El siguiente artículo fue
publicado en su versión original en Inglés en el website de NACLA, y es a su
vez una versión resumida del más reciente informe sobre los “falsos positivos”,
elaborado por la organización internacional “Fellowship of Reconciliation”, FOR.
Como era de anticipar,
este informe tuvo una mínima difusión en la “gran prensa” colombiana; de hecho
le dieron (y le siguen dando) mas difusión y amplificación a las burdas y patéticas
reacciones del general Lasprilla,
comandante del ejército, en respuesta a las serias revelaciones que hace el
informe de FOR.
Peor aún, con la
histeria del mundial de futbol, las revelaciones sobre la participación directa
de los actuales comandantes del ejército y de las fuerzas armadas en los
horrendos crímenes estatales denominados “falsos positivos”, con seguridad ya ni siquiera resuena en la memoria de los colombianos.
A esa galería histérica
ni siquiera le despertará un mínimo de remordimiento ver a esos criminales en televisión junto a su
comandante en jefe (o títere?) Juan Manuel Santos, celebrando los goles de la selección
Colombia en Brasil.
Ojala este artículo
despierte esa insensibilidad y silencio complice……………
"Guerrilleros muertos en
combate" y la persistente impunidad en el ejército colombiano
por John
Lindsay-Poland
En un foro publico en el
departamento del Huila el pasado mes de Enero, unas madres contaron las
historias de sus hijos asesinados por las fuerzas armadas colombianas siete
años atrás. El hijo de Amparo Peláez había terminado recientemente el servicio
militar y trabajaba descargando bultos de papa; él y un amigo habían ido al
mercado y jamás regresaron. Al día siguiente fue declarado por el ejercito como
“guerrillero muerto en combate”.
Transito Sarria habló de su hijo
Joselo de 28 años, quien trabajaba como conductor y una mañana le prometió que
le llevaría el desayuno a su trabajo, pero nunca llegó. Un hombre la llamó por
teléfono, se burló de ella, y le dijo que chequeara la morgue, donde posteriormente
encontró el cuerpo de su hijo. El ejercito dijo por la radio que habían matado
a un criminal.
Andrés Duarte regresó al pueblo de
Gigante, Huila con su madre una tarde en Abril del 2007. Mas tarde salió a
jugar billar y jamás regresó. Al siguiente día, el teniente coronel Jaime
Lasprilla Villamizar [hoy comandante del
ejército] declaró que Duarte había sido otro “guerrillero muerto en
combate”, junto con otros cuatro.
Todos estos asesinatos eran
conocidos como “falsos positivos”: homicidios de civiles inocentes cometidos por
soldados, a quienes declaraban como guerrilleros o criminales y promocionaban
como éxitos operacionales del ejercito. Entre el 2000 y 2010, 5.763 homicidios
han sido investigados por la procuraduría general o documentados por
organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos años he estudiado el
contexto de esta violencia con base en información sobre ejecuciones
extrajudiciales y su relación con la ayuda del ejercito de EE.UU. compilada por
la Asociación para la Reconciliación (En Ingles, Fellowship of Reconciliation,
FOR) y la Coordinización Colombia-Europa-Estados Unidos. Aunque el numero de “falsos positivos” ha
disminuido considerablemente como resultado de la indignación local, nacional e
internacional, estos asesinatos continúan siendo importantes por varias
razones.
Primero, el hecho de que tantos
asesinatos hayan ocurrido durante un periodo en el que la cooperación de Estaos
Unidos fue masiva, plantea la pregunta sobre el impacto que esta ayuda militar tuvo en el respeto por los derechos humanos por
parte del ejército colombiano. Estados Unidos entregó 5,7 billones de dólares (5.700
millones de dólares) en ayuda militar y policial a Colombia entre 2000 y 2010.
Desde el 2002 hasta el 2008, muchos más colombianos han sido registrados como beneficiarios
de entrenamiento militar y policial en Estados Unidos que de cualquier otro
país – aproximadamente uno de cada siete soldados o policías extranjeros que
recibió entrenamiento militar en Estados Unidos durante ese periodo era colombiano.
Oficiales del Pentágono y el
Departamento de Estado de Estados Unidos elogian el desempeño de Colombia,
citándolo como un “exportador de seguridad” y de ahí que financian programas de
entrenamiento por parte de colombianos a fuerzas policiales de otros países. La
ayuda militar y policial de Estados Unidos alrededor del mundo ha crecido cinco
veces desde 2001, alcanzando $25
billones en 2012; no obstante, no se ha hecho ninguna evaluación formal de los
resultados de esa ayuda en términos de derechos humanos. El caso colombiano es
fundamental para entender esos resultados.
