A propósito de los “debates” artificiosos y ridículos originados por la propuesta de desarme de Petro

Como era de esperar la propuesta de Petro en su discurso de posesión de prohibir el porte de armas ha causado toda clase de rechazos, la mayoría sin siquiera una argumentación lógica. La mayoría de medios prepago por su parte no se cansan de hacer eco de las opiniones distorsionadas que hacen las fuerzas de la extrema derecha colombiana la cual defiende y se nutre de la violencia que precisamente se deriva del negocio y posesión de armas en manos de sus fuerzas criminales protectoras.

Que estas fuerzas violentas y guerreristas traten de obstaculizar (y hasta ridiculizar)  la propuesta de Petro de desarmar la sociedad civil no debe causar sorpresa, al fin y al cabo son las que controlan el estado y sus fuerzas militares y de policía (y sus fuerzas paramilitares) y que como tal se benefician del statu quo. Lo que resulta preocupante es que no haya una contraparte que con sensatez y argumentos lógicos explique  a la opinión pública las verdaderas motivaciones, alcances y beneficios del desarme propuesto por Petro.

La discusión de la propuesta la han manipulado haciendo uso del endeble argumento de que es el comandante de brigada del ejército quien tiene la autoridad de establecer la legalidad e ilegalidad del porte de armas. Nada más disfuncional en una sociedad que se supone civilizada, si es que realmente es la fuerza pública quien tiene autoridad para “legislar” al respecto. En una sociedad supuestamente democrática, es a las autoridades civiles y/o a los órganos legislativos a quienes les compete determinar quiénes y quienes no pueden portar armas.

Corresponde a los especialistas del derecho constitucional, y a la Corte Constitucional en particular, determinar si esa aparente atribución de legislar otorgada a las FFMM es legítima. De ahí que la propuesta de Petro debe entenderse simplemente como eso: una propuesta para buscar los mecanismos legales y constitucionales, para como autoridad máxima del Distrito, tener (o recobrar) las facultades de prohibir el porte de armas en su jurisdicción. Los mal llamados debates que están promoviendo los medios prepago sobre si la propuesta de Petro busca prohibir el porte ilegal de armas son ridículos, por decir lo menos; pues como prohibir lo que ya está prohibido? Las armas en manos de ilegales deben ser decomisadas y sus portadores criminalizados, y para eso no se necesita una ley sino autoridad. Autoridad que por supuesto no la hay ni la habrá pues son las mismas autoridades militares y de policía quienes surten y se nutren del mercado ilegal y legal de armas.

En sociedades civilizadas, es el estado (representado por sus autoridades locales) quien determina que personas, cumpliendo estrictos requisitos de seguridad, pueden adquirir y portar un arma; y  la única responsabilidad que le compete de la fuerza pública es hacer cumplir esa ley y no producirla, modificarla o eliminarla. Más específicamente, a las autoridades militares y de policía lo único que les compete es asegurar la implementación de la ley de porte de armas mediante el establecimiento de procesos de escrutinio y verificación previos de los solicitantes, en términos de conducta, antecedentes penales, etc., que permitan asegurar que la venta de las armas y los salvo conductos para portarlas sean entregados solo a ciudadanos que no constituyen una amenaza para la sociedad.

Pero NO, en un país violento y disfuncional como Colombia los preceptos básicos de gobernabilidad y convivencia parecen estar muy lejos de la sensatez y la lógica.  Por eso no sorprende que la extrema derecha colombiana y sus fuerzas armadas se opongan radicalmente al desarme propuesto por Petro….Aparte de sus estadísticas manipuladas que muestran que dos terceras partes de los homicidios son cometidos con armas de fuego ilegales, sería interesante tener acceso al inventario y flujo de armas hacia y desde las instalaciones militares y de policía; así como a la base de datos de todos los salvo conductos expedidos. Sus reportes amañados no mencionan que la mayoría de esas armas en manos de la delincuencia y bandas criminales han salido de las propias instalaciones militares y de policía. Un negocio boyante que lo disfrazan mediante el otorgamiento de los salvo conductos.

No hay duda de que las fuerzas militares y de policía son una olla podrida que nadie se atreve a tocar, menos a intentar sanear. Por eso la propuesta de Petro, a la cual han seguido propuestas de congresistas de modificar el esperpento de legislación que les otorga esa facultad a las FFMM, debe ser apoyada firmemente por todos quienes tengan el mínimo genuino deseo de desarmar el espíritu violento que caracteriza a la gran mayoría del pueblo colombiano.