Mostrando entradas con la etiqueta impunidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta impunidad. Mostrar todas las entradas

domingo, 16 de julio de 2017

Es posible rehabilitar socialmente a Uribe y/o restaurar la racionalidad de los millones de zombis colombianos que lo veneran, sanar sus mentes, corazones?

Hannah Arendt es una reconocida filósofa y escritora Judía nacida en Alemania que logró escapar del nazismo y se refugió en Estados Unidos. Desde entonces Arendt pasó la mayor parte de su vida estudiando la relación entre el individuo y la vida política. Arendt afirmaba que la libertad esta ligada tanto con la esfera privada -la vida contemplativa -como a la esfera pública y política -la vida activa. Para ella "la libertad, más que la capacidad humana de actuar espontánea y creativamente en público, estaba relacionada con la capacidad de pensar y cuestionarse a si mismo en un espacio privado, en el que la soledad empodera al individuo para contemplar sus acciones y desarrollar su conciencia, a escapar del bullicio de la multitud -hasta finalmente oír su propio acto de pensar."

En 1961 el New York Times le encomendó a Hannah Arendt el trabajo de cubrir y analizar el juicio al criminal Adolf Eichmann, un oficial del servicio secreto Nazi que ayudó a orquestar el Holocausto. Hannah tenía mucho interés en saber cómo un ser humano podía perpetrar tales monstruosidades.

Pero en el caso de Uribe, un juicio penal/criminal que concluya con una condena ejemplar y que motive su arrepentimiento y transformación es prácticamente imposible, al menos en Colombia. Tampoco es probable que aparezca una persona como Arendt que se arriesgue a asumir la responsabilidad de analizar sus acciones criminales y correlacionarlas con su personalidad y su actividad política. Así qué solamente eventos de choque trágicos como una tragedia familiar, o una enfermedad incurable con inmenso sufrimiento tal vez empujen a que Uribe recupere su conciencia.

Hannah Arendt llegó a la siguiente conclusión: "una persona que no ha conocido o practicado el debate silencioso interno (en el cual los seres humanos examinamos lo que decimos y lo que hacemos) no le importa contradecirse a si mismo, lo cual significa que esa persona nunca tiene ni la capacidad ni la voluntad de asumir responsabilidad por lo dice o hace; y tampoco le importa cometer cualquier crimen, ya que da por descontado que todo lo que haga será olvidado en el minuto siguiente."

Hannah ni siquiera encontró señales de que Eichmann tuviera convicciones ideológicas sólidas. Atribuyó su inmoralidad -incluso su disposición para cometer crímenes - a su incapacidad de pensar (a su estado de inconsciencia). Según Arendt, fue la incapacidad de detenerse y pensar lo que condujo a Eichmann a planear y participar en la ejecución de las masacres del Holocausto.

En desarrollo de esa misión, Hannah tuvo oportunidad de analizar en detalle la personalidad de Eichmann y lo primero que detectó fue su carencia de imaginación y su consumada convencionalidad. Arendt argumentaba que si bien las acciones de Eichmann fueron monstruosas, él en si mismo -en su esencia como persona - era muy ordinario, común y corriente, no un demonio ni un monstruo.

Para la escritora Arendt, Eichmann había desdeñado volver a casa a encontrarse consigo mismo, a su estado de soledad. Había desechado la vida contemplativa, y por lo tanto ignorado la necesidad de emprender ese proceso esencial de auto cuestionamiento y auto respuesta que le habría permitido examinar y reflexionar sobre el sentido de las cosas, distinguir entre la realidad y la ficción, la verdad y la mentira, el bien y el mal.

Se preguntarán qué tienen que ver las investigaciones de Arendt y el juicio del criminal nazi Eichmann con Alvaro Uribe. Mucho, tanto Eichmann como Uribe han cometido crímenes de lesa humanidad; pero al igual que Eichmann, y cualquier otro criminal, Uribe en lo profundo de su ser, en su esencia como ser humano, tiene bondad, sensibilidad humana y capacidad de reflexionar sobre sus actividades criminales. Si no lo hace por si mismo, sacudido por eventos de choque que impacten directamente y significativamente su vida, podría incluso recuperar su capacidad de arrepentimiento, de auto cuestionamiento, y pedir perdón, reparar a sus víctimas.

