El cartel de la Corte Constitucional, otro compartimiento mas del inmenso pozo séptico de la corrupción en Colombia…

El patético argumento de salvar a la Corte Constitucional sobre la base de que no todos los magistrados son corruptos, lo que corrobora es que evidentemente todos son corruptos. No de otra manera se explica que ningún magistrado haya renunciado irrevocable e inmediatamente luego de conocer las acciones y hechos delictivos que comprometen al magistrado Pretelt.  Eso es lo que hacen las personas decentes cuando su reputación, su honradez, su ética profesional,  se ven comprometidas como consecuencia de revelaciones sobre actividades corruptas o criminales que son descubiertas dentro de la organización, institución o empresa de la que hacen parte.

El magistrado Pretelt puede ser calificado de cínico cuando manifiesta que no va a renunciar porque no es el único que participaba en los actos corruptos denunciados.  Aunque suene cínico, su posición tiene sentido. Porque cómo es posible que un grupo de solo 9 personas, que trabajan siguiendo procedimientos judiciales claramente definidos, no detecten o no se hayan enterado, sino hasta cuando el escandalo explota, acerca de las actividades delictivas que desarrollaba uno de sus miembros?!!

La única explicación es que todos los magistrados son corruptos!!. De ahí su comportamiento errático luego de destapado el escandalo: primero salieron descaradamente en defensa de Pretelt; luego, cuando ya no podían controlar el nauseabundo olor del pozo séptico propusieron que el magistrado Pretelt pidiera una licencia de dos meses; y finalmente, cuando el senado negó la petición de la licencia,  tímidamente solicitan que el magistrado Pretelt renuncie.  

Ninguno de los “pulcros” magistrados , nadie del alto gobierno, ni nadie de las otras instituciones judiciales y disciplinarias piden sanciones penales ejemplares para el magistrado Pretelt. Pero claro, como todos están untados el manejo y conclusión del escandalo no puede ser mas predecible.  A Pretelt lo arreglarán para que apague el ventilador, a  lo sumo le pedirán que devuelva las 5 Ha de tierra que el mismo ofreció devolvería (de las tantas que les robó a campesinos de Cordoba y Uraba), iniciarán el sainete de las investigaciones en el congreso y luego en al CSJ; y para cuando hayan tomado alguna decisión de judicialización (si es que algún día la toman), ya Pretelt habrá salido del país, con estatus de exiliado que el mismo gobierno y autoridades judiciales le habrán ayudado a conseguir.    

Pero como en Colombia todo es extremadamente dinámico, no solo los hechos especificos de corrupción en la corte constitucional sino también sus coletazos en la fiscalía general, la procuraduría, el congreso y hasta en el alto gobierno con ocasión del ventilador que alcanzó a prender el magistrado Pretelt,  ya pasaron a un segundo plano.  Ahora lo que atrae toda la atención de la galería es la reacción del gobierno y sus supuestas  propuestas de reforma de todo el sistema judicial del país; lo cual no es mas que la reafirmación de lo que ha sido tradición en Colombia: proponer cambiar todo para que todo siga igual.

“No vamos a dar un salto al vacío”, declaró el presidente Santos al anunciar las medidas que adoptará su gobierno para superar la crisis. A santos hay que abonarle su sinceridad por hablar en primera persona (vamos) pues eso solo corrobora lo que todo el mundo sabe pero pocos aceptan como una realidad. El hecho innegable de que todo el país es un pozo séptico.

Todas las instituciones del estado están llenas de corruptos, de mediocres y hasta de criminales, empezando por el presidente de la republica y todo su gobierno. El fiscal Montealegre, el contralor Ordoñez, los miembros de todas las altas cortes, la inmensa mayoría de congresistas, el sistema penitenciario, las fuerzas armadas…….todos están metidos hasta la cabeza en ese pozo séptico de corrupción. 

Sin reforma al fuero militar la impunidad seguirá siendo rampante

Patético el alboroto generado por el fallo de la Corte constitucional al declarar inexequible la ley de reforma del fuero militar.

Con reforma al fuero, sin reforma, o incluso sin fuero, la impunidad de los múltiples y sistemáticos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios, violaciones de derechos humanos, etc., cometidos por las FFMM, ha sido y continuará siendo rampante.

El único problema para Santos es que no podrá esgrimir como defensa de la impunidad sobre esos crímenes el hecho de que existe un marco legal, y que son unos jueces los que determinan la “inocencia” de los criminales implicados.   Los colombianos decentes  y la comunidad internacional seguirán viendo la impunidad que predomina en el país como el reflejo de la podredumbre y corrupción que predomina en el sistema judicial colombiano.

No es sino revisar los resultados de las investigaciones por los horrendos crímenes mal llamados “falsos positivos”.  Apenas unos pocos soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango han sido judicializados y condenados;  un porcentaje mínimo comparado con el escandaloso número de casos denunciados y de inocentes víctimas (más de 3.000).

Los oficiales de alto rango siguen intocables, principalmente aquellos que ocupan altas posiciones de mando y dirección dentro de las FFMM,  quienes están allí precisamente por sus estrechos vínculos con el estado paramafioso/terrorista y las mafias políticas y empresariales que lo controlan.

Por el contrario, y para aumentar aún más la injusticia y desprecio por las víctimas, estos criminales de tres soles son premiados con embajadas, y hasta hacen parte del equipo del gobierno en las negociaciones de paz con las FARC. Pero la desfachatez del gobierno de Santos no para ahí. Los defiende asi sea recurriendo a las argucias más insólitas cuando los gobiernos de otros países, a los que son enviados como diplomáticos, los rechazan.  En estos países, los horrendos crímenes que han cometido los “héroes de la patria” no son tolerados, mucho menos que las misiones diplomáticas colombianas sean convertidas en guarida de asesinos de cuello blanco.

Pero el mayor cinismo y desprecio del gobierno de Santos con los colombianos queda develado con ocasión de su reacción al fallo de la Corte Constitucional.  Ha anunciado que con mensaje de urgencia presentará un proyecto de ley para crear un fondo económico para la defensa de los militares involucrados en crímenes y violaciones de derechos humanos. Es decir, no satisfecho con el dolor y devastación causados a cientos de miles de familias colombianas,  ahora pretende que sean las propias  víctimas, y en general todos los colombianos, quienes paguen por la defensa de sus victimarios en los estrados judiciales.  País de Mierda!