Tras la reforma constitucional
mediante la cual se reformó el fuero militar, es inevitable
recordar delitos atroces cometidos por militares que podrían quedar en la impunidad si son juzgados por jueces militares.
Ya se ha comentado bastante sobre
los atroces crímenes cometidos por miembros del
ejercito en desarrollo de un política de gobierno de mostrar resultados
en la guerra contra la guerrilla; crímenes a los que eufemísticamente, para distorsionar su horrorosa magnitud, se les llama “falsos positivos”. Todos los juristas honestos y
defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, coinciden en que
estos crímenes de lesa humanidad quedarán en la impunidad si son trasladados a la justicia militar, lo cual es
prácticamente un hecho si se tiene en cuenta que el delito de ejecución extrajudicial que quedo excluido del fuero militar, no está tipificado en el código penal.
Pero este no es el único crimen aberrante que quedará en la impunidad. Los delitos asociados con violencia sexual también podrían pasar a la corte de
absoluciones de la Justicia Penal Militar. El horroroso caso del oficial del
ejercito que violó y asesinó a dos niños en Tame, Arauca, es solo uno
de los tantos crímenes recientes que vienen a la
memoria, que son recurrentes y que con fuero militar ampliado quedarían totalmente impunes. Y aun
sin fuero, no es sino recordar las estratagemas perversas y criminales utilizadas
por la defensa del militar asesino; la que, para colmo de la perversidad, fue
pagada con recursos recaudados del bolsillo de todos los colombianos, incluido
el padre de las victimas.
Este crimen es uno de los tantos que
llevan a preguntarse si no serán mas criminales los abogados
defensores que el propio militar asesino contra quien desde el inicio del
proceso ya existían pruebas innumerables y tan
contundentes que no admitían ninguna duda de su
culpabilidad. Pero no, en este como en otros casos repudiables, sus abogados
defensores recurrieron a practicas de defensa igual o mas criminales que el
propio crimen cometido por su defendido,
todo con el propósito de buscar su absolución, limpiar su nombre y consecuentemente, limpiar la imagen criminal
del ejercito de Colombia.
Practicas criminales que, entre
otras, incluyeron la fabricación de testigos, amenazas al padre
de las inocentes víctimas y a la juez que
investigaba el crimen, montajes burdos para culpar a la guerrilla y hasta el
asesinato de testigos clave en contra del acusado.
No se necesita tener sino un mínimo de moralidad y sentido de lógica para recrear lo que debería ser el ejercicio honesto de la profesión de abogado defensor. En efecto, una vez contratado, lo primero que
como defensor debe establecer con claridad es si su defendido es culpable o no de los delitos que se le
adjudican. Para ello primero que todo debe buscar que el acusado le confiese si
cometió o no el delito; y si no lo logra
en las primeras sesiones de trabajo, confrontarlo con las pruebas que la parte
acusatoria este presentando y así llevarlo a que le demuestre y
confirme sus primeros testimonios de inocencia, o por el contrario, se rinda y
le confiese su culpabilidad, y esta vez con todos y los mas mínimos detalles de los hechos, antes, durante y después de cometido el crimen; pues no de otra manera el abogado defensor
puede diseñar una estrategia de defensa. Así su defensa sea solo tendiente a lograr que al acusado se le imponga
una pena mínima en consideración a elementos atenuantes como antecedentes de salud mental, etc., o
que se le juzgue por un delito conexo para el cual las penas no sean tan
severas. Pero no, sea que su cliente le confiese su culpabilidad o que el
defensor se convenza de ello basado en las pruebas y evidencias de la parte
acusatoria, lo que se da en la practica es una especie de asociación para delinquir que obviamente al defensor le representa sustanciales
incrementos en sus honorarios, pues de lo que se trata es demostrar que su
cliente no es el criminal que todas las pruebas y evidencias lo señalan como tal.
Los cursos que han tomado crímenes horrorosos como la violación y asesinato de los niños de Tame, el asesinato del
estudiante de los Andes, Luis Andrés Colmenares, el asesinato o
golpizas de esposas por parte de miembros de la fuerza publica o personajes de
la política nacional o local, etc.,
demuestran la perversidad y mentalidad criminal que predomina en la gran mayoría de los abogados colombianos que ejercen como defensores de crímenes abominables.