Lo de la bondad innata, subyacente en lo profundo del ser humano, no es un asunto que solamente Arendt lo haya estudiado; de hecho, las ciencia de la neurociencia y la psiquiatría en general lo han estudiado y demostrado desde el siglo XIX. Incluso los filósofos estoicos desde antes de la era cristiana lo planteaban en sus escritos y meditaciones.

En el caso de Eichmann y de la mayoría de criminales nazis, los eventos de choque que en la mayoría de ellos produjo su arrepentimiento y transformación personal fueron los juicios penales y sus condenas, incluida la condena social.

No obstante, eventos como estos son impredecibles, y ni siquiera a un criminal como Uribe se le pueden desear que los sufra. Así que su resocialización y transformación como ser humano sólo podría ocurrir mediante una condena social y política nacional, que lo haga sentir solo, aislado, rechazado, sin el poder político y de manipulación con que ahora cuenta.

Pero para que esa condena social ocurra habría que trabajar primero en la recuperación de la sanidad mental y capacidad de pensar/reflexionar de los millones de fanáticos que lo veneran, cuya conciencia está tan degradada que piensan, hablan y actúan como si fueran clones del mismo Uribe. La mayoría de esos fanáticos son gente humilde que viven en un estado permanente de inseguridad y miedo, y como tal, son presas fáciles de engaño y manipulación, y están siempre a la espera de un salvador que los saque de sus miserias.

Dentro de esa gran masa de fanáticos hay también consumados criminales por supuesto, pero con Uribe relegado socialmente y sin poder político, también los rufianes de su círculo inmediato lo abandonarán. La inmensa mayoría de sus seguidores son personas que han sido engañadas, seres confundidos, pero no criminales, y es a ellos a quienes hay que despertar y ayudarles a recuperar su estado innato de benevolencia y racionalidad. Sólo esa reconversión y transformación de las masas populares permitirá quitarle la base social y política a Uribe. Sería como "quitarle el agua al pez", como el propio Uribe decia cuando trataba de justificar el asesinato de civiles inocentes, refiriendose a que eran militantes o auxiliadores de la guerrilla.

Hannah Arendt afirmaba que los seres humanos no son monstruos consumados, asi no piensen, ni se cuestionan sobre lo que dicen y hacen. Lo que el juicio y el análisis de la personalidad del criminal Nazi Eichmann le permitió concluir a Arendt es que "la sociedad sólo podía funcionar libre y democráticamente si está compuesta de individuos comprometidos en la actividad de pensar -una actividad que requiere de la soledad."

Un reto inmenso, tratándose de recuperar la conciencia de esa gran masa de colombianos, conciencia que ha sido secuestrada por medios masivos corporativos como RCN, Caracol, El Tiempo, los medios del Grupo Prisa.....y que no cesan en su empeño de mantener a las masas en ese estado de zombismo.

Como consecuencia de la manipulación de la realidad y poder de alienación de esos medios, la gran mayoría de los colombianos han perdido (o nunca han descubierto y practicado) su capacidad de estar a solas consigo mismos, y en consecuencia han perdido la capacidad elemental de pensar. Están totalmente guiados por los pensamientos y realidades transmitidas a través de esos medios, actúan según lo que sus falsos líderes dicen, hacen y creen; y así, en la conformidad que se deriva de vivir en una jaula de inconsciencia, son incapaces de distinguir entre el bien y el mal, la belleza y la fealdad; y en particular, tratándose de las acciones criminales y mezquinas de Uribe, son incapaces de distinguir entre la verdad y sus mentiras; la paz y su violencia, el respeto por el ser humano y su denigración de la condición humana; entre el amor y su odio; el perdón y su sed venganza; entre justicia social y su codicia; la honestidad y sus prácticas corruptas; entre la justicia y su impunidad.

En conclusión, Uribe parecer no tener cura; de hecho, su comportamiento y acciones son típicas de un psicópata. La única esperanza es que sus fanáticos seguidores despierten de su zombismo, recuperen su conciencia, su racionalidad y curen sus mentes a través de la práctica de la soledad, y de utilizar el cerebro para pensar por sí mismos, cuestionar sus actos y omisiones (o como mínimo, escuchar al cura de la caricatura anexa al final). Práctica de la soledad que debe ser entendida no únicamente como un estado mental esencial para el desarrollo de la conciencia de los individuos, sino también como una práctica que lo prepara a uno para participar sana, positiva y proactivamente en la vida social y política; y en la coyuntura actual, en la transformación de nuestro país.