Segundo, oficiales militares que comandaban
las unidades militares en los que ocurrían los crímenes llamados “falsos
positivos” continúan ascendiendo profesionalmente. Entre 2006 y 2007, cuando Jaime
Lasprilla era comandante de la novena brigada del ejército en el Huila, ocurrió
una serie de asesinatos extrajudiciales; no obstante, en Febrero de este año, ya
como mayor general, fue nombrado por Juan Manuel Santos como comandante del ejército
colombiano.
Tercero, la aplicación de justicia
por los abusos militares es un asunto complicado en las negociaciones que se
desarrollan en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC con
miras a terminar un conflicto armado de 50 años. Los líderes de las FARC exigen
una solución que no incluya ir a la cárcel, y el ejército por su parte espera un
tratamiento similar.
Finalmente, ha habido poca aplicación
de justicia en la mayoría de estos crímenes. En 2013, solo el 13% de los más de
5.763 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas colombianas han concluido
en un juicio o en sentencias – aunque es una mejoría comparada con el escaso 2%
de casos que llegaron a juicio o sentencias en el 2009. Los familiares de las
victimas buscan reivindicación con sus seres queridos puestos que ellos no eran
criminales, y piden condenas para los militares responsables de los asesinatos.
*
La persistente institucionalización
de la impunidad por los abusos de derechos humanos en Colombia se hizo evidente
en Febrero 18 de este año cuando un comandante militar que supervisó muchas de
los asesinatos llamados “falsos positivos” fue remplazado por otro. Ese día el
Presidente Juan Manuel Santos despidió al jefe de las fuerzas armadas Leonardo
Barrero por conversar telefónicamente con otro oficial que estaba detenido y
bajo investigación por asesinatos extrajudiciales. En esta conversación Barrero
le decía que “montaran una mafia” para enfrentar a los fiscales de derechos
humanos que estaban a cargo de los casos de las ejecuciones extrajudiciales.
Los comentarios que Barrero le hacia al oficial detenido fueron revelados por
la revista Semana, como parte de cientos de conversaciones grabadas que
revelaban la inmensa corrupción entre oficiales detenidos y en servicio activo.
Estos oficiales conspiraban ademas para obtener contratos de compras para el ejército
– como repuestos de helicópteros- y conseguir fondos para ayudar a soldados
acusados por los asesinatos de civiles. Después de las revelaciones de Semana,
Barrero fue relevado de su puesto junto con otros cuatro generales.
Generales Juan Pablo Rodriguez y Jaime Lasprilla, comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejercito respectivamente
Como resultado de la sacudida, el
general Lasprilla fue nombrado comandante del ejercito. Anteriormente, Lasprilla
había comandado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad encargada de
combatir el frente sur de las FARC, del que hacen parte muchos jefes de las
FARC. Su nombramiento ocurrió inmediatamente después de que sirvió seis meses
como comandante del comando de Operaciones Conjuntas Especiales de
Colombia. Las dos unidades que comandó
Lasprilla han sido estratégicas para la cooperación militar de Estados Unidos
con Colombia.
En particular, el comando de
operaciones especiales tiene un papel fundamental en las operaciones de
bombardeo contra los líderes de las FARC, el cual fue resaltado en una
investigación reciente del periódico Washington
Post. El Washington Post describió
cómo asesores de Estados Unidos le proporcionaron a Colombia kits de GPS con
los que monitoreaban y controlaban los objetivos de las operaciones de
bombardeo dirigidos a asesinar “objetivos de alto valor”, los cuales han arrojado
como resultado la muerte de 40 jefes guerrilleros desde el 2007. Oficiales de
las fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia desarrollaron tácticas que
incluyen bombas de alta-presión destinadas a asesinar a todas las personas que
se encontraban en campamentos rurales, y que luego proseguían con operaciones
terrestres con el objetivo de “rematar a los heridos que trataban de buscar protección”.
La novena brigada del ejército en
el Huila no recibió la misma atención por parte de Estados Unidos como la
Fuerza de Tarea Omega o el comando de operaciones especiales; no obstante, recibió
una ayuda significativa durante periodos clave. Durante el comando de Lasprilla
de la 9ª brigada, desde Julio 2006 a Noviembre 2007, personal de mando y tres
batallones fueron autorizados y beneficiarios de ayuda de Estados Unidos,
incluyendo el uso de helicópteros. Lasprilla acababa de completar cursos en la
Universidad de Defensa Nacional en Washington, durante el periodo entre Agosto
2005 y Junio 2006. Desde 2002 a 2003, el entonces teniente coronel Lasprilla fue
instructor de la antigua Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia
(ahora, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad,
WHINSEC), donde anteriormente también había sido un estudiante en calidad de
cadete. En pocas palabras, el general Lasprilla ha recibido un extenso
entrenamiento militar en Estados Unidos, buena parte del cual ocurrió para la
época en que asumió el comando en el Huila.
