A propósito del “boom minero” corrupto y depredador, heredado de Uribe, que Santos lo vende como motor de la prosperidad económica

La revista Semana publicó recientemente una buena crónica sobre el “boom de la minería” en Colombia, a la que el gobierno y sus aliados se refieren también como “la locomotora minera”. Aunque dado el carácter de las actividades depredadoras que requiere la minería, el nombre que mejor le viene es  el de “draga minera”.

La crónica de Semana suministra interesantes datos históricos y recientes sobre los desarrollos mineros en el país, incluyendo los de supervivencia adelantados por décadas por campesinos que habitan las areas y regiones mineras, los más recientes adelantados por avivatos oportunistas en asocio con grupos ilegales armados; y los de las grandes empresas mineras, principalmente multinacionales Canadienses, de EEUU y Europeas. El informe también es muy informativo en cuanto a áreas que actualmente son explotadas, aquellas con potencial para explotación; así como en relación con el estado de títulos, concesiones, y el marco legal e institucional para regular y fiscalizar el “boom minero”.

Los principales datos y cifras del estado de la minería en Colombia, de acuerdo con esta crónica, se pueden resumir así:

• Superficie total del país: 114 millones de Ha.
• Superficie con potencial para explotación minera: 22 millones de Ha (aprox. 20% del total de superficie nacional)
• Solicitudes de títulos entre 2001 y 2010: 20.000 títulos
• Títulos otorgados por el gobierno de Uribe: 9.000 (que incluyen áreas de paramos, parques nacionales, resguardos indígenas, territorios colectivos, reservas forestales)
• Títulos en poder de una sola multinacional (la Anglo Gold Ashanti): 389 (que suman mas de 700 mil Ha; 40 títulos en paramos)
• Valor típico de soborno pagado por empresas extranjeras para obtener un titulo minero: $ 34 millones de pesos
• Títulos de acuerdo con Registro Nacional Minero (2011): 1717 en poder de empresas; 7.200 particulares
• Minas de hecho a 2011: 3.600 (explotadas por 15.000 mineros de hecho, según Defensoría del Pueblo)
• Valor de exportaciones del sector minero-energético en 2010: US$ 21.000 millones
• Valor proyectado de exportaciones del sector minero-energético en 2021: US$ 54.000 millones
• Regalías mineras durante 2010: US$ 647 millones (apenas 0.85% del presupuesto nacional - $76 mil millones)
• Numero de muertos por accidentes en minas durante lo corrido de 2011: 62

No obstante la recopilación de los datos y cifras anteriores indican que la cronista hizo un gran esfuerzo investigativo, el análisis de las mismas y sobre todo el diagnostico de la problemática de corrupción y debilidad institucional no muestra suficiente rigor ni objetividad.

Sobre el caos y corrupción en el otorgamiento de títulos, por ejemplo, la cronista atribuye todo el problema a las instituciones y dependencias responsables de estas funciones, y menciona específicamente solamente al Ingeominas, a las CARs y muy tibiamente al Ministerio de Minas. La cronista omite señalar que estas instituciones hacen parte de una estructura estatal/gubernamental aun mas corrupta y disfuncional lo cual hace que las entidades ejecutoras de sus políticas simplemente actúen como un engranaje mas de esa gran maquina ineficiente, permisiva y corrupta. En resumen,  la cronista omite señalar que los ministerios y entidades del orden nacional y local responsables de ejecutar las políticas atinentes al sector minero, en este caso, son solo un síntoma de lo que ocurre en los niveles mas alto del estado, incluyendo los aparatos legislativo, judiciales y los organismos de control.

No se puede pasar por alto que es en los mas altos niveles del estado donde se diseñan y aprueban las políticas, las leyes, los decretos y los instrumentos institucionales que regulan y controlan la explotación de los recursos minerales del país. Las gabelas tributarias, modificaciones a las legislaciones mineras y ambientales, y en particular las sucesivas modificaciones del decreto minero con asesoría de las propias multinacionales (y como tal hechas a la medida de estas), realizadas durante el gobierno de Uribe bajo la sombrilla de su programa para promover la confianza inversionista, son solo una muestra del cáncer de corrupción al mas alto nivel, y que por lo mismo hace metástasis dentro de todas sus instituciones y dependencias.

Con esto no queremos decir que todo el aparato corruptor se haya montado solo durante el gobierno de Uribe. El actual gobierno lo moderniza, mantiene y lubrica muy eficientemente. La evidencia mas contundente es la estrategia montada por Santos de declarar ilegal la minería artesanal que ha sido la única fuente de supervivencia de miles de familias, por décadas, y para muchos incluso por siglos. Estrategia criminal y perversa que tiene un propósito muy claro: crear las condiciones para que todos los mineros artesanales ubicados en áreas recientemente otorgadas en concesión a multinacionales puedan ser despojados de sus derechos adquiridos; y si se resisten, ser desplazados violentamente usando la fuerza estatal (o mediante la amenaza o asesinatos, a través de su brazo paramilitar), y así despejar el camino para la gran “locomotora minera” que arrastra en sus vagones las multinacionales mineras mas poderosas, mas corruptas, mas codiciosas, mas inhumanas, mas criminales…..

Lo otro que hay que refutar de la crónica es el argumento de que ha sido el mejoramiento de la seguridad logrado por Uribe lo que ha incentivado el interés de las multinacionales de “invertir” en el país. Nada mas falso. Las multinacionales siempre han tenido seguridad para que exploten los recursos del país aun en los tiempos en los que la guerrilla dominaba amplios territorios. Las multinacionales han gozado y siguen gozando de la seguridad que les proveen las fuerzas armadas estatales y paraestatales. Contrario a lo que ocurre con las pequeñas y medianas empresas locales, los grandes cacaos locales y las multinacionales no solo son beneficiarias de las grandes gabelas tributarias, subsidios, mínimos impuestos, etc., sino de subsidios para la seguridad de sus operaciones provenientes directamente de los impuestos que pagan los colombianos.

Por ultimo, si bien las cifras de los recursos que recibe el estado por regalias (y particularmente los municipios) parecen a simple vista significativos, afirmar que el boom minero sacará al país de la pobreza es totalmente ingenuo o acaso engañoso. El sistema de regulación, asignación, manejo e inversión de las regalías es tan ineficiente y corrupto que de ese miserable 4% lo que llega a la gente es una mínima fracción comparado con lo que se roban en las diferentes escalas del gobierno nacional, regional y local. Si es que se puede hablar de reales inversiones locales, porque lo que los corruptos alcaldes construyen no son obras que mejoran la calidad de vida de los pobladores, menos su situación social y económica, sino burdos y vistosos monumentos de concreto que son fiel reflejo de la corrupción, indolencia y chabacanería criolla.