Como lo reitera Hannah Arendt: "antes de querer mantenernos en compañía con otros, debemos primero aprender a mantenernos en compañía con nosotros mismos."






-->

lunes, 30 de junio de 2014

Actuales comandantes de las fuerzas armadas y ejército de Colombia, principales determinadores de las ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”)


El siguiente artículo fue publicado en su versión original en Inglés en el website de NACLA, y es a su vez una versión resumida del más reciente informe sobre los “falsos positivos”, elaborado por la organización internacional “Fellowship of  Reconciliation”, FOR.

Como era de anticipar, este informe tuvo una mínima difusión en la “gran prensa” colombiana; de hecho le dieron (y le siguen dando) mas difusión y amplificación a las burdas y patéticas  reacciones del general Lasprilla, comandante del ejército, en respuesta a las serias revelaciones que hace el informe de FOR.

Peor aún, con la histeria del mundial de futbol, las revelaciones sobre la participación directa de los actuales comandantes del ejército y de las fuerzas armadas en los horrendos crímenes estatales denominados “falsos positivos”, con seguridad ya ni siquiera resuena en la memoria de los colombianos.

A esa galería histérica ni siquiera le despertará un mínimo de remordimiento  ver a esos criminales en televisión junto a su comandante en jefe (o títere?) Juan Manuel Santos, celebrando los goles de la selección Colombia en Brasil.

Ojala este artículo despierte esa insensibilidad y silencio complice…………… 



"Guerrilleros muertos en combate" y la persistente impunidad en el ejército colombiano 

por John Lindsay-Poland

En un foro publico en el departamento del Huila el pasado mes de Enero, unas madres contaron las historias de sus hijos asesinados por las fuerzas armadas colombianas siete años atrás. El hijo de Amparo Peláez había terminado recientemente el servicio militar y trabajaba descargando bultos de papa; él y un amigo habían ido al mercado y jamás regresaron. Al día siguiente fue declarado por el ejercito como “guerrillero muerto en combate”.

Transito Sarria habló de su hijo Joselo de 28 años, quien trabajaba como conductor y una mañana le prometió que le llevaría el desayuno a su trabajo, pero nunca llegó. Un hombre la llamó por teléfono, se burló de ella, y le dijo que chequeara la morgue, donde posteriormente encontró el cuerpo de su hijo. El ejercito dijo por la radio que habían matado a un criminal.

Andrés Duarte regresó al pueblo de Gigante, Huila con su madre una tarde en Abril del 2007. Mas tarde salió a jugar billar y jamás regresó. Al siguiente día, el teniente coronel Jaime Lasprilla Villamizar [hoy comandante del ejército] declaró que Duarte había sido otro “guerrillero muerto en combate”, junto con otros cuatro.


Todos estos asesinatos eran conocidos como “falsos positivos”: homicidios de civiles inocentes cometidos por soldados, a quienes declaraban como guerrilleros o criminales y promocionaban como éxitos operacionales del ejercito. Entre el 2000 y 2010, 5.763 homicidios han sido investigados por la procuraduría general o documentados por organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos años he estudiado el contexto de esta violencia con base en información sobre ejecuciones extrajudiciales y su relación con la ayuda del ejercito de EE.UU. compilada por la Asociación para la Reconciliación (En Ingles, Fellowship of Reconciliation, FOR) y la Coordinización Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque el numero de “falsos positivos” ha disminuido considerablemente como resultado de la indignación local, nacional e internacional, estos asesinatos continúan siendo importantes por varias razones.

Primero, el hecho de que tantos asesinatos hayan ocurrido durante un periodo en el que la cooperación de Estaos Unidos fue masiva, plantea la pregunta sobre el impacto que esta ayuda militar  tuvo en el respeto por los derechos humanos por parte del ejército colombiano. Estados Unidos entregó 5,7 billones de dólares (5.700 millones de dólares) en ayuda militar y policial a Colombia entre 2000 y 2010. Desde el 2002 hasta el 2008, muchos más colombianos han sido registrados como beneficiarios de entrenamiento militar y policial en Estados Unidos que de cualquier otro país – aproximadamente uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió entrenamiento militar en Estados Unidos durante ese periodo era colombiano.