El entrenamiento militar en
Estados Unidos, especialmente en WHINSEC, es prácticamente un requisito para el
ascenso de oficiales del ejército colombiano; de hecho, este ha sido el caso con
comandantes de la 9a Brigada y sus sub-unidades. Tres oficiales que fueron
entrenados durante un año en WHINSEC, posteriormente comandaron la 9a Brigada
entre el 2002 y el 2004.
Una revisión realizada por la
organización FOR en el 2002, sobre oficiales del ejército que pasaron un año
como instructores o tomaron el curso de comando en WHINSEC entre 2001 y 2003,
encontró que 12 de los 25 oficiales a quienes se les pudo rastrear cargos
posteriores, habían sido acusados de serios crímenes o habían dirigido unidades
en donde soldados habían cometido múltiples asesinatos extrajudiciales. Sin
embargo, WHINSEC, sigue evaluando sus éxitos según el número de graduados que ascienden
a “posiciones importantes.”
*
Durante el comando de Lasprilla,
75 asesinatos han sido directamente atribuidos a soldados de la 9a Brigada, lo
cual ubica a Lasprilla como el oficial en servicio activo con el número más
alto de asesinatos extrajudiciales registrados bajo su cargo como comandante de
brigada. La unidad de Derechos Humanos de la Oficina del Fiscal General de
Colombia está investigando 40 asesinatos cometidos por soldados de la 9a
Brigada bajo el comando de Lasprilla. El Centro Jesuita para la Educación
Popular y la Investigación y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de
Colombia ha documentado otros 35 asesinatos extrajudiciales directamente
atribuidos a soldados bajo el comando de Lasprilla.
Según otros informes, la Oficina
del Fiscal General esta investigando otros 22 asesinatos en el Huila cometidos
por soldados colombianos durante el comando de Lasprilla en esa jurisdicción. A
pesar que la unidad responsable de estos asesinatos no ha sido oficialmente
identificada, es de anotar que ninguna otra brigada del ejército operaba en el
Huila en ese tiempo.
Hasta Septiembre del 2013, muy
pocos de estos casos habían pasado la fase de investigación inicial. En solo un
caso, el cual involucró el asesinato de dos personas, un soldado de infantería
fue declarado culpable y sentenciado. Según información proporcionada por el
procurador general de Colombia, de 190 ejecuciones registradas en el Huila, 77%
de las investigaciones estaba aun en etapa preliminar. El tiempo promedio que
ha pasado desde la ocurrencia de los asesinatos y la situación actual es siete
años.
Aunque el Huila muestra la tendencia
de los “falsos positivos,” también hay casos en los que soldados dijeron que
criminales o ladrones, no guerrilleros, fueron capturados en el acto, lo cual
supuestamente llevó a un intercambio de disparos. Yo les pregunte a
investigadores, periodistas y abogados conocedores de varios casos si algunos
asesinatos que pudieron ser de miembros de la milicia de la guerrilla pero
muertos fuera de combate, aún podrían
ser considerados asesinatos extrajudiciales. Ellos respondieron que si bien hubo
algunos de estos casos, ellos representan una pequeña minoría del total.
En el Huila también ocurrieron
detenciones masivas de cientos de personas por parte de las fuerzas armadas,
especialmente entre el 2002 y 2004. El ejército justificó estos arrestos
acusando a los detenidos de tener vínculos con grupos terroristas, pero la gran
mayoría fueron posteriormente puestos en libertad por falta de evidencias.
Algunos han sugerido que los arrestos de estas personas fue un preludio a su
posterior asesinato. Las detenciones se concentraron en municipalidades donde hubo
11 asesinatos extrajudiciales registrados entre 2004 y 2006.
Observadores militares han
sugerido un relación causal entre la magnitud de los combates o la violencia
debida a la guerra y el número de asesinatos extrajudiciales reportados en
Colombia, con base en lo cual sugieren que la violencia es producto de errores
que ocurren en la “niebla de la guerra.” Para verificar esta tesis, yo examiné
la información sobre los combates ocurridos en el Huila y encontré que más de 2
de cada 3 ejecuciones reportadas – 69%- ocurrieron más de 30 días después del más
reciente evento de combate reportado en la misma municipalidad. Y solo 13% de
estos asesinatos ocurrieron en los ocho días siguientes a un combate en la
misma municipalidad, lo cual sugiere que estas ejecuciones no ocurrieron como
resultado de enfrentamientos.
