El
Transnational Institute (TNI) acaba de publicar un revelador informe sobre cómo
las corporaciones y los abogados saquean a los países europeos en crisis.
Republicamos
aquí el resumen ejecutivo disponible en Español en el website del Transnational Institute. Allí tambien esta disponible para descargar el informe completo pero solo en Ingles.
El
informe es tan revelador y contundente que no requiere introducción. Lo único
que se puede agregar es que lo que las corporaciones hacen en los países débiles
de Europa, lo hacen también (y con mayor facilidad e impunidad) en Latinoamérica,
en Africa; y en general en todos los países cuyos gobiernos están totalmente
sometidos y controlados por gobiernos y poderes económicos extranjeros, cuya lista la encabezan Estados
Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Gran Bretaña; quienes a su vez son los países
que controlan instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para solo
mencionar las que son mas reconocidas en Latinoamérica.
Cualquiera
que tenga un mínimo de comprensión de la realidad política y económica
colombiana podrá inferir que hacemos parte de esa comunidad de naciones
controladas totalmente por fuerzas extranjeras.
Los que no conocen esta situación o simplemente no la aceptan prefieren creer
que su país es tal cual se lo pintan los buitres locales que les sirven a los
halcones extranjeros,….. un “aliado estratégico”.
Lean a continuación
el informe del TNI:
Cuando la crisis es negocio
Las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando
los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a
los Gobiernos de los países europeos en crisis. Mientras que a los
especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las
personas de a pie se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que
se les está despojando de derechos sociales básicos.
Resumen ejecutivo
El
informe Cuando la crisis es negocio explica la historia de
cómo las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los
acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los
Gobiernos de los países europeos en crisis. También explica por qué el régimen
global de inversiones florece con las crisis económicas, y cómo sus beneficios
son muy desiguales. Mientras que a los especuladores que se dedican a la
inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie no gozan de esa misma
protección y por el contrario se ven sometidas a duras políticas de austeridad
con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.
Durante
mucho tiempo, los países europeos no estuvieron afectados por la creciente
oleada de controversias entre inversores y Estados, que habían tendido a
dirigirse contra países en desarrollo. Sin embargo, tras la crisis financiera
global, las corporaciones y los abogados de inversión han vuelto la mirada
hacia posibles ganancias en Europa. Es así como un régimen de inversiones,
urdido en secreto en salas de juntas europeas y que garantiza a las
corporaciones importantes derechos para demandar a los Gobiernos, vuelve a casa
como un boomerang.
El
informe empieza repasando la historia de las controversias entre inversores y
Estados como resultado de las crisis económicas en todo el mundo, desde México
en 1994 a Argentina en 2001. Al verse azotados por la crisis, estos países
hicieron todo lo posible por proteger a sus economías de un rápido hundimiento;
desde entonces, las medidas que adoptaron se convirtieron en blanco sistemático
de las corporaciones. Los países han sido demandados por tomar medidas para
reanimar su sistema financiero nacional o por congelar las tarifas de los
servicios públicos para que fueran asequibles a la población. Algunas medidas,
como la reestructuración de la deuda soberana (es decir, renegociar las
condiciones con los acreedores) son incluso un requisito exigido por los
acuerdos sobre deuda y, a pesar de ello, también han sido objeto de demandas de
inversión.
La
base jurídica de estas demandas se halla en los más de 3.000 tratados
internacionales de inversión vigentes hoy en día. Estos tratados garantizan una
amplia protección de la propiedad privada, consagrada en cláusulas tan
genéricas como el “trato justo y equitativo” y la “protección ante la
expropiación indirecta”. El problema está en que estas cláusulas se interpretan
de forma tan amplia que otorgan a las corporaciones carta blanca para demandar
a los Estados por cualquier norma que se pueda considerar que afecta a sus
ganancias presentes o futuras. Además, los tratados de inversión garantizan a
las corporaciones una amplia protección, pero no conceden a los Estados
derechos equivalentes para proteger a su propia ciudadanía.