Oficiales del Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos elogian el desempeño de Colombia, citándolo como un “exportador de seguridad” y de ahí que financian programas de entrenamiento por parte de colombianos a fuerzas policiales de otros países. La ayuda militar y policial de Estados Unidos alrededor del mundo ha crecido cinco veces desde 2001, alcanzando  $25 billones en 2012; no obstante, no se ha hecho ninguna evaluación formal de los resultados de esa ayuda en términos de derechos humanos. El caso colombiano es fundamental para entender esos resultados.

Segundo, oficiales militares que comandaban las unidades militares en los que ocurrían los crímenes llamados “falsos positivos” continúan ascendiendo profesionalmente. Entre 2006 y 2007, cuando Jaime Lasprilla era comandante de la novena brigada del ejército en el Huila, ocurrió una serie de asesinatos extrajudiciales; no obstante, en Febrero de este año, ya como mayor general, fue nombrado por Juan Manuel Santos como comandante del ejército colombiano.

Tercero, la aplicación de justicia por los abusos militares es un asunto complicado en las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC con miras a terminar un conflicto armado de 50 años. Los líderes de las FARC exigen una solución que no incluya ir a la cárcel, y el ejército por su parte espera un tratamiento similar.

Finalmente, ha habido poca aplicación de justicia en la mayoría de estos crímenes. En 2013, solo el 13% de los más de 5.763 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas han concluido en un juicio o en sentencias – aunque es una mejoría comparada con el escaso 2% de casos que llegaron a juicio o sentencias en el 2009. Los familiares de las victimas buscan reivindicación con sus seres queridos puestos que ellos no eran criminales, y piden condenas para los militares responsables de los asesinatos.

*
La persistente institucionalización de la impunidad por los abusos de derechos humanos en Colombia se hizo evidente en Febrero 18 de este año cuando un comandante militar que supervisó muchas de los asesinatos llamados “falsos positivos” fue remplazado por otro. Ese día el Presidente Juan Manuel Santos despidió al jefe de las fuerzas armadas Leonardo Barrero por conversar telefónicamente con otro oficial que estaba detenido y bajo investigación por asesinatos extrajudiciales. En esta conversación Barrero le decía que “montaran una mafia” para enfrentar a los fiscales de derechos humanos que estaban a cargo de los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Los comentarios que Barrero le hacia al oficial detenido fueron revelados por la revista Semana, como parte de cientos de conversaciones grabadas que revelaban la inmensa corrupción entre oficiales detenidos y en servicio activo. Estos oficiales conspiraban ademas para obtener contratos de compras para el ejército – como repuestos de helicópteros- y conseguir fondos para ayudar a soldados acusados por los asesinatos de civiles. Después de las revelaciones de Semana, Barrero fue relevado de su puesto junto con otros cuatro generales.
Generales Juan Pablo Rodriguez y Jaime Lasprilla, comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejercito respectivamente

Como resultado de la sacudida, el general Lasprilla fue nombrado comandante del ejercito. Anteriormente, Lasprilla había comandado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad encargada de combatir el frente sur de las FARC, del que hacen parte muchos jefes de las FARC. Su nombramiento ocurrió inmediatamente después de que sirvió seis meses como comandante del comando de Operaciones Conjuntas Especiales de Colombia.  Las dos unidades que comandó Lasprilla han sido estratégicas para la cooperación militar de Estados Unidos con Colombia.

En particular, el comando de operaciones especiales tiene un papel fundamental en las operaciones de bombardeo contra los líderes de las FARC, el cual fue resaltado en una investigación reciente del periódico Washington Post. El Washington Post describió cómo asesores de Estados Unidos le proporcionaron a Colombia kits de GPS con los que monitoreaban y controlaban los objetivos de las operaciones de bombardeo dirigidos a asesinar “objetivos de alto valor”, los cuales han arrojado como resultado la muerte de 40 jefes guerrilleros desde el 2007. Oficiales de las fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia desarrollaron tácticas que incluyen bombas de alta-presión destinadas a asesinar a todas las personas que se encontraban en campamentos rurales, y que luego proseguían con operaciones terrestres con el objetivo de “rematar a los heridos que trataban de buscar protección”.

