multinacionales extranjeras (petroleras, mineras, agroindustrias, etc.) para hacer inversiones en zonas donde los ataques de las Farc eran recurrentes o donde movimientos de campesinos e indígenas se oponían a la explotación de sus territorios;
- En este sentido hay que reconocer que la política de seguridad democrática ha funcionado a la perfección. El gobierno ha tomado ya posesión de territorios que antes no ofrecían seguridad para explotar recursos minerales o adelantar macroproyectos agroindustriales, pero esta retoma se ha hecho punta de bala, y no solamente contra actores subversivos sino contra cualesquiera que se oponga a lo que Uribe llama el “la pacificación y desarrollo de la región”. En pocas palabras, la eliminación de los obstáculos se ha traducido en una estrategia de limpieza de todos los agentes que se opongan o puedan perturbar las operaciones de las multinacionales;
- Las consecuencias de estas operaciones de “limpieza” saltan a la vista. Incremento de la población desplazada; efecto apenas obvio pues de lo que se trata es de, por medio del terrorismo de estado (disfrazado de guerra contra el narcotráfico y la guerrilla), liberar tierras cuyo subsuelo alberga inmensas reservas de recursos minerales e hidrocarburos, o tienen alto potencial para el desarrollo de proyectos agroindustriales como palma africana;
- Pero el contubernio con las multinacionales, a expensas del desplazamiento, empobrecimiento, el desempleo y el recrudecimiento de la violencia, no para ahí. No contento con entregarles las tierras y el subsuelo mas rico de la nación, para no mencionar las muchas empresas del estado regaladas bajo la figura de las privatizaciones, este narcogobierno como ninguno otro, ha impulsado y aprobado las legislaciones económicas, mineras, de hidrocarburos y ambientales mas ventajosas para estos “saqueadores extranjeros”. Para mencionar un ejemplo especifico no es sino revisar el nuevo código minero mediante el cual las concesiones pasaron de 5 a 11 anos, se simplificó el proceso mismo de adjudicación de las concesiones y el registro de las títulos de tierras, y se niveló por lo bajo los impuestos al uso de la tierra que anteriormente oscilaban entre $8 y $2.000 por hectárea. Una verdadera bonanza para los “inversionistas extranjeros” de Uribe como bien lo registra el Financial Times de Londres en este reciente articulo;
- Todo lo anterior encaja perfecto dentro de los tres principales tratados con el gobierno de los Estados Unidos; los dos primeros muy relacionados entre si y ya en plena vigencia, el Plan Colombia y las 7 bases militares gringas; y el tercero aun por finiquitarse y que el narcopresidente ha perseguido con tanta insistencia, el tratado de libre comercio. El Plan Colombia (mas exactamente, plan de guerra), bajo la farsa de la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, les permite continuar con el terrorismo de estado y recrudecimiento de la violencia en las zonas rurales, precisamente en regiones donde se concentran las tierras mas ricas en recursos minerales y de hidrocarburos. Esto es simplemente la consolidación de los planes de expropiación de tierras a los campesinos e indígenas ya sea mediante la expulsión, el asesinato bajo la sospecha de ser “terroristas”, o el desplazamiento masivo;
- Por su parte, el tratado de libre comercio abrirá las puertas del país, esta vez si de par en par, para que mas corporaciones gringas se sumen al festín del saqueo. Y con 7 bases militares gringas extendidas a lo largo y ancho del territorio intimidando y asesinando a todo el que se oponga al “desarrollo”, las operaciones de estas corporaciones quedaran aseguradas hasta que ya no quede una onza de oro, un barril de petróleo,……, una tonelada de carbón por explotar.
En pocas palabras, la política de estimulación de la inversión extranjera lo que realmente representa es la culminación del proceso de escrituración definitiva de los recursos y patrimonio de la nación a unos saqueadores transnacionales. Y todo esto esta ocurriendo bajo la mirada complaciente de la mayoría de los colombianos. Peor aun, las votaciones recientes para congreso y lo que se anticipa serán los resultados de las elecciones de presidente, demuestran que la violencia y saqueo es lo que precisamente quieren que continúe.