Cuando la crisis es negocio analiza
en detalle cómo han respondido los inversores corporativos a las medidas
tomadas por España, Grecia y Chipre para proteger sus economías tras la crisis
de la deuda europea. En Grecia, la compañía eslovaca Poštová Bank adquirió
deuda griega después de que el valor de los bonos bajara de categoría; más
tarde, se le ofreció un paquete de reestructuración de la deuda muy generoso,
pero la compañía intentó hacer mejor negocio demandando a Grecia a través del
tratado bilateral de inversión (TBI) entre Eslovaquia y Grecia. En Chipre,
Marfin Investment Group, un fondo privado de inversión que cotiza en la bolsa
de Atenas y que está involucrado en una serie de prácticas de crédito
cuestionables, está exigiendo una compensación de 823 millones de euros por las
inversiones perdidas después de que Chipre tuviera que nacionalizar el Laiki
Bank por las condiciones del acuerdo de reestructuración de la deuda con la UE.
En España, 22 compañías (en el momento de escribir estas líneas), sobre todo
fondos de capital privado, han presentado demandas ante tribunales
internacionales por los recortes en los subsidios a las energías renovables.
Aunque el recorte de estos subsidios ha sido justamente criticado por grupos
ambientalistas, solo los grandes inversores privados tienen derecho a presentar
una demanda y resulta especialmente ofensivo que, en caso de ganarla, será la
ciudadanía española –que ya está sufriendo por la austeridad que se le ha
impuesto– la que deberá pagar de sus bolsillos para enriquecer aún más a fondos
de capital privados.
Cuando la crisis es negocio desvela
cómo:
- El rescate público de los bancos
que generó la crisis de la deuda europea se podría repetir con un segundo
rescate público, esta vez de inversores especulativos. Inversores corporativos han
reclamado en disputas arbitrales más de 700 millones de euros a España; más de
1.000 millones de euros a Chipre y una cantidad no revelada a Grecia. Esta
factura, a la que habría que añadir los exorbitantes honorarios de los abogados
por tramitar los casos, se pagará con el dinero de las arcas públicas en un
momento en que las medidas de austeridad están traduciéndose en importantes
recortes en el gasto social y en crecientes privaciones para las comunidades
vulnerables. En 2013, España, mientras se gastaba millones de euros para la
defensa en demandas, recortó el gasto en salud un 22% y en educación, un 18%.
- Muchas de las demandas de
inversión interpuestas contra los países europeos en crisis han sido iniciadas
por inversores especulativos. No eran inversores con un largo recorrido en el país, sino
aquellos que invirtieron cuando la crisis se empezó a vislumbrar y que, por lo
tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos que conllevaba. Sin embargo,
en lugar de pagar el precio de una inversión riesgosa, los acuerdos de
inversión les han dado una vía de escape que están usando para saquear más
dinero de los países en crisis. Poštová Bank, por ejemplo, compró bonos a
principios de 2010, al mismo tiempo que Standard & Poor’s calificaba la
deuda griega de ‘bono basura’. En España, de las 22 compañías implicadas en
demandas, 12 invirtieron después de 2008, cuando se introdujeron las primeras
limitaciones a las tarifas reguladas para la energía solar; ocho más siguieron
invirtiendo en el país a pesar de las ‘amenazas’ a sus inversiones.
- Los inversores implicados en las
demandas se han beneficiado considerablemente a pesar de que sus inversiones se
hayan visto ‘afectadas’ en los países en crisis. Poštová Bank notificó un
beneficio neto de 67,5 millones de euros en 2012; Abengoa SA, compañía que
invierte en energías renovables, notificó un aumento del 17% en sus ingresos,
que alcanzaron los 5.230 millones de euros, en los primeros nueve meses de
2013. Para la ciudadanía de los países demandados, en cambio, la historia es
muy distinta. Los griegos, por ejemplo, son en promedio casi un 40% más pobres
que en 2008 y el índice de personas sin hogar ha experimentado un drástico
aumento. Uno de cada tres niños (unos 600.000) vive actualmente por debajo del
umbral de la pobreza.