La novena brigada del ejército en el Huila no recibió la misma atención por parte de Estados Unidos como la Fuerza de Tarea Omega o el comando de operaciones especiales; no obstante, recibió una ayuda significativa durante periodos clave. Durante el comando de Lasprilla de la 9ª brigada, desde Julio 2006 a Noviembre 2007, personal de mando y tres batallones fueron autorizados y beneficiarios de ayuda de Estados Unidos, incluyendo el uso de helicópteros. Lasprilla acababa de completar cursos en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, durante el periodo entre Agosto 2005 y Junio 2006. Desde 2002 a 2003, el entonces teniente coronel Lasprilla fue instructor de la antigua Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia (ahora, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC), donde anteriormente también había sido un estudiante en calidad de cadete. En pocas palabras, el general Lasprilla ha recibido un extenso entrenamiento militar en Estados Unidos, buena parte del cual ocurrió para la época en que asumió el comando en el Huila.

El entrenamiento militar en Estados Unidos, especialmente en WHINSEC, es prácticamente un requisito para el ascenso de oficiales del ejército colombiano; de hecho, este ha sido el caso con comandantes de la 9a Brigada y sus sub-unidades. Tres oficiales que fueron entrenados durante un año en WHINSEC, posteriormente comandaron la 9a Brigada entre el 2002 y el 2004.

Una revisión realizada por la organización FOR en el 2002, sobre oficiales del ejército que pasaron un año como instructores o tomaron el curso de comando en WHINSEC entre 2001 y 2003, encontró que 12 de los 25 oficiales a quienes se les pudo rastrear cargos posteriores, habían sido acusados de serios crímenes o habían dirigido unidades en donde soldados habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, WHINSEC, sigue evaluando sus éxitos según el número de graduados que ascienden a “posiciones importantes.”

*
Durante el comando de Lasprilla, 75 asesinatos han sido directamente atribuidos a soldados de la 9a Brigada, lo cual ubica a Lasprilla como el oficial en servicio activo con el número más alto de asesinatos extrajudiciales registrados bajo su cargo como comandante de brigada. La unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General de Colombia está investigando 40 asesinatos cometidos por soldados de la 9a Brigada bajo el comando de Lasprilla. El Centro Jesuita para la Educación Popular y la Investigación y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Colombia ha documentado otros 35 asesinatos extrajudiciales directamente atribuidos a soldados bajo el comando de Lasprilla.

Según otros informes, la Oficina del Fiscal General esta investigando otros 22 asesinatos en el Huila cometidos por soldados colombianos durante el comando de Lasprilla en esa jurisdicción. A pesar que la unidad responsable de estos asesinatos no ha sido oficialmente identificada, es de anotar que ninguna otra brigada del ejército operaba en el Huila en ese tiempo.

Hasta Septiembre del 2013, muy pocos de estos casos habían pasado la fase de investigación inicial. En solo un caso, el cual involucró el asesinato de dos personas, un soldado de infantería fue declarado culpable y sentenciado. Según información proporcionada por el procurador general de Colombia, de 190 ejecuciones registradas en el Huila, 77% de las investigaciones estaba aun en etapa preliminar. El tiempo promedio que ha pasado desde la ocurrencia de los asesinatos y la situación actual es siete años.

Aunque el Huila muestra la tendencia de los “falsos positivos,” también hay casos en los que soldados dijeron que criminales o ladrones, no guerrilleros, fueron capturados en el acto, lo cual supuestamente llevó a un intercambio de disparos. Yo les pregunte a investigadores, periodistas y abogados conocedores de varios casos si algunos asesinatos que pudieron ser de miembros de la milicia de la guerrilla pero muertos fuera de  combate, aún podrían ser considerados asesinatos extrajudiciales. Ellos respondieron que si bien hubo algunos de estos casos, ellos representan una pequeña minoría del total.

En el Huila también ocurrieron detenciones masivas de cientos de personas por parte de las fuerzas armadas, especialmente entre el 2002 y 2004. El ejército justificó estos arrestos acusando a los detenidos de tener vínculos con grupos terroristas, pero la gran mayoría fueron posteriormente puestos en libertad por falta de evidencias. Algunos han sugerido que los arrestos de estas personas fue un preludio a su posterior asesinato. Las detenciones se concentraron en municipalidades donde hubo 11 asesinatos extrajudiciales registrados entre 2004 y 2006.