Antes que Lasprilla asumiera como comandante,
las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la 9a brigada habían sido
problemáticas pero no tan endémicas. En la primera mitad del 2006, antes de que
Lasprilla llegara, se habían registrado 6 ejecuciones cometidas por la 9a brigada
según los reportes- una al mes. Según reportes, en la segunda mitad del 2006,
hubo 12 ejecuciones cometidas por los soldados de la brigada; y en el 2007,
hasta la fecha que Lasprilla dejo la brigada (17 de Noviembre), ocurrieron 63
ejecuciones cometidas por miembros de esa brigada, lo que equivale a 6 al mes.
Muy poca atención nacional e
internacional han recibido las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, de
hecho la 9ª brigada parece ser una unidad “Teflón” pues muy pocas
investigaciones han salido adelante. Una de las pocas condenas de miembros de
la brigada fue llevada a cabo por un fiscal de otro departamento, por un
asesinato cometido en Antioquia, fuera de la jurisdicción de la brigada.
El numero de “falsos positivos”
del ejercito disminuyó drásticamente después del 2008, como resultado de
denuncias hechas por familiares de las víctimas, difusión en la prensa, y por
el apoyo de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales.
Estas acciones conllevaron a nuevas políticas del ejército que priorizan las
capturas a los asesinatos, reforzadas mediante procesamientos judiciales más
efectivos; a la existencia de menos áreas en disputa en el conflicto armado; y a
la suspensión de la ayuda militar directa de EE.UU. a algunas unidades. Esta reducción
muestra el exitoso papel que ha jugado la intervención de la sociedad en la denuncia
de las injusticias militares en Colombia.
*
El personaje central en las
revelaciones de Semana que llevaron
al despido de Barrero es el coronel Robinson González del Río. González del Río
estaba bajo el comando inmediato de Barrero e implicado en 12 asesinatos de
civiles entre 2007 y 2008 mientras comandaba un batallón en la región cafetera de
Colombia. Según información suministrada por la oficina del fiscal general y
organizaciones de derechos humanos, soldados de la brigada 29 cometieron 51
ejecuciones extrajudiciales durante la comandancia de Barrero.
Con ocasión de la publicación de las
grabaciones el pasado 18 de Febrero, como nuevo jefe de las fuerzas armadas fue
nombrado el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. La oficina del fiscal
general está investigando 8 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando
de Rodríguez entre 2006 y 2008, mientras que organizaciones de derechos humanos
han documentado otros 11 asesinatos cometidos por soldados bajo el comando de
Rodríguez que nunca ingresaron al sistema judicial. 16 de estos asesinatos
ocurrieron en Antioquia en un periodo de apenas 8 meses. No se tiene
conocimiento que Rodríguez Barragán este judicialmente implicado en estos casos,
pero el número de asesinatos durante un periodo tan corto revela que por lo
menos hubo permisividad durante su comandancia.
El Departamento de Estado de
EE.UU. tiene varias opciones para evaluar el liderazgo del ejército colombiano,
todas dentro del marco de la ley Leahy de 1997, la cual prohíbe suministrar ayuda
a unidades militares o policiales cuyos miembros hayan cometido serias
violaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. podría usar su
influencia para presionar avances en las investigaciones y condenas de los oficiales
y soldados responsables de estas ejecuciones. Podría sugerir que Lasprilla y
Rodriguez sean removidos, aunque esto no conlleve avances en la aplicación de justicia
por los asesinatos de civiles cometidos bajo su mando. O podría suspender la
ayuda al ejército colombiano hasta que se tomen medidas eficaces para condenar a
los responsables de estas ejecuciones.
Aparte de cumplir con la ley,
mientras Colombia se prepara para terminar el conflicto armado, es hora de que
Washington deje de apoyar estrategias que han causado tanto sufrimiento, y en su
lugar aplicar el principio: Primero, no hacer daño.
John Lindsay-Poland investiga y escribe sobre el
militarismo de EE.UU. y los derechos humanos en América Latina, y es autor de
Los Emperadores en la Selva: La Historia Oculta de los EE.UU. en Panamá (Duke).
Este artículo es una adaptación del informe "El Ascenso y Caída de los Homicidios
‘falso positivos’ en Colombia", publicado por la Asociación para la
Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