Abogados como Jaime Lombana, Jaime
Granados, Abelardo de la Espriella y muchos otros que irónicamente gozan de reconocimiento y fama como grandes defensores, por
el contrario deberían ser objeto no solo de repudio
nacional sino criminalizados y juzgados ejemplarmente, pues no hay un caso en
el que los acusados no sean presentados como inocentes angelitos hasta el
ultimo minuto del proceso, aun en contra de las mas contundentes evidencias en
contra de sus defendidos. La pregunta que surge entonces es, ¿acaso encubrir un delito, o recurrir a artimañas de defensa de criminales como fabricar o amenazar testigos y
jueces, amenazar familiares de víctimas, etc., no son actos
criminales igual o peores que los que cometieron sus defendidos?
Estos abogaduchos criminales que
posan de baluartes y defensores de la justicia nunca aceptan que sus defendidos
cometieron crímenes y por lo tanto tampoco
nunca asumen una posición de defensa con miras a que se
les reduzca sus penas, incluso que se los exonere de ciertos delitos o que se
les permita ciertos beneficios durante su permanencia en prisión. Lo irónico es que ante tanto reconocimiento por sus éxitos defendiendo criminales, estos abogados, en no pocas ocasiones,
también son contratados por la parte
acusatoria dentro de procesos que involucran crímenes de resonancia nacional. Un ejemplo es el proceso por el asesinato de Andres Colmenares, en el que Lombana esta defendiendo a la familia de Colmenares y Granados a los presuntos asesinos y complices. Todo parece indicar que los acusados serán absueltos, es decir que el caso lo ganará la defensa, pero no porque Grandos sea mejor que Lombana sino porque los que pagan los inmensos honorarios de Granados hacen parte de elites privilegiadas de Bogota que tienen fuertes y estrechas conexiones con las mafias que ostentan el poder politico del pais, mientras que los clientes de Lombana pertenecen apenas a la clase media de provincia.
El caso de Colmenares demuestra tambien en ultimas que no es que personajes como Lombana y Granados sean los mejores abogados y defensores de criminales sino que sus éxitos se derivan del hecho de que las familias de sus clientes ponen a su servicio todo el aparato gubernamental, judicial y hasta el militar (y el paramilitar) para que pongan en marcha cualquier estrategia de defensa, así sea la mas perversa, ilegal y criminal. Y todo sin que corran el riesgo de que terminen acusados de prácticamente encubrir los crímenes de sus clientes, ni de violar el código penal y la constitución que dicen defender. El acuerdo que prevalece ente acusado y defensor es "tu me defiendes y logras limpiar mi nombre, y yo te hago mas rico y te ayudo a aumentar tu fama de mejor abogado del pais".
No obstante el blindaje del que gozan estos abogados, la otra pregunta que surge es ¿desde el punto de vista ético y moral, en que momento del
proceso y defensa de un criminal contra quien pesan todas las evidencias,
la sociedad debe empezar a cuestionar la honestidad y ética del abogado defensor, y pedir que sus actuaciones sean igualmente
objeto de investigación por parte de las autoridades
judiciales pertinentes?
La respuesta es inmediata y solo
requiere repasar lo dicho anteriormente.
El punto de quiebre de la línea que distingue el trabajo
honesto de un abogado del de un criminal es el momento en que testigos clave
son desparecidos o aparecen asesinados, testigos falsos son llevados a las
cortes y luego desenmascarados, familiares de víctimas e incluso los jueces que investigan los casos son amenazados o
demandados penalmente, montajes y argucias jurídicas son utilizados para dilatar los procesos, etc., etc.
Si se repasan los hechos judiciales
mas recientes, estas y muchas otras estratagemas criminales son el común denominador en todos los procesos
penales que involucran a figuras
de las elites y mafias políticas y empresariales, a miembros
de las clases sociales privilegiadas, e incluso en procesos contra reconocidos
criminales y de amplia trayectoria, quienes por sus inmensas fortunas,
originadas precisamente de sus
actividades criminales, se pueden dar el lujo de contratar como defensores a
abogados también criminales pero que gozan de
fama y reconocimiento social como Jaime Granados y Jaime Lombana.
Con ocasión de la reciente ampliación del fuero militar, y con abogados y jueces militares
que siguen y admiran la trayectoria criminal de Granados y Lombana, las elites
de las milicias también empezaran a disfrutar con
plenitud de la inmunidad que el fuero penal civil de facto les ha otorgado a las
elites mafiosas, políticas y empresariales de esta
banana Republica de Colombia.