Observadores militares han sugerido un relación causal entre la magnitud de los combates o la violencia debida a la guerra y el número de asesinatos extrajudiciales reportados en Colombia, con base en lo cual sugieren que la violencia es producto de errores que ocurren en la “niebla de la guerra.” Para verificar esta tesis, yo examiné la información sobre los combates ocurridos en el Huila y encontré que más de 2 de cada 3 ejecuciones reportadas – 69%- ocurrieron más de 30 días después del más reciente evento de combate reportado en la misma municipalidad. Y solo 13% de estos asesinatos ocurrieron en los ocho días siguientes a un combate en la misma municipalidad, lo cual sugiere que estas ejecuciones no ocurrieron como resultado de enfrentamientos.

Antes que Lasprilla asumiera como comandante, las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la 9a brigada habían sido problemáticas pero no tan endémicas. En la primera mitad del 2006, antes de que Lasprilla llegara, se habían registrado 6 ejecuciones cometidas por la 9a brigada según los reportes- una al mes. Según reportes, en la segunda mitad del 2006, hubo 12 ejecuciones cometidas por los soldados de la brigada; y en el 2007, hasta la fecha que Lasprilla dejo la brigada (17 de Noviembre), ocurrieron 63 ejecuciones cometidas por miembros de esa brigada, lo que equivale a 6 al mes.

Muy poca atención nacional e internacional han recibido las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, de hecho la 9ª brigada parece ser una unidad “Teflón” pues muy pocas investigaciones han salido adelante. Una de las pocas condenas de miembros de la brigada fue llevada a cabo por un fiscal de otro departamento, por un asesinato cometido en Antioquia, fuera de la jurisdicción de la brigada.

El numero de “falsos positivos” del ejercito disminuyó drásticamente después del 2008, como resultado de denuncias hechas por familiares de las víctimas, difusión en la prensa, y por el apoyo de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. Estas acciones conllevaron a nuevas políticas del ejército que priorizan las capturas a los asesinatos, reforzadas mediante procesamientos judiciales más efectivos; a la existencia de menos áreas en disputa en el conflicto armado; y a la suspensión de la ayuda militar directa de EE.UU. a algunas unidades. Esta reducción muestra el exitoso papel que ha jugado la intervención de la sociedad en la denuncia de las injusticias militares en Colombia.

*
El personaje central en las revelaciones de Semana que llevaron al despido de Barrero es el coronel Robinson González del Río. González del Río estaba bajo el comando inmediato de Barrero e implicado en 12 asesinatos de civiles entre 2007 y 2008 mientras  comandaba un batallón en la región cafetera de Colombia. Según información suministrada por la oficina del fiscal general y organizaciones de derechos humanos, soldados de la brigada 29 cometieron 51 ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia de Barrero.

Con ocasión de la publicación de las grabaciones el pasado 18 de Febrero, como nuevo jefe de las fuerzas armadas fue nombrado el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. La oficina del fiscal general está investigando 8 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez entre 2006 y 2008, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado otros 11 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de Rodríguez que nunca ingresaron al sistema judicial. 16 de estos asesinatos ocurrieron en Antioquia en un periodo de apenas 8 meses. No se tiene conocimiento que Rodríguez Barragán este judicialmente implicado en estos casos, pero el número de asesinatos durante un periodo tan corto revela que por lo menos hubo permisividad durante su comandancia.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene varias opciones para evaluar el liderazgo del ejército colombiano, todas dentro del marco de la ley Leahy de 1997, la cual prohíbe suministrar ayuda a unidades militares o policiales cuyos miembros hayan cometido serias violaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. podría usar su influencia para presionar avances en las investigaciones y condenas de los oficiales y soldados responsables de estas ejecuciones. Podría sugerir que Lasprilla y Rodriguez sean removidos, aunque esto no conlleve avances en la aplicación de justicia por los asesinatos de civiles cometidos bajo su mando. O podría suspender la ayuda al ejército colombiano hasta que se tomen medidas eficaces para condenar a los responsables de estas ejecuciones.

Aparte de cumplir con la ley, mientras Colombia se prepara para terminar el conflicto armado, es hora de que Washington deje de apoyar estrategias que han causado tanto sufrimiento, y en su lugar aplicar el principio: Primero, no hacer daño. 


John Lindsay-Poland investiga y escribe sobre el militarismo de EE.UU. y los derechos humanos en América Latina, y es autor de Los Emperadores en la Selva: La Historia Oculta de los EE.UU. en Panamá (Duke). Este artículo es una adaptación del informe "El Ascenso y Caída de los Homicidios ‘falso positivos’ en Colombia", publicado por la Asociación para la Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

domingo, 16 de diciembre de 2012

El fuero militar, una extensión del fuero civil que ya disfrutan criminales de las elites mafiosas, políticas, empresariales, y de la alta sociedad


Tras la reforma constitucional mediante la cual se reformó el fuero militar, es inevitable recordar delitos atroces cometidos por militares que podrían quedar en la impunidad si son juzgados por jueces militares.