- Los inversores corporativos han
contado con el apoyo y el aliento de abogados de inversión muy bien remunerados
que se dedican a identificar constante y activamente posibilidades de litigio. En algunos casos, las firmas
de arbitraje que están demandando a los países en crisis también estaban
asesorando a esas mismas compañías cuando realizaron las inversiones de riesgo.
El bufete de abogados británico Allen & Overy, que ahora representa a los
inversores en cinco de las siete demandas conocidas (en estos momentos) contra
España relacionadas con el recorte de subsidios en el sector de la energía,
asesoraron a algunos de estos inversores en su adquisición original de las
centrales de energía. El marketing de los abogados corporativos ha rendido sus
frutos, visto el auge de casos y de suculentos beneficios e ingresos para estas
firmas de élite. Por ejemplo, el bufete británico Herbert Smith Freehills,
contratado para representar a España en al menos dos casos, cobra unos honorarios
de 300 euros por hora y podría ganar hasta 1,6 millones de euros por los casos.
- Los abogados de inversión y las
corporaciones están usando la amenaza de las demandas legales para intentar
modificar políticas o evitar que se adopten normas que amenazan a sus
ganancias. En un
documento enviado a sus clientes en octubre de 2011, por ejemplo, el bufete de
abogados estadounidense K&L Gates recomendaba que los inversores usaran la
amenaza del arbitraje de inversiones como una “herramienta de negociación” al
pactar la reestructuración de la deuda con Gobiernos. En la misma línea, la
firma británica Clyde & Co recomendó usar “la potencial publicidad
negativa” de una demanda de inversión como “instrumento de presión en caso de
disputa con un Gobierno extranjero”.
- La Comisión Europea (CE) ha
desempeñado un papel cómplice y ambiguo, apoyando efectivamente esta oleada de
demandas corporativas al presionar a los países azotados por la crisis. Algunas de las demandas han
surgido debido a las medidas de reestructuración bancaria y de la deuda que se
exigieron como condición de los paquetes de rescate de la UE. Además, aunque la
CE se ha mostrado crítica con los TBI entre los Estados miembros de la UE
(conocidos como ‘TBI intracomunitarios’), sigue promoviendo activamente el uso
de mecanismos de arbitraje inversor-Estado en todo el mundo, en especial en las
actuales negociaciones para el controvertido acuerdo comercial entre los
Estados Unidos y la UE (el TTIP por su sigla en inglés). Defender la protección
de las corporaciones mientras se deniega la protección social de la ciudadanía
es una inquietante muestra de las actuales prioridades en las políticas
económicas y comerciales de Europa.
- El régimen del arbitraje de
inversiones garantiza un trato de favor a los inversores extranjeros y
privatiza la justicia. A los inversores extranjeros se les conceden más derechos que a
las empresas, las personas y las comunidades del país, incluso cuando estas se
ven igual de afectadas por las medidas que llevaron a la disputa. Los casos son
juzgados por un tribunal compuesto por tres abogados privados y con ánimo de
lucro, que acaban decidiendo sobre políticas que afectan al bienestar de
millones de personas. Algunos de ellos han ignorado los principios jurídicos
internacionales que permiten a los Estados incumplir sus obligaciones
internacionales cuando es necesario para proteger los intereses de sus
ciudadanos y ciudadanas, especialmente en situaciones de crisis.
La
creciente recesión en los países europeos en crisis ha ido atrayendo cada vez
más buitres, que están dando vueltas para saquear ganancias. En 2012, la firma
Greylock Capital, con sede en Nueva York, señaló que comprar bonos griegos era
“el negocio del año”. En aquel momento, los inversores estaban pagando entre 15
y 25 céntimos por bono, por cada bono equivalente a un dólar.