Ya se ha comentado bastante sobre los atroces crímenes cometidos por miembros del ejercito en desarrollo de un política de gobierno de mostrar resultados en la guerra contra la guerrilla; crímenes a los que eufemísticamente, para distorsionar su horrorosa magnitud, se les llama falsos positivos. Todos los juristas honestos y defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, coinciden en que estos crímenes de lesa humanidad quedarán en la impunidad si son trasladados a la justicia militar, lo cual es prácticamente un hecho si se tiene en cuenta que el delito de ejecución extrajudicial que quedo excluido del fuero militar, no está tipificado en el código penal.

Pero este no es el único crimen aberrante que quedará en la impunidad. Los delitos asociados con violencia sexual también podrían pasar a la corte de absoluciones de la Justicia Penal Militar. El horroroso caso del oficial del ejercito que violó y asesinó a dos niños en Tame, Arauca, es solo uno de los tantos crímenes recientes que vienen a la memoria, que son recurrentes y que con fuero militar ampliado quedarían totalmente impunes.  Y aun sin fuero, no es sino recordar las estratagemas perversas y criminales utilizadas por la defensa del militar asesino; la que, para colmo de la perversidad, fue pagada con recursos recaudados del bolsillo de todos los colombianos, incluido el padre de las victimas.

Este crimen es uno de los tantos que llevan a preguntarse si no serán mas criminales los abogados defensores que el propio militar asesino contra quien desde el inicio del proceso ya existían pruebas innumerables y tan contundentes que no admitían ninguna duda de su culpabilidad. Pero no, en este como en otros casos repudiables, sus abogados defensores recurrieron a practicas de defensa igual o mas criminales que el propio crimen  cometido por su defendido, todo con el propósito de buscar su absolución, limpiar su nombre y consecuentemente, limpiar la imagen criminal del ejercito de Colombia.

Practicas criminales que, entre otras, incluyeron la fabricación de testigos, amenazas al padre de las inocentes víctimas y a la juez que investigaba el crimen, montajes burdos para culpar a la guerrilla y hasta el asesinato de testigos clave en contra del acusado.

No se necesita tener sino un mínimo de moralidad y sentido de lógica para recrear lo que debería ser el ejercicio honesto de la profesión de abogado defensor. En efecto, una vez contratado, lo primero que como defensor debe establecer con claridad es si su defendido es  culpable o no de los delitos que se le adjudican. Para ello primero que todo debe buscar que el acusado le confiese si cometió o no el delito; y si no lo logra en las primeras sesiones de trabajo, confrontarlo con las pruebas que la parte acusatoria este presentando y así llevarlo a que le demuestre y confirme sus primeros testimonios de inocencia, o por el contrario, se rinda y le confiese su culpabilidad, y esta vez con todos y los mas mínimos detalles de los hechos, antes, durante y después de cometido el crimen; pues no de otra manera el abogado defensor puede diseñar una estrategia de defensa. Así su defensa sea solo tendiente a lograr que al acusado se le imponga una pena mínima en consideración a elementos atenuantes como antecedentes de salud mental, etc., o que se le juzgue por un delito conexo para el cual las penas no sean tan severas. Pero no, sea que su cliente le confiese su culpabilidad o que el defensor se convenza de ello basado en las pruebas y evidencias de la parte acusatoria, lo que se da en la practica es una especie de asociación para delinquir que obviamente al defensor le representa sustanciales incrementos en sus honorarios, pues de lo que se trata es demostrar que su cliente no es el criminal que todas las pruebas y evidencias lo señalan como tal.

Los cursos que han tomado crímenes horrorosos como la violación y asesinato de los niños de Tame, el asesinato del estudiante de los Andes, Luis Andrés Colmenares, el asesinato o golpizas de esposas por parte de miembros de la fuerza publica o personajes de la política nacional o local, etc., demuestran la perversidad y mentalidad criminal que predomina en la gran mayoría de los abogados colombianos que ejercen como defensores de crímenes abominables. 

Abogados como Jaime Lombana, Jaime Granados, Abelardo de la Espriella y muchos otros que irónicamente gozan de reconocimiento y fama como grandes defensores, por el contrario deberían ser objeto no solo de repudio nacional sino criminalizados y juzgados ejemplarmente, pues no hay un caso en el que los acusados no sean presentados como inocentes angelitos hasta el ultimo minuto del proceso, aun en contra de las mas contundentes evidencias en contra de sus defendidos. La pregunta que surge entonces es, ¿acaso encubrir un delito, o recurrir a artimañas de defensa de criminales como fabricar o amenazar testigos y jueces, amenazar familiares de víctimas, etc., no son actos criminales igual o peores que los que cometieron sus defendidos?

Estos abogaduchos criminales que posan de baluartes y defensores de la justicia nunca aceptan que sus defendidos cometieron crímenes y por lo tanto tampoco nunca asumen una posición de defensa con miras a que se les reduzca sus penas, incluso que se los exonere de ciertos delitos o que se les permita ciertos beneficios durante su permanencia en prisión. Lo irónico es que ante tanto reconocimiento por sus éxitos defendiendo criminales, estos abogados, en no pocas ocasiones, también son contratados por la parte acusatoria dentro de procesos que involucran crímenes de resonancia nacional. Un ejemplo es el proceso por el asesinato de Andres Colmenares, en el que Lombana esta defendiendo a la familia de Colmenares y Granados a los presuntos asesinos y complices. Todo parece indicar que los acusados serán absueltos, es decir que el caso lo ganará la defensa, pero no porque Grandos sea mejor que Lombana sino porque los que pagan los inmensos honorarios de Granados hacen parte de elites privilegiadas de Bogota que tienen fuertes y estrechas  conexiones con las mafias que ostentan el poder politico del pais, mientras que los clientes de Lombana pertenecen apenas a la clase media de provincia.

El caso de Colmenares demuestra tambien en ultimas que no es  que personajes como Lombana y Granados sean los mejores abogados y defensores de criminales sino que sus éxitos se derivan del hecho de que las familias de sus clientes ponen a su servicio todo el aparato gubernamental, judicial y hasta el militar (y el paramilitar) para que pongan en marcha cualquier estrategia de defensa, así sea la mas perversa, ilegal y criminal. Y todo sin que corran el riesgo de que terminen acusados de prácticamente encubrir los crímenes de sus clientes, ni de violar el código penal y la constitución que dicen defender. El acuerdo que prevalece ente acusado y defensor es "tu me defiendes y logras limpiar mi nombre, y yo te hago mas rico y te ayudo a aumentar tu fama de mejor abogado del pais".

No obstante el blindaje del que gozan estos abogados, la otra pregunta que surge es ¿desde el punto de vista ético y moral, en que momento del proceso y defensa de un criminal contra quien pesan todas las evidencias, la sociedad debe empezar a cuestionar la honestidad y ética del abogado defensor, y pedir que sus actuaciones sean igualmente objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales pertinentes?

La respuesta es inmediata y solo requiere repasar lo dicho anteriormente.  El punto de quiebre de la línea que distingue el trabajo honesto de un abogado del de un criminal es el momento en que testigos clave son desparecidos o aparecen asesinados, testigos falsos son llevados a las cortes y luego desenmascarados, familiares de víctimas e incluso los jueces que investigan los casos son amenazados o demandados penalmente, montajes y argucias jurídicas son utilizados para dilatar los procesos, etc., etc.

Si se repasan los hechos judiciales mas recientes, estas y muchas otras estratagemas criminales  son el común denominador en todos los procesos  penales que involucran  a figuras de las elites y mafias políticas y empresariales, a miembros de las clases sociales privilegiadas, e incluso en procesos contra reconocidos criminales y de amplia trayectoria, quienes por sus inmensas fortunas, originadas  precisamente de sus actividades criminales, se pueden dar el lujo de contratar como defensores a abogados también criminales pero que gozan de fama y reconocimiento social como Jaime Granados y Jaime Lombana.

Con ocasión de la reciente ampliación del fuero militar, y con abogados y jueces militares que siguen y admiran la trayectoria criminal de Granados y Lombana, las elites de las milicias también empezaran a disfrutar con plenitud de la inmunidad que el fuero penal civil de facto les ha otorgado a las elites mafiosas, políticas y empresariales de esta banana Republica de Colombia.

Buscar en este blog