En
abril de 2013, el bufete de abogados estadounidense Skadden, que representa a
Cyprus Popular Bank (Laiki) en una incipiente disputa contra Grecia que entraña
miles de millones de euros y que se basa en un tratado de inversión, alabó el
“creciente atractivo y uso novedoso de los tratados bilaterales de inversión”.
El bufete añadía que “el atractivo de los tribunales de los TBI, sumado a la
incertidumbre económica de los últimos tiempos, ha desencadenado un creciente
uso de los TBI para resolver disputas mediante vías con las que no se habían
topado anteriormente los tribunales arbitrales, y esperamos que esta tendencia
se mantenga”. La experiencia de Argentina, que se enfrentó a 55 demandas de inversores
tras la crisis de 2001, demuestra que las demandas siguen llegando durante un
tiempo después de la crisis propiamente dicha. En efecto, los casos que
aparecen en este informe son probablemente solo el principio de una nueva
oleada de demandas inversor-Estado contra países europeos.
Estas
disputas entre inversores y Estados forman parte de un patrón más general que
se ha hecho especialmente evidente desde que estalló la crisis económica. Se
trata de un patrón en que a las corporaciones se las protege de las inversiones
de riesgo mientras que a la ciudadanía se le dice que los recortes son
inevitables; en que las pérdidas corporativas se socializan y los
contribuyentes pagan la factura; en que las corporaciones pueden recurrir al
sistema de justicia mientras que los derechos de ciudadanos y ciudadanas son
marginados.
Los
ciudadanos europeos y americanos, comprensiblemente, demostraron su enfado por
el rescate de los bancos. Ha llegado la hora de poner la atención sobre el
rescate de los inversores y reclamar un cambio radical del actual régimen
global de inversiones.
Como
primer paso, los Gobiernos de la UE deben rescindir los acuerdos de inversión
vigentes. En concreto, los ciudadanos y los políticos europeos preocupados por
la cuestión deben exigir que se excluyan los mecanismos de disputa
inversor-Estado de los acuerdos comerciales que se están negociando en estos
momentos, como el tratado comercial propuesto entre los Estados Unidos y la UE.
Con la actual propuesta de acuerdo transatlántico, un total de 75.000 compañías
registradas en ambas regiones, con sedes en la UE y los Estados Unidos, podrían
lanzar disputas inversor-Estado con base en este acuerdo transatlántico. La
experiencia europea con los especuladores corporativos que se están beneficiando
con la crisis debería funcionar como una sana advertencia de que es necesario
limitar los derechos de las corporaciones y priorizar los derechos de las
personas.
Sobre
los autores:
Cecilia Olivet
Cecilia
Olivet es politóloga, especializada en la agenda de comercio e inversiones de
la Unión Europea, el régimen internacional de inversiones y temas de
integración regional. Cecilia es uruguaya, tiene una licenciatura en Relaciones
Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay y una maestría en
Política Internacional y Sudeste Asiático de la Universidad de Warwick,
Inglaterra. En 2005 comenzó a trabajar en el TNI, donde contribuye al equipo
del Programa Justicia Económica, Poder Corporativo y Alternativas con
investigaciones, análisis, en campañas y facilitación de redes. Cecilia
coordina la Iniciativa Agenda de los Pueblos para Regionalismos Alternativos (PAAR) y está involucrada en el trabajo
de redes como Seattle to Brussels (S2B), Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS) y la
red birregional Europa-América Latina EnlazandoAlternativas.
Cecilia
es actualmente uno de los miembros de la Comisión establecida por decreto presidencial para auditar los
Tratados Bilaterales de Proteccion de Inversiones (TBIs) y los casos de
arbitraje internacional de Ecuador. La nueva comisión, conocida por su acrónimo
CAITISA, fue lanzada formalmente en
Octubre 2013.
